Autor: seccion sindical fraternidad

Tanto el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, como el responsable
de Salud Laboral del sindicato, Joaquín Nieto, calificaron estos datos de
"alarmantes", pues con ellos se revierte la tendencia a la baja que venían
experimentando los siniestros laborales.

"No sabemos si este repunte obedece a problemas estadísticos o a problemas
coyunturales, pero la reducción que iban registrando los accidentes parecía
persistente. Desconocemos cómo acabará el año, pero si acaba mal, los sindicatos
no nos vamos a quedar de brazos cruzados", advirtió Nieto.

Tanto Nieto como su homóloga de UGT, Dolors Hernández, resaltaron que España
registra anualmente cerca de un millón de accidentes laborales, cobrándose la
vida de casi un millar de trabajadores. A ello que hay sumar las enfermedades
profesionales, de las que el año pasado se notificaron unas 22.000,
reconociéndose tan sólo una como tal.

Los representantes sindicales reclamaron la implicación de todos los agentes
(Gobiernos, empresarios, comunidades autónomas, etc.) en la anunciada estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo, uno de cuyos objetivos es el de
lograr reducir la siniestralidad laboral en España a niveles europeos dentro de
esta legislatura.

Nieto y Hernández, que subrayaron que esta estrategia debería estar "bien
armada" antes de finalizar el presente ejercicio, defendieron también una mayor
integración en las actuaciones del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de
Sanidad para combatir los accidentes, al tiempo que demandaron al Gobierno que
cumpla con los acuerdos pendientes, como el listado de enfermedades
profesionales o la reforma de las mutuas.

CEOE PIDE INCENTIVOS Y SANCIONES.

Por su parte, el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, pidió que se
establezcan incentivos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a
cumplir con sus obligaciones preventivas, así como un marco legal en el que se
tipifiquen las sanciones e infracciones en las que pueden incurrir los
representantes de los trabajadores en materia preventiva.

Pedro Fernández, en representación de la CEOE y de la Fundación Laboral de la
Construcción, ahondó en un planteamiento similar y reclamó la puesta en marcha
de sanciones, "aunque sean puramente significativas", para aquellos trabajadores
a los que, brindándoles medidas de seguridad, acaben incumpliendo las mismas.

Fernández precisó que el establecimiento de una medida de esta naturaleza no
conllevaría que el empresario se librara de la multa oportuna, pero aseguró que
sancionar a los trabajadores también contribuiría a reducir la siniestralidad
laboral.

Son tantos los factores que influyen en la siniestralidad laboral que es fácil
caer en la tentación de simplificar echándole la culpa, en primer lugar, a la
empresa; después, a las autoridades laborales y, por último, a la propia
víctima: el trabajador. Y, aún habiendo una gran verdad en este ritmo de
responsabilidades, lo cierto es que no todo es blanco o negro.

Si uno se da una vuelta por cualquier obra, es más que probable que se encuentre
a un albañil trabajando en un andamio con el casco a sus pies, sin guantes de
protección, llevando zapatillas deportivas y sin estar sujeto su cinturón de
seguridad a la línea de vida. Si le ocurriese algo, ¿de quién sería la culpa?
Seguramente, al igual que tiene el casco en sus pies, el trabajador posee todo
el equipo de protección individual que le corresponde, es decir, guantes,
zapatos con puntera reforzada, faja lumbar, etc., pero no se los pone porque
trabajar tan pertrechado en altura, sobre todo cuando suben las temperaturas, es
engorroso e incómodo. Por su parte, la empresa, representada por su encargado,
puede haberse «olvidado» de poner la línea de vida, aunque tal vez le habrá
amonestado regularmente sin insistir demasiado, para no retrasar el avance de la
obra y poder así cumplir con los plazos. Por último, las autoridades laborales
se habrán limitado a revisar la documentación de la empresa y su legalidad,
omitiendo hacer hincapié en la aplicación práctica de las medidas que garantizan
la seguridad.

El resultado es un cóctel explosivo que puede acabar de forma trágica. A las
tres partes les incumbe concienciarse y mejorar. La empresa debe esforzarse más
en prever y proteger, el trabajador debe exigir y usar más medios para su
seguridad y la Administración debe de ser más práctica y eficaz.

El presunto abuso ha descansado en dos pilares: la financiación de la labor
privada de prevención con sus fondos publicos, procedentes de las obligatorias
cuotas empresariales para cubrir accidentes y enfermedades laborales, y en la
utilización de los recursos materiales y humanos de la Seguridad Social, por la
que pagaron 16 millones de euros de menos.

Merced a que sólo debían abonar el 85% del coste de los servicios desviados a la
Seguridad Social y "con independencia de que hayan realizado una buena o mala
gestión de tal actividad", obtuvieron por este hecho durante el trienio
fiscalizado unos beneficios de 75 millones, según la auditoría.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 obligó a las empresas a
concertar un servicio de prevención con una empresa especializada, lo que
incluía a las mutuas de accidentes. Estas últimas entidades tienen por fin
colaborar con la Seguridad Social en la gestión de los accidentes de trabajo,
enfermedades laborales y prestación económica por por incapacidad temporal.
Carecen de ánimo de lucro y se financian a través de las cuotas de accidentes de
trabajo que recauda la Seguridad Social, y que son a cargo exclusivo de las
empresas y de un porcentaje de la cuota por contingencias comunes.

Cerca de 30 mutuas
En España funcionan una treintena de este tipo de mutuas de accidentes, y
protegen ya a más del 93% del total bajo la cobertura de la Seguridad Social, y
mueven unos recursos públicos que superan los siete mil millones de euros..

Sin embargo, al invadir este nuevo terreno, la prevención de los accidentes, se
produjo un efecto indeseado según el Tribunal de Cuentas. Las mutuas se vieron
habilitadas para prestar dos tipos de labores de prevención: la derivada de la
propia ley de accidentes laborales, de escaso peso y naturaleza pública, y la
proveniente de la ley de prevención de riesgos laborales, no sólo con mayor
calado sino de naturaleza privada.

Así, "a pesar de algunas tendencias internacionales de separar las actividades
preventivas y reparadoras del riesgo laboral, el legislador español optó por
permitir a estas entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social,
actuar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, con carácter
simultáneo a su función principal de cobertura de dichos riesgos".

Un nuevo elemento añadió mayor confusión entre ambas tareas: a pesar de que una
orden de 1997 exigía a las mutuas diferenciar los recursos materiales, humanos y
económicos destinados a cada actividad, se posibilitó que las mutuas usaran para
su labor privada de prevención de riesgos laborales los medios de la Seguridad
Social que utilizan para su principal labor de accidentes, eso sí, mediante una
compensación.