Autor: seccion sindical fraternidad

  • Permiso de paternidad

    La propuesta que está estudiando el Ministerio de Trabajo para instaurar un permiso de paternidad adicional al de maternidad es, en principio, positiva para la sociedad, porque abunda en el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar y, además, estimula la natalidad.







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    Buena falta hace en España. Hay que tener en cuenta que la inserción laboral de la mujer es el principal problema del mercado de trabajo, con una tasa de desempleo femenina –el 12% de la población activa– que supone el doble de la masculina; y que el bajísimo nivel de natalidad –uno de los menores del mundo– va a suponer un grave problema en los próximos años.

    El Gobierno ha reconocido que, en 2015, la Seguridad Social entrará en déficit, si no se toman medidas para aumentar el número de trabajadores que coticen. Dicho esto, no se puede pasar por alto el coste económico de la medida. Los cálculos que se barajan hasta ahora cifran en 120 millones de euros el gasto para la Seguridad Social de cada semana de prestación.

    Además, una iniciativa de este tipo –que sólo está en vigor en tres países del norte de Europa– puede suponer una alteración de la vida de las empresas. Conviene, por lo tanto, reflexionar seriamente sobre las repercusiones de una propuesta lanzada, quizás alegremente, por el PSOE durante la campaña electoral.

  • El coste del permiso de paternidad dificulta el cumplimiento de otra promesa electoral

    El Ministerio de Trabajo valora en 480 millones de euros el gasto anual por un periodo máximo de cuatro semanas de prestación. El coste para la Seguridad Social de cada semana de prestación es de 120 millones de euros.







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    La promesa electoral que hizo el PSOE de instaurar el permiso de paternidad de forma adicional al ya vigente de maternidad tendría un elevado coste para la Seguridad Social si, finalmente, se convierte en una nueva prestación: 120 millones de euros anuales por cada semana de permiso.

    Ésta es la cifra a la que han llegado los estudios de la Seguridad Social sobre la implantación de la medida en la futura ley de igualdad entre ambos sexos que está preparando el Ministerio de Trabajo. En todo caso, la intención del secretario de Estado, Octavio Granado, y de la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega, es que, en todo caso, el permiso de paternidad tenga un máximo de cuatro semanas después de tener el niño. Por su coste y porque éste es el periodo más amplio establecido por los países del norte de la Unión Europea que ya han puesto en marcha la medida. Es decir, Dinamarca, Holanda, Suecia y Finlandia. En este último país, el permiso de paternidad es de dieciocho días.

    Por lo tanto, si finalmente el Gobierno se decidiese por implantar el permiso de paternidad, de forma adicional al de maternidad, el coste máximo previsto sería de 480 millones de euros en el caso de que finalmente se regulase en cuatro semanas.

    Dos semanas
    Por esta razón, las fuentes consultadas de la Administración aseguraron que Trabajo podría decidirse finalmente por implantar un permiso de dos semanas. Es decir, con un coste de 240 millones anuales.

    El Ministerio ha calculado todas estas cifras después de evaluar el coste del permiso de maternidad durante los periodos estimados más la elevación de las bases de cotización del número potencial de trabajadores que podría acogerse a esta nueva prestación de la Seguridad Social. El incremento de las bases corresponde a que, por regla general y hasta ahora, los hombres tienen salarios más altos que las mujeres. Por todas estas razones sobre el coste del permiso de paternidad, los mismos medios consultados señalaron que la puesta en marcha de la medida “tendrá que ser una decisión política”.

    Las mismas fuentes consideran que antes que el permiso de paternidad, la Seguridad Social debería cubrir otra laguna en la maternidad. Por ejemplo, la trabajadora que no ha cotizado 180 días antes de la maternidad no tiene derecho a la prestación. Trabajo también contempla que, al igual que ocurre en los países donde se ha puesto en marcha, el padre pierda la protección si al tener el niño decide no disfrutar del derecho.

    Las empresas
    Hay que tener en cuenta que la propuesta -y la propia ley de igualdad- puede alterar la vida de las empresas en muchos aspectos. Y de hecho, la patronal ha presionado en alguna ocasión para que el Parlamento no aprobase una iniciativa en este sentido presentada por CiU y el PP. Y no salió. Entre otras cosas por el rechazo del propio PSOE. Sin embargo, posteriormente, todos los grupos parlamentarios han presentado propuestas para que se instaure el permiso de paternidad en España.

  • Oferta de Libros para afiliados de Comfia CCOO en Madrid

    Con motivo de la próxima campaña escolar 2005/2006 El rincón de Román ofrece a la afiliación de la Federación de servicios financieros y administrativos de Madrid (COMFIA-CC.OO. de MADRID) una oferta de libros de texto


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    CCOO Madrid

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    Para cualquier consulta sobre la oferta y servicios que nos ofrecen podéis
    utilizar las mismas vías de comunicación.

