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Autor: Comfia Asepeyo

  • El PP abarata las prejubilaciones de las grandes empresas

    El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.

    Entre los deberes que Valeriano Gómez dejó a su sucesora en la cartera de Empleo, Fátima Báñez, estaba articular cómo las empresas con más de 500 empleados iban a hacerse cargo del coste de las prestaciones por desempleo y las cuotas a la Seguridad Social cuando en los ERE despidieran a mayores de 50 años.

    En abril de 2011, Telefónica anunció que pensaba despedir a 8.500 trabajadores en España aun teniendo beneficios. El Gobierno socialista reaccionó con esa medida y, aunque el ERE de la operadora quedó en 6.500 afectados y la compañía proclamó que asumiría el coste del desempleo (350 millones), el Ejecutivo no dio marcha atrás. El entonces llamado Ministerio de Trabajo usó el trámite de la reforma de pensiones para colar una enmienda —conocida como enmienda Telefónica— que establecía que si las grandes empresas con ganancias despedían a más de 100 personas en “un periodo de referencia de tres años” pagarían el paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años prejubilados.

    Báñez aprovechó la reforma laboral para hacer los deberes y fue más allá. En el decreto ley que ahora se tramita en el Congreso estableció que en ese “periodo de referencia” de tres años “también se incluirán las extinciones de contrato que se hayan producido en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo”. Es decir, también se tendría que pagar por los prejubilados desde 2009 si se plantea un nuevo ERE teniendo beneficios.

    La aclaración retroactiva no cayó bien a los agentes sociales, defensores de las prejubilaciones porque mitigan el impacto de los ERE, y disgustó a las grandes empresas, a las que les encarecía la factura de las próximas regulaciones. La presión de ambas partes, sobre todo, de las grandes multinacionales españolas agrupadas en torno al Consejo Empresarial para la Competitividad, ha provocado el cambio de actitud popular. El Gobierno y el PP no han sido las únicas ventanillas a la que se han dirigido. También lo han hecho a otros grupos parlamentarios, explica un diputado.

    La enmienda popular que elimina la retroactividad, justificada como “mejora técnica”, lo hace hasta el 27 de abril de 2011, fecha fijada en la reforma de pensiones. Los ERE presentados por posterioridad a esta fecha sí tendrán que asumir el coste.

    Para hacerse a una idea de lo que supone el cambio, basta con mirar las cifras de despidos de las cajas de ahorros y los bancos que han surgido de su proceso de reestructuración en los últimos años. Un documento de Empleo de hace poco menos de un año calculaba en 13.000 los afectados por los ERE del sector (sin especificar cuantos eran prejubilados) y en 53.688 euros para las arcas públicas de cada uno de ellos en prestaciones y cuotas desde 2010.

    En total, 700 millones de euros. Martín Godino, director de Sagardoy Abogados, el bufete laboral más activo en la reestructuración financiera, eleva el número a 15.000 empleados desde 2009, de ellos, casi el 90% serían mayores de 50 años, 13.000, y el coste de cada uno de ellos para las arcas públicas es de 50.000 euros.

    Si la enmienda popular sale adelante, las cajas podrían ahorrar hasta unos 700 millones por los ya prejubilados si en las nuevas regulaciones de empleo que hagan despiden a empleados de más de 50 años, ya que todo el mecanismo se pone en marcha cuando el ERE afecta a trabajadores mayores de esa edad.

    No obstante, hay que tener en cuenta que el deterioro del sector financiero mes a mes ha hecho que varias entidades que realizaron ERE en el pasado (CAM, Unnim, Catalunya Caixa, Novagalicia…) entren en pérdidas, por lo que ya no tendrían que pagar por las nuevas prejubilaciones. Así que la factura del sector financiero puede verse menguada por este lado. Las cajas no son las únicas afectadas por la retroactividad. En CC OO, creen que la medida, si no decae, puede repercutir en la mayoría de empresas del Ibex.

