Autor: seccion sindical fraternidad

Azote de la vida moderna, en mayor o menor grado el estrés nos afecta a todos. Los programas encaminados a combatirlo en el lugar de trabajo han demostrado ser mucho más rentables de lo imaginado.

 Cuando los trabajadores padecen menos estrés y sus tareas se hacen más variadas y satisfactorias, todos salen ganando: trabajadores, empresas y sociedad.

Se acabó hace ya mucho tiempo la época en que se creía que el estrés sólo afectaba a los gerentes y a los profesionales liberales de los países industrializados. Hoy día se ve claramente que el estrés es un fenómeno que afecta a todos los países, y a la mayoría, cuando no a todos, los puestos de trabajo.

Un prolongado y creciente estrés laboral puede dar lugar al “bournout” (literalmente agotamiento), sobre todo en las profesiones de servicios humanos, tales como, enfermería, enseñanza, trabajos sociales, etc.

También los padres o madres de las familias monoparentales pueden sufrir “burnout” debido a la fuerte presión que supone tener que compaginar el papel de madre y padre a la vez con duras jornadas de trabajo.

Los síntomas de este síndrome son agotamiento, fatiga, desgaste producido por el trabajo, reducción del rendimiento o logro personal, desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general, bajo concepto profesional de uno mismo y pérdida de interés respecto a los demandantes de los servicios que se prestan.

Cuando un trabajador siente “bournout” desea abandonar su trabajo, su absentismo es elevado, realiza largas pausas durante el trabajo, llega tarde con frecuencia y su rendimiento suele ser bajo.

El personal de enfermería es uno de los grupos laborales de riesgo más afectado. Estos trabajadores que realizan un trabajo vital para el buen funcionamiento de los centros hospitalarios han de estar en contacto directo con los pacientes, lo que significa estar en relación con el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la muerte. También se ven obligados a soportar duras condiciones de organización como turnos y horarios atípicos.

No se han encontrado diferencias en cuanto a sexos, y los problemas físicos más frecuentes son: dolor de cabeza, resfriados, insomnio, taquicardia y falta de apetito.

En Estados Unidos, las empresas se ven sometidas a un número cada vez mayor de solicitudes de indemnización a causa del estrés provocado por el trabajo, demandas que cada vez con mayor frecuencia, se ven obligadas a satisfacer.

En muchos países se están elaborando o poniendo a prueba diversas estrategias y programas para combatir el estrés. Sin embargo, en España, es muy frecuente que se tomen muy pocas medidas, o ninguna, para combatir el estrés en el lugar de trabajo, por lo que no cesa de aumentar el número de trabajadores que sufren el “burnout”. Y es que, como dijo el poeta: “Yo creí que con el tiempo / mis penas se acabarían, / y se me van aumentando / como las horas del día”.

Xornal

Un nuevo accidente laboral redondea la cifra de operarios fallecidos en lo que va de año en la región. La obra de Getafe donde se electrocutaron dos hombres tenía seis subcontratas

 Luis Gustavo Valladares, ecuatoriano de 40 años, murió el viernes pasado en un accidente laboral en unas obras en el hospital universitario Santa Cristina, en el número 59 de la calle de O’Donnell, según informó ayer CC OO. Con esta nueva víctima, ya son 100 los muertos en accidente laboral en la región en lo que llevamos de año: 213 días. Cada dos días un obrero pierde la vida en Madrid.

«Valladares estaba colocando baldosas en el suelo cuando a una grúa que transportaba material por encima suyo se le rompieron las cadenas que sujetaban la carga», explicó Daniel Barragán, técnico de Salud Laboral de Fecoma-CC OO. Todo el material -cuadros metálicos de puertas y ventanas- se le cayó encima al obrero, que murió en el acto.

La víctima estaba subcontratada, como los dos obreros rumanos que murieron electrocutados el lunes pasado en la obra de un centro comercial de Getafe llamado Getafe3. CC OO denunció ayer que hasta seis empresas estaban subcontratadas en cadena en las obras del centro comercial. En el último eslabón estaban los dos obreros, que trabajaban para la última empresa. Los dos obreros, los hermanos rumanos Marius Costel y Mihail Lenhard, de 30 y 35 años, murieron electrocutados al tocar un foco.

El promotor del centro comercial Getafe3 es la empresa Murias Grupo y la constructora principal es Construcciones Murias. Ésta, según los datos ofrecidos ayer por CC OO, vende los locales comerciales a la empresa New Yorker. «New Yorker encarga la obra a Arquitecturas Reformas y Construcciones, quien a su vez contrata con Pavimentos Agustín Lancha S.L., que vuelve a subcontratar con Pulimol», denunció ayer Víctor García, responsable de Salud Laboral de Fecoma-CC OO.

