Autor: seccion sindical fraternidad

La palabra trabajo proviene de “Tripalium”: un instrumento de tortura de tres palos donde se ataba a los esclavos para apalearlos.

Su origen nos habla de dolor, sufrimiento y sacrificio. Hoy,  inequívocamente, el término “Trabajo” tributa estricto honor a su etimología.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo mata más que la guerra. Cada año mueren 2 millones de trabajadores y trabajadoras (más de 5.000 por día) en accidentes o a causa de una enfermedad ligada al trabajo, frente a las 650 mil personas que mueren en las guerras de todo el mundo en un año.

En España, la brutal destrucción de empleo se ha superado la barrera de los 4 millones de parados, la cifra más alta de su historia se entrelaza a una brutal destrucción de la salud y la propia vida de miles de personas.

Así, el país se ubica en los primeros lugares en accidentes de trabajo y siniestralidad en la Unión Europea: cada día fallecen tres trabajadores, 23 sufren accidentes graves en su puesto de trabajo y hay 2.499 accidentes leves. La siniestralidad laboral se cobra anualmente la vida de más de 1.000 personas mientras trabajan.

¿De dónde se nutre esta suerte de terrorismo silencioso que a diario mata en los centros y ámbitos de trabajo? La respuesta no es complicada: en los altos índices de temporalidad, precariedad, subcontratación, en las malas prácticas, la desidia y la indiferencia empresariales tanto como en la falta de prevención de riesgos laborales, rasgos que constituyen las características salientes del mercado laboral español, elque más ocupación precaria crea en la Unión Europea.

Ello explica también que 3 de cada 4 trabajadores presenten molestias físicas relacionadas con las enfermedades osteomusculares, y que el 20 por ciento del total de trabajadores y trabajadoras desarrollen síntomas de estrés. 

Para el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), “las condiciones de empleo, con sus connotaciones de temporalidad, flexibilidad y movilidad extrema, están en la base de un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, que tiene repercusiones negativas en la salud de quienes las sufren”.

Esas circunstancias de empleo constituyen un elemento determinante de las condiciones de trabajo, y España muestra claramente cómo la exposición a riesgos no es igual para trabajadores y trabajadoras con un contrato permanente o con uno temporal. Varios estudios señalan que los accidentes laborales entre los trabajadores con contrato temporal superan el 50 por ciento del total en los últimos años. Las estadísticas reflejan que el número de accidentes laborales padecidos por trabajadores temporales ha crecido en más de 20 puntos porcentuales durante la última década en comparación al incremento registrado por el número de empleados con contrato permanente.

Según Joaquín Nieto, especialista en salud laboral de CCOO, “En muchas ocasiones se emplea a trabajadores eventuales o subcontratados para realizar las labores más penosas o peligrosas y evadir así las normas de protección ante los riesgos. Las empresas cuentan con una mano de obra barata, dócil y dispuesta a la máxima flexibilidad, adaptabilidad y a las exigencias empresariales, ante el temor a perder el empleo”.

Para esos trabajadores y trabajadoras  -en un alto porcentaje jóvenes e inmigrantes-  las condiciones de empleo precarias tornan mucho más compleja y difícil su participación en la defensa de su salud y seguridad. “La precariedad hace al trabajador más débil frente al empresario, y el chantaje es una realidad. Son frecuentes los trabajadores temporales que hacen, por ejemplo, más horas que las convenidas o cobran un salario inferior, o aceptan ser adscritos a una categoría más baja que la que se corresponde con su cualificación profesional. Sacrifican todo a la esperanza de ser renovados”.²

Tan absurda y demencial es la dimensión de la siniestralidad laboral en España, que a finales del pasado año se creó la Asociación de Víctimas del Trabajo (AVT). Desde este colectivo se enfatiza que “El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser una exigencia para el empresariado. La Inspección de Trabajo visita alrededor de 12.000 empresas anualmente para certificar el cumplimiento de la ley, así como valorar la situación de los trabajadores. Algo ineficiente, ya quefaltan técnicos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desde 1996 ha perdido más del 30 por ciento de sus efectivos. ¿Para qué crear una ley que no puede ser llevada a cabo?, se pregunta la AVT”.