    Para sindicatos y empresarios, la penalización introducida por el Gobierno de Rajoy a las prejubilaciones las hace inviables a partir de ahora. El prejubilado es un trabajador despedido, en los últimos años de su vida laboral, si bien suele obtener condiciones más ventajosas que en un despido convencional. Una vez pierde el empleo, el prejubilado, como el resto de los desempleados pasa a cobrar la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto suponía un abaratamiento del despido, pues las dos partes contaban con el seguro de desempleo en el cálculo de la indemnización.

    el pais

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  • Con la educación y la sanidad no se juega

    CCOO ha hecho pública una declaración contra los recortes en educación y sanidad, en la que se denuncia el grave deterioro de los servicios públicos básicos -educación, sanidad, atención a la dependencia, …- que están provocando las políticas de ajuste, con una consecuencia clara: se deterioran los servicios públicos y con ello la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad: pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes y aumenta la desigualdad, la pobreza y la marginación.

    CCOO. – «Ahora se han presentado los PGE para el año 2012 y a los dos días se nos anuncia un recorte presupuestario adicional de 10.000 millones en sanidad y educación. Ya conocemos que en educación van a recortar 3.000 millones a base de aumentar el número de alumnos por aula, de reducir las plantillas a través de incrementar la jornada de los docentes, de paralizar la aplicación de determinados ciclos formativos, de incrementar las tasas universitarias,… En sanidad van a recortar 7.000 millones. Ahora sabemos que se va a imponer el repago de los medicamentos y que, por primera vez, van a pagar los pensionistas», dice la declaración de CCOO. 
    Para CCOO, las medidas en educación supondrán un deterioro de la calidad de la enseñanza (así lo indican todos lo informes internacionales) que como todas estas medidas se cebarán en los sectores más desfavorecidos de la población, afectando gravemente a la igualdad de oportunidades.
    Por lo que se refiere a la sanidad, CCOO denuncia que las medidas planteadas pueden suponer que quien más lo necesita, los pensionistas con menos ingresos y dolencias más serias, dejen de recurrir a la sanidad aumentando los riesgos para la salud e incrementando los gastos de hospitalización. Además, suponen un recorte encubierto de las pensiones que el Gobierno se había comprometido a no tocar.
    Según el sindicato, «ambas líneas de recortes desbordan los límites de lo asumible. No mejorarán la situación económica y sí representarán un retroceso de más de treinta años en la calidad de servicios tan esenciales como la educación y la sanidad», por lo que realiza un llamamiento a responder con el lema explícito de que «Ya está bien. Quieren acabar con todo. Con la educación y la sanidad no se juega» y a participar en las manifestaciones convocadas para el próximo día 29.

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  • ¡HAY ALTERNATIVA! TRABAJO DIGNO Y SEGURO 28 de Abril Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

    El 28 de abril recordamos a las trabajadoras y trabajadores que han perdido su salud y su vida como consecuencia de las condiciones en las que desarrollaron su acti- vidad profesional. Una jornada de recuerdo y lucha, y para reivindicar frente a em- presas y a poderes públicos unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables.

    Desde el 15 de septiembre de 2008, fecha del hundimiento del banco de inversión Lehman Brothers y simbólico inicio de la crisis económica que sacude al mundo y con especial virulencia a los países periféricos de la Unión Europea, venimos oyendo a gobernantes, autoridades económicas y expertos afirmar que para salir del pozo de la recesión es necesario el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, las políticas de marcado carácter neoliberal puestas en marcha por la Comisión Europea y por los Gobiernos de la UE, lejos de recuperar la economía y reforzar el carácter social de Europa, suponen una agresión contra la clase obrera de proporciones desconocidas en las últimas décadas. Durante estos años, la clase trabajadora española y europea hemos perdido empleos, hemos disminuido nuestro poder adquisitivo, hemos visto cÓmo se recortaban los servicios que proporcionaba el Estado de bienestar y sufrimos recortes sin precedentes en nuestros derechos sociales, cuyo último capítulo, y desgraciadamente creemos que no definitivo, es la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

    En la actualidad asistimos a un deterioro de las condiciones de trabajo y a una reduc- ción de los recursos dedicados a la prevención de riesgos laborales en las empresas que inevitablemente están suponiendo un quebranto en la salud y en la seguridad de las personas, y que en algunas ocasiones acarrean la pérdida de sus vidas.

     

    UGT y CCOO venimos alertando desde el inicio de la crisis sobre las terribles con- secuencias que para la salud laboral puede tener la tentación de los empresarios de no considerar prioritarias las inversiones en prevención, así como los recortes en la materia por parte de las Administraciones Públicas.

