Autor: Comfia Asepeyo

España sólo destina 134 euros por persona y año a políticas familiares, apenas un 0,68% de su riqueza nacional, lo que le sitúa en el último lugar de la Unión Europea. Por cada nacimiento que se produce, atraviesan la frontera diez inmigrantes.

Traer un hijo al mundo es caro… pero en España lo es todavía más. Las ayudas que otorga el Estado son irrisorias en comparación con otras que se dan en Europa, a pesar de algunas medidas llevadas a cabo en los últimos años, como el cheque-bebé o los 100 euros al mes para las madres que trabajan fuera de casa. ¿El resultado? España es el penúltimo país de la UE en tasa de fecundidad, con 1,34 hijos por mujer, solo por delante de Grecia, y lejos de los 1,88 de Irlanda o los 1,94 de Francia, el paladín de las políticas natalistas en el viejo continente. A años luz se sitúan los 2,1 hijos por mujer, que es el nivel necesario para el reemplazo generacional.

Los efectos ya se dejan sentir en la pirámide poblacional española, que ha pasado de tener un 32,7% de sus habitantes en edades entre los 0 y 24 años en 1996, a un 26% tan sólo once años después, mientras que su población mayor de 80 años aumenta un 25%.

Comparaciones sonrojantes

El pasado mes de julio, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso que “cada familia con residencia legal recibirá 2.500 euros por cada hijo que nazca”. Una medida constituida por una paga única con “vocación universal”, y que se aplica sobre las madres de bebés que hayan nacido a partir de las 00:00 horas del 3 de julio de 2007. Esta ayuda no es incompatible con los 100 euros mensuales que ya se entregan a madres con hijos menores de tres años y que trabajan fuera de casa.

España se intenta acercar a las políticas natalistas que realizan desde hace años muchos países europeos, aunque sigue en niveles ciertamente sonrojantes. En Alemania, por ejemplo, la ayuda familiar es de 154 euros mensuales por hijo hasta que éste alcance los 18 años. En otros, como Dinamarca, se combinan los permisos laborales de hasta 52 semanas con prestaciones económicas que rondan los 450 euros semanales. En conjunto, la Unión Europea destina 466 euros por persona y año a políticas familiares, mientras en el país ibérico el gasto es de 134 euros, según Eurostat.

Peor sale España si se compara el porcentaje de su PIB que destina a mejorar la situación de las familias con el resto de sus vecinos europeos. La zona del euro destina un 2,1% de su producto interior a este concepto, siendo Dinamarca, con el 3,9%, y Luxemburgo, con un 3,8%, los más concienciados. En el lado opuesto se sitúa el Ejecutivo de Zapatero, que apenas aporta un 0,68% de su riqueza total. El efecto ha sido demoledor: en la última década, el 75% del crecimiento poblacional, que ha permitido que España pase de 39 millones de habitantes a unos 45 millones censados, ha venido de la inmigración, que en los últimos cinco años ha tenido un avance diez veces mayor que el crecimiento natural del país. En conclusión, si una pareja española quiere disponer de las mismas ayudas públicas que las madres alemanas que tienen tres hijos (número para ser una familia numerosa), debería tener 18 retoños, y si pretende equiparar su situación con la de Luxemburgo, cuya ayuda anual para políticas familiares es de 2.291 euros, debería tener más de 50 hijos.

España, según datos del FMI, ocupa el undécimo lugar del mundo en cuanto a PIB, con 1.310.206 millones de dólares. Sin embargo, es el cuarto país por la cola de la UE por salario medio anual, con 20.438 euros por empleado, por delante de Grecia, Portugal y Polonia, y por detrás de Italia. La media europea se sitúa en 34.412 euros. Curiosamente, cuatro de estos cinco, a excepción de Polonia, tienen un nivel de fecundidad crítico, inferior a 1,4 niños por mujer.

Además, los cuatro coinciden en ser líderes entre los que menos dinero invierten en políticas familiares.