En el último eslabón de esta cadena se encontraban los obreros rumanos, que trabajaban para Pulimol. EL PAÍS intentó ayer sin éxito recoger la opinión de Murias Grupo y del resto de empresas de la cadena de subcontratación.

Empresarios detenidos

La policía ha detenido a dos empresarios responsables de la contratación de los rumanos, según informaron fuentes policiales, por «un presunto delito contra los derechos de los trabajadores». Fueron puestos en libertad con cargos. Los dos trabajadores estaban en situación irregular, según confirmó ayer el consejero de Empleo, Juan José Güemes. Además, un informe provisional del técnico y del inspector de trabajo revela que momentos después del accidente ningún responsable de las empresas de la obra dio la cara ante la inspección.

El informe también señala que el día del siniestro los trabajadores de otras empresas se habían quejado de que había cortes de luz y que el foco «podría encontrarse en condiciones defectuosas, lo que pudo dar lugar a sobrecalentamiento de los conductores». A esto, el inspector y el técnico añaden que los dos trabajadores muertos «realizaban su trabajo sobre suelo mojado».

El sindicato UGT se unió también a las criticas por el goteo continuo de muertes laborales en la región. «Es inaceptable que se produzcan accidentes laborales que, en una elevada proporción, podrían evitarse», señaló Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid. Para Rufino, el Gobierno regional «no hace cumplir la ley de prevención de riesgos laborales a las empresas».

El consejero Güemes respondió a las acusaciones de los sindicatos que «tres de cada cuatro muertes laborales se producen in itinere, en el trayecto al trabajo. El otro 25% son los accidentes laborales en sentido estricto, los que podemos abordar para mejorar las cifras», señaló Güemes.

El consejero añadió que el Gobierno regional ha dado más de 100.000 horas de formación sobre riesgos laborales a obreros y que un autobús recorre las obras de la región informando a los trabajadores. También recordó que la tasa de siniestralidad en la Comunidad de Madrid está por debajo de la media española y de regiones como Andalucía y Castilla-La Mancha.

El Pais

La Inspección de Trabajo aplica por primera vez un plan especial a las compañías con más accidentes laborales

Falta de redes, zanjas sin señalizar, jornadas abusivas… son algunas de las causas que convierten cada año a un millón de trabajadores en víctimas de accidentes de trabajo, 1.000 de ellos con resultado mortal. Con el propósito de rebajar esas abultadas cifras, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un plan de control sobre las 257 empresas con más siniestralidad laboral, elaborado con el acuerdo de los sindicatos y la patronal.

Ir a trabajar cuesta cada día la vida a tres personas en España. Esa terrible estadística, estancada desde hace 10 años, convierte los accidentes de trabajo en la principal lacra del mercado laboral. La incidencia de la siniestralidad duplica la media de la Unión Europea, pese a la convergencia que se ha producido en otros muchos indicadores. Para intentar atemperar las cifras, la Inspección de Trabajo está aplicando un plan que pondrá bajo la lupa a las 257 empresas con más siniestros, la mayoría vinculadas a la construcción y a la industria. «Es necesario renunciar a la visión de que los accidentes se producen por inercia. Tienen causas y hay que verlas», explica Raimundo Aragón, director general de la Inspección.

Es la primera vez que el Ministerio de Trabajo se decide a diseñar un plan de estas características, de la mano de los sindicatos CC OO y UGT, la patronal CEOE y las comunidades. Todos participan de este proyecto, que consistirá en inspeccionar in situ a las empresas con más accidentes, detectar sus debilidades y poner remedio. El proyecto cobra importancia con la inclusión también de las subcontratas, lo que puede elevar hasta 600 el número de afectadas. «Eso supone hasta un millón de trabajadores, más allá de los 200.000 directamente afectados», subraya Joaquín Nieto, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras.

De momento, la Inspección está enviando cartas a esas empresas para avisar de que en septiembre las visitará un inspector de trabajo. Todas reúnen una serie de requisitos:

contar con más de 50 trabajadores, ser representativas de las actividades con mayor siniestralidad y tener implantación en todo el país. Para las visitas se han elegido distintas sedes, no necesariamente las centrales.

Aproximadamente la mitad de las seleccionadas están vinculadas a la construcción. «No son típicamente de construcción, sino relacionadas con el sector», explica Aragón. Otro 24,9% aglutina diferentes actividades industriales. Efectivamente, son estos dos sectores los que presentan la mayor incidencia de siniestros. Si por cada 100.000 ocupados se accidentan 6.223, en construcción esa cifra sube a 13.818, y en la industria, a 10.326, según datos de Trabajo.

