Autor: Comfia Asepeyo

  • Granado dice que la edad media de jubilación alcanzará los 63,5 años en 2008

    El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo hoy que la edad media de jubilación se situará en 63,5 años en 2008, y que, una vez entre en vigor la reforma de la Seguridad Social, actualmente en trámite parlamentario en el Senado, esta edad se acercará progresivamente a los 65 años, lo que tendrá un ‘impacto muy positivo’ de cara a fortalecer el sistema de pensiones.

    10-10-2007 – En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto presupuestario del Gobierno para el próximo año, Granado reveló una reducción de 25.000 pensionistas en 2007 frente a las previsiones del Gobierno, y estimó que las personas mayores de 60 años «se están apuntando al retraso de la edad de jubilación».

    Además, Granado explicó que 2007 ha sido el primer año en que se ha reducido el incremento porcentual de las jubilaciones parciales, que, a su juicio, «son las que más daño hacen al sistema».

    Granado hizo, asimismo, hincapié en que las medidas de la futura reforma del sistema de la Seguridad Social están enfocadas en retrasar el gasto y anticipar el ingreso.

    COMPLEMENTO A MINIMOS.

    Ante las críticas del diputado ‘popular’ José Eugenio Azpiroz por el excesivo gasto de la Seguridad Social en el pago de los complementos mínimos de las pensiones, Granado admitió que las aportaciones del Estado a las complementos mínimos siguen siendo «insuficientes», a pesar de que el Gobierno socialista aportará 2.100 millones de euros a un total de 5.000 millones presupuestados para 2008 en este concepto.

    Granado justificó en incremento del gasto de la Seguridad Social por un incremento de los mínimos desde el principio de la legislatura , y recordó que la cuantía media mensual ha pasado de 124 euros a 164 en la actual legislatura.

    Asimismo, reconoció la importancia de que los presupuestos sean los que financien esta partida, pues ello redundará en la financiación de las medidas incluidas en la Ley de Dependencia.

    FONDO DE RESERVA Y MUTUAS.

    Por otro lado, Granado explicó que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado determina que el fondo de reserva de la Seguridad Social alcanzará unos ingresos por rendimiento de la cartera imputables al ejercicio 2008 de 1.596 millones de euros, «aunque pueden ser algo mayores», hasta alcanzar los 1.800 millones de euros.

    Asimismo, recordó que su departamento ha logrado que las mutuas segreguen las actividades que realizan como empresas privadas de las que realizan en colaboración con la Seguridad Social y recalcó que existen mecanismos que garantizan que estas entidades utilicen de la manera «más adecuada» los recursos que les lega el sistema.


    Finanzas.com

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  • El presidente del CES cree que imponer sanciones a los trabajadores no reducirá la siniestralidad.

    El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña Pinto, indicó hoy que establecer sanciones a los trabajadores no solucionará el problema de la siniestralidad, al ser preguntado por las medidas que propuso el pasado miércoles el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

    08-10-2007 – Peña reconoció que tienen que existir determinadas sanciones para todos aquellos que incumplen las normas y que el procedimiento debe ser más eficaz, pero insistió en que no existe una relación muy directa entre la sanción y la solución del problema. «No se puede pensar que por sancionar más esto se va a resolver», indicó.

    Peña puso el ejemplo de la construcción, uno de los sectores con mayores niveles de siniestralidad, y señaló que existen 250.000 trabajadores autónomos que no estarán menos expuestos a los accidentes laborales porque exista más «presión policial».

    Así, el presidente del CES abogó por la concienciación social del problema en lugar de por la sanción. «En este país tenemos la vocación de condenar a alguien siempre que ocurre algo, de encontrar un responsable para comprender que ocurra una desgracia», indicó.

    En cuanto a la polémica de los accidentes ‘in itinere’ –Díaz Ferrán propuso que no se consideraran accidentes de trabajo–, indicó que es un asunto nominalista, «cosas menores» que no contribuyen a resolver el problema de la siniestralidad, sino a realizar una estadística de otro orden. «Este nominalismo me atrae poco, no es un asunto que me ocupé mucho tiempo», dijo.

    Como solución, Peña aprovechó para resaltar la necesidad de «impregnar» a las empresas la cultura de prevención de riesgos, que a su juicio, es la asignatura pendiente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

    En este sentido, aseguró que se trata de una ley «buena» que costó mucho negociar y que incorpora la cultura preventiva en las empresas con evaluación de riesgos de los trabajos desempeñados y planificación preventiva de las medidas necesarias para reducirlos.

    No obstante, insistió en que la siniestralidad sigue siendo una «asignatura pendiente», aunque se mostró optimista de cara al futuro, puesto que continúa habiendo contención de la siniestralidad. «Soy optimista con moderación», dijo tras señalar que las últimas cifras de accidentes mortales en el trabajo rondaban el 4%, «cifras no muy altas, pero positivas».

