El tono general no es malo, pero en la evaluación de Bruselas sobre las iniciativas tomadas por España para combatir la crisis hay un golpe tras otro a las medidas más relevantes aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus cinco meses de Gobierno. El examen de los mercados no es mucho mejor: Rajoy fue investido con la prima de riesgo alta (en torno a 311 puntos), pero la deuda se acerca peligrosamente a territorio comanche, a zona de intervención; van ya varias semanas por encima de 500 y subiendo. Bruselas deja una pista sobre el por qué: la reforma financiera «no ha garantizado la estabilidad del sistema bancario».
Más allá de la gestión de Bankia y del resto del sector, en el informe anexo a las recomendaciones presentadas el miércoles hay un buen puñado de cargas de profundidad sobre la forma del Gobierno de conducirse en medio de una crisis tan abrupta. La subida del impuesto sobre la renta es lo contrario de lo que reclamaba Bruselas. La medida relativa al pago a los proveedores podría vulnerar una directiva europea. La reforma laboral puede ser inconstitucional y el contrato de prueba «puede transformarse en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de despido nulos». La reforma de los organismos reguladores tampoco gusta en Bruselas. E incluso es dudoso que la amnistía fiscal, que ha desatado las iras de parte de los españoles, obtenga los ingresos que pretende el Gobierno.
» Impuestos: en dirección contraria. La Comisión asegura que las subidas del impuesto sobre la renta «van en la dirección contraria a la recomendación del Consejo: suponen más presión sobre el trabajo y el capital», lo que se considera especialmente perjudicial para el crecimiento. El Ejecutivo ha anunciado una subida del IVA y otros impuestos indirectos para el próximo año en esa línea. A Bruselas tampoco le gusta la deducción por vivienda: «La política tributaria contribuyó al aumento del endeudamiento de las economías domésticas y a la formación de la burbuja inmobiliaria».
» Pago a proveedores: contra Europa. La medida que permite a comunidades y ayuntamientos afrontar pagos pendientes «implica una penalización para los proveedores», que se ven obligados a aceptar la exclusión de los intereses y otros costes en el pago final. Y lo que es más grave, es contraria «a los principios de la directiva europea sobre morosidad».
» Reforma financiera: suspenso en estabilidad. Bruselas considera que la reforma financiera (en realidad, las dos reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Rajoy, a las que hay que sumar otras dos del Ejecutivo socialista desde que empezó la crisis) «no garantiza la estabilidad del sector», que preocupa sobremanera a las autoridades europeas y es ahora el principal foco de preocupación de la crisis europea. Las reformas se centran en los activos inmobiliarios, pero «dejan sin abordar otros riesgos», entre los que la Comisión cita los préstamos a pequeñas y medianas empresas y los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, ante el incremento de morosidad derivado de la prolongación de la crisis y el elevado desempleo.
» Fusión de reguladores: dudosa eficacia e independencia. El Gobierno español ha anunciado su intención de fusionar, en el segundo semestre del presente año, la Comisión Nacional de la Competencia con siete autoridades de supervisión y regulación nacionales (energía, telecomunicaciones, servicios postales, medios audiovisuales, transporte ferroviario, transporte aéreo y juegos de azar), creando así un organismo único, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El objetivo es mejorar la eficiencia. Sin embargo, el actual proyecto de ley no garantiza que el nuevo superregulador actúe «de forma eficaz e independiente».
» Reforma laboral: ¿constitucional? La reforma va en la dirección correcta, pero no es lo suficiente ambiciosa en las cláusulas de garantía salarial y la ultraactividad de los convenios. Puede «provocar un aumento del desempleo» a corto plazo (así ha sido). Pero lo más peligroso son los nuevos contratos de prueba, que pueden convertirse en contratos temporales por la puerta de atrás: «Existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de prueba de un año para transformar este contrato en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de rescisión nulos». Los contratos de aprendizaje presentan un riesgo similar. «La reforma también depende demasiado de incentivos financieros a la creación de empleo, ineficientes en el pasado». Y lo más grave: «Siguen persistiendo dudas acerca de si algunos elementos de la reforma son compatibles con la Constitución Española».
»Miscelánea: más golpes. La Comisión publicó este jueves en torno a 150.000 folios entre exámenes, recomendaciones y demás. Entre los dedicados a España, cabe espigar todavía algunas críticas. «La Ley [de Estabilidad presupuestaria] contempla un periodo de transición largo, hasta 2020. Por otra parte, las vertientes preventiva, correctora y coercitiva del nuevo marco presupuestario implican unos plazos relativamente largos y pueden no ser suficientes para garantizar una corrección oportuna de los desvíos». Bruselas considera que los ingresos de la amnistía fiscal pueden estar sobrevalorados. El Gobierno prevé aflorar 25.000 millones, pero a Bruselas la cifra le parece optimista, al igual que las previsiones para 2013 y los años posteriores: ni el crecimiento económico ni los ingresos públicos alcanzarán los vaticinios del Ejecutivo. Tampoco las comunidades autónomas y la Seguridad Social —con riesgo de déficit— cumplirán. La Comisión vuelve a poner énfasis en la necesidad de activar un calendario de privatizaciones. E incluso se muestra deliberadamente ambigua sobre la posibilidad una sorpresa adicional para los maltrechos bolsillos de los contribuyentes: las autovías de pago.
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