Autor: Comfia Asepeyo

  • Esta vez, Europa está de verdad al borde del precipicio

    ¿Queda un minuto para la medianoche en Europa?

    Nos tememos que la política del Gobierno alemán de hacer algo que sirve ya de poco y llega demasiado tarde corre el riesgo de provocar precisamente una repetición de la crisis de mitad del siglo XX que la integración europea pretendía evitar.

     

    El País. – Nos resulta extraordinario que sea Alemania, precisamente, la que parezca no haber aprendido de la historia. Obsesionada con la inexistente amenaza de la inflación, da la impresión de que la Alemania actual otorga más importancia al año 1923 (el año de la hiperinflación) que a 1933 (el año en que murió la democracia). A los alemanes no les vendría mal recordar que una crisis bancaria europea ocurrida dos años antes de 1933 contribuyó de forma directa a la descomposición de la democracia, no solo en su propio país, sino en todo el continente.

    Llevamos más de tres años advirtiendo de que Europa continental necesitaba limpiar los lamentables balances de sus bancos. No hicieron prácticamente nada. Mientras tanto, desde hace dos años se está extendiendo un pánico silencioso entre los bancos de la periferia de la eurozona: se han reducido los servicios financieros transfronterizos, interbancarios y generales, y se han sustituido por financiación del BCE; y el dinero inteligente —grandes depósitos no asegurados de personas con altos ingresos— ha abandonado las costas de Grecia y otros bancos mediterráneos.

    Pero ahora el público está perdiendo la confianza, y el pánico puede extenderse a depósitos sin asegurar más pequeños. Si Grecia saliera del euro, se produciría una congelación de depósitos, y los depósitos en euros se convertirían en nuevos dracmas: por tanto, un euro en un banco griego no equivale a un euro en un banco alemán. Los griegos han retirado más de 700 millones de euros de sus bancos en el último mes.

    Más preocupante es que el mes pasado también hubo un aumento de las retiradas de dinero de algunos bancos españoles. La torpe operación de rescate de Bankia llevada a cabo por el Gobierno solo ha servido para incrementar la inquietud de la población. En una visita reciente a Barcelona, a uno de nosotros le preguntaron varias veces si era seguro tener dinero en un banco español. Este tipo de proceso puede ser explosivo. Lo que hoy es una tranquila visita al banco puede convertirse en una carrera de sálvese quien pueda. Si se produjera la salida de Grecia, las personas racionales se preguntarían: ¿quién va a continuación?

    Como se debatió en una reunión del Nicolas Berggruen Institute celebrada la semana pasada en Roma, la forma de salir de esta crisis parece clara.

    En primer lugar, es preciso establecer un programa de recapitalización —mediante acciones preferentes sin derecho a voto— de los bancos de la eurozona, tanto en la periferia como en el centro, directa a través del Instrumento Europeo de Estabilidad Financiera (IEEF) y su sucesor, el Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEE).

    La estrategia actual de recapitalizar los bancos a base de que los Estados pidan prestado a los mercados nacionales de bonos —o al IEEF— ha resultado desastrosa en Irlanda y Grecia: ha provocado una explosión de deuda pública y ha hecho que el Estado fuera todavía más insolvente, al tiempo que los bancos se convierten en un riesgo mayor en la medida en que más parte de la deuda pública está en sus manos.

    Segundo, para evitar el pánico en los bancos de la eurozona —un fenómeno seguro en el caso de salida de Grecia y muy probable en cualquier caso— es necesario crear un sistema europeo de garantía de depósitos.

    Con el fin de reducir el riesgo subjetivo (además del riesgo del precio de las acciones y el riesgo crediticio asumidos por los contribuyentes de la eurozona), también habría que tomar otras medidas:

    1. El programa de garantía de depósitos debe financiarse con los gravámenes bancarios apropiados: podría ser un impuesto de transacciones financieras o, mejor aún, un impuesto sobre todos los pasivos bancarios.

    2. Es necesario poner en práctica un programa de resolución bancaria en el que los acreedores no asegurados —tanto mayoritarios como minoritarios— sean los primeros que paguen, antes de recurrir al dinero de los contribuyentes para cubrir las pérdidas de un banco.

    3. Deben tomarse medidas para limitar el tamaño de los bancos con el fin de evitar el problema de las entidades demasiado grandes para caer.