El resto de las sociedades se reparte entre actividades alimentarias y servicios, con alguna curiosidad. Se han incluido dos empresas de selección y colocación de personal, una actividad en principio poco sospechosa de siniestralidad. Se trata de dos empresas de trabajo temporal que suministran trabajadores a compañías donde sí sufren percances.

«A veces tenemos la impresión de que siempre se producen los accidentes en la construcción. Pero en servicios hay muchos siniestros», explica Elena Azorit, presidenta del grupo de trabajo encargado de poner en marcha este plan y responsable de salud laboral de la Junta de Andalucía. Pese a todo, los servicios están subrepresentados en esta selección de empresas. «Es que esos accidentes suelen ser leves, no son los más relevantes», justifica el responsable de la Inspección.

El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, se están enviando cartas a las empresas elegidas recordándoles que presentan altas tasas de siniestralidad. En las cartas se les adjunta un cuestionario para que identifiquen las posibles causas de los siniestros. A continuación se avisará tanto a la dirección de las empresas como a los delegados de prevención laboral de que en 30 días aproximadamente recibirán una visita de la Inspección y que deben tener toda la documentación preparada.

Las visitas comenzarán en septiembre con un objetivo claro: detectar cuáles son las carencias en prevención de riesgos laborales y sugerir cambios. Si las empresas no adoptan medidas para mejorar sus cifras se les hará un requerimiento formal. Al cabo de unos meses se verá cuál ha sido la evolución. «Si no colaboran se les sancionará», concluye Raimundo Aragón, aunque «la actitud no es sancionadora, sino que pretende impulsar a las empresas a cumplir las exigencias».

Joaquín Nieto comparte este diagnóstico. En su opinión, se trata más bien de que las empresas descubran cuáles son sus deficiencias e intenten poner remedio. Con la información recabada, se presentarán los primeros resultados a principios del año próximo, en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reúne a todas las partes implicadas en esta iniciativa.

Los sindicatos propusieron en un primer momento centrarse en las empresas de mayor tamaño. La patronal era reticente a aceptar ese criterio, pues entendía que no era determinante para la siniestralidad. Finalmente, una buena parte del plan se aplicará a las empresas de entre 50 y 250 trabajadores (el 38%), pues la incidencia es mayor en ese grupo. La razón la explica Raimundo Aragón: muchas actividades de las grandes compañías las desempeñan otras medianas a las que subcontratan. Por eso se ha decidido echar el lazo también a la subcontratación, uno de los fenómenos más ligados a la siniestralidad.

Subcontratados estaban cuatro de los cinco obreros que murieron hace unos días en Barcelona al desprenderse un muro de contención. Los trabajadores habían advertido los días previos de que el muro, que no estaba apuntalado, «se movía».

Elena Azorit valora «el efecto multiplicador de esta campaña» y confía en que contribuya a frenar la siniestralidad. Cataluña es la comunidad donde más empresas se inspeccionarán (40 de las 257), seguida de Madrid. Extremadura y La Rioja sólo tendrán una sociedad investigada en cada caso. Los responsables del proyecto aclaran que esas proporciones no se corresponden necesariamente con la distribución de accidentes de trabajo por comunidades, sino con los criterios antes mencionados.

Si sale bien, el proyecto seguirá en años sucesivos. «Los planes especiales que han aplicado las comunidades por su cuenta han sido muy útiles. Éste, además, permitirá actuar en las empresas y en sus subcontratas, que es donde se concentra buena parte del problema», reflexiona Nieto.

LUCÍA ABELLÁN
El Pais

Las mutuas de accidente de trabajo, que manejan unos recursos de 4.300 millones de euros, invierten en fondos de inversión no contemplados en la ley, según el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas correspondiente al periodo 1998/2004. El organismo fiscalizador insta al Ministerio de Trabajo a enajenar estas inversiones.

 El reglamento que regula la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social detalla todos los fondos líquidos e inversiones financieras en que puede materializarse la provisión para contingencias. Entre estos activos figuran las cuentas bancarias, las emisiones del Tesoro con vencimiento no superior al año, los valores emitidos por cualquiera de las administraciones públicas, los de renta fija admitidos a negociación en la Bolsa y los fondos de inversión que se concreten, exclusivamente, en valores emitidos por el Tesoro Público. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado que al menos trece mutuas tienen inversiones en renta variable y en fondos de inversión centrados en la renta fija privada nacional, en deuda pública internacional y en renta fija privada internacional, circunstancia que implica ‘una grave vulneración’, asegura el informe del Tribunal, del reglamento en vigor.