    Os rogamos dar la máxima difusión a esta oferta exclusiva para la afiliación de
    COMFIA-CC.OO de Madrid para ir escalonando las peticiones del material escolar

    Área de Servicios. Comfia-CC.OO. de Madrid

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  • Un juez califica accidente laboral el estrés de una funcionaria

    El tribunal señala que la funcionaria y sus compañeros de trabajo están enfrentados, «con quiebra completa de sus respectivas relaciones personales y tensión permanente en las profesionales»


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    El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres
    ha emitido una sentencia, en la que establece que el estrés laboral que sufre
    una funcionaria de la Junta de Extremadura es imputable a un accidente de
    trabajo. La funcionaria es jefe de un negociado de la Junta desde el año 1995, y
    ha tenido problemas en su trabajo antes del año 2003, en ese año acudió dos
    veces al servicio de Urgencias de un Hospital, una por tener una crisis de
    ansiedad y otra por ‘depresión exógena de relación laboral’. El tribunal señala
    que la funcionaria y sus compañeros de trabajo están enfrentados, «con quiebra
    completa de sus respectivas relaciones personales y tensión permanente en las
    profesionales», indica que esa situación provocó en ella un trastorno depresivo
    mayor vinculado al estrés laboral. Los compañeros han declarado que es ella
    misma la que propicia los problemas. Uno ha testificado que tiene un carácter
    conflictivo, otro que persigue a sus compañeros y un tercero que quiere dividir
    a la plantilla en dos bandos, los que están con ella y los contrarios. Frente a
    la opinión de sus compañeros está la de un psicólogo del SES (Servicio Extremeño
    de Salud), que asegura que ella sufre un trastorno por estrés postraumático
    crónico. Asegura que es una persona ‘normal’, no hipersensible y que no existe
    un padecimiento anterior al que quepa imputar su enfermedad. Reitera la
    sentencia que el trastorno mental de la empleada no es imputable a una especie
    de delirio, a la enfermiza percepción subjetiva de quien se cree perseguido sin
    estarlo. Síndrome del quemado Un psiquiatra del SES confirma el estudio del
    psicólogo y abunda en la circunstancia de que no es una persona de sensibilidad
    extraordinaria que reacciona de modo anormal, enfermizo, ante lo que cualquiera
    soportaría sin mayor problema. Considera que hay una clara vinculación entre su
    enfermedad y su trabajo. El tribunal recalca que en este caso no se enjuicia un
    supuesto acoso laboral. Se centra en el llamado ‘síndrome del quemado’, que
    define como un síndrome de agotamiento físico y mental intenso, resultado de un
    estado de estrés laboral crónico o frustración prolongado. El juez opina que el
    ‘quemado’ por el trabajo tiene fuerzas pero no tiene ganas, y que es
    perfectamente compatible el estrés laboral incapacitante con la diligencia del
    empleador y la de los compañeros del trabajador (jefes, iguales o inferiores).
    El Juzgado de lo Social de Cáceres indica que ninguna responsabilidad afirma
    esta sentencia para el empleador, la Junta de Extremadura, «limitándose su
    alcance al de vincular causalmente el trastorno mental diagnosticado con el
    desempeño del trabajo en condiciones probadamente estresantes». La funcionaria
    de la Junta ha ganado este caso, después de haber tenido un pronunciamiento
    desfavorable en el Juzgado de Cáceres. http://www.hoy.es

  • Los riesgos psicosociales en el trabajo

    La postura de Comisiones Obreras no deja lugar a dudas: es imprescindible realizar evaluaciones de riesgos psicosociales en las empresas, tal y como también se evalúan otros riesgos. «Estas evaluaciones siguen siendo el patito feo de la prevención. Los riesgos psicosociales también se pueden evaluar, con un método diferente al de otros riesgos, pero igual de válido».


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    Las nuevas condiciones de trabajo que
    están imponiendo fenómenos como el de la globalización han provocado la
    aparición de nuevos riesgos para la salud de los trabajadores, que se suman a
    los tradicionales de tipo traumático. Son los riesgos psicosociales, aquellos
    que tienen su origen en la organización del trabajo, tan peligrosos y dañinos,
    o más, como cualquier otro, pero tan poco considerados como ninguno. Y es que
    los empresarios se niegan en rotundo a que se tomen medidas en una parcela, la
    de la organización de su empresa, que consideran exclusivamente suya y por eso
    impiden cualquier atisbo de evaluación en esa materia.

    Conclusión: no se pueden adoptar medidas para
    prevenir esos riesgos que, en muchos casos, llevan a los trabajadores a unos
    cuadros de estrés, ansiedad, tensión o depresión de graves consecuencias.
    Comisiones Obreras de Madrid está luchando denodadamente desde diferentes
    frentes para que esta situación cambie, porque de ello depende la salud de
    cada vez más trabajadores para los que acudir al trabajo es, psicológicamente,
    una pesadilla.