    4. También somos partidarios de un sistema de supervisión y regulación para toda la UE.

    Es cierto que el fondo europeo de garantía de depósitos no funcionará si existe el riesgo continuo de que un país se salga de la eurozona. Garantizar los depósitos en euros sería muy caro, porque el país en cuestión necesitaría convertir toda la deuda a una nueva moneda nacional, que enseguida se depreciaría respecto al euro. Por otra parte, si el seguro de depósito solo tiene validez mientras el país no abandone el euro, será incapaz de impedir un pánico bancario. Por consiguiente, es necesario tomar más medidas para reducir las probabilidades de que se produzcan abandonos de la eurozona.

    Hay que acelerar las reformas estructurales que estimulan el crecimiento de la productividad. Entre las políticas que pueden conseguirlo están una mayor flexibilización monetaria por parte del BCE, un euro más débil, algún estímulo fiscal en el núcleo duro, más gasto en infraestructuras que reduzcan los cuellos de botella y faciliten el abastecimiento en la periferia (a ser posible, con una regla de oro para las inversiones públicas) e incrementos salariales por encima de la productividad en el centro para impulsar los ingresos y el consumo.

    Por último, dado el volumen insostenible de las deudas públicas y los costes de endeudamiento de varios Estados miembros, no vemos alternativa posible a algún tipo de mutualización de la deuda.

    En la actualidad existen varias propuestas de eurobonos. Entre ellas, la que preferimos es la de un Fondo Europeo de Redención que hace el Consejo Alemán de Asesores Económicos, no porque sea la mejor, sino porque es la única capaz de aliviar la inquietud alemana sobre la perspectiva de asumir un riesgo crediticio excesivo.

    El FER es un programa provisional que no derivará en un sistema de eurobonos permanentes. Cuenta con los avales suficientes y la antigüedad adecuada, además de tener unas condiciones muy firmes. El principal peligro es que cualquier propuesta que sea aceptable para Alemania supondría tal pérdida de soberanía fiscal para los Estados que sería inaceptable para a periferia de la eurozona, en especial Italia y España.

    Ceder parte de la soberanía es inevitable. Sin embargo, existe una diferencia entre federalismo y neocolonialismo, como nos dijo un veterano político en la reunión del NBI en Roma.

    Hasta hace poco, la postura de Alemania sobre estas propuestas ha sido siempre negativa. Es comprensible la preocupación alemana sobre el riesgo subjetivo. Será difícil de justificar el hecho de que se ha arriesgado el dinero de los alemanes si en la periferia no se llevan a cabo unas reformas sustanciales. Pero es inevitable que esas reformas tarden aún cierto tiempo. La reforma estructural del mercado de trabajo alemán no fue precisamente un éxito de la noche a la mañana. Por el contrario, la crisis bancaria europea es un riesgo financiero que podría dispararse en cuestión de días.

    Los alemanes deben comprender que la recapitalización bancaria, el seguro europeo de depósitos y la mutualización de la deuda no son opcionales. Son medidas esenciales para evitar una desintegración irreversible de la unión monetaria europea. Si todavía no están convencidos, deben entender que los costes de la ruptura de la eurozona serían astronómicos, para Alemania tanto como para el resto del mundo.

    Al fin y al cabo, la prosperidad actual de Alemania es en gran parte una consecuencia de la unión monetaria. El euro ha dado a los exportadores alemanes un tipo de cambio mucho más competitivo que el viejo marco. Y el resto de la eurozona sigue siendo el destino del 42% de las exportaciones alemanas. Sumir a la mitad de ese mercado en una depresión no puede ser beneficioso para Alemania.

    A la hora de la verdad, como reconoció la canciller Merkel la semana pasada, la unión monetaria siempre tuvo implícita en ella una mayor integración en una unión fiscal y política.

    Pero antes de que Europa piense en dar este paso histórico, debe demostrar que ha aprendido las lecciones del pasado. La UE se creó para no repetir los desastres de los años treinta. Ya es hora de que los dirigentes europeos —y en especial los alemanes— sean conscientes de que están peligrosamente cerca de caer en ello.

     

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  • El personal laboral fijo con oposición tendrá prioridad de permanencia cuando las AA.PP. hagan despidos

    El PP ha presentado una docena de enmiendas a la reforma laboral a su paso por el Senado, entre las que figura una para que el personal laboral fijo que haya aprobado un proceso selectivo tenga prioridad de permanencia en los procedimientos de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

    En su texto original, la reforma habilitaba el despido por las causas anteriormente citadas para el personal laboral de las Administraciones Públicas, pero sin establecer un orden de prelación en los despidos.