En los últimos 23 años se ha retrasado 2,4 años la edad de la maternidad en España, y se sitúa en los 30,84. Mientras, el número de personas sin contrato indefinido ha crecido hasta el 34%, y este porcentaje prácticamente se duplica entre la población activa menor de 40 años.

Los países desarrollados han comenzado a combatir el descenso de la natalidad con medidas para rejuvenecer la población. Singapur ha creado ayudas económicas directas de hasta 12.700 por hijo.

En otros países se han ideado iniciativas más novedosas, como el Día de la Concepción en Rusia o jornadas de encuentros para solteros en Japón.

Inmersos en los prolegómenos de la campaña electoral, los partidos han comenzado a jugar sus bazas en forma de promesas. El PSOE ha anunciado la convocatoria de 300.000 plazas para educación infantil de 0 a 3 años, y ampliar el permiso de paternidad, que es de quince días, a un mes.

Desde el PP, por el momento, guardan silencio, aunque pronto lanzarán sus propuestas para un país que, si nadie lo remedia, puede ser el más envejecido del mundo en 2050.

Carlos S. Ponz.

Expansion

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Las mutuas gestionan las altas y bajas de 15 millones de personas, el 95% de los trabajadores por cuenta ajena

02-01-2008 – España tiene más trabajadores de baja laboral que un país en guerra. Esta frase la repiten de forma incesante los responsables de la Seguridad Social de los distintos gobiernos ante el fuerte incremento que ha alcanzado el gasto en incapacidad temporal, que actualmente se sitúa en 7.716 millones de euros, lo que equivale a un 45% más de lo que se gastaba en el 2004.

Este fuerte incremento de las bajas laborales, sin embargo, ha frenado su ritmo de crecimiento en los últimos cuatro o cinco años por las medidas contra el fraude utilizada por las distintas administraciones. En cualquier caso, su crecimiento sigue superando el 10% anual acumulativo. La razón en buena medida, argumentan las mutuas, es la falta de control en la concesion de bajas injustificadas. Para los sindicatos, por el contrario, es la utilizacion de la misma por algunos trabajadores que en connivencia con su empresa la utilizan como ajuste de plantilla cuando no tienen derecho a cobrar el seguro de desempleo.

Tal es así que en el año 2002 el gobierno del PP, bajo el mandato del entonces ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio, aprobó una ley por la que dejaba a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la responsabilidad de conceder las altas por enfermedad común. La intención de este cambio era evitar el fraude.

La patronal argumentó entonces que para los médicos de cabecera era más fácil dar una baja que obligar al trabajador a un alta y que cualquier excusa era válida para no volver a trabajar. Por el contrario, los médicos de la mutua miraban cada baja con lupa.

Esta ley, sin embargo, no llegó a ponerse en marcha porque no se aprobó su reglamento ante la radical oposición de Comisiones Obreras y UGT.

Como afirma Dolors Hernández, responsable de acción social en la ejecutiva de UGT, en este tipo de cosas siempre acaban pagando justos por pecadores. Los abusos que comete una minoría no pueden ser una excusa que acabe perjudicando a amplísimos colectivos de trabajadores.

El responsable de salud laboral de CC. OO., Joaquín Nieto, argumenta que la otra cara de la moneda es el hecho de que España tenga el trágico honor de encabezar las estadísticas europeas de siniestralidad laboral. «Todos los años se registran un millón de accidentes de los que mil son personas fallecidas en su puesto de trabajo». La patronal afirman que el 30% de las bajas por accidente laboral se producen los lunes «las lesiones se producen los fines sin enbargo se prefiere decir lque se ha producido en el trabajo porque las prestaciones son mayores». En cuanto a las muertes «la gran mayoria se producen en accidente de trafico de casa al trabajo o viceversa o por infarto durante la jornada laboral».

El hecho es que esta cuestión se ha convertido en uno de las principales prioridades y el objetivo es aprobar una Ley de prevencio integral antes del 2012.