    Más competitividad, mayor exigencia de
    productividad y, por tanto, de los ritmos de trabajo; mayor disponibilidad y
    dependencia personal con horarios sin limites; más esfuerzo intelectual en el
    trabajo en detrimento del físico; mayor especialización y más presiones de
    tiempo para finalizar las tareas; más capacidad para trabajar en equipo; más
    flexibilidad… Son sólo algunas de las condiciones laborales a las que están
    sujetos cada vez más trabajadores y que están minando, a marchas forzadas, la
    calidad de vida de muchos de ellos. Y es que en la economía globalizada que
    impera, el «más» que exigen las empresas lo están pagando los trabajadores con
    muchos «menos», principalmente en su salud.

    El problema no es, ni mucho menos, baladí. La
    nueva concepción del trabajo ha supuesto que, junto a los riesgos
    tradicionales de enfermedades profesionales o accidentes laborales de tipo
    traumático, hayan aparecido otros nuevos que están dando lugar a nuevas formas
    de enfermar. Son los riesgos psicosociales, los que están directamente
    relacionados con la organización del trabajo, unos riesgos más difíciles de
    detectar y que se manifiestan a través de procesos psicológicos conocidos como
    estrés, englobando aspectos que tienen que ver con los ámbitos físicos,
    mentales y sociales.

    Su aparición no ha sido de un día para otro.
    La Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, dada la enorme
    magnitud e importancia de estos riesgos, abrió hace tiempo una línea de
    trabajo para atenderlos y dedicó a un técnico exclusivamente a esa tarea. A
    raíz de la firma del II Plan Director, esa línea se ha reforzado con la
    contratación de otros dos técnicos.

    El esfuerzo del sindicato es justificado. En
    los últimos años han aumentado espectacularmente los riesgos psicosociales,
    sobre todo por el afloramiento del llamado mobbing, o acoso psicológico en el
    trabajo, un fenómeno que, a juicio de los responsables sindicales, ha existido
    siempre, pero que hasta hace poco no se le había puesto nombre. Prueba de la
    magnitud de este problema es que en los últimos tres o cuatro años las
    consultas que se hacen al sindicato sobre este tema son casi diarias. De
    hecho, sólo desde el pasado mes de febrero y hasta aproximadamente finales de
    junio el sindicato recibió entre 120 y 130 consultas, una cantidad que supera
    con mucho cualquier otro tipo de consultas sobre otros aspectos de salud
    laboral.

    El enorme interés del sindicato para dar a
    conocer en las empresas estos riesgos, algo que lleva a cabo a través de
    numerosos y continuos actos informativos, ha provocado también una mayor
    visualización de los problemas que de ellos se derivan.

    Y ante esta situación, la postura de
    Comisiones Obreras no deja lugar a dudas: es imprescindible realizar
    evaluaciones de riesgos psicosociales en las empresas, tal y como también se
    evalúan otros riesgos. «Estas evaluaciones siguen siendo el patito feo de la
    prevención. Los riesgos psicosociales también se pueden evaluar, con un método
    diferente al de otros riesgos, pero igual de válido. El problema es que los
    empresarios se resisten excesivamente a que se hagan porque esa evaluación
    toca las condiciones del trabajo, la organización, y eso para ellos es tabú»,
    dicen desde la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid.

    Los responsables sindicales consideran que, en
    el fondo, esa resistencia se debe al miedo que tienen los empresarios a salir
    mal parados personalmente en las evaluaciones. El hecho de que, por ejemplo,
    se vaya a evaluar el estilo de liderazgo de los jefes, podría ponerles en
    entredicho en la empresa.

    «Esa es una visión errónea porque las
    evaluaciones no buscan culpabilizar a nadie, saber si hay un buen o mal jefe,
    sólo analizar las condiciones de trabajo para saber si la organización actual
    funciona o no. Los empresarios tienen que pensar, además, que previniendo los
    riesgos psicosociales se conseguirá que la empresa vaya mejor y que crezca la
    productividad, algo bueno para todos», dicen desde el sindicato.

    Pero hay más. La tutela de la salud de los
    trabajadores, prevista en nuestra legislación, se extiende a la protección
    contra las patologías de carácter psíquico, tal y como se subraya en la Ley
    General de Sanidad, haciendo mención a la «protección integral de la salud de
    los trabajadores». Y en este sentido también se manifiesta la Ley de
    Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo artículo 4.3 se consideran como daños
    derivados del trabajo «las enfermedades, patologías y lesiones sufridas con
    motivo u ocasión del trabajo». El sindicato considera evidente que este
    concepto comprende las patologías de carácter psíquico.

    Por si alguien tuviera aún dudas, la misma Ley
    de Prevención, en su artículo 15, determina los principios aplicables a la
    prevención de riesgos, incluidos los de naturaleza psicológica. En este
    sentido, el apartado g) de ese artículo dice expresamente que «el empresario
    deberá planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en
    ella la técnica, la organización de trabajo, las relaciones sociales y la
    influencia de los factores ambientales en el trabajo». Los responsables del
    sindicato recuerdan que también está recogido el principio de adaptar el
    trabajo a la persona y de atenuar el trabajo monótono y repetitivo, con el fin
    de reducir los efectos del mismo sobre la salud de los trabajadores.