    Finalmente, apostó por aumentar las medidas de seguridad y salud en el trabajo para incrementar la prevención y hacer frente a la siniestralidad y por reducir el dramatismo o la vergüenza de los accidentes laborales, así como por subrayar la importancia del problema real. «Hasta que no nos creamos esa importancia, el problema no se solucionará», indicó.

    En este sentido, aseguró que todo se puede mejorar, pero que para conseguirlo es necesario que el país tome conciencia de un problema tan «grave y vergonzoso» como la siniestralidad. «Lo primero es comprender lo que ocurre en la sociedad», dijo.


    Europa Press

    RRHH Digital

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  • S.Social propondrá a M.Universal suspensión cautelar directivos implicados.

    La secretaría de Estado de la Seguridad Social propondrá al Consejo de Dirección de Mutua Universal la suspensión cautelar de los directivos implicados en la investigación judicial, anunció hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

    Así lo explicó ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso donde dijo que esta decisión forma parte de las medidas cautelares que puede adoptar la Seguridad Social y recordó que la Junta de Mutua Universal apartó en agosto al director de la entidad, Juan Aircat, hasta que finalice la investigación.

    También aseguró que el Gobierno va a seguir proponiendo y extremando medidas de control para conseguir unas mutuas ‘más transparentes’.

    En este sentido, consideró ‘razonable’ aumentar la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de dirección de las mutuas de trabajo y lograr que la información que éstas envían a la Seguridad Social se verifique y se evalúe con más prontitud.

    También abogó por controlar más los gastos de las mutuas y simplificar el tratamiento legal que reciben las reservas de este tipo de entidades.

    En cualquier caso, Granado reiteró que se trata de ‘un problema puntual en una mutua’ y consideró ‘injusto’ concluir que todo el sistema de mutuas, que data de 1900, funcione mal.

    También valoró que la Seguridad Social haya tranquilizado a las empresas clientes de Mutua Universal y a los trabajadores, que han seguido recibiendo las prestaciones correspondientes.

    Durante su comparecencia, recordó que las primeras irregularidades se detectaron en 2005 pero no se pudo hacer nada por la falta de claridad de los indicios hasta que, tiempo después, varios ex trabajadores de Mutua Universal desvelaron que la entidad poseía un grupo de empresas filiales, algo que impide la ley.

    A esto se añadieron dudas sobre la veracidad de los servicios que prestaba la mutua, ya que al parecer ofrecía prestaciones que no se podían llevar a cabo y a precios ‘exagerados’.

    Posteriormente, la Intervención General de la Seguridad Social hizo un informe que elevó a la Secretaría General de este instituto público y que, entonces, todo se puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de otros órganos de Gobierno, así como de la Generalitat de Cataluña, y comenzó toda la investigación.

    El diputado del PP José Eugenio Azpiroz alabó que la Administración haya tranquilizado a los usuarios y dado ‘cabal respuesta’ a las irregularidades detectadas, elogio compartido por los diputados de CiU, PSOE y Grupo Mixto, Carles Campuzano, Isabel López y Chamosa y Olaia Fernández, respectivamente.

    Por su parte, la diputada de IU-ICV, Montserrat Muñoz, aseguró que la Seguridad Social fue ‘incapaz’ de detectar el fraude a través de la inspección y exigió más rigor en el control de las mutuas.

    Respecto a la posibilidad de reformar el sistema de mutuas, Granado no lo descartó pero consideró que la reforma de un sistema ‘centenario’ no debe hacerse apresuradamente para evitar que sea heredero de los errores de su antecesor.

    Por otra parte, el sindicato CCOO anunció hoy su intención de personarse como acusación popular en el caso de Mutua Universal ante los presuntos casos de malversación de fondos públicos de la Seguridad Social.

    Además, pedirá a la Seguridad Social que examine los vínculos existentes entre las directivas de empresas que prestan servicios a las mutuas y los cargos directivos de las mismas.

    Mutua Universal, la tercera de España, fue registrada el pasado agosto por orden de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a varios responsables de la compañía de haber desviado fondos que son patrimonio de la Seguridad Social a fines distintos de los legalmente propios de la actividad mutualista.

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  • Enfermedades invisibles

    Unos 16.000 trabajadores mueren al año en España por enfermedades relacionadas con el trabajo. El primer año de vigencia del nuevo catálogo de dolencias profesionales ha traído una sorpresa. Ahora que las mutuas deben declararlas, las que van acompañadas de baja laboral se han reducido casi a la mitad. Los sindicados ven gato encerrado y el ministerio ha movido ficha esta semana.

