Autor: seccion sindical fraternidad

Así se pronuncia el alto tribunal en una reciente sentencia en la que, por
primera vez, falla sobre la procedencia de un despido disciplinario. Y lo hace
por la pecularidad del caso en la que se trata de dilucidar, en el recurso de
casación y de unificación de doctrina, si la conducta del trabajador [que
procede así con el empresario] “está amparada o no por el ejercicio de un
derecho fundamental” como el de la libertad sindical y, por añadidura, el de la
libertad de expresión. O bien, si los insultos hacia el empresario suponen una
vulneración del Estatuto de los Trabajadores al considerar tales hechos como
“incumplimiento del contrato y una transresión de la buena fe contractual”.

Los hechos que juzga el Supremo tras diversas sentencias contradictorias en las
distintas instancias ocurrieron en agosto de 2002 ante los centros de El Corte
Inglés, en las calles Preciados y Méndez Álvaro, y la Fundación Ramón Areces, de
Madrid. En esos sitios, el presidente de uno de los comités de empresa y otro
compañero distribuyeron panfletos con reivindicaciones laborales y en el
horizonte de elecciones sindicales en la empresa.

Panfleto insultante
Según declara la sentencia, el panfleto contenía expresiones dirigidas a
directivos, jefes de la empresa como las siguientes: “Fauna que pasaban ante
nosotros”; “mafias fascistas que controlan la empresa”; “el capo di tutti capi
se reunía con la familia para repartir los territorios y los esbirros
custodiaban la fortaleza, realmente era una visión de los años 20”. El panfleto
también contenía duras descalificaciones para otros sindicatos con
representación en la empresa.

Por ejemplo, “a los únicos que echamos en falta en el sarao (sic) fue a los
pistoleros a sueldo de Fasga y Fetico”.

La Sala de lo Social consideró procedente el despido de los trabajadores, pero
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo declaró nulo. Así llegó el caso
ante el Tribunal Supremo, ante el cual, El Corte Inglés, defendido por Federico
Durán, director del área laboral del bufete Garrigues, esgrimió un caso similar
con fallo de despido procedente dictado por el Tribunal Superior de Cataluña el
22 de julio de 2002 a próposito de una acción similar del delegado de CNT contra
el alcalde de La Bisbal; es decir, la sentencia de contraste. Para apoyar el
fallo, el Supremo expone varios argumentos. En primer lugar, la Sala decide
estudiar el recurso porque no se trata de unificar doctrina sobre las causas
laborales que justifican el despido disciplinario, sobre lo que ha rehusado
pronunciarse siempre por las “circunstancias y casuística” de cada caso.

Se trata de ver si se han vulnerado derechos fundamentales, como el de la
libertad sindical y de expresión. Y, a este respecto, el Supremo, citando la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dice que “el ejercicio de la
libertad de expresión -también el del derecho a la información sindical- no
puede justificar sin más el empleo de apelativos insultantes, injuriosos o
vejatorios que exceden el derecho de crítica y son claramente atentatorias para
la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican”.

Igualmente, el Supremo rebate la excusa de que el comportamiento de los
sindicalistas se da en un contexto laboral y de elecciones sindicales. “El mundo
del trabajo no es […] una esfera separada y estanca de la sociedad donde
tengan libre curso descalificaciones y expresiones vejatorias que no son de
recibo en otros ámbitos de la vida social”, dice el Tribunal.

Por todo ello, el fallo no exime de culpa a los sindicalistas que repartieron
los folletos, aunque sean delegados y uno de ellos presidente de uno de los
comités de empresa de El Corte Inglés. Como representante de los trabajadores y
miembro del sindicato “está obligado a conocer el dontenido de la comunicación
difundida (lo que consta en este caso), y no está facultado para proceder a su
distribución cuando incluye apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios”,
dice la sentencia del Tribunal Supremo.

Contrastes entre el despido por descalificar al alcalde y al empresario
La sentencia sobre el caso de El Corte Inglés es la primera de unificación de
doctrina que emite el Tribunal Supremo sobre un despido disciplinario gracias a
que de,por medio, se juzga sobre los límites que tiene un derecho fundamental;
en este caso el de libertad sindical.

