Consultas y resoluciones de la Comisión mixta Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mútuas de Accidentes de Trabajo años 2004 a 2007. Buscador temático
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El sector de las mutuas de trabajo y enfermedades de trabajo está revuelto. El detonante es un plan del Ministerio de Trabajo para forzar una cadena de fusiones en un tiempo récord de cinco años con un claro objetivo: pasar del actual mapa, compuesto por 26 entidades, a otro con apenas una decena de mutuas.
Las premuras del Gobierno ya han dado sus primeros resultados.En Cataluña, las mutuas territoriales Reddis (Reus) y MATT (Tarragona) han encaminado su integración, lo mismo que Egara (Terrassa) y SAT (Sabadell). Y la actual MC Mutual ya es una consecuencia de ese plan, fruto de la fusión entre Midat y Cyclops, y podría volver a serlo, porque en el sector también se le asigna otra unión similar con Mutua Intercomarcal.
El caso de Midat no es baladí. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que el Gobierno vetó la fusión entre Midat e Ibermutuamur cuando ésta ya estaba acordada entre las cúpulas de ambas entidades.El no a la fusión fue expreso aduciendo a las negociaciones del Estatuto de Cataluña, que se encontraban en su recta final, y a que la operación representaba la pérdida para Cataluña de la sede del nuevo grupo mutual, que iba a situar su cuartel central en Madrid, donde está actualmente el de Ibermutuamur.
En todo caso, esos movimientos son sólo parte del primer paso previsto desde el Ministerio de Trabajo, que niega ningún plan expreso, pero sí admite que está incentivando un proceso ordenado para clarificar la excesiva atomización del sector.
En una primera etapa se obligará una cascada de operaciones que permita integrar a las mutuas más pequeñas para intentar conseguir economías de escala lo antes posible y facilitar futuros procesos de negociaciones. En ese proceso inicial se sitúan las actuales conversaciones en el País Vasco, donde se está defendiendo la fusión entre Mutualia y Mutua de Navarra; en Valencia, la de Muvale con la madrileña UMI, mientras que Ibermutuamur sigue su proceso de negociaciones con Fimac y Mutua Montañesa, también catalana.
El segundo paso, más conflictivo por los debates territoriales que puedan surgir por el camino, sería el de promover la fusión de las grandes entidades con mutuas fusionadas anteriormente, pero que todavía no han conseguido el umbral de negocio que fije el Gobierno como óptimo.
Fuentes del sector indican que, actualmente, apenas existen dos mutuas intocables, ambas asociadas a dos grandes grupos aseguradores de capital español. Por una parte Fremap, la mutua de trabajo de Mapfre; la segunda, Asepeyo, adscrita a Catalana Occidente.El final de todo el proceso, que requerirá una legislatura más de mandato socialista, supondrá la existencia de tres mutuas con brazos sobre las 17 comunidades autónomas y otras cuatro de perfil supraautonómico, pero sin llegar a abarcar el conjunto del territorio nacional.
En privado, los responsables del ministerio, encabezados por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, -de la que dependen las mutuas de trabajo- se refieren a una cuestión de «eficiencia y eficacia», que vendría a completar un proceso de los años 80 también auspiciado por otro Gobierno socialista. En aquel caso, se pasó de 180 mutuas profesionales a una treintena.
Ahora, el proceso adquiere tanto tintes técnicos como políticos.En el Ministerio de Trabajo existe interés en que las mutuas de trabajo generen mayor excedente para la Seguridad Social: el equivalente a su beneficio neto, que siempre va a parar a las arcas de la Seguridad Social, ya que los ingresos de las mutuas proceden de las cotizaciones sociales fijadas por el Estado para las empresas y los trabajadores en activo.
Blindar la caja única
En el ámbito político, el PSOE estaría intentando blindar la unidad de mercado y de la caja única de la Seguridad Social y, de paso, facilitar el tránsito de las mutuas de trabajo. Existe interés de que puedan convertirse a medio plazo en entidades gestoras de la Seguridad Social y abandonar su status actual de colaboradoras. Ese último extremo permitiría descongestionar en parte la sanidad pública española, víctima de un gasto creciente y de unos centros de atención desbordados por el aumento de la población y la universalidad del sistema.
Para el caso de mejorar los ratios de eficiencia de las mutuas, el principal reto del Ministerio es conseguir reducir al máximo el nivel de extornos, un auténtico tabú en el sector. En un sector público regulado, como el de las mutuas de trabajo, legalmente es imposible competir en tarifas, aunque el Ministerio ha amenazado con rebajar unilateralmente las tarifas. La única opción para ganar cuota de mercado pasa por convencer a ejecutivos y empresarios que acepten rebajas en las cuotas pero sin que los descuentos se apliquen sobre éstos. Se trata, en realidad, de comisiones que las mutuas de trabajo -en algunos casos alcanzan el 30% para empresas con plantillas extensas- aceptan pagar indirectamente a cambio del contrato de una empresa.
Desde un ordenador o un coche para el ejecutivo de turno a, incluso, la financiación para crear un nuevo pequeño centro de trabajo.Según fuentes del sector, el contrato para una empresa de 20 trabajadores puede generar un extorno de 6.000 euros. La dificultad estriba en encontrar ese tipo de faltas.