    Las enfermedades profesionales con baja declaradas descendieron casi en un 50% en el primer semestre de 2007 con respecto al mismo periodo del pasado año (de 11.722 pasaron a 6.164). Al mismo tiempo, las enfermedades sin baja aumentaron en un 36% (de 2.035 a 2.770). Las cifras han dejado helados a los sindicatos. El actual es el primer año en el que, tras la entrada en vigor de la nueva normativa y el catálogo ampliado de enfermedades profesionales, la declaración de las mismas corresponde a las mutuas. Anteriormente eran las propias empresas las encargadas de efectuar dicha declaración.

    Como primera medida para atajar esta extraña situación, el Ministerio de Trabajo ha decidido, esta misma semana, que la Seguridad Social revise todos los expedientes resueltos por las mutuas como enfermedad común cuando haya indicios de que en realidad se trata de una enfermedad profesional. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El objetivo es que no se derive al sistema público de salud ninguna dolencia que las mutuas deberían haber catalogado como enfermedad profesional, lo que conlleva que sean ellas las que asuman la asistencia médica y sanitaria. Hasta ahora, sólo se inspeccionaban aquellos casos en los se producía denuncia por parte del trabajador afectado.

    «Resulta muy raro que este año baje tanto la cantidad de enfermedades declaradas que tienen coste para las mutuas y que, en cambio, suba el número de las que no lo tienen», se indigna Dolors Hernández, responsable confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT. ¿A qué se debe este desfase? Para Javier Torres, adjunto a la Secretaría Confederal de Salud Laboral de CC OO, estamos ante una ocultación de la realidad por parte de las mutuas: «Quieren demostrar a los empresarios que las contratan que declaran menos enfermedades con baja que antes y ganarse así más contratos en el futuro. Es una cuestión de pura competencia económica entre mutuas, con las pésimas consecuencias que ello conlleva».
    Condiciones de trabajo

    «Se atienden las dolencias como si fueran enfermedades comunes, derivándolas al sistema público de la Seguridad Social, pero no se cambian las condiciones de trabajo, que es lo importante para que no vuelva a haber recaídas», agrega Javier Torres. Desde UGT, Dolors Hernández ratifica esta interpretación de los datos de 2007: «Puro clientelismo de las mutuas hacia sus empresas. Para ellas presentar una supuesta buena gestión consiste en declarar menos enfermedades profesionales con baja, haciendo creer que en las compañías que las contratan se producen pocas dolencias».

    Según cálculos del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), de CC OO, en nuestro país se produjeron unas 16.000 muertes por enfermedades derivadas del entorno de trabajo en 2006, diez veces más que los muertos por accidentes laborales. De ellas, 9.000 casos por tumores malignos y 3.500 por alteraciones cardiovasculares. Muchos de ellos no son declarados como enfermedades profesionales.

    El anterior cuadro de esta clase de dolencias se remontaba a 1978. Según UGT, en la actualidad a uno de cada 500 empleados se le reconoce alguna enfermedad profesional, aunque la incidencia real es mucho mayor. Entre las novedades del amplísimo nuevo cuadro (hasta un total de 80.000 enfermedades) figura la ampliación de las derivadas del amianto, aumentando las actividades que pueden ser causa de asbestosis. También se incluyen los trabajos que exponen a ruidos; se completan las causas de los trastornos musculoesqueléticos, que dan lugar a 28.000 enfermedades profesionales distintas, y se añaden las dolencias de los nódulos vocales para quienes trabajan con su voz, como profesores o locutores.

    Jaime González, coordinador de Mutuas y Protección Social de CC OO, estima que más del 95% de los trabajadores españoles están dados de alta en alguna mutua, dato que se extrae de los presupuestos de la Seguridad Social de 2007, en los que ése es el porcentaje de cuotas recaudadas por contingencias profesionales. Según las cifras proporcionadas por este sindicato, sobre una recaudación de 90.348,10 millones de euros en 2007, les corresponde a las mutuas la gestión de 86.607,69 millones para dolencias profesionales, a lo que suman otros 2.432,07 euros para contingencias comunes.
    La patronal no responde

    Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de AMAT, la patronal española de las mutuas de accidentes de trabajo. Un portavoz señaló que no había respuesta oficial para la queja expresada por los sindicatos mayoritarios. Más expeditivos fueron éstos. Para Dolors Hernández, «los sindicatos deben estar en los consejos de administración de las mutuas, dado que éstas legalmente son entidades colaboradoras del sistema nacional de salud». La representante de UGT aboga por la «cogestión» y avanza ya que «una de las primeras cuestiones que plantearemos en cuanto empiece la siguiente legislatura [previsiblemente en abril de 2008] será que el Gobierno articule medidas sobre cómo participar en la actividad de las mutuas, tanto por parte de los sindicatos como del propio Ejecutivo, algo que está recogido en la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral».

    JOSEP M. SARRIEGUI
    El Pais

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