Sin embargo, cuatro de los miembros de la Sala han elaborado un voto particular
para decir que, aún así, la Sala debería haber rechazado el recurso presentado
por la empresa. Y, para ello, sostienen que no hay parecido y, por tanto
contradicción, con la sentencia utilizada como contraste como es la que falló el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 22 de julio de 2002. Entonces, la
sentencia avaló el despido del delegado del sindicato CNT en el Ayuntamiento de
La Bisbal (Gerona) por repartir octavillas en las fiestas de la localidad con
insultos dirigidos al alcalde, “con nombre y apellido” , además de con una foto,
lo que no ocurre en el caso que juzga el Supremo. Es decir que, en un caso, los
agredidos tal vez “no sean tan facilmente identificados” fuera de la empresa,
mientras que en el otro sí.

El voto en contra tiene en cuenta también otras circunstancias como las
diferencias que hay entre un caso y otro por el lugar donde se reparten los
panfletos y si quien lo hace ha elaborado o no la propaganda. Otro caso famoso
dentro de la jurisprudencia laboral de despido por insultar al empresario fue el
del trabajador de Bimbo que utilizó el correo electrónico para enviar un chiste
contra la compañía que la dirección consideró ofensivo. Entonces, la defensa del
trabajador también esgrimió que la empresa había vulnerado el derecho a la
libertad de expresión.

Descalificaciones premeditadas
La primera sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid sobre el caso y que
respalda el Tribunal Supremo considera un agravante que las descalificaciones
dirigidas hacia la empresa no sean fruto del acaloramiento del momento ante las
puertas de la compañía, sino que están recogidas “por escrito” en el panfleto,
“con el ánimo sereno y reflexivo, y plena conciencia de lo que se pretende
manifestar” , como llamar a la empresa “banda terrorista” o “Junta de
accionistas: demócratas y terroristas, “¡tu decides el bando!”. El planfleto
también fue distribuido por la Red de la empresa en diversas ciudades españolas.

Sentencias relevantes
Sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2005. Despido procedente de dos
delegados de CCOO de El Corte Inglés por insultar al empresario.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de julio de 2002.
Despido procedente del delegado de CNT en el Ayuntamiento de La Bisbal por
insultar al alcalde.

Despido procedente de un trabajador de Bimbo por enviar un chiste ofensivo para
la empresa a través de Internet.

El informe alerta también de que los trabajadores con contrato temporal, la
mayor parte jóvenes menores de 25 años, tienen un riesgo tres veces superior al
de los fijos de padecer un accidente laboral, así como el doble de
probabilidades de sufrir un siniestro de carácter mortal.

El estudio denuncia además que la Inspección de Trabajo apenas ha incrementado
sus recursos, reduciéndose el número de visitas pero aumentando el volumen de
infracciones, y que las mutuas patronales suponen un sistema "caro, ineficiente
y escasamente orientado" a la prevención de riesgos laborales. Así, sostienen
que las cuotas del seguro obligatorio de accidentes de trabajo (una media del
2,8% del salario) son mucho más elevadas en España que en Alemania (1,33%9,
donde los accidentes no han parado de reducirse.

Asimismo, se advierte de que los recientes cambios normativos en materia de
siniestralidad laboral sólo han ido dirigidos al cumplimiento "formal y
documental" de las obligaciones empresariales, y no a la integración efectiva de
la prevención en la empresa. Además, el informe critica que tanto las
organizaciones empresariales como los sindicatos ni inviertan suficientes
recursos en prevención.

ESTABLECER UN SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDADES.

El estudio incluye 55 recomendaciones para atajar los problemas detectados en la
lucha contra la siniestralidad. Entre otras medidas, propone unificar el
conjunto de la legislación en un código de salid laboral, que adapte las
obligaciones al tamaño y la actividad de la empresa, y que instaure un seguro
obligatorio de responsabilidades, así como un baremo de indemnizaciones,
complementario al seguro de accidentes y similar al seguro de automóviles.