 Un estudio realizado por Comisiones Obreras exige la construcción de una estrategia española en seguridad y salud en el trabajo, para visitar las cerca de 300.000 empresas que carecen de representación sindical: las llamadas empresas blancas. Allí, tierra de nadie, al no llegar el sindicato no existen representantes sindicales en materia de prevención.

Las muertes y los accidentes de trabajo cuestan aproximadamente 12.000 millones de euros al año, el 1,72 por ciento del PIB. El coste de las jornadas perdidas asciende a 6.527 millones de euros y el de la Cobertura de Riesgos Profesionales por las Mutuas y Seguridad Social más de 5 mil millones de esa moneda vía cotizaciones sociales. Esta masacre cotidiana “debería activar la voz de alarma de una vez, como ocurre con los accidentes de tránsito, sin embargo, lejos de alarmar, estos datos son silenciados”, se denuncia desde la AVT.

Los accidentes de trabajo dibujan la parte visible de la problemática de la salud y las condiciones laborales. Un informe del ISTAScalcula que los accidentes representan alrededor del 10 por ciento de la mortalidad derivada del trabajo. Por su parte,las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo  -obstinadamente ocultas en los registros oficiales-  causan al menos 16.000 muertes anuales, “aunque lo máximo que se ha declarado algún año son cinco (sí leyó bien: 5), según el director general de Salud Laboral del Gobierno de Cantabria, Iñigo Fernández.

Pero hay otro problema:un tendencioso subregistro de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. “En España se declaran de manera oficial apenas 17.000 enfermedades profesionales, cuando en realidad hay que reconocer unas 90.000 patologías relacionadas con el trabajo, y lo malo es que si no se reconocen no se puede aplicar políticas de prevención”. Así, la enfermedad profesional no es casi nunca mortal, pero, sin embargo, “hay declaradas más de 17.000 pensiones de viudez por enfermedades profesionales. Asimismo, no es comprensible también que en uno de los países más ruidosos de Europa, con más de 249.000 hipoacusias severas declaradas, sólo se reconozcan 551 de estas enfermedades profesionales auditivas cuando se estima que por motivos laborales tendría que haber unas 5.400”,advierte Fernández.

Como bien se manifiesta desde el ISTAS, “la siniestralidad no es la consecuencia de una maldición bíblica, ni un tributo insoslayable del trabajo. Los accidentes son el resultado de la ausencia de unas prácticas preventivas que son conocidas y aplicables”.

Son consecuencia también de una ideología empresarial en la cual el trabajo precario es concebido como una oportunidad para la gente de vida precaria, es decir: para todos los trabajadores y trabajadoras.

Gerardo Iglesias

Rel uita

Orientará a los profesionales y ayudará a evitar el fraude

Profesionales de la sanidad y jefes disponen ya de un manual oficial que estipula los tiempos medios de las bajas laborales para cada enfermedad. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presentó ayer «Tiempos estándar de incapacidad laboral», que ha sido elaborado por la Seguridad Social y para el que se han analizado más de un millón de bajas comunicadas y unas 3.000 enfermedades que han sido motivo de ausencia.

El tiempo estándar (o periodo idóneo que se requiere para solucionar una enfermedad) de una baja laboral es de cuatro días (el mínimo para que se conceda una) en el caso de los llamados «procesos banales», en su mayoría compatibles con el puesto de trabajo pero que pueden ser causa de una ausencia de corta duración. En los «procesos crónicos», el periodo medio que ha establecido la Seguridad Social es el tiempo necesario para valorar las limitaciones y secuelas, y alcanzar una mejoría suficiente que permita la reincorporación al puesto de trabajo. En los procesos clínicos graves se valora el tiempo necesario para que el médico disponga de todos los datos que le permitan plantear una posible incapacidad permanente.

Entre las enfermedades más frecuentes, el malestar con fatiga tiene de media cuatro días asignados, igual que la amigdalitis y la colitis. Para las enfermedades cardiovasculares, como la angina de pecho o el infarto, se recomiendan treinta y noventa días, respectivamente. Otras más curiosas son, por ejemplo, las provocadas por el efecto tóxico del alcohol y las flatulencias, ambas con un periodo medio de baja de cuatro días.