    «La legislación española reconoce que la
    organización del trabajo es competencia sólo del empresario, pero la Ley de
    Prevención de Riesgos Laborales habla de que hay que evaluar las condiciones
    de trabajo, incluidas las relativas a la organización. Es la única ley que nos
    permite a los sindicatos entrar en la parcela de la organización y los
    empresarios tienen que perder el miedo a que hagamos ese trabajo», dice el
    secretario de Salud Laboral, Carmelo Plaza.

    Estos argumentos, sin embargo, no están
    convenciendo a los empresarios. Estos siguen pensando que estas evaluaciones
    -en las que se analiza, por ejemplo, las exigencias psíquicas o emocionales
    que se hacen a los trabajadores, el apoyo que reciben de la empresa o su
    sensación de integración en ella- son muy subjetivas y que no hay un método
    para realizarlas.

    Comisiones Obreras rebate rotundamente eso y
    pone sobre la mesa el ISTAS-21, el método del Instituto Sindical de Trabajo,
    Ambiente y Salud de CC.OO., fruto de la adaptación para España del
    Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ).

    El método ISTAS-21

    La historia del ISTAS-21 comenzó con el
    trabajo de revisión de los compañeros del Instituto de los diferentes métodos
    de evaluación de riesgos psicosociales que existían. El objetivo era saber
    cuál de ellos se podía adecuar mejor a las características del mercado laboral
    español y comprobar el grado de fiabilidad. Tras un análisis pormenorizado
    llegaron a la conclusión de que el que presentaba el mayor rigor científico
    era el danés, cuyo método, el CoPsoQ, está basado en una encuesta entre la
    población que determina los niveles medios de lo que la gente considera
    «bueno» o «malo» o «razonablemente aceptable» o «razonablemente inaceptable».

    Partiendo de ello, y dado que la encuesta
    danesa no valía para el caso español por las diferencias laborales que nos
    separan, ISTAS dio el siguiente paso: realizar una encuesta en Navarra, la
    región donde los datos de la EPA más se asemejan a la EPA nacional.

    Dicho y hecho. El resultado fue el método
    ISTAS-21, una herramienta de riesgos laborales de naturaleza psicosocial que
    fundamenta una metodología para la prevención y cuya aplicación brinda
    oportunidades para la identificación de las áreas de la organización del
    trabajo que necesitan mejorarse.

    «Lo más importante de este método es que
    ofrece algo muy novedoso y que lo avala y lo define por sí mismo y es que
    establece unos niveles de referencia. Para medir los riesgos químicos, por
    ejemplo, hay unos niveles numéricos, pero en lo psicosocial es muy difícil
    poner números porque estamos hablando de valores subjetivos, por eso este
    método es muy bueno. De hecho, en Cataluña, por ejemplo, es el método oficial
    que está avalado por la Generalitat», cuentan desde la Secretaría de Salud
    Laboral.

    De forma gráfica, lo que ofrece el ISTAS-21 es
    una especie de semáforo en el que hay tres indicadores luminosos: el verde,
    que apunta que la organización del trabajo es «buena»; el amarillo, que
    considera la evaluación de las dimensiones «regular», y el rojo, que señala lo
    «malo». Lo importante, hacen hincapié desde el sindicato, es que los
    resultados de esa evaluación permiten saber en qué aspectos concretos hay que
    intervenir y en cuáles es urgente esa intervención. Además, ayudan a priorizar
    muy bien las medidas preventivas que hay que adoptar porque señala exactamente
    dónde están los problemas y qué magnitud tienen.

    El rigor científico de este método es otra de
    sus características más importantes. Y es que con él sólo se analizan las
    dimensiones sobre las que existen evidencias científicas, es decir, estudios
    reales demostrados que indican que esas dimensiones psicosociales tienen una
    influencia negativa para la salud de los trabajadores. Hay otros métodos que,
    por ejemplo, incluyen la «motivación» como una dimensión evaluable o como
    factor que puede tener influencia en la salud, pero no hay estudios
    científicos que lo avalen. En el ISTAS-21 esa dimensión está descartada.

    Este método, además, ofrece tres niveles de
    aplicación que, aunque miden las mismas dimensiones y factores, presentan
    diferentes tipos de complejidad. El primero es el denominado «nivel corto»,
    dedicado a las empresas de menos de 25 trabajadores; el segundo es el «nivel
    medio», cuya aplicación es específica para empresas con más de 25 trabajadores
    y que incorpora un programa informático peculiar.

    Y es que para su aplicación se exige como
    condición imprescindible que los representantes de los trabajadores y de la
    empresa firmen un acuerdo en el que se refleje el compromiso real de que los
    resultados de la evaluación van a servir para empezar a trabajar en la
    corrección de los problemas detectados. Lo que se intenta, dicho de otra
    forma, es que la evaluación no quede en papel mojado.

    La forma de llevar a cabo esa evaluación es,
    además, muy participativa ya que una vez llegado al acuerdo se constituye un
    grupo de trabajo en el que están representados los sindicatos, el Servicio de
    Prevención de la empresa y los directivos. Ese órgano será el encargado de
    dirigir todo el proceso de evaluación.

