Pese a la Ley, existen empresarios que no aplican la normativa de prevención de riesgos. No hay instrumentos capaces de corregir los efectos nefastos del aumento de la precariedad laboral, el abuso de la subcontratación, los ritmos abusivos del trabajo, las jornadas prolongadas, la mala planificación de la prevención, la falta de formación e información y la escasa cooperación entre administraciones.
Tenemos una buena Ley de Prevención de Riesgos Laborales y contamos con un Plan Director de Prevención acordado por el Gobierno regional, sindicatos y empresarios. Sin embargo, los accidentes laborales crecen. A lo largo de los nueve primeros meses del año los accidentes mortales han pasado de 116 a 129, es decir un 11,21 por ciento más que el año anterior. El mes de septiembre ha sido especialmente trágico con 26 accidentes mortales, 14 más que el año anterior.
Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pese a la Ley, existen empresarios que no aplican la normativa de prevención de riesgos. No hay instrumentos capaces de corregir los efectos nefastos del aumento de la precariedad laboral, el abuso de la subcontratación, los ritmos abusivos del trabajo, las jornadas prolongadas, la mala planificación de la prevención, la falta de formación e información y la escasa cooperación entre administraciones.
Madrid tiene un inspector de trabajo por cada 20.000 trabajadores y necesitamos uno por cada 5.000. Los técnicos del Instituto Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo podrían desempeñar muchas más funciones de inspección si entre otras cosas se habilitase a los técnicos y se firmase de una vez el actualmente bloqueado convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo regional.
La impunidad de algunos empresarios se vería recortada o disminuida si existiera una ley que regulase y limitase la subcontratación estableciendo condiciones y responsabilidades civiles y penales en la misma, rompiendo la escandalosa cadena de contratas y subcontratas que terminan por diluir la acción de la justicia, cuando esa situación es claramente delictiva.
Daríamos un paso de gigante si las mutuas, el Ministerio de Trabajo, la Federación de Municipios y la Comunidad de Madrid cooperasen mediante acuerdos y planes de trabajo conjuntos.
CC.OO. se ha personado ante los tribunales como acusación popular en 86 casos de accidentes laborales, obteniendo 20 sentencias condenatorias para 54 personas responsables de accidentes y sumando más de 60 años de cárcel en las condenas, más las indemnizaciones e inhabilitaciones correspondientes. Pero no hay una fiscalía especializada en delitos laborales, ni mecanismo para que los inspectores asesoren a la justicia, ni el delito de riesgo es reconocido habitualmente por los jueces, aunque se aplica en otros casos como el del tráfico.
No contamos en Madrid, ni en casi ninguna comunidad autónoma, con un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Trabajo, la Administración de Justicia, la comunidad autónoma y el Ministerio del Interior para investigar de forma ágil y eficaz los delitos contra la vida, salud e integridad de los trabajadores, impidiendo así que las pruebas desaparezcan y la labor de persecución del delito se convierta en un camino impracticable.
Por no conocer, ni conocemos las listas públicas de las empresas que producen más accidentes para, cuando menos, que quedaran inhabilitadas para participar en concursos públicos.
Esperamos que el Gobierno regional nos convoque para cumplir sus compromisos de elaborar un plan de choque contra la precariedad laboral, que rebaje la temporalidad del 28,7 al 18 por ciento en 2007, consiguiendo fraudes y abusos en las contrataciones y subcontrataciones, tal como aprobó la Asamblea de Madrid.
Tenemos una buena ley de salud laboral. Hemos negociado un buen Plan Director de Prevención de Riesgos. Los medios para que la ley se aplique son insuficientes, se carece de voluntad política para aplicarlos y, en cuanto a los instrumentos de actuación de las diferentes administraciones, o están infradotados o no cooperan entre ellos, mientras las causas del accidente -la temporalidad, la subcontratación, las condiciones de trabajo y la falta de medidas de prevención- siguen sin corregirse. CC.OO. ha propiciado recientemente el encuentro de quienes desde la Fiscalía, la Inspección de Trabajo, el Instituto Regional de Salud y Seguridad, la Consejería de Empleo de la Comunidad, tienen la posibilidad de actuar conjuntamente contra los accidentes laborales.
Corren tiempos difíciles, va a ser duro y largo, pero nos va la vida en ello y no vamos a parar en esta batalla -en las empresas, en los tribunales, ante las administraciones, en la calle- por un trabajo digno y seguro.
Javier López, secretario general de CCOO de Madrid