Desde esta premisa, el órgano fiscalizador insta al Ministerio de Trabajo, como órgano de tutela de estas entidades colaboradoras, a la ‘enajenación inmediata’ de estas participaciones, ‘teniendo en cuenta que si de ella se derivara un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social, éste debería ser reintegrado por el patrimonio de las mutuas que lo hubieran originado’.

El Tribunal detecta también una contabilización incorrecta de los rendimientos derivados de algunas inversiones financieras.

Entre las recomendaciones que el órgano fiscalizador ha trasladado al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, figura la reforma del reglamento que regula la colaboración con las mutuas de forma que se garantice que el método de cálculo de las provisiones para contingencias limite la ‘excesiva discrecionalidad’ de estas últimas, evite la sobrevaloración de dichas provisiones y garantice que las mutuas sean rigurosas en el establecimiento de los resultados de su gestión.
Convenios de colaboración

El Tribunal emplaza también a Trabajo a suscribir convenios de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas de accidente para una mejor gestión de la prestación económica de incapacidad laboral derivada de contingencias comunes.

Los auditores piden a Trabajo en sus conclusiones que vele por la integridad de las aportaciones que realizan las mutuas al Fondo de Prevención y Rehabilitación, dadas las irregularidades detectadas.
Consejos a la Intervención de la Seguridad Social

El informe que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados refleja que once mutuas han incluido indebidamente en la provisión de contingencias en tramitación importes correspondientes a expedientes de prestaciones económicas de incapacidad permanente y muerte, a pesar de haber sido declarados judicialmente los empresarios responsables por descubierto prolongado de cuotas o infracotización. Con esta manera de proceder, las mutuas han incluido provisiones que corresponderían a los empresarios.

El Tribunal ha trasladado también otras recomendaciones a la Intervención General de la Seguridad Social para garantizar que no se produzcan diferencias entre las obligaciones y los derechos reconocidos por las mutuas y por la Tesorería General sobre las distintas prestaciones económicas.

Cinco Dias

La ley especifica los niveles de temperatura, humedad y velocidad del aire adecuados en los centros de trabajo y obliga a tomar medidas para que los trabajadores puedan protegerse de las inclemencias del tiempo.

 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales recordó hoy, ante los accidentes laborales provocados por golpes de calor, algunos de ellos con resultado de muerte, que la legislación laboral vigente exige prevenir todos los riesgos, incluidos los relacionados con las condiciones ambientales.

El Departamento dirigido por Jesús Caldera recordó también que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), tiene elaboradas una serie de guías técnicas que contemplan más extensamente el problema de la regulación térmica en los centros de trabajo, tanto cerrados como al aire libre.

Como norma general, la legislación laboral exige a los empresarios prevenir todos los riesgos para la salud de sus trabajadores en cualquier actividad y época del año. En concreto, la ley especifica los niveles de temperatura, humedad y velocidad del aire adecuados en los centros de trabajo y obliga a tomar medidas para que los trabajadores puedan protegerse de las inclemencias del tiempo.

El INSHT recomienda la aplicación de métodos que evalúen el estrés térmico por calor o frío, tanto en trabajos al aire libre como en lugares cerrados, para averiguar en cada caso si resulta imprescindible adoptar medidas preventivas.

DESCANSAR EN LUGARES FRESCOS.

En el caso de los trabajos al aire libre, al no poder actuar para reducir la temperatura, se deben establecer como medidas preventivas la limitación de la actividad física y del tiempo durante el cual se puede trabajar en condiciones de estrés térmico.

Por tanto, aunque no se mencione de forma explícita, la legislación laboral española contempla implícitamente que en determinadas situaciones de trabajo tanto al aire libre como en sitios cerrados, la prevención de riesgos térmicos para la salud de los trabajadores se debe realizar cesando la actividad o haciendo pausas y descansando durante las mismas en sitios frescos.

El INSHT recuerda que el núcleo del problema no son las altas temperaturas, sino la acumulación excesiva de calor en el organismo, que se puede producir tanto por las temperaturas altas, como por el calor que genera el cuerpo en actividades físicas o porque los mecanismos de pérdida de calor no funcionan.

El escenario de mayor riesgo es aquel en que se suman los tres factores y que puede darse en algunas actividades laborales (trabajos agrícolas, construcción, hornos, etc.) o de ocio (práctica de ciertos deportes). En estos casos, y ante la presencia previa de trastornos como calambres, síncopes y sensación de malestar, lo recomendable es cesar la actividad física y reposar en sitios frescos.

Europa Press