    Ahora, en una de sus enmiendas al proyecto de ley presentadas en la Cámara Alta, el Grupo Popular establece que, en estos procesos de despido, tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, «cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades» afectadas.

    La enmienda no altera el resto del texto referido a los despidos del personal laboral de las Administraciones Públicas, de manera que, en el caso de las causas económicas, se mantiene que para acogerse a ellas se necesitará que exista una situación de insuficiencia presupuestaria «sobrevenida y persistente», entendiendo que será persistente si dicha insuficiencia presupuestaria se produce durante tres trimestres consecutivos.

    LAS LAGUNAS DE COTIZACIÓN NO SERÁN TAN RENTABLES.

    Otra de las enmiendas del PP al texto de la reforma laboral es la introducción de una disposición adicional nueva que afecta a la reforma de pensiones aprobada en 2011. Con esta enmienda, los ‘populares’ pretenden que deje de ser más rentable presentar lagunas de cotización en los casos de incapacidad permanente y jubilación que incorporar periodos ya cotizados, pues lo contrario supone introducir «elementos distorsionantes» en el sistema.

    Así, en ambos casos, se detalla en la enmienda que si, a la hora de calcular la base reguladora de estas prestaciones, aparecen meses donde no hubiese existido la obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50% de dicha base mínima.

    En otra de sus enmiendas, el PP aclara que los centros y entidades  de formación a los que la reforma laboral habilita, por primera vez, a participar en el diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo deberán estar debidamente acreditados «a través de sus organizaciones representativas del sector».

    En el texto original se requería acreditación a estos centros formativos, pero sin especificar quien debía atestiguarla. Por otra parte, se introduce un nuevo elemento en este artículo en cuestión para que se tengan en cuenta, en el subsistema de formación profesional, las necesidades específicas de los trabajadores autónomos y de las empresas de la economía social «a través de sus organizaciones representativas», en un claro guiño a las asociaciones de trabajadores por cuenta propia.

    BONIFICACIONES PARA CONTRATOS EN PRÁCTICAS.

    Las enmiendas del PP también ‘tocan’ las bonificaciones por convertir en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de sustitución. El Grupo Popular introduce que estas bonificaciones podrán ser de aplicación tanto a las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas a la finalización de su duración inicial o prorrogada, como a los contratos de relevo o sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración.

    En el texto aprobado inicialmente, la reforma no precisaba que estas bonificaciones podrían concederse a los contratos en prácticas que al término de su duración inicial o prorrogada se convirtieran en indefinidos. Otra diferencia respecto al proyecto original es que los trabajadores contratados bajo esta modalidad ya no serán objetivo prioritario en los planes de formación para personas ocupadas.

    El PP entiende que «no tiene mucho sentido» que sea así si se tiene en cuenta que muchos de los contratados, sobre todo en el caso de los contratos de prácticas, suelen ser licenciados o tener un máster.

    LÍMITE A LA DEDUCCIÓN POR CONTRATAR PARADOS.

    El Grupo Popular también ha aprovechado el trámite de enmiendas en el Senado para aclarar cuál es el límite de la deducción de la que podrán beneficiarse las empresas que concierten con desempleados perceptores de la prestación contributiva el nuevo contrato de apoyo a los emprendedores.

    En concreto, se especifica que estas empresas podrán deducirse de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades el 50% del menor de los siguientes importes: el importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación o el importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocido el trabajador contratado.

    Esta deducción se podrá aplicar en aquellos contratos realizados en el periodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores y siempre que, en los 12 meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de al menos un efectivo respecto a la existente en los 12 meses anteriores.

    En sus enmiendas, el PP pretende también corregir el «desfase» de los periodos de extensión de vigencia para los convenios ya denunciados a la fecha de la entrada en vigor de la reforma laboral y los denunciados con posterioridad, de tal forma que el plazo de un año máximo de vigencia que se fija en la ley (y con el que se pone fin a la ultraactividad de los convenios) empezará a contar a partir de la entrada en vigor de la reforma.

    Asimismo, en otra enmienda, el Grupo Popular quiere que las sentencias dictadas en las suspensiones y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción reciban el mismo tratamiento que las ejecuciones colectivas sobre movilidad geográfica o modificaciones sustanciales de las condiciones laborales.

