Autor: Comfia Asepeyo

  • Golpe de 275 millones a las mutuas para cuadrar la caja de las pensiones

    Trabajo tiene lista la orden del ‘asalto’. La excusa: los ingresos de las mutuas crecerán un 10% por una supuesta recuperación del empleo, así que les sobrará dinero para gestionar bajas.

    El Ejecutivo vuelve a la carga. El fin de curso está a la vuelta de la esquina y el Ministerio de Economía quiere presentar a toda costa unas cuentas pulidas de la Seguridad Social. El objetivo es que el superávit alcance el 0,4% del PIB (4.509 millones de euros), una meta ambiciosa si se tiene en cuenta que la gasolina que nutre al sistema, las cotizaciones sociales, lleva meses en caída libre y en 2011 se está recaudando bastante menos de lo previsto.

    Pero a realidades complicadas, soluciones extraordinarias. El Ministerio de Trabajo han preparado una orden, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que le permitirá arañar 275 millones de euros a las mutuas de accidentes de trabajo. El cómo llevarán a cabo la operación es sencillo: simplemente reducirán el porcentaje de recursos con el que cuenta estas instituciones privadas para gestionar los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (IT). Actualmente, de todo el dinero que aportan trabajadores y empresas para cubrir este tipo de bajas, la Seguridad Social traspasa una parte a las mutuas, ya que de ellas dependen la cobertura de 11,5 millones de personas.

    Pues bien, es detrayendo una parte de esos ingresos que corresponden a las mutuas para la gestión de bajas laborales de donde la Seguridad Social espera obtener ese colchón financiero.

    Pero el capítulo más enrevesado tiene que ver con las razones que esgrime Trabajo para llevar a cabo el golpe. La primera: que la evolución del gasto en prestaciones por IT de los trabajadores por cuenta ajena “se ha venido reduciendo de manera importante”. Y así es, la previsión es que en 2011 se dedique a este capítulo 2.476 millones, un 7,5% menos que el año pasado. Entre otros motivos, porque está demostrado que en épocas de crisis la gente es menos propensa a cogerse bajas.

    El segundo motivo va por otros derroteros. El Gobierno alude a que los ingresos previstos para cubrir bajas temporales por parte de las mutuas ascenderán a 3.307,19 millones, una cifra que supera en un 10% a la que aparece en las Cuentas aprobadas para este año.

    Se trata de una lectura optimista que presupone una recuperación exprés del mercado laboral, que requeriría un aumento de número de cotizantes medio de 700.000 trabajadores para todo 2011 (1.400.000 para lo que queda de año), un escenario alejado de la realidad.

    La controversia de este recortazo no se queda ahí. El encaje de bolillos que pretende llevar a cabo el Ejecutivo hará que para muchas mutuas no cuenten con el dinero suficiente para gestionar las prestaciones por IT, lo que podría traducirse en un déficit en la gestión de esta prestación. Esta medida supondrá tener que aplicar parte de las reservas de estabilización para tapar esos número rojos, con lo que se verá mermada su solvencia.

    Otra consecuencia es que algunas entidades no podrán dotar el límite mínimo del 5% de su resultados a la denominada reserva de estabilización.

    Una lista de intentos

    Es la cuarta vez que el Ejecutivo mercadea con las mutuas para intentar sacar algún rédito (ver apoyo).
    El cerco de Trabajo se basa en que estas asociaciones de empresarios tienen dinero sobrante (4.850 millones de euros), lo que justificaría que se use para otros fines. Pero el planteamiento conlleva problemas de bulto. Y es que el dinero que atesoran las mutuas en sus reservas tienen el objetivo de garantizar su propia solvencia. En todo caso, dicen los empresarios, se podrían bajar las cotizaciones. Al fin y al cabo, si sobra dinero, ¿para qué seguir manteniendo el mismo nivel de cotizaciones sociales?