    «Es cierto que este método es lento, que tiene
    más requisitos que otros para su aplicación, pero es muy eficaz y sus
    resultados no tienen nada que ver con los que se consiguen si se aplicaran
    otros», insisten desde el sindicato. El tercer nivel del ISTAS es el de
    «investigación», un nivel que se utiliza para conseguir estudios o análisis
    concretos, sobre todo poblacionales, de cara a establecer relaciones de
    riesgos, por ejemplo.

    En cuanto a las dimensiones que mide, éstas,
    en total veinte, se agrupan en cuatro grandes bloques. El primero estudia las
    exigencias psicológicas en el trabajo, tanto las cuantitativas como las
    cognitivas, las emocionales, las de esconder emociones o las sensoriales. El
    segundo grupo tiene que ver con el trabajo activo y el desarrollo de
    habilidades, las dimensiones que constituyen aspectos positivos del trabajo.
    En este bloque se evalúa la influencia en el trabajo, las posibilidades de
    desarrollo que tiene el trabajador, el control que tiene sobre su tiempo de
    trabajo, el sentido del trabajo que tiene o su integración en la empresa.

    El tercer bloque se refiere al apoyo social en
    la empresa y a la calidad de liderazgo. En este ámbito se analiza la
    previsibilidad, la claridad y el conflicto de rol, la calidad de liderazgo, el
    refuerzo, el apoyo social, las posibilidades de relación social que brinda el
    trabajo o el sentimiento de grupo dentro de la empresa. El cuarto y último
    bloque alude a las compensaciones y en él se evalúan dimensiones como la
    inseguridad en el empleo (perspectivas de promoción o cambios no deseados, por
    ejemplo) y la estima.

    Diferencias entre sindicatos

    A pesar de todos estos avales, el método ISTAS-21,
    que se presentó en noviembre de 2003 en Madrid, no está siendo ni mucho menos
    aceptado en el mundo empresarial. Los empresarios ya no tienen la excusa de no
    poder contar con un método fiable y ahora alegan otras, como que este método
    está sólo respaldado por Comisiones Obreras.

    Este último argumento lo nutre, en gran
    medida, las diferencias que en torno al ISTAS-21 mantiene el sindicato con
    UGT. Los responsables de Comisiones Obreras reconocen que han asumido el
    método y que lo respaldan a capa y espada como sistema que es capaz de evaluar
    perfectamente los riesgos psicosociales, más teniendo en cuenta que en nuestro
    país no hay ninguna referencia al respecto, excepto las recomendaciones
    técnicas que sobre riesgos psicosociales hace el Instituto Nacional de
    Seguridad e Higiene en el Trabajo y que algunos sí definen como «método», algo
    en lo que discrepa el sindicato.

    «Cuando nosotros dejamos claro esto, UGT entró
    en competencia con nosotros. Ellos no quieren saber nada del ISTAS-21, pero
    tampoco dan una alternativa y eso, en la práctica, está impidiendo ponerlo en
    marcha en determinadas empresas o en distintos departamentos de la
    Administración», dice Carmelo Plaza.

    La Secretaría de Salud Laboral alude, en este
    sentido, a la experiencia negativa vivida en el Ministerio de Agricultura. Los
    responsables de Comisiones Obreras han firmado un acuerdo con ese ministerio
    para aplicar el método ISTAS-21 en un organismo dependiente de él, algo a lo
    que, en principio, también se sumó UGT. «El problema es que después de haberlo
    firmado UGT ahora se está echando atrás y eso está impidiendo ponerlo en
    marcha. De hecho, actualmente, el tema está parado», explican desde la
    Secretaría.

    Lejos de enconar más la situación, Comisiones
    Obreras ha planteado una alternativa a UGT que resolvería las diferencias de
    una forma casi salomónica. El sindicato propone que en los centros de trabajo
    donde Comisiones Obreras tiene mayoría en el comité de empresa se implante el
    método ISTAS-21 y que UGT la apoye. Del mismo modo, allá donde UGT cuente con
    esa mayoría, CC.OO. apoyaría el método que ellos plantearan. En principio, UGT
    no ha puesto sobre la mesa ninguno, pero queda la alternativa del que se
    atribuye al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

    «A pesar de que nosotros hemos planteado este
    tema a nivel confederal, lo cierto es que aún la cuestión no está resuelta.
    UGT no quiso apoyar el método ISTAS-21 desde el principio, como nosotros, y
    eso que incluso se planteó la posibilidad de que, si querían, fuera llamado
    método sindical o algo parecido para aunar a ambos sindicatos, pero no lo
    aceptaron. De cualquier forma, lo que está claro es que mientras UGT no asuma
    o apoye este método, la lucha contra estos riesgos encontrará dificultades
    para avanzar», cuenta Carmelo Plaza.