Autorregulación sobre buenas prácticas
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional suscribieron ayer un compromiso de autorregulación por el que crearán un código de buenas prácticas y transparencia, en colaboración con la administración de la Seguridad Social, que articule un conjunto de mecanismos para garantizar la competencia leal y de cuyo cumplimiento se encargará la propia administración.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, presente en la firma del acuerdo, expresó su satisfacción por este compromiso, que ha contado con la unanimidad de las 26 asociaciones mutualistas.
El acuerdo contempla la puesta en marcha de un órgano interno de resolución de conflictos. Asimismo, el nivel de cumplimiento del código se revisará de forma periódica.
El acuerdo obliga a los firmantes a tipificar las prácticas que deben quedar completamente excluidas -entre ellas, las que puedan menoscabar el patrimonio de la Seguridad Social- o aquellas otras que otorguen beneficios que superen el ámbito de las prestaciones reglamentarias o que vulneren la separación entre los servicios que otorgan las mutuas y los que prestan las sociedades de prevención.
En el debate sobre la conciliación de la vida laboral y familiar hay ideas atractivas pero engañosas. Este es el punto de vista del sociólogo John MacInnes (1978), profesor en la Universidad de Edimburgo y de la Autónoma de Barcelona, y experto en temas de masculinidad, género y vida laboral.
En un artículo, publicado en la revista Cuaderno de Relaciones Laborales (vol. 23, nº1, 2005), analizaba con ojo crítico diez de estos “mitos”. Nos hemos tomado la libertad de realizar una síntesis a brocha gorda, para reflexión de nuestros lectores.
1. El aumento de la jornada laboral penaliza la vida familiar
Ello es cierto para diversos grupos de trabajadores, como los que tienen contratos precarios, los jóvenes y, desde luego, las mujeres. No hay que olvidar sin embargo, que en Europa la jornada laboral media de los hombres se ha reducido desde 1970 en un 17%.
2. El trabajo se ha intensificado
Un 29% de los trabajadores españoles hombres y un 35% de las mujeres afirman llegar “demasiado cansados del trabajo para hacer las tareas de casa”. La media europea es de 19% y 23% respectivamente.
3. El aumento del empleo femenino origina una baja fecundidad
La fecundidad en España se ha reducido en más de un 50% durante las tres últimas décadas. Trabajar fuera de casa dificulta el cuidado de los hijos y, por tanto, reduce las posibilidades de tenerlos. Parece lógico, pero no siempre es así. En Suecia conviven altas tasas de empleo femenino con una fecundidad igualmente elevada.
4. Cada vez hay más madres que trabajan
Actualmente hay alrededor de 2.400.000 madres trabajadoras en España, 700.000 más que hace veinticinco años, aunque proporcionalmente el empleo femenino ha crecido más en las mujeres sin hijos que en las madres. En 1977 el 50% de las mujeres trabajadoras eran madres, mientras que en 2002 el porcentaje ha bajado al 39%.
5. Los hombres no suelen hacer tareas domésticas
Esto es indiscutible. En España los hombres se dedican mucho menos que las mujeres a la casa y los hijos. Pero estamos justo en la media europea en cuanto a reparto de tareas, por delante de Francia o Alemania.
6. La gente no puede permitirse tener más hijos
A pesar del aumento del nivel de vida, el coste económico, junto con las dificultades profesionales, son las dos razones principales que citan las mujeres para no tener hijos (CIS, 2004). Pero también dicen los sociólogos que hay una nueva mentalidad sobre el “crecimiento personal” cada vez más alejada de las obligaciones tradicionales, entre ellas, las derivadas de tener hijos.
7. A más gasto en políticas familiares, mayor fecundidad
En Suecia el 17% del gasto social va destinado a políticas de apoyo a las familias, en España el 2%. Las tasas de fecundidad “más bajas entre las bajas” suelen corresponder a los estados con menos ayudas públicas a la familia. Sin embargo, EEUU invierte más bien poco en estas políticas y su tasa de fecundidad supera a la de cualquier país europeo.
8. Los padres y madres son los más interesados en conciliar la vida laboral y familiar
Diversos estudios muestran que el deseo de reducir o reprogramar la vida laboral no tiene mucho que ver con las obligaciones y circunstancias familiares. Según el Eurobarómetro de 1996, hasta un 11% de los hombres y un 14% de las mujeres estarían dispuestos a trabajar menos horas con una reducción de sueldo proporcional.
9. A los empresarios les interesa la conciliación de la vida laboral y familiar
Parece excesivo. A cualquier empleador siempre le interesará evitar cargar con los costes del cuidado de los hijos. Los trabajadores con obligaciones familiares no pueden competir en igualdad de condiciones con los que no las tienen, especialmente al inicio de su trayectoria profesional o ante exigencias de movilidad geográfica o de disponibilidad horaria.