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  • Menos cotizaciones y más IVA dañaría al déficit

     El Banco de España advierte de que bajar cotizaciones a la Seguridad Social y subir el IVA «podría ser contraproducente» para reducir el déficit público español, según se desprende del ‘Informe Anual 2011’ del organismo supervisor.

    La institución avisa de que esta medida tendría un impacto «limitado, tanto en el tiempo como en su alcance potencial», de cara a que la economía española «recupere la competitividad perdida durante el periodo 1996-2007».

       En su opinión, la llamada «devaluación fiscal» podría ser contraproducente «cuando el sector público se enfrenta a perentorias necesidades de reequilibrio, ya que sobre él pesan importantes pasivos implícitos como resultado de los potenciales efectos de la demografía sobre el saldo financiero de la Seguridad Social».

       El Banco de España asegura que no se puede sustituir la «necesaria flexibilidad en la formación de costes y precios» por una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social combinada con un incremento del IVA en aras de que el país sea más competitivo.

       Pese a que no le convence la combinación de bajar cotizaciones y subir el IVA, el Banco de España insiste una vez más en la necesidad de diseñar medidas adicionales por si se producen desviaciones en las previsiones de los Presupuestos de 2012, centradas en nuevos recortes del gasto corriente y nuevas medidas tributarias en el ámbito de la imposición indirecta, que genera menos efectos distorsionadores sobre el crecimiento y la asignación de recursos.

       Recuerda que los presupuestos no se encuentran exentos de riesgos desviación, ya que la recaudación prevista estará condicionada por la efectividad de los cambios aprobados hasta ahora, mientras que no se puede descartar una evolución negativa de algunas partidas de gasto, como las prestaciones por desempleo o las pensiones.

       En este sentido, resalta la necesidad de realizar una ejecución «muy rigurosa» de las cuentas y de aplicar «rápidamente» los mecanismos que permitan detectar con suficiente antelación la eventual aparición de desviaciones para que puedan compensarse.

       Así, repasa la desviación de déficit que se produjo en 2011 que, a su parecer, desvela los fallos que se producían en el sistema de seguimiento, por lo que considera necesario disponer de información «puntual y adecuada» sobre la ejecución presupuestaria para corregir a tiempo las posibles desviaciones que puedan surgir.

    PIDE UNA APLICACIÓN «RIGUROSA» DE LA LEY DE ESTABILIDAD

       En este sentido, cree que la Ley de Estabilidad supone un «fortalecimiento» del marco presupuestario nacional y que su contenido se encuentra en «plena sintonía» con las recientes reformas comunitarias. «Su aplicación debería mejorar de forma significativa la transparencia de actuación de las administraciones públicas», señala.

       Así, invita a una aplicación «rigurosa e inmediata» de la Ley, porque resultará «crucial» para asegurar el cumplimiento de los objetivos, sobre todo en cuanto a los mecanismos de seguimiento y control, así como los destinados a hacer cumplir los objetivos establecidos.

       En cualquier caso, asegura que los nuevos objetivos de déficit pactados con Bruselas se deben cumplir «de forma estricta» para conseguir, entre otras cosas, que no se supere el límite del 60% de la ratio de deuda pública sobre el PIB en 2020, como marca la ley.

    EXPORTACIONES Y COMPETITIVIDAD

       En el capítulo dedicado a la competitividad, el informe anual del supervisor explica que ésta pasa por la exportación, ya que la crisis ha provocado en España una caída de la demanda interna.

       «Para que las exportaciones sean competitivas hace falta una adecuada flexibilidad en la formación de precios y salarios, sobre todo en un contexto en que la recuperación de la competitividad debe hacerse en paralelo con una corrección del exceso de endeudamiento privado que lastra las posibilidades de mejora de la demanda interna», explica el estudio.

       En este sentido, el Banco de España resalta que esa «devaluación interna» requiere una regulación laboral «que no obstaculice el recurso a modificaciones de salarios y de las condiciones de empleo como mecanismo de respuesta a la caída de la demanda interna».

       En el caso del ajuste salarial, el informe indica que si éste es capaz de disminuir los costes de producción de los bienes internos y conseguir márgenes de beneficios constantes, el impulso a las exportaciones vendría inducido por el descenso de los precios relativos.