Evitar el fraude

El número de días recomendados facilitará la gestión de las citas médicas, ya que permitirá ajustar el tiempo que es necesario entre las visitas. El ministro de Trabajo subrayó que el manual pretende estandarizar los criterios de seguimiento y control de la incapacidad temporal, pero «no ser un sustitutivo del médico».

El manual tiene varios objetivos, entre los que sin duda se encuentra evitar el fraude en las bajas laborales. Este año, el gasto presupuestario para la protección por bajas temporales es de 3.460 millones de euros, además de 8.000 millones para las incapacidades por accidentes laborales y 7.000 para la gestión de mutuas de trabajo. Además, orientará a los médicos sobre la duración de las bajas y las causas que pueden prolongarlas.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha concedido la incapacidad absoluta a una mujer enferma de cáncer a consecuencia del trabajo que desarrolló en contacto con el amianto ente los años 1964 y 1968 en una empresa de Beasain (Guipúzcoa).

Según ha informado el sindicato Comisiones Obreras en un comunicado, la afectada es un ama de casa de 64 años identificada como Ángela R.A., que antes de casarse trabajó cuatro años en la compañía Oxivol Internacional Acumuladores, ya desaparecida.

En esta empresa, la perjudicada cortaba y colocaba cordón de amianto antes de sellar las baterías de automóviles que se fabricaban allí, «ignorando el riesgo» que esta labor conllevaba.

CCOO recuerda que hace cuatro años la trabajadora fue diagnosticada de un mesotelioma pleural, «sin que desde el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, se comunicase sospecha» alguna de que esta dolencia pudiera responder a una enfermedad profesional.

El sindicato explica que, el pasado mes de abril, durante una de las charlas informativas sobre este asunto que organiza, la afectada se puso en contacto con un responsable de la central, que inició los trámites necesarios para que se le reconociera que padecía una enfermedad profesional.

El proceso ha culminado ahora con la decisión del INSS de conceder a la enferma una incapacidad absoluta con una pensión de 1.667 euros, en aplicación del convenio del metal de Guipúzcoa.

En su nota, CCOO asegura que estos hechos dejan «al descubierto, el pasotismo de Osakidetza y del centro oncológico Onkologikoa de San Sebastián en este caso, al eludir sus responsabilidades de comunicar la sospecha de una indiscutible enfermedad profesional».

En su opinión, con estas actitudes sólo se logra «obstaculizar» que los trabajadores afectados consigan «una justa pensión» y que la sanidad pública asuma «los cuantiosos costes del tratamiento, sin ser trasladados a la mutua» correspondiente.

Tras preguntarse «cuál es el coste que asume Osakidetza y paga toda la ciudadanía por no comunicar la sospecha de enfermedad profesional», CCOO recuerda que el resultado de este tipo de prácticas «de ocultación y de fraude a la prevención» da lugar a un «superávit en las cotizaciones de accidente de trabajo y enfermedades profesionales», que luego «la CEOE reclama como regalo al Gobierno central».

Comisiones Obreras respalda la creación de «un Fondo de Compensación a las víctimas del amianto por el Gobierno, tal como reclama la Asociación ASVIAMIE, dado que víctimas como Ángela, no podrán reclamar indemnización por daños y perjuicios a la empresa que las expuso al cancerígeno con total impunidad, al haber ya desaparecido».

La central considera que este caso «es otra pequeña victoria de las víctimas del amianto», que recuerda «la gravedad que supone la amplia exposición laboral» a este producto, como sucedía «décadas atrás en gran parte de la industria vasca».

El sindicato señala que con esta resolución «se ha logrado hacer justicia con esta mujer enferma que, al igual que otros muchos trabajadores, fueron sentenciados a una terrible enfermedad y a recortar su esperanza de vida».

