No todo son rescates financieros, primas de riesgo y dictadura de los mercados. Hay más cosas importantes bajo el sol que quedan escondidas tras esa vorágine. Eso sucede en el mundo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, un sector que mueve anualmente 10.000 millones de euros (el 1% del PIB) y en el que se avecina una batalla campal. La patronal CEOE quiere ternerlas bajo control y las mutuas no quieren que nadie las controle. Para Juan Rosell, presidente de la patronal, es una obsesión desde que llegó al cargo en diciembre de 2010, mientras que para las mutuas supone una intromisión que puede conducir a su politización, con consecuencias similares a las de las cajas de ahorros.
Aunque el conflicto proviene de antes, se recrudeció cuando se supo que en enero pasado la CEOE había firmado un documento con los sindicatos —derivado del pacto de pensiones— según el cual se repartirían a partes iguales el 40% de las juntas directivas de las mutuas, quedando el resto de representantes para las empresas asociadas, que ahora tienen el 100%. Como consecuencia de ese documento, los responsables de las mutuas, que consideran que la incorporación de miembros sin la condición de empresa asociada iría contra la letra de la ley y obligaría a cambiarla, </CW>forzaron una reunión urgente con Rosell.
El encuentro, según fuentes consultadas, fue muy tenso. Posteriormente, la asamblea de mutuas logró la dimisión como presidente de la patronal sectorial Amat (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), Pedro Barato, al que consideran el artífice del acuerdo. En la votación para reprobar a Barato, se puso de manifiesto la división que hay en el sector: de las 20 mutuas existentes, 13 votaron contra Barato, que tuvo el apoyo del resto, encabezado por Fremap, de la que es consejero. El puesto de Barato lo ocupó el veterano empresario catalán Juan Echevarría Puig, con el que precisamente Rosell hizo sus primeros pinitos políticos en 1980.
Esa es la fotografía actual del sector. El asunto se trabaja desde los tiempos de Octavio Granado como secretario de Estado de la Seguridad Social en el anterior Gobierno y ha recobrado vida con su sustituto, Tomás Burgos. Granado quiso modificar el status quo de las mutuas, pero se encontró con la oposición frontal de un equipo muy profesionalizado. Las ideas de Granado coincidieron, al menos en este punto, con las de la CEOE, por lo que apoyaba el desembarco de los agentes sociales en los órganos de gobierno de las mutuas, donde ahora se sienta un máximo de 20 personas (19 de empresas asociadas y una de los trabajadores). Estos solo cobran dietas y las mutuas esgrimen que el siguiente paso sería “poner una remuneración de los consejeros para obtener ingresos y puestos que sostengan la superestructura de la patronal”.
La patronal, sin embargo, sostiene que su interés radica “en la necesidad de modernizar las mutuas, que haya buena gobernanza y libre afiliación para las empresas, así como que puedan aprobar las altas a la Seguridad Social”, que ahora deben tramitarse en este organismo. Esta es la verdadera razón de ser y se da la circunstancia de que en este aspecto están de acuerdo todos los implicados (patronal, sindicatos y mutuas) con matices, ya que la gestión de las altas ayudaría a reducir el absentismo laboral. Pero la patronal, además, cree que ayudaría mejorar las finanzas. Las fuentes patronales cuantifican que el control de las altas por las mutuas representaría un ahorro de más de mil millones, lo que reduciría las cuotas de las empresas. Los sindicatos, que asisten a la pelea como convidados, defienden que se estreche la colaboración con la Seguridad Social, pero la última palabra la tenga la tenga esta.
Para la patronal el cambio que propone supondría que “las mutuas, que ya funcionan bien, funcionaran mejor”. Pero las mutuas consideran que presiona al Gobierno para que acelere esa medida para dar entrada de representantes de la patronal y sindicatos antes de cambiar la ley. Asimismo, critican que el objetivo es entrar en el corazón de las mutuas para gestionar los excedentes, que en 2011 fueron 880 millones. Además subrayan que “la separación de titularidad perjudica a los mutualistas, las corporativiza y politiza, burocratiza su actividad, incurre en conflicto de intereses y pone en riesgo su eficacia. Los excdentes de las mutuas han permitido dotar al fondo de la Seguridad Socialhasta alcanzar un saldo de más de 4.650 millones.
Otra consecuencia sería el inicio de un proceso de fusiones, que la patronal ve inevitable y las mutuas, seguramente incendiario.
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