       El organismo supervisor considera que la mayor capacidad de adaptación de los salarios «redunda en una mayor estabilidad del empleo que se traducirá en una mejora de las expectativas de renta futura, que contribuirá también a impulsar la demanda interna».

       El informe anual indica que si se mantiene la moderación salarial y de los márgenes de beneficios, «el aumento de la demanda relativa de productos nacionales inducido por la reducción de precios o por las mejoras de calidad conduciría a un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo».

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  • El PP : para la reforma laboral el sector público «es una empresa más»

    El Grupo Popular en el Senado ha respondido a la petición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) para que retire de la reforma laboral la posibilidad de hacer expedientes de regulación de empleo (ERES) en la Administración por causas económicas, argumentando que el sector público «es una empresa más». En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los ‘populares’ en la Comisión de Empleo del Senado, José Blas Fernández, ha señalado que así se lo han transmitido a la representación del sindicato durante la reunión mantenida este miércoles, en la víspera de que mañana se cierre el plazo de enmiendas a la reforma laboral.

    Según Fernández, su grupo sostiene que la reforma laboral persigue «el interés general y no es una reforma parcial ni puntual». «Es legítima la petición de CSI-F, pero la reforma laboral busca agilizar el mercado de trabajo», añadió.

       Así, aunque insistió en que el Grupo Popular «estudiará» todas las propuestas que se presenten dentro del plazo de enmiendas, dejó entrever que las peticiones de CSI-F no obtendrán respuesta.

       Además, ante la inquietud del sindicato por que hasta 700.000 empleados públicos se vean expuestos a un posible ERE, Fernández quiso dejar claro que «no es perentorio despedir a alguien» en la Administración.

    CSI-F SE PREPARA PARA EL ‘NO’ DEL PP

       El plazo de enmiendas a la reforma laboral en la Cámara alta finaliza mañana y tras su votación, la reforma laboral quedará definitivamente aprobada.

       Por ello, CSI-F ha avisado al PP que se encuentra ante la «última oportunidad» para dar marcha atrás a una medida que, según aseguran, abre la puerta al despido de cientos de miles de trabajadores del sector público. Más aún, ha asegurado que los empleados públicos seguirán con atención esté último trámite y «actuarán en consecuencia».

       El sindicato no ha concretado qué medidas podría tomar una vez se apruebe la reforma laboral en sus actuales términos en lo referente al sector público. Previsiblemente habrá que esperar a que el sindicato celebre su Consejo, el próximo 21 de junio.

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  • El gasto público por habitante en España desciende un 1,5%

    La Administración pública cuesta al año 10.224 euros por habitante en España, un 1,5% menos que en 2010, según se desprende del estudio ‘El Gasto en Administración Pública 2012’, que analiza la evolución del gasto aportado a lo público en España, Europa y en las principales economías, elaborado por el Strategic Research Center de EAE Business School. El informe estima que en 2016, el gasto público será de 12.230 euros por habitante, un incremento del 19,6% respecto a 2011. Por su parte, el gasto público español representa el 43,6% del PIB y se prevé que este porcentaje se reduzca un 5,7% en 2016.

    Por comunidades autónomas, los habitantes del País Vasco se colocan a la cabeza, con 16.353 euros aportados al ente público; Navarra con 10.645 euros; y Asturias con 8.981 euros son los que tienen mayor coste por habitante del gasto público.

       En el lado opuesto, Canarias con 6.237 euros, Madrid con 6.361 euros y Andalucía con 6.819 euros de gasto en Administración pública por habitante son las regiones que menos gastan en sus administraciones.

       El informe de EAE también analiza este gasto en función de la población ocupada. A cada español con empleo le cuesta la administración pública 19.254 euros, un 3% más que en 2010.

    GASTO EN LA UNIÓN EUROPEA

       El Estudio de EAE analiza la previsión del gasto público como porcentaje del PIB para los próximos años en Europa. Así, se prevén incrementos importantes en este aspecto en Luxemburgo, Italia y Finlandia con porcentajes del  8,0%, 1,2% y 0,7%, respectivamente, hasta 2016.

       Aunque la tendencia generalizada en Europa es reducir este porcentaje. Se esperan caídas drásticas en Bulgaria, Irlanda y Grecia con reducciones del 32,4%, 17,2% y 17,1%. Para España se prevé una reducción del 5,7% en 2016.

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