EFE

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha asumido con COMFIA-CCOO el compromiso de buscar las fórmulas necesarias para garantizar el empleo de los más de 780 trabajadores y trabajadoras de las Mutuas

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha asumido con COMFIA-CCOO el compromiso de buscar las fórmulas necesarias para garantizar el empleo de los más de 780 trabajadores y trabajadoras de las Mutuas que actualmente se dedican a realizar prevención con cargo a cuotas, tras la reducción presupuestaria establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de fecha 30 de Junio de 2009.

Para ello, recogiendo la recomendación de CC.OO., emitirá una circular en la que aclarará los criterios para la utilización del límite del 0,5% de la recaudación por contingencias profesionales a destimar al programa 3436 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”. Instando a cada Mutua a negociar con la representación de los trabajadores su aplicación.

Propondrá fórmulas para adecuar este presupuesto a los gastos de personal, entre los que se podrá encontrar el reciclaje y la reasignación de parte de estos trabajadores a otros programas, proyectos específicos de prevención a financiar adicionalmente con cargo al fondo de prevención y rehabilitación, o incluso, en casos extraordinarios, la flexibilización del tope presupuestario máximo.

En el contencioso sobre los trabajadores con funciones comerciales, cuyos puestos deberían ser amortizados a la mayor brevedad, según una circular de la Dirección General, de fecha 2 de Junio de 2009, COMFIA-CCOO propuso extender a este colectivo la solución convenida para la prevención con cargo a cuotas. Si bien, Seguridad Social no tiene una posición definitiva al respecto, pues ha solicitado a las Mutuas que le realicen propuestas concretas, coincidió con este sindicato en que, cualquier medida que se adopte, debe garantizar el mantenimiento del empleo. A tal efecto, con la intención de explorar y adelantar soluciones, Comfia-CCOO se va a dirigir tanto a AMAT como a cada una de las Mutuas para abrir un diálogo que haga firme el compromiso de mantenimiento del empleo, buscando para ello las medidas adecuadas y respetuosas con la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras afectados

Firme compromiso de Comfia-CCOO en la lucha contra el fraude y la modernización del sector

Sobre los casos de irregularidades en la gestión detectadas por el Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado, Comfia-CCOO cree necesario que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades, administrativas, civiles y/o penales, intentando que esto no afecte a la imagen de estas Entidades o de sus profesionales.

COMFIA-CCOO considera que ha llegado el momento de abrir un debate sobre la situación del actual modelo mutual, con participación de los agentes sociales –empresarios y sindicatos-, de la Administración y de las Mutuas, donde se analice la situación actual del sector, se defina el nuevo modelo de Entidades Colaboradoras que la sociedad actual requiere y se establezca el proceso para realizar su transformación.

Comisiones Obreras defenderá un modelo basado en la participación activa de los trabajadores y de sus representantes, tanto en las Mutuas como en las Entidades Mancomunadas creadas por estas, a través de la CODECISIÓN y la COGESTIÓN.

Desde COMFIA-CCOO queremos expresar nuestro firme compromiso con la función social que tienen encomendada las Mutuas así como con la defensa de la profesionalidad de las personas que trabajan en ellas, pues deben ser un pilar esencial en la mejora de la prevención de riesgos laborales y en el cuidado de la salud de los trabajadores.

Agrupación de Seguros de Comfia-CCOO

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha dado un impulso a los derechos laborales frente al acoso sexual en el trabajo.

El juez José A. Folguera Crespo concluyó el 7 de mayo que la depresión de una limpiadora, Purificación González Oliva, de 32 años, se debió al acoso de un compañero de trabajo de la empresa Plásticos Bandrés, reconociendo su baja médica como accidente laboral, categoría que se suele dar únicamente a los daños físicos.

Purificación dejó su trabajo por enfermedad en junio de 2003, y desde entonces ha recibido una prestación de la Seguridad Social por «enfermedad común», cerca de 400 euros mensuales, menos de la mitad que si hubiesen catalogado su problema como accidente laboral. La sentencia abre una puerta a que la Seguridad Social corrija su decisión y cierra un ciclo de seis años en el que la víctima, divorciada y con dos hijos de 8 y 13 años, ha tenido que sobrevivir con muy pocos recursos, sin trabajo, con una depresión severa y anorexia nerviosa. «Ha sido eterno, pero ha habido recompensa», explica la afectada.