    11.07.2011 M. Tejo

     

  • Casi el 50 por ciento de los trabajadores pudo modificar su horario laboral en 2010 por motivos familiares

    El 47,3 por ciento de los asalariados disfrutaron de un horario flexible o generalmente pudieron modificarlo –al inicio o final de la jornada y en al menos una hora– por razones familiares, frente al 19,3 por ciento que rara vez lo consiguió variar y el 27,5 por ciento que no pudo, según se desprende del Módulo sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar Año correspondiente a 2010 de la Encuesta de Población Activa (EPA), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

    04-07-2011

    Por género, la flexibilidad fue algo mayor en el caso de las mujeres (un 42,4% generalmente puede modificarlo) que en los hombres (39,6%). Además, a mayor edad, mayor facilidad para modificar la jornada laboral, con un 43,6 por ciento de mujeres de entre 45 y 64 años que se benefician de esta medida frente al 34,7 por ciento de las féminas de entre 16 y 24 años.

    Respecto a la organización de la jornada laboral para tomarse días libres por razones familiares, el 42,7 por ciento de los asalariados pudo hacerlo en 2010, mientras que el 31,5 por ciento no dispuso de esa posibilidad. En esta situación, la flexibilidad laboral también fue algo mayor entre mujeres (44,1% frente al 41,5% de hombres) y entre los grupos de mayor edad (un 46,6% de las féminas de entre 45 y 64 años frente al 35,1% de las mujeres de entre 16 y 24 años).

    Además, el 87 por ciento de los más de 5,54 millones de personas con al menos un hijo menor de ocho años –que trabajan o lo hicieron en algún momento después del nacimiento de su hijo– no redujo el número de horas trabajadas para cuidarle. Este porcentaje alcanzó el 95,8 por ciento en los hombres y se redujo al 76,9 por ciento en las mujeres.

    De las restantes 685.300 personas que sí redujeron su horario laboral, el 85,1 por ciento fueron mujeres y el 14,9 por ciento varones. En cuanto al tiempo que disminuyeron su jornada, una de cada cinco mujeres lo hizo en un mes o más.

    Por otro lado, 260.600 personas (el 92,8% de ellas mujeres) tomaron una excedencia a tiempo completo para atender a su hijo menor de ocho años. Una de cada tres mujeres que tomó excedencia lo hizo por un periodo de seis a 12 meses, mientras que tres de cada cuatro hombres disfrutó de su excedencia por un periodo inferior a los seis meses.

    SERVICIOS «MUY CAROS»

    La encuesta también refleja que un total de 850.000 personas no trabajaron y no buscaron empleo o lo hicieron a tiempo parcial para hacerse cargo regularmente de la atención de sus hijos durante el año 2010. El 59,5 por ciento tomaron esta decisión porque los servicios de atención eran «muy caros», porcentaje que se elevó al 64,4 por ciento entre los parados.

    En el caso del cuidado a personas dependientes, la población que no trabajaba y no buscaba empleo o que trabajaba a tiempo parcial fue de 289.800. El 43,7 por ciento de ellos consideró que los precios de estos servicios eran «muy caros». En el caso de los parados, el 59,5 por ciento estimaba que estos servicios tenían precios muy elevados.

    Por el contrario, el 14,7 por ciento de las personas encuestadas con hijos menores de edad (1,43 millones) utilizó servicios relacionados con el de cuidado de niños para atender a su hijo más pequeño. Respecto al número de horas de utilización de estos servicios, la mitad los usó 20 o menos horas por semana, el 18,3 por ciento entre 20 y 30 horas, el 21,7 por ciento entre 30 y 40 horas y el 8,8 por ciento más de 40 horas.

    En la misma línea, el 5,1 por ciento de la población entre 16 y 64 años (más de un millón y medio de personas) se hizo cargo regularmente del cuidado de niños en 2010 –un porcentaje que se eleva al 7,9 por ciento en el caso de las personas inactivas– mientras que un 8,7 por ciento (2,67 millones de personas) se ocuparon de familiares o amigos mayores de 15 años necesitados de cuidados.

    Por género, el 6,1 por ciento de los varones cuidaron personas dependientes, frente al 11,3 por ciento de las mujeres, porcentaje que se elevó hasta el 13,6 por ciento en el caso de las mujeres inactivas.

    rrhhdigital

  • El Gobierno admite la petición de las eléctricas y sube la luz un 1,5%

    La factura eléctrica sube a partir de hoy una media del 1,5%. El Gobierno no ha caído esta vez en la tentación de aprobar una bajada de los peajes de acceso, que financian el abultado déficit tarifario de 22.850 millones, a la que se habían opuesto tanto las eléctricas como la CNE en el dictamen sobre la orden de tarifas. En este, el regulador volvió a solicitar una condonación de la deuda.

