La escasa y cara financiación es el problema más acuciante de la economía española, pero, sobre todo, es el síntoma del deterioro de sus fundamentos, que ahora provocan tres bloqueos. El productivo, originado por el insuficiente tejido empresarial para reducir la indecente tasa de paro; el crediticio, debido al exceso de préstamos bancarios en operaciones inmobiliarias con un valor de mercado inferior al contabilizado, que estuvo apoyado en financiación exterior a corto plazo, y el fiscal, provocado por unas cuentas públicas desequilibradas aunque la dimensión de gastos e ingresos se ha mantenido siempre por debajo de la media europea.
Cinco Días.– Para crear empleo es preciso mejorar la cuota de mercado de los bienes y servicios españoles mediante la calidad -una mejora difícil de conseguir a corto plazo al depender de elementos estructurales en los que hay que trabajar pero tardan en mostrar sus efectos- y/o por el precio de los bienes y servicios.
Lograr una evolución de los precios españoles inferior a la media de la zona euro -el lugar donde se realizan las dos terceras partes de las transacciones- pasa por una moderada evolución de salarios y beneficios distribuidos, pero también por un ejercicio de mayor control de precios en ámbitos de mucha influencia que componen una inflación dual (energía, transporte, alimentación…). Para ser eficaz, la moderación en la evolución de las rentas debe estar acompañada por una disminución del esfuerzo dirigido al acceso a la vivienda, tanto en su aspecto residencial como de actividad empresarial. Las políticas públicas de ayuda a la piedra mantenidas durante décadas han finalizado en altos precios y una deuda gigantesca, de manera que deberían ser sustituidas por otras, donde el alquiler se convierta en el centro de las actuaciones, limitando las de oferta a la rehabilitación. El objetivo de vivir con 1.000 euros dejaría de ser ilusorio si el acceso a la vivienda se limitara al 30% de la renta, con las muchas consecuencias positivas derivadas de esa situación. Este sería el cambio estructural de modelo productivo en el que el ahorro y la inversión se dirigirían hacia ramas de actividad con capacidad de aumentar de forma sostenida el potencial de crecimiento de la economía española e, incluso, con repercusión en un sistema financiero más sano. El objetivo de crear empleo con mayor productividad se vería ayudado por la ampliación y profundización de la negociación colectiva para mejorar la flexibilidad interna en términos funcionales y salariales, con la contrapartida de una limitación de la externa (temporalidad). Este intercambio necesita modificaciones que afectan también a una garantía de participación de los trabajadores en la evolución de la empresa porque, de otra forma, se agravaría el desequilibrio en contra de la parte más débil.
Los cambios en la normativa laboral pueden parecer más aparentes, pero en un tejido productivo con unidades tan pequeñas y fragmentadas pueden ser poco eficientes e incluso decepcionantes para quienes los impulsan, ya que difícilmente generarán empleo a corto plazo.
La pertenencia a la zona euro obliga a cumplir con un proceso de saneamiento de las cuentas públicas bastante exigente (pasar de un posible déficit del 7,2% del PIB al 4,4% en solo un año), salvo ampliación consensuada del periodo de aplicación como sugiere incluso el Fondo Monetario Internacional. La precaria situación actual ha sido consecuencia de políticas fiscales muy desacertadas, al ser favorables al ciclo y, por tanto, incumplir la función de estabilización señalada por la teoría económica; y en la elección de un nivel de gasto en los distintos niveles de Gobierno apoyado en considerar como ordinarios unos ingresos que tenían carácter extraordinario (cercanos al 8% nominal en la etapa 2000-2007). Gastos que, en ocasiones, no coincidían con la debida utilidad social. En la actual posición, las decisiones deberían apuntar a mejorar su eficiencia con una reducción de duplicidades o despilfarros, pero también a mejorar los ingresos con reformas para aumentar la suficiencia (2 puntos del PIB a corto plazo para converger con la presión fiscal de la media de la zona euro en el medio plazo) y la equidad, mediante la lucha real contra el fraude y el uso de los impuestos que giran sobre la capacidad económica de las personas y sociedades (la subida de los indirectos presiona sobre los precios internos).
La imprescindible mejora del crédito pasa por la difícil fórmula de recapitalizar los balances de las entidades de crédito sin incurrir en riesgo moral, es decir, inyectar nuevos recursos a la vez que se exige a los propietarios, gestores e instituciones encargados del control que asuman la responsabilidad por la mala gestión. La abultada deuda acumulada es el resultado de una burbuja conseguida a base de exprimir todos los márgenes disponibles para magnificar y alargar el crecimiento. Una época de dinero fácil donde se difuminaron valores sociales como el trabajo y la responsabilidad, o el binomio derechos y obligaciones. En la crítica situación actual no hay recetas mágicas, y el tiempo, desgraciadamente, ocupará un lugar destacado en su solución, pero los resultados, medidos en duración y sufrimiento, serán diferentes según se distribuyan los esfuerzos entre personas y territorios.
Miguel Ángel García Díaz. Responsable del Gabinete Económico Confederal de CC OO y profesor asociado de Economía Aplicada de la URJC.