En este contexto de abusos a la hora de pedir una baja por una parte y por otra de una excesiva siniestralidad que supera en un 30% la media europea, CC. OO. y UGT han denunciado que el número de enfermedades profesionales con baja declarado por las mutuas ha descendido cerca de un 50%, mientras que el número de enfermedades sin baja -que no tienen coste alguno para las empresas-se han incrementado en un 40%.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo decidió imponer el pasado 14 de septiembre una norma obligando a revisar las bajas denegadas por las mutuas como accidentes laborales. El resultado es que el 60% de éstas han sido reconocidas por la sanidad pública como enfermedades profesionales. A partir de estos hechos, la inspección ha decidido poner bajo la labor de las mutuas, por entender que se han podido exceder en su celo, o como dicen los castizos, «se han pasado de frenada».

UGT argumenta que a la vista de los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, las mutuas han hecho dejación de sus obligaciones. «Teniendo en cuenta que las mutuas son organizaciones sin ánimo de lucro no deberían estar interesadas en ahorrar costes, pero la realidad es que un menor índice de costes les resulta ventajoso. En primer lugar porque tiene mayor prestigio a la hora de vender su gestión a los empresarios a los que trata de convencer de que se vayan con ellos porque controlan más a los trabajadores y evitan el fraude. Esto se convierte en un aliciente a la hora de contratar una mutua y no seguir con el sistema público de salud».

Otro argumento sería, según Dolors Hernández, que «el dinero que ahorran lo destinan a reservas, lo que garantiza su supervivencia. Y en tercer lugar, que con el caso de la Mutua Universal se pone de manifiesto que con dinero público se pueden financiar otros servicios como la prevención, que nunca deberían ser con cargo a las cuotas». En su opinión, esto explica que las mutuas conviertan los trabajadores con enfermedades profesionales en bajas por contingencias comunes, cuyo coste paga la sanidad pública.

Esta versión no la comparte Carlos Retamar del área de enfermedades profesionales de Fremap. «Nosotros no tenemos ningún interés en ocultar el número de enfermedades profesionales». En su opinión lo que sucede es que desde el pasado 1 de enero se actualizó el cuadro de enfermedades profesionales que databa de 1978. Aunque esta lista se ha ampliado, se ha detallado mejor qué se entiende por enfermedad profesional, poniendo fin a lo que era un cajón de sastre.

La ley determina especificamente que para que una baja se considere enfermedad profesional se tienen que concretar tres circunstancias: el agente nocivo que la provoca, la actividad que la produce y la enfermedad. Cuando estas condiciones no se producen, en lugar de enfermedad profesional se convierte en accidente de trabajo o enfermedasd común. «Ahora son mucho más precisos en la clasificación de las dolencias». En cualquier caso, siempre queda el recurso de la inspección del INSS como árbitro. De esta manera los derechos del trabajador no se ven afectados.

Lo que nadie pone en duda es la propia existencia de las mutuas. «Si no existieran las tendríamos que inventar», reconocen los dindicatos. Se trata de entidades colaboradoras autorizadas por el Ministerio de Trabajo para elaborar y tramitar el parte de enfermedad profesional y no tienen ánimo de lucro. En España funcionan 19 mutuas que agrupan a 1,7 millones de empresas. Gestionan las altas y bajas laborales de cerca de quince millones de trabajadores y recaudan unos 10.000 millones en cuotas. Esto significa que el 95% de los trabajadores por cuenta ajena gestionan las bajas por enfermedad profesional a través de una mutua y el 50% de las contingencias comunes.

El sector ha sufrido un proceso de concentración para atender a las nuevas exigencias del mercado. Fremap ocupa el primer lugar por volumen de cuotas y trabajadores asegurados, que superan los cuatro millones, lo que representa el

23% de los afiliados a la Seguridad Social. La segunda de España y lider catalana es Asepeyo. A su vera se situará ahora Corporación Mutua -resultado de la suma de Ibermutuamur, MAC-Mutua de Accidentes de Canarias, Mutualia, Solimat, Cesma y MC Mutual- que empezará a funcionar el día uno de enero con una fórmula de coordinación de recursos y centros asistenciales. Dará cobertura a tres millones de trabajadores, el 20% del total. Los trabajadores pueden coger la baja por varios motivos. En primer lugar cuando se produce un accidente profesional -caída de un andamio, corte de un dedo, etc. En este caso el trabajador acude a su mutua, que le proporciona asistencia médica, le da la baja y el alta y se hace cargo de su salario -paga el 75% de su base reguladora. La mutua no da el alta, pero hace un seguimiento del paciente y puede pedir al INSS que lo haga.