    Las diferencias entre ambos sindicatos, sin
    embargo, no van a impedir que Comisiones Obreras siga intentando negociar con
    las empresas o en los diferentes ámbitos de la Administración regional y de la
    local para conseguir que se aplique el ISTAS-21. Es más, los responsables de
    la Secretaría de Salud Laboral confían en sus posibilidades para llegar a
    acuerdos concretos de aplicación si no, por ejemplo, en toda una
    Administración sí al menos en determinados departamentos públicos.

    Esa firme decisión es también un aviso a
    navegantes para las mutuas, unas entidades que hasta la fecha tampoco están
    por la labor de adoptar el método ISTAS-21 por su connivencia con los
    empresarios. El sindicato está convencido de que las mutuas saben que es un
    buen método, pero muestran la misma resistencia que los empresarios «porque
    siempre se ponen de su lado, y prefieren no evaluar, evaluar mal o evaluar con
    otros métodos que sean menos comprometedores».

    Y ante esta situación, la Secretaría de Salud
    Laboral de CC.OO. de Madrid vuelve a insistir en los perjuicios que está
    ocasionando la falta de evaluaciones de los riesgos psicosociales y el no
    reconocimiento por parte de los empresarios de que esos riesgos vienen dados
    por una mala organización en el trabajo.

    No es lo único que no reconocen los
    empresarios. Al hablar de estos riesgos, ellos siempre tratan de
    individualizar los problemas, echar la culpa al trabajador por no saber
    afrontar el estrés que le puede producir su trabajo o achacarlo a problemas
    personales del empleado.

    «Para nosotros no es suficiente que se atienda
    a un trabajador que está sufriendo. Hay que ir más allá y profundizar y
    analizar esos riesgos desde una visión total porque no es un problema
    individual, sino un problema colectivo de la empresa», dicen desde el
    sindicato.

    Las consecuencias

    Los responsables de la Secretaría creen,
    además, que hay que tener muy presentes las consecuencias para la salud de
    esos riesgos. Y es que el estrés puede derivar en problemas como alteraciones
    gastrointestinales, crisis de angustia, agotamiento, insomnio o tensión y
    dolor cervical cuando no en otras patologías más graves como depresión o
    infartos. «La cuestión es que los empresarios hasta ahora, y quizá en el mejor
    de los casos, se limitan, por ejemplo, a dar cursos a sus trabajadores sobre
    cómo afrontar el estrés o sobre técnicas de relajación. Eso no previene nada».

    Pero no sólo eso. Desde el sindicato se
    recuerdan también las consecuencias que para la empresa puede acarrear el
    estrés de los trabajadores. El empobrecimiento de las relaciones laborales y
    el aumento de los conflictos interpersonales, las bajas laborales, la falta de
    motivación, la incapacidad en la toma de decisiones, la ausencia de habilidad
    para manejar situaciones problemáticas como entrevistas, reuniones con
    clientes o directivos o la alta accidentalidad son sólo algunas de ellas.

    A pesar de las resistencias de los
    empresarios, la Secretaría de Salud Laboral está poniendo toda la carne en el
    asador para intentar que el método ISTAS-21 se oficialice y generalice en el
    mundo laboral de nuestra región.

    Para conseguirlo ya ha dado muchos pasos,
    entre ellos, la concienciación de los delegados sindicales en la necesidad de
    llevar a cabo esta evaluación y, en lo que va de año, la presentación del
    método en unas 35 empresas. «Hasta ahora no hemos conseguido ningún resultado
    de adhesión, pero el trabajo de las presentaciones no cae en saco roto», dicen
    desde la Secretaría.

    Sus responsables se refieren a que, aunque las
    empresas se niegan a utilizar el ISTAS-21, se aprovechan las presentaciones
    como herramienta sindical. Y es que una vez informado el comité, en muchos
    casos, los delegados pasan la encuesta del método a los trabajadores para, al
    menos, disponer de unos resultados oficiosos. Esos resultados sirven para
    visualizar los problemas psicosociales que, en un momento dado, también se
    pueden presentar ante los responsables de la empresa.

    En esa misma línea va, precisamente, el
    proyecto de investigación que está llevando a cabo la Secretaría de Salud
    Laboral en el marco del II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales.
    Se trata de un estudio de investigación sobre los riesgos psicosociales en
    diferentes ámbitos de la Administración pública. Se utilizará el método ISTAS-21,
    aunque también se incorporará el análisis de algunos síntomas de salud
    relacionados con lo psicosocial, como el sueño o la fatiga. La intención es
    realizar la encuesta «corta» a trabajadores de todos los sectores de la
    Administración.

    «Los resultados nos permitirán visualizar los
    problemas y nos darán más argumentos para defender nuestra apuesta por esta
    evaluación de riesgos», dicen desde la Secretaría de Salud Laboral.

    Paralelamente a ese trabajo, se volverán a
    organizar jornadas y seminarios que pongan sobre la mesa de debate los riesgos
    psicosociales y que se sumarán a los dos actos de este tipo que ya se han
    organizado a lo largo del año, uno sobre la violencia en el sector sanitario y
    otro sobre el acoso en la Enseñanza.

