Autor: Comfia Asepeyo

La cocina está en plena ebullición y la expectación se palpa. La ronda de resultados de la banca está a la vuelta de la esquina y, planeando sobre ella, está el saneamiento extraordinario del balance que el Gobierno quiere imponer a las entidades. Diversas fuentes sectoriales reconocen que los contactos entre la industria financiera, el Ministerio de Economía y las grandes auditoras se han intensificado. De hecho, señalan que son los mayores grupos bancarios quienes llevan la batuta de los cambios que están por llegar. Y citan explícitamente a Santander, BBVA y CaixaBank, pilares de AEB y CECA.

La principal referencia pública que se tiene es la otorgada por Luis de Guindos, ministro de Economía. En una entrevista publicada por Financial Times el 5 de enero estimaba que «una limpieza de los balances exigiría unas provisiones adicionales de 50.000 millones de euros». Pero poco más se sabe más allá de esa cifra. Y eso preocupa porque, en materia de saneamientos, el diablo está en los detalles.

En el sector reconocen que resultará clave a qué activos se imponga el esfuerzo adicional en dotaciones. El abanico donde elegir es amplio: adjudicados, créditos dudosos y subestándar, financiación viva a promotores… Asimismo, la provisión variará según la naturaleza del activo en balance porque el esfuerzo por solares rústicos no será igual al aplicado a fases de viviendas acabadas.

Si la letra de la partitura preocupa, otro tanto ocurre con el tempo que se aplique al saneamiento. Un banquero reconoce que, para que la limpieza sea considerada seria por el mercado, «no puede demorarse durante 10 años». Un plazo excesivamente generoso solo alargaría la agonía al extender la vida de entidades zombis. Es decir, prorrogaría el estado vegetativo de bancos incapaces de bombear dinero a la economía real por la podredumbre que corroe sus balances.

Pero si se puede pecar por defecto, es también posible caer en el exceso. «Todos sabemos qué capacidad de absorción tenemos cada uno. Distribuir las provisiones durante cuatro años es asumible, hacerlo en tres conlleva esfuerzos pero imponer el saneamiento en solo dos ejercicios supone quedarte a pan y agua», describen en una entidad mediana. Un estudio elaborado por Macquarie muestra cómo, entre seis bancos cotizados, los más afectados por un saneamiento extra serían Banesto, Popular y Sabadell.

Varias entidades medianas admiten abiertamente que una limpieza acelerada puede engullir sus beneficios de 2012 y 2013. Y a muchas otras -principalmente, cajas- las empujaría a las pérdidas y a convertirse en presas en una nueva ronda de consolidación financiera. En este panorama, los ganadores serían Santander, BBVA y CaixaBank. Su músculo financiero les permitiría absorber el golpe y convertirse en depredadores.

Botín aprieta las tuercas a los rivales

El dilatado plazo que lleva la reestructuración bancaria -la crisis sectorial estalló en 2008- ha llevado a algunos banqueros a tratar de acelerar la agenda. Emilio Botín, presidente de Santander, se pronunció el pasado diciembre en contra de la constitución de un banco malo público que acumule los activos tóxicos de la banca española. «No es una solución, es una cosa que le va a costar dinero al contribuyente y que no va a hacer que se den créditos», sentenció el primer banquero del país. Mariano Rajoy reconocía en una entrevista el pasado que ya ha descartado la creación de un banco malo y que presentará sus planes para sanear el sector antes de un mes.

El cierre del ejercicio 2011 supone una oportunidad para acelerar dotaciones. Algunas entidades contemplan efectuar una aportación extra a provisiones muy relevante. Hoy Banesto abre la ronda de resultados. Es muy probable que la filial de Santander marque la senda a seguir.

Las cifras

50.000 millones de euros calcula Economía que deben dotar los bancos para solucionar su exposición al sector inmobiliario.

30% de los 170.000 millones en activos problemáticos en balance están dotados.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que la reforma laboral «debe servir para que sea más fácil contratar que despedir», ya que «hasta ahora ha ocurrido lo contrario», y advierte de que el Gobierno desarrollará con «determinación» una nueva regulación en caso de que no haya consenso entre los agentes sociales. «He situado como uno de los objetivos de la reforma en que lo fácil sea contratar y no despedir», indicó Soria tras participar en el Spain Investors Day. El ministro también señaló que la posible ampliación de los plazos de negociación de la reforma dependerá «del grado de consenso y de la decisión del presidente» del Gobierno, Mariano Rajoy.

«En todas las reformas el Gobierno va a intentar buscar el máximo acuerdo y consenso, porque queremos que en la reforma haya el máximo acuerdo, pero si esto no fuera posible el Gobierno es muy consciente de que tiene que gobernar y hará las reformas con determinación», aseguró Soria en declaraciones a la prensa.

   En todo caso, el ministro dijo «confiar» en que las negociaciones entre los sindicatos y la patronal «lleguen a buen puerto». Además, señaló que uno de los «principales problemas» del mercado de trabajo es la «profunda dualidad existente entre los trabajadores con estabilidad y los que no la tienen», de modo que «el objetivo máximo» será no solo que haya empleo, sino «que sea estable».

   Por otro lado, Soria señaló que «España está trabajando en elaborar reformas para que la credibilidad y la confianza de la economía española sean superiores a la actualidad», e insistió en que los ajustes aprobados hasta ahora por el Gobierno habrían sido suficientes si no se hubiese producido el «enorme salto» del 6% al 8% en la previsión de déficit de 2011.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un superávit de 6.457,66 millones de euros en los once primeros meses del año, lo que supone un descenso del 41,8% frente a los 11.100,62 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El superávit obtenido por la Seguridad Social hasta noviembre, equivalente al 0,60% del PIB, dos décimas más que en octubre, fue resultado de unos ingresos por valor de 110.163,32 millones de euros, un 1,99% menos, y unos gastos por importe de 103.705,66 millones de euros, un 2,38% más que en los once primeros meses de 2010.

