El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.
Entre los deberes que Valeriano Gómez dejó a su sucesora en la cartera de Empleo, Fátima Báñez, estaba articular cómo las empresas con más de 500 empleados iban a hacerse cargo del coste de las prestaciones por desempleo y las cuotas a la Seguridad Social cuando en los ERE despidieran a mayores de 50 años.
En abril de 2011, Telefónica anunció que pensaba despedir a 8.500 trabajadores en España aun teniendo beneficios. El Gobierno socialista reaccionó con esa medida y, aunque el ERE de la operadora quedó en 6.500 afectados y la compañía proclamó que asumiría el coste del desempleo (350 millones), el Ejecutivo no dio marcha atrás. El entonces llamado Ministerio de Trabajo usó el trámite de la reforma de pensiones para colar una enmienda —conocida como enmienda Telefónica— que establecía que si las grandes empresas con ganancias despedían a más de 100 personas en “un periodo de referencia de tres años” pagarían el paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años prejubilados.
Báñez aprovechó la reforma laboral para hacer los deberes y fue más allá. En el decreto ley que ahora se tramita en el Congreso estableció que en ese “periodo de referencia” de tres años “también se incluirán las extinciones de contrato que se hayan producido en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo”. Es decir, también se tendría que pagar por los prejubilados desde 2009 si se plantea un nuevo ERE teniendo beneficios.
La aclaración retroactiva no cayó bien a los agentes sociales, defensores de las prejubilaciones porque mitigan el impacto de los ERE, y disgustó a las grandes empresas, a las que les encarecía la factura de las próximas regulaciones. La presión de ambas partes, sobre todo, de las grandes multinacionales españolas agrupadas en torno al Consejo Empresarial para la Competitividad, ha provocado el cambio de actitud popular. El Gobierno y el PP no han sido las únicas ventanillas a la que se han dirigido. También lo han hecho a otros grupos parlamentarios, explica un diputado.
La enmienda popular que elimina la retroactividad, justificada como “mejora técnica”, lo hace hasta el 27 de abril de 2011, fecha fijada en la reforma de pensiones. Los ERE presentados por posterioridad a esta fecha sí tendrán que asumir el coste.
Para hacerse a una idea de lo que supone el cambio, basta con mirar las cifras de despidos de las cajas de ahorros y los bancos que han surgido de su proceso de reestructuración en los últimos años. Un documento de Empleo de hace poco menos de un año calculaba en 13.000 los afectados por los ERE del sector (sin especificar cuantos eran prejubilados) y en 53.688 euros para las arcas públicas de cada uno de ellos en prestaciones y cuotas desde 2010.
En total, 700 millones de euros. Martín Godino, director de Sagardoy Abogados, el bufete laboral más activo en la reestructuración financiera, eleva el número a 15.000 empleados desde 2009, de ellos, casi el 90% serían mayores de 50 años, 13.000, y el coste de cada uno de ellos para las arcas públicas es de 50.000 euros.
Si la enmienda popular sale adelante, las cajas podrían ahorrar hasta unos 700 millones por los ya prejubilados si en las nuevas regulaciones de empleo que hagan despiden a empleados de más de 50 años, ya que todo el mecanismo se pone en marcha cuando el ERE afecta a trabajadores mayores de esa edad.
No obstante, hay que tener en cuenta que el deterioro del sector financiero mes a mes ha hecho que varias entidades que realizaron ERE en el pasado (CAM, Unnim, Catalunya Caixa, Novagalicia…) entren en pérdidas, por lo que ya no tendrían que pagar por las nuevas prejubilaciones. Así que la factura del sector financiero puede verse menguada por este lado. Las cajas no son las únicas afectadas por la retroactividad. En CC OO, creen que la medida, si no decae, puede repercutir en la mayoría de empresas del Ibex.
Para sindicatos y empresarios, la penalización introducida por el Gobierno de Rajoy a las prejubilaciones las hace inviables a partir de ahora. El prejubilado es un trabajador despedido, en los últimos años de su vida laboral, si bien suele obtener condiciones más ventajosas que en un despido convencional. Una vez pierde el empleo, el prejubilado, como el resto de los desempleados pasa a cobrar la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto suponía un abaratamiento del despido, pues las dos partes contaban con el seguro de desempleo en el cálculo de la indemnización.
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