    01-07-2011

    El Gobierno ha aceptado las peticiones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de las propias eléctricas, que habían insistido en el peligro de bajar una parte de la factura de la luz (los peajes de acceso) para compensar la subida de la energía que resultó de la subasta Cesur y congelar así dicha factura. Finalmente, el incremento medio, que afecta desde hoy a los 20 millones de clientes domésticos acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), será del 1,5%, con lo que se cubre el resultado de la puja y se mantienen los peajes, que son los que financian el abultado déficit de tarifa, que asciende ya a 22.850 millones de euros. De aquellos consumidores hay que restar los tres millones que disfrutan del bono social, pues son inmunes a cualquier subida.

    En el dictamen sobre la orden ministerial de tarifas, el regulador energético aconsejó que no se bajaran los peajes para compensar la TUR. En este mismo sentido se pronunciaron las empresas eléctricas en las alegaciones que realizaron en el consejo consultivo de la electricidad de la CNE. En opinión de Iberdrola, una bajada de los peajes «pondría en peligro el cumplimiento del objetivo del déficit de tarifa», previamente reconocido por ley, y supondría «una señal muy negativa para los mercados». Esta compañía eléctrica alegó que el riesgo se acrecentaba teniendo en cuenta «la tendencia al alza de las variables que generan el déficit», como la caída de la demanda (precisamente, en junio cayó un 0,2%, según los datos publicados por REE), las mayores primas al régimen especial y el mayor coste de las anualidades para recuperar el déficit cedidos al fondo para su titulización con el aval del Estado (Fade).

    Endesa considera además que la tarifa de acceso supervalle que se crea en la orden de tarifas de julio para la recarga del coche eléctrico ya supone un recorte de los ingresos por peajes de unos 50 millones de euros.

    Aunque la Comisión Nacional de la Energía y las eléctricas han mantenido la misma posición respecto a los peajes de julio, el regulador ha reiterado en su dictamen de tarifas la necesidad de una condonación de la deuda eléctrica por parte de las eléctricas. Una cuestión que se ha convertido en la bicha de las empresas eléctricas, de la que no quieren oír ni hablar, pero que cada vez más voces en el sector consideran como la única solución posible.

    Comisión Delegada

    La decisión de mantener la revisión prevista de los peajes, con lo que no se compensa la subida del 1,5%, fue adoptada en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que tuvo lugar ayer. Un hecho este que el Ministerio de Industria subrayó en la nota de prensa que se remitió por la tarde a los medios de comunicación. En ella indica que aunque el alza media es del 1,5%, a la mayoría de los consumidores les subirá un total del 1,37%. Del incremento se libran los ocho millones de clientes que están en el mercado, ya que contratan libremente el precio de la electricidad y aunque pagan también la tarifa de acceso, ésta ha sido congelada.

    Por otra parte, Endesa solicitó en el consejo consultivo una solución definitiva para los clientes obligados hace dos años a contratar la energía en el mercado (por tener contratada más de 10 kW de potencia), ya que los periodos transitorios que se han fijado en las sucesivas disposiciones al respecto no han servido para arreglar el problema. Esta compañía propone que estos clientes pasen a ser suministrados por un comercializador en el mercado libre, «con consentimiento expreso o, en su defecto, tácito, en el caso de que no lo elijan», y con las condiciones que les proponga dicho comercializador.

    23 firmas a la Cesur

    En la subasta que determinó el 28 de junio la TUR del tercer trimestre participaron 23 entidades: además de las comercializadoras, un gran número de entidades financieras que especulan con el precio real de la energía, que si después resulta inferior, lo que ha sido habitual, se quedan con el margen.

    Alza del 5,7% para butano y gas natural

    La subida de la electricidad para el tercer trimestre no ha llegado sola. También a partir de hoy se incrementan la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, en un 5,69%, y el precio de la bombona de butano, en otro 5,7%, que se traduce en un precio de venta de 14,8 euros, según figuraba en el Boletín Oficial del Estado de ayer.

    En el primer caso, la tarifa 1, que es la que disfrutan los hogares que solo tienen agua caliente y cocina con gas, sube un 4,6%, mientras que la tarifa 2, que incluye a quienes tienen también calefacción, el alza es del 5,95%. En el mercado del gas a tarifa hay unos tres millones de clientes, sobre siete millones en total, y otros 12 millones en el del gas butano.