    Medidas como la retirada de mejoras de convenio en materia de incapacidad tem- poral o la cesión del control de la IT a las mutuas, unidas al miedo a perder el empleo (faltar nueve días al trabajo de forma intermitente durante dos meses, aUn con baja médica, es causa de despido objetivo, tal como establece la reforma laboral recien- temente aprobada por el Gobierno), hacen que los trabajadores y trabajadoras es- pañoles acudan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado de su enfermedad, con las consiguientes consecuencias para su salud individual y para la salud pú- blica.

    Este fenómeno del “presentismo” está contribuyendo al deterioro del rigor de las estadísticas de salud laboral, ya que, a la infradeclaración de las enfermedades pro- fesionales que veníamos sufriendo, se une un subregistro de accidentes leves que está sirviendo para maquillar las cifras de siniestralidad, ofreciendo un paisaje de la prevención de riesgos que no se corresponde con la realidad. Pero si nos fijamos en los accidentes mortales, de difícil ocultación, estamos asistiendo a una ralenti- zación en su descenso a nivel estatal, tanto en términos absolutos como relativos, y a un aumento en algunos sectores económicos y comunidades autónomas, al- gunos de ellos escandalosos, como los incrementos de un 11% en el sector agrario, del 14% en Catalunya y de un 42% en Asturias respecto al año anterior, y que sirven de indicador del futuro de la evolución de la siniestralidad.

    En 2011, las enfermedades que han ocasionado baja son sólo 44 más que en 2010, mientras que desde el año 2006, momento en el que se aprobó el nuevo sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales, se han producido 1.149 enfermedades profesionales sin baja, un 282% más, por miedo de los ciu- dadanos a perder su puesto de trabajo con motivo de la crisis económica; lo que ha producido que el pasado año sea el primero en el que las enfermedades sin baja superen a las que se notificaron con baja. 

    Asimismo, la imposición de un modelo de inserción al mercado laboral determinado por la precariedad, por el aumento de la discrecionalidad del empresario para im- poner la flexibilidad interna, por el miedo al paro y al despido gratis o barato, y por unas condiciones de trabajo con unos requerimientos físicos o psíquicos cada vez más elevados, está conformando unos entornos laborales tóxicos en los que las enfermedades vinculadas a los riesgos psicosociales afectan a un número creciente de trabajadoras y trabajadores.

    Sin embargo, en CCOO y UGT estamos convencidos que esta situación no es irre- versible. Hoy más que nunca la movilización es necesaria para demostrar que hay alternativas, que otra política económica y social es necesaria y posible y que la existencia de trabajos dignos y seguros es una de las bases en las que fundamentar un cambio de paradigma económico que nos permita salir de la crisis desde una perspectiva más justa, equilibrada y sostenible. Por este motivo invitamos a los tra- bajadores y trabajadoras, y al conjunto de la ciudadanía a movilizarse este 28 de abril en defensa de la salud y la seguridad en el entorno laboral y en recuerdo de las víctimas de las malas condiciones de trabajo. 

    Comfia-CCOO

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  • Según CCOO, los recortes del Gobierno nos llevarán a la recesión económica y la regresión social

    Para la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, estos recortes son evitables porque hay una salida a la crisis mas justa económica y socialmente hablando. Eso también lo sabe el Gobierno, que no abre la posibilidad al gran acuerdo social y político que necesita este país para afrontar la crisis, empeñado como esta en hacer la Gran Reforma que consiste en involucionar del Estado social al Estado mínimo, de coberturas publicas universales a políticas asistenciales, de los derechos garantizados a la mercantilización de las necesidades, de la cohesión social a la sociedad dual.

