La normativa actual obliga a cualquier empresa a tener implantado un programa mínimo de prevención de riesgos laborales, independientemente de la naturaleza de la actividad profesional.
Al pensar en siniestralidad laboral, siempre
se gira la cabeza hacia el sector de la construcción. Si bien es cierto que
cerca del treinta por ciento de las muertes en el puesto de trabajo se producen
en este sector, no lo es menos que uno de los ámbitos en el que más accidentes
laborales se producen es en el de empleadas del hogar.
“No existe actividad profesional que no entrañe riesgo, ya que éste es inherente
a ella”, asegura Javier Fernández Blanco, consejero y subdirector general de
Grupo MGO, empresa líder en España en prevención ajena de riesgos laborales.
En su opinión, donde menos ha penetrado este tipo de políticas preventivas es en
las oficinas y despachos, ya que se entiende que estos lugares son más seguros.
Sin embargo, una mala postura en el ordenador puede provocar lesiones en la
espalda, o el uso del ratón perjudicar las articulaciones. Incluso el mal uso de
los tintes en una peluquería puede derivar en patologías epidérmicas.
Ante estos riesgos, las empresas españolas realizan “poca prevención y, la que
se hace, no se hace bien”, asegura Fernández Blanco. En su opinión, se podrían
evitar muchos accidentes gracias a una buena política preventiva, pero “el
problema es que la ley no se cumple”.
Los motivos son muy variados. Por un lado, está el desarrollo asimétrico entre
el sector público –al que la Seguridad Social financia cerca del cuarenta por
ciento de sus gastos en el apartado de prevención– y el privado, que no puede
competir con algunos de los servicios ofrecidos por debajo del precio de coste
de las mutuas. En opinión de Fernández Blanco, este hecho “ha trivializado y
perjudicado la introducción de la prevención de riesgos laborales en las
empresas”.
Otro factor importante es “la falta de concienciación y cultura preventiva” de
los pequeños empresarios. Mientras que las grandes compañías, y sus directivos,
llevan varios años trabajando en este campo, las pymes todavía desconocen las
ventajas de la prevención de riesgos laborales como un impacto positivo en la
cuenta de resultados, asegura el subdirector general de Grupo MGO.
Beneficios
La normativa actual obliga a cualquier empresa a tener implantado un programa
mínimo de prevención de riesgos laborales, independientemente de la naturaleza
de la actividad profesional. El gasto medio para una pyme de entre seis y ocho
empleados puede rondar los setecientos euros anuales optando por un servicio de
externalización, ya que no es necesario crear un departamento interno. Con esta
inversión, se puede ahorrar una posible sanción de entre 300 y 600.000 euros.
“El empresario tiene que entender que hacer prevención no es un gasto, sino una
inversión”, explica Fernández Blanco, que añade otras ventajas, como evitar
responsabilidades civiles y sociales por accidentes, ordenar las actividades
productivas y evitar así conflictos entre el personal. También disminuye la
carga socioeconómica de la Seguridad Social y se mejora el ambiente laboral. Al
prosperar las condiciones de trabajo, disminuye el absentismo, las enfermedades
y, por tanto, las bajas, con el consiguiente ahorro que esto supone para la
empresa.
Soluciones
El subdirector de Grupo MGO propone que se incentive a las pequeñas y medianas
empresas para que lo vean como una inversión. “Es necesaria más concienciación y
un estímulo económico”, combinación que puede lograrse a través de campañas de
información, además de permitir que los gastos en previsión se puedan amortizar
y deducir del Impuesto de Sociedades.
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