    El Ministerio de Industria justificó esta situación en el incremento del coste de la materia prima, si bien en la revisión del segundo trimestre ya se produjeron importantes subidas: un 4,1% la TUR del gas y otro 6% la bombona de butano, que costaba hasta ayer 14 euros.

    Sin embargo, para la Asociación de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), la subida del 5,7% «sigue siendo insuficiente», pues no recoge los costes reales y prolonga «la situación de venta a pérdida que sufre el sector desde hace 19 años». Según una nota de prensa de esta asociación, la fórmula de fijación de precios ya ha generado un déficit cercano a los 550 millones.

    ep

  • El salario no embargable sube a 961 euros desde hoy

    El Consejo de Ministros aprobará hoy elevar de 705 a 961 euros el mínimo de ingresos familiares no embargables en una ejecución hipotecaria, siguiendo el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del martes. El mínimo será de 1.300 euros si el deudor tiene dos personas sin ingresos regulares a su cargo. Lo hará mediante un decreto ley, lo que hará efectiva la medida nada más publicarse en el BOE.

  • La Seguridad Social “exprime un poco más” a los trabajadores de las mutuas de accidentes de trabajo, según CCOO.

    La Federación de Servicios Financieros y Administrativos (COMFIA) de CCOO ha denunciado que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha establecido, a través de un oficio, que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no apliquen las tablas salariales del convenio colectivo sectorial, en contra de la opinión de la Dirección General de Trabajo y de la Comisión Mixta de Interpretación del Convenio.

    “La obsesión del director general de Ordenación de la Seguridad Social por cercenar los derechos de las personas que trabajan en las mutuas parece no conocer límites, ni legales ni morales”.

    En un oficio remitido días atrás a las organizaciones sindicales y a la patronal AMAT, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mantiene el criterio de que las mutuas no apliquen a sus trabajadores las tablas salariales establecidas en el convenio colectivo para el año 2011, por la aplicación del IPC correspondiente a 2010”.

    Según CCOO, para intentar justificar este criterio la Seguridad Social argumenta que las personas que trabajan en estas entidades colaboradoras deben equipararse al personal laboral del sector público, y que su convenio colectivo debe estar supeditado a la Ley de Presupuestos, por aplicación del principio de jerarquía normativa, tal y como afirma el Auto del Tribunal Constitucional emitido en la cuestión de inconstitucionalidad por el recorte salarial del 5% en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

    El sindicato afirma, además, que hace unos meses la DGOSS requirió a la Subdirección General de Gestión de Retribuciones del Ministerio de Hacienda para que apoyara su pretensión, lo que esta hizo mediante otro oficio emitido al efecto.

    Los trabajadores no son personal laboral del sector público

    Para COMFIA-CCOO, tanto la Dirección General de Ordenación como la Subdirección General de Gestión de Retribuciones parten de un supuesto de hecho erróneo: Los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas no son personal laboral del Sector Público.

    Sin embargo, la Dirección General de Trabajo no puso ninguna objeción a las tablas salariales, y ordenó su publicación en el BOE. Por su parte, la Comisión Mixta, tras una consulta, realizada por los sindicatos, resolvió que debían aplicarse las condiciones económicas del convenio colectivo mientras las mutuas tuvieran masa salarial para ello.

    Según CCOO, la legislación vigente solo considera a las mutuas de accidentes de trabajo como parte del sector público estatal a los exclusivos efectos presupuestarios, económico-financieros y contables, sin que exista vinculación alguna del marco de sus relaciones laborales con las establecidas para las entidades públicas.

    Por último, según señala CCOO, “aunque el Constitucional no se ha pronunciado aún sobre las mutuas y que, de hecho, estas ya han visto reducida su masa salarial en más del 5%, lo que cumple sobradamente el objetivo establecido en la exposición de motivos del RDL 8/2010, el órgano directivo de la Seguridad Social insiste en recortar más derechos a las personas que trabajan en estas entidades”, por lo que el sindicato advierte de que “agotará todas las acciones judiciales que tenga a su alcance para luchar contra este despropósito, a la vez que valorará nuevas acciones sindicales de protesta”.


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