Los autores argumentan que el principio que establece la ley para clasificar la gravedad de riesgos laborales tiene consecuencias nefastas para su prevención
Desde 1996 a 2004 se han registrado en España 7.423.000
accidentes leves, 100.400 graves y más de 9.400 trabajadores encontraron la
muerte a causa o consecuencia de su trabajo, sin que nadie les advirtiera de que
ese final no entraba en su contrato. En el año 2003 se produjeron en Alemania
735 accidentes mortales para 18,8 millones. El resultado es demoledor: el índice
de incidencia para ese año es tres veces superior para nuestro país en relación
con el germano. Esto no es casualidad. Algo se está haciendo mal cuando no son
suficientes leyes, decretos, órdenes, reglamentos, acuerdos, acuerdos-marco,
directivas, protocolos, dictámenes, inspecciones, sentencias, convenios,
recomendaciones, fundaciones, cursos de formación, delegados de prevención,
comités de seguridad y salud, etcétera, para reducir sustancialmente los altos
índices de siniestralidad en la octava o novena economía mundial.
El artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
dice que «para clasificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la
severidad del mismo». Esto es un error, aunque tenga raigambre y justificación
histórica. El legislador se ha encontrado con un precipicio entre el riesgo
laboral -«la posibilidad de que un trabajador tenga un accidente laboral»- y su
frecuencia, su mero recuento -«la severidad del mismo»-, y en lugar de tender un
puente entre ambos, lo que hace es sustituir, como haría una compañía de
seguros, el primero -el riesgo- por el segundo, es decir, por su frecuencia («la
severidad del mismo»). Hecho esto, las consecuencias son nefastas para la
prevención de riesgos laborales, porque se produce un doble subregistro: el
derivado de la ocultación culposa de los accidentes en los centros de trabajo y
el del riesgo, al identificar erróneamente riesgo (probabilidad) con su recuento
(frecuencia).
Veamos un ejemplo hipotético, pero extraído de la
experiencia ordinaria. Hay cuatro obreros de la construcción trabajando en un
andamio suspendido a cinco metros de altura, todos con las mismas medidas de
protección o sin ellas, pero todos iguales. Fallan las sujeciones y caen los
cuatro. De ellos, uno sale ileso, otro sufre heridas leves, el tercero ha de ser
hospitalizado con algún tipo de traumatismo y el cuarto tiene la mala suerte
de que se mata, y hacemos la siguente pregunta: ¿Cuál era, en la
situación en la que estaban los cuatro trabajadores, la probabilidad de sufrir
un accidente mortal para cada uno de ellos? Aunque pueda sorprender, para el
sistema actual de prevención y para los actores que intervienen en el mismo
-mutuas, INSS, compañía de seguros, las propias empreas, incluso los propios
trabajadores- la pregunta no sólo no se contesta, sino que carece de sentido. El
conjunto del sistema hace frente al accidente como si fueran cuatro
accidentes distintos, cada uno con su gravedad en función de sus consecuencias,
y trata de curar, rehabilitar y compensar mediante baremos, indemnizaciones,
incapacidades y pensiones -aunque sea parcialmente- a los trabajadores y/o
familiares. Sin embargo, la respuesta del sistema es errónea, porque la
contestación correcta es la de sufrir un accidente mortal para cada uno de
ellos, porque no puede ocurrir que la probabilidad de sufrir un accidente (el
riesgo) sea menor que el del accidentado más grave, cuando todos estaban en las
mismas condiciones.
Para ilustrar la diferencia entre riesgo -probabilidad de
sufrir un accidente- y siniestralidad sobrevenida -frecuencia-, veamos otro
ejemplo extraído trágicamente de la vida misma. Un camionero se quedó dormido en
un control de la Guardia Civil en Buitrago de Lozoya y arrolló a cinco vehículos
del Cuerpo matando a seis guardias e hiriendo a otro. El conductor, de origen
rumano y de nombre Toader Luliau, no tenía contrato de trabajo, ni permiso de
trabajo, tampoco de residencia, el permiso de conducir de su país no es
homologable en el nuestro y llevaba 48 horas sin dormir. Todas estas condiciones
-sobre todo las 48 horas sin dormir- abocaban tarde o temprano a un accidente.