    CCOO. – En opinión de Rosana Costa, los presupuestos generales presentados en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de abril minoran y/o eliminan diversas partidas de gasto social dirigidas a cofinanciar junto con las CCAA y ayuntamientos programas y servicios en materia sanitaria, educativa, de atención a la dependencia, el Plan Concertado de servicios sociales básicos, de integración de la inmigración, entre otros programas de protección social, etc.
    El Gobierno sabe perfectamente que esta minoración del gasto y la inversión social en los presupuestos generales lleva aparejada la reducción del gasto social de las CCAA en unos programas y servicios como la educación infantil, la atención social a las víctimas de violencia de genero, la atención a la dependencia, los programas de lucha contra la pobreza,  o los programas de salud publica, entre muchos otros, que al no ser cofinanciados no se comprometen ni se convenían entre las diferentes administraciones. Con estos presupuestos el Gobierno ha posibilitado e inducido  el recorte en gasto social a los gobiernos autonómicos, para que cumplan a su vez, el objetivo de déficit que se les ha marcado.
    Europa ha obligado al Gobierno a mostrar precipitadamente sus previsiones de recorte social,  que no hacen sino dejar al descubierto que la propuesta de pacto social y sanitario presentada como cuestión fundamental por la ministra Mato, era mas una cuestión de escaparate publico, que de voluntad real de alcanzar consensos en aras a proteger las políticas sociales publicas de  recortes irracionales y agresivos que conducen al país a una regresión social democráticamente inadmisible.

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  • Las Mutuas vuelven a incumplir el Convenio Sectorial

    s Mutuas de Accidentes de Trabajo parecen haberle cogido el gustito a incumplir el Convenio Colectivo Sectorial y agotado el plazo previsto para ello, NO han actualizado las tablas salariales de 2011, ni abonado los atrasos correspondientes a la regularización de IPC.

    Comfia-CCOO. – El Convenio Colectivo General, de ámbito Estatal, para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de AT y EP establece, para el periodo 2008-2011 un incremento salarial anual equivalente al IPC real.
    Para ello, al comienzo de cada año, las empresas aplicaránun incremento equivalente alIPC previsto por el Gobierno para ese año, realizándose una regularización en caso deque el IPC definitivo sea superior al inicialmente previsto, que se abonará en una sola paga durante el primer trimestre del siguiente año.
    Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado delos años 2010 y 2011 introdujeron restricciones al incremento de la masa salarial de estas Entidades, sibien, la Comisión Mixta Sectorial se pronunció, deforma unánime, sobre la obligación de las empresas para cumplir con las condiciones económicas del Convenio, utilizando para ello la totalidad de la masa salarial disponible, considerada globalmente.
    Mientras las Direcciones de las Mutuas han sido incapaces, durante estos años, de adoptar una posición común frente al exceso de intervencionismo de la Administración, parecen haberse puesto fácilmente de acuerdo para incumplir las tablas salariales.
    Mientras los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas vienen perdiendo poder adquisitivo desde 2010, con el recorte del 5% de su salario, aún sin ser funcionarios o tener garantizado el empleo, los Directivos de estas mismas Entidades perciben complementos e incentivos que no están sujetos a Negociación Colectiva.
    Otro dato paradójico es que, en 2011, uno de los peores años desde que comenzó la crisis, las Mutuas han conseguido sus mejores resultados desde 2007, con un saldo positivo de más de 850 millones de euros.
    Judicializar las Relaciones Laborales.-
    Las Direcciones de las MATEPSS parecen haber convertido en papel mojado las condiciones económicas del Convenio Sectorial, fruto del acuerdo y de la libre expresión de la voluntad de las partes que negocian.
    Ante este incumplimiento, los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que solicitar el amparo de la jurisdicción social para exigir el cumplimiento de lo pactado. Una judicialización NO deseada, pero imprescindible para la defensa de nuestros derechos.
    1. Conflicto Colectivo contra la aplicación del recorte salarial del 5%-8%. Pendiente de pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre Recurso de Casación.
    2. Conflicto Colectivo contra las Mutuas que no han aplicado las tablas salariales de 2010. Pendientes de Sentencia de la Audiencia Nacional, en algunos casos, celebrados los actos de conciliación, en otros.
    Aunque el Gobierno del PP sigue considerandoa las personas que trabajamos en las Mutuas como “Personal Laboral del Sector Público Estatal”, en contra de lo que ha venido pregonando en los últimos años y durante la campaña electoral, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 Congela la Masa Salarial pero no los Salarios.
    Si las Direcciones de estas Entidades continúan con su actitud, ignorando lo que sus propios representantes han proclamado en Comisión Mixta: “Hay que aplicar las condiciones económicas del Convenio utilizando para ello la Masa Salarial disponible en términos globales”, las organizaciones sindicales continuaremos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos con todos los medios a nuestro alcance.

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