Otra situación es la derivada de una enfermedad profesional. El caso típico es la silicosis de un minero. En este caso el médico de la mutua tiene que analizar si se trata de una enfermedad profesional o no. Si está claro se le da la baja con un periodo de observación de 6 meses ampliable otros 6 y si se confirma se le da la baja por enfermedad. Si no está claro se considera accidente o enfermedad común.

El tercer caso se da cuando se sufre una enfermedad común como la gripe. La baja la da el médico de familia. El médico de la mutua puede hacer un seguimiento y control del enfermo y hacer una propuesta de alta.

Mariano Guindal

La Vanguardia

 

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Sindicatos y Patronales firman un principio de acuerdo en el Convenio de los Servicios de Prevención

En la reunión extraordinaria de la Comisión Técnica celebrada ayer, CC.OO. y UGT han alcanzado un principio de acuerdo con las tres organizaciones patronales representadas en la mesa negociadora (ASPA, ANEPA y ASPREM), sobre los aspectos más destacables del futuro convenio colectivo (vigencia del convenio, tiempo de trabajo y salarios) y otros aspectos.

La vigencia quedará establecida en 4 años (2008-2011), con una jornada máxima anual de 1780 horas para 2008, 1760 para 2009, 1740 para 2010 y 1710 para el año 2011, si bien, se respetarán las jornadas inferiores que, a nivel de empresa, se estuvieran aplicando.

En materia salarial, en 2008 se partirá del salario base mensual percibido actualmente por los trabajadores y trabajadoras de las sociedades de prevención, con la correspondiente actualización del IPC real de 2007 y la aplicación del IPC previsto para 2008, alcanzando durante el periodo de vigencia del convenio, un 90% de asimilación a la propuesta sindical de salario base anual, actualizados con el IPC real de 2009, 2010 y 2011.

Tanto la jornada máxima anual como en materia salarial, se alcanzará el 100% de la propuesta sindical durante el primer año de vigencia del próximo convenio, es decir, a partir de 2012.

Los trabajadores y trabajadoras que tengan condiciones económicas y de trabajo superiores a las establecidas en el Convenio, mantendrán vigentes sus actuales condiciones.

Las cantidades que los trabajadores y trabajadoras vinieran percibiendo por antigüedad y/o experiencia se integrarán en un complemento salarial de adaptación, compensable y absorbible durante la vigencia de este convenio y se creará un nuevo complemento de experiencia, con un máximo de 10 módulos, que se inicia con el primero en 2008.

La compensación por comida así como los gastos de locomoción y dietas se mantendrán en los mismos términos en aquellas empresas en que se estuvieran aplicando, si bien, en el primer caso se generalizará en todo el sector en el próximo convenio y en el segundo quedarán fijados desde 2008 en el valor máximo determinado por la normativa tributaria.

Las empresas que tengan pactadas por convenio colectivo condiciones inferiores a las descritas en el convenio colectivo sectorial de los servicios de prevención dispondrán de dos años para adaptarlas a las aquí reguladas.

El convenio colectivo que resulte de este principio de acuerdo, marcará un antes y un después en los servicios de prevención y, junto a otros elementos, favorecerá una autorregulación en el sector. Es fundamental que este sector incremente su prestigio social, con empresas solventes, que ofrezcan una prevención con calidad integral, eficaz, eficiente, a un precio adecuado y con profesionales bien formados y remunerados.

El preacuerdo tiene  la virtud de despejar las incertidumbres que planeaban por el final de la vigencia del convenio de seguros. Es especialmente relevante la firma de Aspa, que dota al acuerdo de la seguridad  al estar  implicadas todas las patronales representativas de la Prevención, evitando la conflictividad laboral que se podría  producir. Este puede ser el primer paso hacia la sectorializacion de la Prevención.