También se insta a abordar "sin complejos" la implantación de un sistema ‘bonus-malus’
en las cotizaciones a la Seguridad Social, que premie a las empresas más
responsables y penalice a las de mayor siniestralidad laboral.

José María Molinero participó esta semana en una jornada sobre absentismo
laboral en la que mutuas y jefes de personal consideraban que los médicos daban
bajas a los trabajadores con gran facilidad.

El sindicalista preguntó hoy a los empresarios «si consideran que es fraude que
un trabajador tenga que ir a su empresa a trabajar estando enfermo, o lesionado»
y denunció que «muchos trabajadores no cogen la baja por miedo a no ser renovado
su contrato, a ser despedidos, a no poder promocionar en la empresa porque les
amenazan con ello, a ser cambiados de turno o de puesto de trabajo, a tener
medidas de presión».

José María Molinero denunció que «este es nivel de fraude que nadie cuantifica».
«Si esta es la forma de competir que tienen los empresarios de este país, la
competitividad va a ser bastante penosa», dijo el sindicalista.

El secretario general de CCOO afirmó que en los últimos diez años en España han
fallecido 18.000 trabajadores, desde 1996 se han perdido 20 millones de jornadas
anuales por accidentes laborales. «Esto no son las gracietas sanfermineras. Son
accidentes reales que tiene parte de baja», apuntó. En Navarra, en los útimos
seis años han fallecido 181 trabajadores y se han registrado 87.700 siniestros.

Según Molinero, los siniestros le cuestan a España 13.000 millones de euros
anuales con un efecto de 111 millones en sanciones. «Con 13.000 millones de
euros se pueden hacer muchas cosas para evitar estas situaciones», denunció.

El dirigente sindical subrayó que el 20 por ciento de los siniestros mortales de
la Unión Europea ocurren en España, «cuando este país ni siquiera tiene el 20
por ciento de la población total europea». «Algo pasa en en el ámbito
empresarial cuando se prima el crecimiento económico a costa del sufrimiento, de
la enfermedad, del accidente, y de la muerte de los trabajadores», señaló.

José María Molinero denunció que el 80 por ciento de las empresas navarras
incumplen la ley de prevención de riesgos laborales. «No entendemos cómo el
capital más valioso de una empresa, el humano, sea lo que menos se cuida. Se
invierte mucho dinero en mantener una máquina pero ni una peseta en prevenir la
vida de los trabajadores», apuntó.

El secretario general de CCOO afirmó que intentar «tapar esta realidad con las
gracias y los chistes de algunos directores de personal y algunos representantes
de mutuas es vergonzoso y lamentable, una falta de ética profesional que hay que
denunciar, y que ya lo denunciamos en aquella jornada».

En esta línea, Molinero agregó que «cuando se habla de las mujeres es lamentable
que no se tengan en consideración las causas que provocan una mayor
siniestralidad y absentismo, la doble o triple jornada que hacen las mujeres, y
que se vaya al chiste fácil».

El dirigente sindical denunció que los empresarios «han puesto todo esto sobre
la mesa para tapar el incumplimiento de la ley y la incapacidad de los
profesionales p.

José María Molinero criticó que «cuando los jefes de personal hablan al mismo
tiempo de competitividad y de absentismo están cerrando los ojos a la realidad».
«No se puede competir con un 30 por ciento de temporalidad frente al 13 por
ciento de la UE, no se puede competir con una baln, cómo se despide más fácil,
cómo se precarizan las condiciones de trabajo, cómo se genera más
siniestralidad, y cómo se aborda un 1 por ciento de fraude en absentismos, en
lugar de preocuparles cómo se aborda el 99 por ciento restante».

Según José María Molinero, «los instrumentos que utilizan las empresas para
combatir el absentismos son absolutamente irregulares, tercermundistas, de
piratas, hay un fundamentalismo de las empresas para abordar estos procesos».

Así, el dirigente sindical denunció que «en lugar de permitir que los
tratamientos de trabajadores con enfermedades transcurran con normalidad para
que no tengan recaídas, tratan de cortar ese curso para favorecer la
productividad».