Sin embargo, de haberse quedado dormido unos segundos antes o los coches
hubieran estado alineados de otra forma o másespaciados, etcétera, otras
hubieran sido las consecuencias (y no necesariamente menos graves). Pues bien,
el sistema valora el riesgo en función de las seis defunciones y los heridos
-otro guardia y el propio conductor-, porque computa ocho siniestros distintos,
cada uno con su gravedad, para derivar de ello las consecuentes
rehabilitaciones, indemnizaciones y pensiones. Y preguntamos: ¿acaso el
riesgo (probabilidad) de sufrir un accidente en esas condiciones era menor si se
hubiera producido un número menor o mayor de muertos y heridos? El sistema,
al valorar el riesgo por la siniestralidad sobrevenida (frecuencia), contesta
implícitamente a la pregunta que no, que es diferente según las consecuencias,
pero la respuesta es la de que el riesgo era el mismo, porque éste
depende de las condiciones iniciales (falta de sueño, probable impericia del
conductor, plazos de entrega insoportables, etcétera).
En esta danza trágica, todas las parejas de baile
anteriores -riesgo y siniestralidad sobrevenida, probabilidad y frecuencia- se
dan la mano con otra que ha aparecido a hurtadillas: la financiación y la
disuasión. De ésta, la primera -la financiación- sale a la pista obligada,
aunque sea a regañadientes, a través de las primas y cotizaciones y, en
concreto, de la tarifa de primas de 1979, con alguna modificación posterior. Sin
embargo, la segunda, la disuasión, más actúa como un torpe bailarín que aparece
y desaparece cuando menos se lo espera. Es verdad que existe la posibilidad de
un recargo en las primas y/o en las prestaciones (artículos 108 y 123 de la LGSS).
Pero todo esto no es suficiente para curar el error originario del subregistro
del riesgo. En el cambio de parejas, la siniestralidad sobrevenida se enlaza con
la financiación para que el sistema no descarrile, porque sean cuales sean
los índices de siniestralidad, siempre habrá una tarifa de primas capaz de
financiar sus consecuencias, y más teniendo en cuenta que esta financiación
es una parte relativamente pequeña de presupuesto del la Seguridad Social que se
alimenta de primas y cotizaciones ineludibles. De la otra nueva pareja -riesgo y
disuasión-, la invitada por la puerta de atrás en esta marcha fúnebre más que
galante baile, no cumple apenas ninguna función por dos motivos: por el
subregistro del riesgo aludido al identificar el sistema riesgo y frecuencia
(siniestralidad sobrevenida), y porque el coste de disuasión para evitar el daño
sólo puede coincidir por casualidad con el coste de la financiación para
compensarlo. El primero -la disuasión- debe valorarse y establecerse en función
del comportamiento de los empresarios hasta que piensen en su inmensa mayoría
que es mayor el coste y penalización (Código Penal en mano) de las negligencias
e insuficiencias por la falta de prevención que el coste de una prevención
adecuada al riesgo; el segundo -la financiación- debe valorarse en función de
las necesidades de compensación a los siniestrados y sus familias. Ambos no
tienen por qué coincidir al responder a necesidades y actores diferentes.
La financiación y la disuasión deben ser puestos en pie de
igualdad; más inspectores e inspecciones, más controles a pie de obra, son
siempre bienvenidos, pueden paliar los defectos y perversiones del sistema, pero
no cambiar su naturaleza.
Antonio Mora Plaza es economista
y experto en Salud Laboral Ángel Cárcoba Alonso es miembro del
departamento de Salud Laboral de CC OO.
El Pais www.elpais.es