 

Queda aún un laborioso camino por recorrer, la redacción de todos los artículos del convenio, con la inclusión de materias como la formación, mejoras sociales, régimen disciplinario, derechos sindicales, política de prevención, etc., pero haber alcanzado este principio de acuerdo supone un avance vital, por cuanto supone la garantía inequívoca de la eficacia general del convenio colectivo y, aunque haya supuesto que todas las partes hayamos tenido que dejar reivindicaciones en el camino, tanto CC.OO como UGT lo valoramos como muy positivo.

El próximo día 10 de Enero este principio de acuerdo deberá ser ratificado por el Pleno de la Mesa Negociadora.

Os seguiremos informando.

                                                21 de Diciembre de 2007

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El año nuevo castiga a los consumidores con subidas de precios en servicos básicos, pero también premia a los trabajadores que decidan prolongar su vida laboral.

02-01-2008 – La reforma de la Seguridad Social que entró en vigor ayer contempla una mejora de las pensiones para quienes decidan seguir en activo después de los 65. Ese colectivo verá crecer su pensión un 2% por cada año adicional cotizado. La subida será del 3% para aquellos ocupados que acumulen 40 años de vida laboral.

Es una de las principales novedades de esa ley, que establece otras mejoras, así como algunas restricciones, en el acceso a las pensiones públicas. Como contrapeso, enero arranca con encarecimientos de la luz, el gas, el agua, los transportes y las hipotecas. Éstas son los cambios fundamentales que percibirán los ciudadanos:

– Más años para cobrar una pensión. El trabajador deberá acreditar al menos 15 años efectivos de cotización para tener derecho a pensión. Hasta ahora la ley establecía 15, pero en la práctica bastaba con menos (unos 12,5), pues contaban como cotizados los periodos correspondientes a las pagas extraordinarias.

– Parejas de hecho. Podrán cobrar pensión de viudedad, un derecho que hasta ahora no tenían reconocido por ley aunque algunas sentencias judiciales lo han otorgado en casos concretos. Habrá que acreditar un mínimo de cinco años de convivencia o la existencia de hijos comunes.

– Suben las pensiones más bajas. Las prestaciones mínimas, que perciben unos tres millones de pensionistas, crecen por encima del resto, lo que contribuye a acortar diferencias. Las mejoras van desde el 5,1% para las no contributivas -el beneficiario no ha cotizado por ellas- hasta el 24,8% de las viudas con familiares a cargo. Más allá de las mínimas, el resto crece un 4,1%, igual que la inflación del pasado noviembre, y los pensionistas recibirán una paga única alrededor del 21 de enero como compensación a la desviación de precios del año pasado.

– Más salario mínimo. Esta renta alcanza los 600 euros mensuales, una cifra que el PSOE fijó en su programa electoral para el final de la legislatura. La mejora afecta directamente a unos 130.000 trabajadores que perciben esa renta, pero también al 5% de los asalariados, pues muchos convenios colectivos vinculan algunos elementos retributivos al salario mínimo. En total, un millón de personas.

– Autónomos protegidos. Este año entran en vigor algunos aspectos del Estatuto de los autónomos, aprobado el año pasado. Entre ellos, la cotización obligatoria a la Seguridad Social para estar protegidos por enfermedad (hasta ahora era voluntaria). Además, los autónomos económicamente dependientes -aquellos cuyos ingresos proceden en un 75% de una sola empresa- deberán cotizar por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las principales novedades del estatuto entraron en vigor el pasado 12 de octubre y otras, como el derecho a paro, quedan pendientes.

