El Gobierno tiene intención de bonificar a las empresas, especialmente Pymes, que decidan tener servicios propios de prevención de riesgos laborales o que contraten a trabajadores que se dediquen en exclusiva a las tareas preventivas o de formación en dicha materia.
Así lo establece el borrador de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por el Ministerio de Trabajo, que incluye una batería de medidas a adoptar entre 2007 y 2011 para reducir la siniestralidad laboral y extender la prevención a todo el tejido empresarial, en particular a las Pymes, que podrán cambiar las sanciones impuestas por inversiones en actuaciones preventivas. La Estrategia contempla rebajas en las cotizaciones de accidentes temporales y enfermedades profesionales para aquellas empresas, grandes o pequeñas, que impulsen recursos propios de prevención, en vez de tenerlos exteriorizados. «Creemos que es muy importante hacer que el servicio de prevención sea una parte más de la empresa, como la dirección de Recursos Humanos o los Servicios Financieros y, si eso implica coste, es conveniente plantear la forma de subvencionar el coste social de esos servicios», declaró el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez. En el caso exclusivo de las pequeñas y medianas empresas, se pretende premiar a aquellas sociedades que «vayan más allá en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas», es decir, que destaquen por sus inversiones en prevención de riesgos laborales o en las que se constate una evolución favorable de la siniestralidad laboral durante un determinado período de tiempo. Para estos supuestos, el borrador de la Estrategia recoge «ayudas directas, incentivos fiscales, reducción de la cotización por las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o, en igualdad de condiciones objetivas, preferencias en la adjudicación de contratos o en la concesión de subvenciones o ayudas públicas». Las Pymes también podrán sustituir la imposición de sanciones derivadas de infracciones leves y graves realizadas por inversiones «bien en sustitución de equipos obsoletos o bien en el reforzamiento de obligaciones en materia de formación y prevención», destacó el secretario general de Empleo, que explicó que esta medida permite asegurar que «la sanción tiene como objetivo y destino el reforzamiento de la prevención».
El Ministerio de Trabajo también quiere rebajar la burocracia para que a las empresas de menos de 50 trabajadores les resulte más fácil cumplir la normativa de prevención, de forma que ha planteado la posibilidad de que puedan realizar de forma simplificada el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de prevención de actividades laborales.
Valeriano Gómez explicó que para su departamento «es mejor» consensuar la Estrategia con sindicatos y empresarios -con los que negociará durante los dos próximos meses, para después hablar con las Comunidades Autónomas-, aunque avisó de que el Gobierno aprobará el documento incluso si no alcanza un acuerdo con los agentes sociales, ya que debe estar en funcionamiento en 2007.
«Vamos a hacer todo lo posible para alcanzar ese acuerdo, pero la situación es lo suficientemente grave como para que nos escudemos en la ausencia de acuerdo para que no se tomen medidas», manifestó Gómez, quien sentenció que «en el año 2007 tiene que haber una estrategia aprobada por el Gobierno, calendarizada y que tenga como principal objetivo mayor reducción de la siniestralidad».
El secretario general de Empleo también invitó a los agentes sociales a que lleguen a «un gran acuerdo para impulsar la prevención y la lucha contra la siniestralidad a través de la negociación colectiva».
El objetivo de la Estrategia Nacional es reducir la siniestralidad laboral, que es más elevada que en Europa debido sobre todo a la importancia de la construcción y los servicios, explicó Gómez, quien insistió en que «eso no significa que debamos consolarnos con la situación actual».
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT, que insistieron en que la Estrategia tiene que comprometer a las Comunidades Autónomas y al resto de actores públicos implicados, condicionaron su apoyo a que puedan incrementar el asesoramiento a los trabajadores de las pequeñas empresas y microempresas a través de delegados sectoriales territoriales.
El secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto, que señaló que la actual siniestralidad es «insoportable», criticó que el Gobierno ha tenido una «excesiva permisividad» con las empresas que no cumplen la actual legislación en prevención de riesgos laborales, que data de 1996.
[VISITA NUESTRA PÁGINA]