En este tiempo, defendida por una abogada del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Purificación ha pasado por dos juicios civiles. El primero, por despido: después de coger la baja denunció a la Inspección de Trabajo que había sido acosada sexualmente por Eusebio Bravo, jefe de su turno de trabajo. La empresa la echó en marzo de 2004 alegando que su contrato temporal había vencido; en septiembre, el Juzgado de lo Social número 13 anuló el despido por ser una represalia contra la denuncia de acoso, atestiguado en la vista por algunos de sus compañeros de trabajo. Tras los recursos presentados por la empresa, el Tribunal Supremo ratificó la condena y Plásticos Bandrés, una empresa de envasado con unos 50 empleados, la mayoría mujeres, tuvo que indemnizar a la limpiadora con 30.000 euros.

Al corroborarse el acoso, Purificación y su abogada solicitaron al Instituto Nacional de la Seguridad Social que reconociera que la depresión tenía una causa exclusivamente laboral -el acoso al que fue sometida por Bravo-, lo que mejoraría su prestación de baja. La Administración rechazó la petición y ella interpuso una nueva demanda, que acaba de aceptar el juzgado de José A. Folguera.

La abogada, María Cruz Espartosa, opina que las trabas puestas por la Seguridad Social para identificar la baja como accidente laboral se deben a que trataba de «ahorrarse una prestación más cara». Tras la sentencia final, Espartosa ha solicitado de nuevo el cambio del tipo de paga y confía en que al fin acepten.

Estos seis años de batalla judicial llevaron a Purificación González a una situación límite, entre constantes intentos de suicidio y largas curas en el hospital La Paz: «Entraba y salía de la unidad de psiquiatría… Me daban el alta a las tres de la tarde y a las nueve me volvían a ingresar. Me atiborraba de pastillas. Sólo pensaba en quitarme la vida», recuerda Purificación. Mientras ella estaba en el hospital, los niños peregrinaban de casa en casa, entre familiares y amigos de su madre. Cuando volvía a casa, la situación no mejoraba: «Me pasaba el día entero en cama por la medicación, sin fuerzas para levantarme. La niña se ocupaba de su hermano pequeño: le daba el desayuno, le bañaba… Llegó un momento en que convertí a mi hija en madre», dice entre lágrimas.

Purificación había sufrido depresiones antes de empezar a trabajar en Plásticos Bandrés, pero ninguna tan honda. Según fuentes judiciales del caso, esto es lo que hizo que tardase tanto en conseguir que se identificase su enfermedad como accidente laboral. El fallo del juez Folguera, sin embargo, determina que el acoso laboral agravó su enfermedad hasta hacerla «incapacitante».

La jurisprudencia es renuente a aceptar que el acoso moral o sexual pueda producir enfermedades laborales. El fallo en favor de Purificación González se apoya en las pocas sentencias que sí han reconocido esta posibilidad, como la del Tribunal Supremo de 2005 que amparó a un policía autonómico vasco que tuvo problemas de salud por la presión de radicales abertzales.

Una vez que la justicia ha apoyado la demanda de González, la Seguridad Social debe decidir si compensa a la trabajadora por el dinero que dejó de percibir mientras no se reconoció su accidente laboral. El acosador, Eusebio Bravo, está libre de responsabilidades penales y continúa trabajando en Plásticos Bandrés. El director de la empresa, Francisco Tomás, afirmó que hubiera despedido a Bravo «si hubiese recibido una condena penal».

Purificación González va dejando atrás su depresión y vive con su hija mayor en una vivienda de protección oficial en Madrid. Hasta hace algunos días trabajaba en una empresa tramitando deudas de morosos. Pero no teme al futuro. El pasado prefiere dejarlo aparcado. Su mala memoria, arrasada por años de tranquilizantes, le ayuda a ello: «No me acuerdo bien de nada de lo que me pasó». Pero le muestra cuánto se dejó en el camino cada vez que echa la vista atrás y encuentra toda la infancia de sus hijos entre brumas.

PABLO DE LLANO – Madrid – 06/07/2009

El País