10. El envejecimiento y la disminución de la población pueden acabar con el Estado de Bienestar
No es el envejecimiento de la población lo que mina la estabilidad fiscal del estado, sino las promesas irresponsables sobre reducciones de impuestos. Es más, si se consigue que las vidas más largas sean también más saludables, no necesariamente habrá que gastar más en servicios sanitarios y sociales.
Prevention-World
Acuerdo alcanzado sobre retribuciones variables
Acuerdo sobre retribución variable para trabajadores de Asepeyo
En una sociedad que envejece, no existe ningún bien común en anticipar la edad de jubilación. Por el contrario, deberían penalizarse las jubilaciones anticipadas e incentivarse la prolongación de la vida laboral.
Nueva reforma de las pensiones
En una sociedad que envejece, no existe ningún bien común en anticipar la edad de jubilación. Por el contrario, deberían penalizarse las jubilaciones anticipadas e incentivarse la prolongación de la vida laboral.
Manuel Pimentel
Los negociadores sociales parecen estar en racha y, tras la reforma laboral, anuncian un nuevo acuerdo en pensiones, una de las cuestiones de mayor trascendencia social y económica. De una primera lectura del borrador se deduce que las reformas van en línea con los compromisos del Pacto de Toledo.
En una sociedad que envejece, no existe ningún bien común en anticipar la edad de jubilación. Por el contrario, deberían penalizarse las jubilaciones anticipadas e incentivarse la prolongación de la vida laboral. En el texto se lanzan mensajes equívocos, dado que se mejoran las condiciones de algunos supuestos de prejubilación. Entiendo que será tan sólo para las empresas en crisis, porque de lo contrario estaríamos incidiendo en uno de nuestros tradicionales errores, apoyar a aquellas empresas con beneficios que deciden rejuvenecer plantilla mediante ERE acordados con los trabajadores e incentivados desde la Administración.
Mientras que Reino Unido ya ha anunciado que elevará para 2025 la edad de jubilación hasta los 68 años, el debate sigue cerrado en nuestro país. Hoy en día no hace falta, pero quizá los interlocutores deberían dejar algún sistema abierto para la futura y progresiva elevación de la edad de jubilación. Parece muy interesante y conveniente el incremento de un 2% de la pensión por cada año que se trabaje sobre los 65 (un 3% si se lleva más de 40 años cotizando). Se trata de una medida inteligente que favorece al trabajador que desea seguir trabajando, al tiempo que supone un ahorro para la Seguridad Social. También parecen razonables las limitaciones al uso de la jubilación parcial anticipada, que se estaba incrementando con sospechosa rapidez.
El acuerdo debería abordar, aunque fuera para marcar tendencias, las distintas alternativas complementarias de pensiones. Nos referimos a los conocidos planes de pensiones voluntarios e individuales, que han gozado de gran popularidad en el país y a los que se dedican crecientes recursos del ahorro de los españoles. La fórmula ha funcionado gracias a las bonificaciones fiscales que la incentivan, y debe mantenerse a medio y largo plazo. Al principio de legislatura, un globo sonda del Gobierno alertó sobre la posible retirada de esas desgravaciones, lo que generó una justificada alarma. Debería aprovecharse la ocasión para dejar claro que nuestro sistema apoya el modelo complementario de pensiones.
Por otra parte, estas dotaciones de los planes de pensiones deberían tener una posible reconversión hacia la atención de la dependencia. Aunque tradicionalmente estas prestaciones se analizaban en otras mesas, creo que deberían abordarse de una forma global en este importante acuerdo.
Se reconoce el derecho de pensión de viudedad para las parejas de hecho. Parece una medida acorde con las anteriores tomadas para esa figura, aunque habrá que definir con exactitud los mecanismos de prueba de la convivencia efectiva para evitar una fuente de fraude. Es en los matrimonios donde se imponen una serie de nuevas limitaciones. Se exigirá haber convivido dos años en caso de no tener hijos, y el salario que percibe el cónyuge superviviente será tenido en cuenta a la hora de fijar la pensión. Aunque el acuerdo remite a un futuro pacto entre las partes, esta restricción levantará a buen seguro quejas generalizadas, pues es un ámbito de recorte cierto de prestaciones.
Se exigirán 15 años reales de cotización para poder percibir pensión. Hasta ahora ese periodo era sólo teórico, ya que, al computar las pagas extras como meses realmente cotizados, cada año natural venía equivaliendo a algo más de un año de cotización efectiva, de modo que con menos de 13 años naturales de cotización se cumplía el requisito. Es una pequeña variación, pero viene a ajustar lo efectivamente acordado en el Pacto de Toledo.
Tampoco sabemos cómo se dará cumplimiento a la deseable reunificación de regímenes de la Seguridad Social, en concreto los del régimen especial agrario y empleados del hogar hacia el régimen general. Suponemos que algo se avanzará, pero que no se conseguirá la plena fusión de todos los regímenes en uno, algo que es más fácil anunciar que conseguir, dado que supone un incremento del gasto que tendrá que ser asumido por el sistema de la Seguridad Social o por las cotizaciones de empleadores y trabajadores.
En resumen, un razonable acuerdo que afina un sistema que deberá seguir siendo mejorado en el futuro.
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