    Y es que todo es poco para conseguir que,
    cuanto antes, se empiecen a evaluar unos riesgos que como el estrés laboral,
    según la Agencia Europea para la Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuesta al
    año 20.000 millones de euros, lo padece el 28 por ciento de los trabajadores y
    es el origen del 50 por ciento de las bajas laborales.

    ¿Cuándo es saludable el trabajo?

    Hoy en día, no son pocas las empresas en las
    que sus empleados trabajan a un ritmo frenético, sin límites de horarios, en
    tareas repetitivas o con presiones para llegar a unos mínimos de productividad
    y por eso, quizá, sea difícil imaginar aquellos centros de trabajo donde los
    trabajadores no saben qué es todo eso. Pero lo cierto es que sí es posible
    tener un trabajo saludable psicosocialmente. ¿Cómo? Pues reuniendo en él,
    fundamentalmente, cuatro grandes premisas.

    Primera: tener un control sobre el propio
    trabajo, es decir, disponer de la oportunidad de desarrollar nuestras
    habilidades y de hacer aquello que mejor sabemos hacer; tener el control sobre
    el trabajo que realizamos; gozar de suficiente autonomía, con capacidad de
    decisión sobre las tareas; y poseer un control sobre las pausas y el ritmo de
    trabajo.

    Segunda: hacer frente a demandas adecuadas a
    las capacidades, es decir, tener un volumen de trabajo adecuado en relación al
    tiempo disponible y no vernos expuestos a interrupciones constantes de la
    tarea; y hacer un trabajo emocional, cognitivo y sensorial que no supere
    nuestros recursos como trabajadores.

    Tercera: disponer de apoyo social adecuado, es
    decir, poder relacionarnos con otros compañeros de trabajo con asiduidad y
    sentirnos apoyados por los compañeros y mandos; notar el apoyo de compañeros y
    mandos para sacar el trabajo adelante; y poder compatibilizar nuestra vida
    laboral con la familiar y social.

    Cuarta: disfrutar de recompensas justas por el
    trabajo realizado, es decir, tener un salario digno; estabilidad; posibilidad
    de promocionar de forma justa y transparente; realizar tareas adecuadas a
    nuestra cualificación profesional, ni por debajo ni por encima de nuestras
    capacidades; decidir sobre nuestra movilidad; tener respeto, reconocimiento y
    apoyo por el trabajo realizado; y recibir un trato justo.

    Mobbing, acoso psicológico en el
    trabajo

    Si hay un fenómeno que, durante los últimos
    años y más que ningún otro, está poniendo en evidencia la necesidad de
    realizar evaluaciones de riesgos psicosociales en los lugares de trabajo, ese
    es el mobbing o acoso psicológico en el trabajo.

    Considerado como un tipo de violencia, similar
    a la agresión física, este fenómeno se utiliza para describir situaciones en
    las que un sujeto se convierte en la diana del grupo al que pertenece y es
    sometido por este o alguno de sus miembros -generalmente con la permisividad
    del resto- a una persecución que le va a producir importantes trastornos en la
    salud, tanto física como psíquica, siendo necesaria en muchos casos la
    asistencia médica y psicológica.

    No es una exageración. Los expertos coinciden
    en que los efectos del mobbing son devastadores porque su objetivo es limar,
    reducir y, en última instancia, reventar los sentimientos más profundos de la
    persona. Este tipo de agresión es, además, extremadamente sutil y perverso.

    Perversa porque es un comportamiento
    premeditado que se ejecuta concienzudamente con una estrategia preconcebida
    para anular a la víctima.

    Y sutil porque una de las características más
    importantes del acoso psicológico en el trabajo es que no deja rastro ni
    secuelas visibles, excepto las propias del deterioro psicológico de la
    víctima, que en cualquier caso pueden atribuirse a problemas personales o de
    relación con los compañeros. De hecho, y aunque suene muy cruel, cuanto mejor
    se hace el mobbing menos huella deja.

    En general, dicen los expertos, los acosadores
    ponen en marcha esta demoledora maquinaria por celos o por envidia, no sólo
    centrada, ésta última, sobre los bienes materiales de la víctima sino sobre
    sus cualidades personales positivas, como pueden ser su inteligencia, su
    brillantez personal o su ecuanimidad.

    Esta situación se produce, sobre todo, cuando
    se incorporan nuevos trabajadores jóvenes y preparados a la empresa,
    amenazando la promoción profesional e incluso la permanencia del acosador en
    la organización. O viceversa, es decir, cuando son jóvenes tiburones los que
    se incorporan a la empresa y acosan a sus directivos para ocupar su puesto.
    También son habituales los ataques hacia víctimas que tengan ciertos rasgos
    diferenciales con respecto al grupo, por ejemplo su etnia, o alguna
    característica física que es aprovechada por el acosador para ensañarse con
    ella.

    De cualquier forma, lo que es evidente es que
    el mobbing es un riesgo laboral que provoca unas consecuencias muy graves
    sobre la salud de los trabajadores que lo padecen y que, por lo tanto, como
    cualquier otro riesgo debe ser prevenido por el empresario. Y éste es,
    precisamente, el caballo de batalla de la Secretaría de Salud Laboral de
    Comisiones Obreras de Madrid.