– Impuestos. Tanto la tabla de retenciones del impuesto sobre la renta como los mínimos personales y familiares se actualizan con la inflación prevista (un 2%). Eso permite limitar la erosión que la subida de precios tiene en las retenciones fiscales, aunque sólo en parte, pues a finales de 2007 la inflación real prácticamente ha duplicado la prevista. Además, se congelan los impuestos especiales, que gravan el tabaco, el alcohol y los carburantes. Para luchar contra el cambio climático, el impuesto de matriculación penalizará a los coches más contaminantes y a cambio alivia a los que tengan menores emisiones. Eso supondrá una rebaja del gravamen para 1,1 millones de vehículos cada año. Los que emitan menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro quedarán exentos del impuesto.

– Incentivos al alquiler. Con la idea de potenciar los arredamientos, el Gobierno ha aprobado una ayuda fiscal de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años cuyos ingresos no superen los 22.000 euros brutos al año. Ese colectivo dispondrá también de 600 euros para la fianza y del coste de un aval de seis meses. Para los que ganen menos de 24.000 euros habrá también una deducción en el IRPF. Hasta ahora el Gobierno central sólo ofrecía incentivos fiscales a la compra de vivienda, aunque algunas comunidades sí tienen ayudas en el impuesto sobre la renta.

– Hipotecas más caras. El Euríbor, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas, hará más abrupta la cuesta de enero para quienes estén pagando un crédito por su piso. El máximo de siete años que alcanzó este indicador en diciembre (4,792%) encarecerá unos 75 euros al mes la hipoteca media.

– Sube la cuota de abono. Tener teléfono fijo en casa costará un 2% más cada mes. La cuota de abono se situará así en 13,974 euros mensuales, a los que hay que sumar el IVA. Los clientes que dispongan de paquetes como Dúo y Trío no se verán afectados por las subidas. Más beneficiados resultarán los usuarios de telefonía móvil, cuyas tarifas oficiales no se modificarán, pero sí descenderán las llamadas internacionales por la vigencia de la eurotarifa.

– Energía al alza. Las tarifas de estos servicios obligarán al ciudadano a ajustar su bolsillo. La electricidad sube un 3,3% para todos los consumidores, tanto domésticos como empresas. Es la primera vez que se aplica una subida idéntica a todos. El gas se encarece una media del 4,7% para los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Más aún sube el butano. El precio máximo de la bombona aumentará 65 céntimos, hasta 12,94 euros. Eso implica un incremento del 5,29%.

– Agua. Casi todos los ayuntamientos aplicarán subidas, impulsados en parte por la necesidad de limitar el consumo. En Madrid sube un 4,8%, en Vitoria, un 7,7%, en San Sebastián, un 5% y en Barcelona, el 3,65%.

– Transporte público. Como ocurre casi todos los años, las administraciones eluden el consejo de tomar como referencia la inflación prevista (2%) para las subidas de precios y encarecen el transporte por encima de ese porcentaje. Ocurre tanto en el urbano, con subidas en algunos casos superiores al 10%, como en los autocares de línea, que negocian un incremento del 4,1% para este año. Renfe, por el contrario, no subirá las tarifas, al menos de momento. En cuanto a los peajes, los dependientes del Estado suben una media del 2,5%, mientras que los de la Generalitat de Cataluña se elevan el 4,1%.

– Correos. El conjunto de precios crece una media del 2,89%.

El Pais

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Los nuevos master universitarios que conviven en este periodo con los Master de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales desarrollados por entidades formativas acreditadas, no están habilitados para que sus alumnos desarrollen la profesión de prevencionista, como se puso de manifiesto en la pasada Jornada de Recursos Humanos en el Sector de la PRL, celebrada en el seno del IV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención. Esto se debe a que no hay una regulación específica del Mº de Educación, además la futura homologación de estos titulados vía R.D.39/1997 va a ser difícil en los Master en los que no se cumplan ni las exigencias mínimas del anexo VI del R.D.39/1997, ni los docentes universitarios tengan los cinco años de experiencia que se requieren para esta vía de homologación. Por otra parte el Ministerio de Educación no ha establecido unos contenidos mínimos y como consecuencia estos tienen duraciones diversas (entre 60 y 120 créditos)estableciendo por tanto cargas lectivas inferiores a las 1.100 horas que marca el R.D. 39/1997.

Aspa