En términos de caja, estas operaciones de carácter no financiero se concretaron en una recaudación líquida de 106.685,43 millones de euros, con una disminución del 2,38% respecto al ejercicio anterior, mientras que los pagos presentaron un aumento del 2,37% y alcanzaron los 103.528 millones de euros.

Trabajo precisó que los gastos pendientes de imputación presupuestaria sumaban unos 890 millones de euros hasta noviembre, una vez eliminado el efecto, tanto en ingresos como en gastos, de las aportaciones que deben realizar las mutuas al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo.

Además, indicó que este resultado se reducirá en diciembre, debido a la imputación en dicho mes de la paga extraordinaria a los pensionistas y de la paga de desviación del IPC de las pensiones mínimas.

Del volumen total de ingresos obtenido hasta noviembre por el sistema, el 91,28% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,72% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cuanto a los pagos, el 92,75% fueron reconocidos por las entidades gestoras y el 7,25%, por las mutuas.

Europa Press.

Los agentes económicos buscan una prórroga para llegar a un acuerdo en aspectos fundamentales de la reforma laboral como salarios, contratación parcial y despido

A tres días de que acabe el plazo dado por Mariano Rajoy, empresarios y sindicatos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en una reforma laboral que incluya los asuntos de más calado como contratación y despido.

Constatado el fracaso y ante el desacuerdo global, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y los secretarios generales de UGT y CC.OO. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, enviaron ayer un documento de 65 páginas al Ejecutivo en el que le informan puntualmente del estado de la negociación en cada una de las materias y reconocen la imposibilidad de llegar a un entendimiento en los asuntos como contratación, flexibilidad interna en la empresa, despido o una reforma que permita a las mutuas de accidentes gestionar las altas médicas como medida para reducir el absentismo laboral (ahora solo gestionan las bajas). Los primeros espadas de la patronal y los sindicatos redactaron un documento en el que además de más tiempo, reclaman su espacio y piden al Ejecutivo que se mantenga al margen en cuestiones que «por su propia naturaleza, corresponden fundamentalmente, a los interlocutores sociales, sin perjuicio que alguna de ellas tenga trascendencia legislativa».

Estos asuntos se refieren a la evolución salarial en 2012, 2013 y 2014 y a medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas que permitan sortear situaciones de crisis sin tener que recurrir a despidos. «Los sindicatos y organizaciones empresariales consideran que corresponde fundamentalmente al espacio bilateral de negociación», aseguran en el documento. El texto detalla aquellas materias en las que sí ha sido posible un entendimiento entre ambas partes, que son los asuntos menos conflictivos y que ya estaban casi cerrados cuando Rajoy les pidió una reforma laboral. Es el caso de la solución extrajudicial de los conflictos, formación profesional para el empleo, absentismo y mutuas o racionalización de los festivos. En este caso han acordado que el miércoles 15 de agosto (la Asunción), el jueves 1 de noviembre (Todos los Santos) y el jueves 6 de diciembre (La Constitución) sean los tres festivos a trasladar al lunes. Año Nuevo (1 de enero), Navidad (25 de diciembre), la Fiesta del Trabajo (1 de mayo) y la Fiesta Nacional (12 de octubre) no se podrán mover.

Además, empresarios y sindicatos se han puesto de acuerdo sobre bonificaciones y reposición de prestaciones en las regulaciones de empleo y han desarrollado medidas para acotar las jubilaciones anticipadas y prejubilaciones, pero no acabar con ellas como anunció el jefe del Ejecutivo, «salvo —dijo Rajoy—circunstancias excepcionales». En el texto enviado al Ejecutivo, Rosell, Méndez y Toxo defienden la utilidad de las prejubilaciones y de las jubilaciones anticipadas. «Se trata de dos figuras, distintas, que frecuentemente se confunden o utilizan indistintamente que tienen funciones y consecuencias diferentes, que han resultado de utilidad y que sin duda lo seguirán siendo», dicen.

Explican en el texto que la jubilación anticipada es una fórmula de acceso al sistema de pensiones, perfectamente reglada, «que no supone incremento alguno de costes para la Seguridad Social ya que, con carácter general, a las personas que acceden a la misma se le aplican coeficientes reductores de su pensión que compensan suficientemente el mayor periodo de percepción de la misma».

El desacuerdo no ha podido llegar en peor momento. Según recoge Ep, ayer Rajoy anunciaba a su grupo parlamentario que el paro de diciembre, que el día 27 hará público la EPA, incluirá la dramática cifra de 5,3 millones. Con esa pesada losa se presentará Rajoy en su primera cumbre europea como jefe del Ejecutivo el 30 de enero.

A sus espadas llevará también que la tasa de paro de larga duración en nuestro país se sitúa en el 8,6%, la tercera más alta de la UE, solo comparada con Eslovaquia y Letonia y el doble que la media comunitaria, según el informe trimestral sobre empleo que ayer publicó la Comisión.

Y mientras los agentes sociales pedían tiempo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, conminó ayer a España a «fomentar la movilidad laboral y la flexibilidad salarial para estimular el mercado de trabajo», un objetivo que debe ser «la prioridad más urgente», aunque «deben tomarse algunas decisiones dolorosas a corto plazo, pero beneficiosas a largo plazo», advirtió.

Profundizar en el mercado único y mejorar las reformas con un «estímulo de la movilidad laboral y la flexibilidad salarial es clave para que la gente vuelva al mercado laboral y vuelva a aumentar la producción», señaló Rehn.