    Sus responsables, en principio, no están muy
    de acuerdo con los perfiles predeterminados de «víctima» y «acosador» porque
    creen que toda persona puede ser una u otra cosa en un entorno adecuado. Pero
    de lo que no tienen ninguna duda es de que son las organizaciones del trabajo
    las que amparan, si no impulsan, esas conductas.

    «Nosotros creemos que es un problema de salud
    laboral aunque la empresa se empeñe en calificarlo como un problema individual
    entre dos o varias personas que no se llevan bien. Partiendo de eso, nosotros
    siempre intentamos relacionarlo con las condiciones de trabajo», explican
    desde la Secretaría.

    Tienen opiniones en contra. La legislación no
    reconoce las consecuencias del mobbing como daño a la salud y, por tanto, no
    se le considera accidente laboral o enfermedad profesional. A lo máximo que
    llega es a reconocer el acoso como una vulneración de derechos y en
    consecuencia actúa la Inspección de Trabajo.

    «Esto es completamente negativo. El Ministerio
    de Trabajo tendría que dictar normas o pautas a la Inspección para que los
    casos de mobbing se relacionaran directamente con daños a la salud y, así,
    desde el primer momento se pudiera aplicar la Ley de Prevención de Riesgos
    Laborales», dice el secretario de Salud Laboral, Carmelo Plaza.

    Como eso no está ocurriendo, hay muchas
    víctimas que se ven obligadas a pasar por todo un proceso judicial para
    conseguir, si es que lo logran, que se les reconozca que enfermaron a causa
    del acoso psicológico que padecieron en el trabajo.

    «Al no estar evaluado este riesgo todo va a
    depender de ese proceso jurídico, donde lo único que hay es la opinión de la
    víctima frente a la del acosador; donde va a estar un juez que no tiene nada
    que ver con la salud laboral; y donde no se va a entrar en el problema de
    fondo que sería la organización del trabajo de esa empresa determinada»,
    explican desde la Secretaría.

    El sindicato, de todas formas, anima a los
    trabajadores a que denuncien a la empresa, aunque reconocen que es muy
    complejo determinar el origen y la responsabilidad en estos casos.

    En los últimos tres años, a la Secretaría han
    acudido unos 500 trabajadores víctimas de mobbing. Cuando les llega uno de
    estos casos, sus técnicos lo atienden independientemente de si el centro de
    trabajo donde se está produciendo es una empresa grande o pequeña, con o sin
    representación sindical, unas características que, sin embargo, pueden
    complicar mucho las soluciones.

    Y es que si difícil es intervenir en los casos
    de acoso en aquellas empresas con delegados sindicales, en las que no tienen
    representación sindical es extremadamente complicado, por no decir casi
    imposible, y muy delicado. Y es que siempre hay un peligro latente en el
    tratamiento de este problema.

    «Una vez que atendemos el caso y planteamos
    cualquier acción, el empresario, dependiendo de la antigüedad del trabajador,
    puede poner la carta de despido encima de la mesa a la víctima. Eso es un
    riesgo real que, en alguna ocasión, nos ha pasado», dicen desde la Secretaría.

    Impulso al tratamiento jurídico

    Precisamente porque existe ese riesgo, y
    porque lo avala su experiencia, los técnicos sindicales lo primero que hacen
    es advertir al trabajador afectado de esa amenaza, de cómo puede reaccionar la
    empresa y de las consecuencias de seguir adelante en su caso. La decisión es
    suya, aunque el amparo del sindicato siempre está presente. «Si el trabajador
    decide seguir adelante y se produce el despido, a partir de ahí entran
    nuestros servicios jurídicos para defenderle», dicen.

    De hecho, la Secretaría de Salud Laboral está
    impulsando el tratamiento de este acoso desde el punto de vista jurídico, algo
    que se ha traducido, en el marco del II Plan Director, en el refuerzo de sus
    servicios con otros dos abogados para atender estos casos.

    Su trabajo ahora también consiste en implicar
    a toda la organización del sindicato, a las secciones sindicales y a los
    comités de empresa para que conozcan y se sensibilicen con el tema y para que
    apoyen un cambio en las dinámicas.

    «Tiene que reconocerse que el mobbing provoca
    graves daños en la salud de los trabajadores que lo padecen y tiene que
    aplicarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde el primer momento en
    el que se tiene constancia de un caso. Lo que no se puede consentir es que la
    víctima siempre sea la víctima para todo y que encima de sufrir sea
    despedida», manifiesta Carmelo Plaza.

    Y es que la experiencia de la Secretaría
    demuestra que, en general, es la víctima la que pierde el puesto de trabajo, o
    la que firma un despido pactado, o la que consiente un traslado que no quería
    mientras el acosador queda impune. Lo peor, si cabe, es que la víctima,
    encima, queda estigmatizada y con secuelas para toda la vida.
     

    Milagros Díez
    Madrid Sindical.