Autor: Comfia Asepeyo

  • Trabajo quita a las mutuas el ahorro en bajas laborales.

    Los fondos no gastados mejorarán el superávit de la Seguridad Social.

    El Ministerio de Trabajo prepara otra vuelta de tuerca en la regulación de las mutuas de accidentes laborales. El departamento que dirige Valeriano Gómez tiene previsto publicar una orden ministerial que ajustará los presupuestos de las mutuas relacionados con la gestión de las bajas laborales mediante un recorte en la asignación que reciben. Este cambio reducirá los excedentes de las mutuas y mejorará el superávit de la Seguridad Social.

    La orden ministerial entrará en vigor el 1 de julio con el fin de aplicar el recorte en el segundo semestre del año. Con ello, el Gobierno quiere matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, corrige el desajuste que se producía entre los fondos recibidos por las entidades colaboradoras de la Seguridad Social para gestionar la incapacidad temporal y lo que realmente se gastaban.

    Por otro lado, contribuirá a reducir el déficit público español en un momento en el que las instituciones económicas mundiales siguen presionando al Ejecutivo para que mejore sus finanzas. La Seguridad Social resistió el golpe de la crisis con un superávit del 0,62% del PIB hasta el pasado abril, con un descenso de 7.213 millones en el mismo periodo del 2010 a 6.746 millones en abril.

     

     

    El desfase entre los presupuestado y lo gastado en incapacidad se incrementó en el 2010 en 221 millones, según la información de la Seguridad Social. Hasta ahora, ese excedente iba dirigido a engordar las reservas obligatorias de las mutuas, que el ministerio ve poco funcionales y sin efectos en la mejora de las prestaciones.

    Para el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel Díaz Peña, «se presupuestaba con mucha holgura en el capítulo de la incapacidad temporal», lo que generaba importantes excedentes. Esa tendencia se aceleró con la entrada en vigor de algunas reformas en la gestión de las bajas laborales a partir del 2005. Durante los cinco primeros meses de este año, el gasto en incapacidad temporal se redujo en 748 millones y alcanzó los 1.614 millones.

    La inflexión en los gastos se produjo en el 2005, cuando empezó a bajar después de un incremento del 14% en el 2004. La factura de la incapacidad temporal se redujo el 3% en el 2010. La consecución de ese ahorro se debe, según el Seguro, a la mayor coordinación entre la Seguridad Social y los sistemas sanitarios y de control de los trabajadores de baja de las comunidades.

    REBAJA DE CUOTAS El primer ajuste se produjo en los Presupuestos del 2011, que han reducido los fondos para pagar los gastos de las mutuas por incapacidad en 122 millones al pasar de 4.343 millones en el 2010 a 4.221 este año.

    La Seguridad Social admite que el excedente generado por la diferencia entre la recaudación por cotizaciones en las contingencias comunes y el gasto de las bajas abre la puerta a una rebaja de las cuotas, aunque «siempre en el marco de la negociación de un acuerdo de ámbito más amplio y no de forma aislada», según Díaz Peña. Advierte de que se impone la prudencia porque el gasto por las bajas puede fluctuar al alza y desequilibrar las cuentas.


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  • El Supremo desestima el recurso de Fremap y ratifica la competencia de la Seguridad Social para regular la colaboración de las mutuas.

    El Tribunal Supremo ha ratificado la competencia del Gobierno para la dirección y tutela de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social «así como de las entidades que colaboren en la gestión de la misma».

    En este sentido, confirma la capacidad legal de la Seguridad Social para regular la colaboración de las mutuas, del régimen del convenio de asociación y considera que la Disposición impugnada que modificó el Reglamento es una ampliación de esa potestad.

    La variación de la norma sobre la participación de las mutuas separaba la función de estas entidades como colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social de su actividad privada como empresas de prevención de riesgos laborales.

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso presentado por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, Fremap, quien sostenía que se vulneraba la libertad de empresa. Además, la sentencia recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional que indica que la libertad de empresa está condicionada a las exigencias de la economía general y de la planificación y que está permitida su regulación por normas reglamentarias en aspectos que no resulten esenciales.

    La sentencia es la segunda que dicta el Alto Tribunal en el mismo sentido, y por lo tanto crea jurisprudencia.

    RRHH Press.


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  • El Constitucional avala el recorte de sueldo a los empleados públicos.

    Reducir por ley salarios pactados en convenio no ataca la libertad sindical.

    Manuel Altozano Madrid 14 JUN 2011

    Modificar un convenio colectivo mediante decreto ley podría afectar al derecho a la negociación colectiva y, por tanto, al derecho fundamental a la libertad sindical, algo que ese tipo de normas -redactadas por el Gobierno en casos de «extraordinaria y urgente necesidad» y con rango de ley- tienen expresamente prohibido por la Constitución. Esa fue la razón por la que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional llevó el pasado octubre al Tribunal Constitucional el recorte de salarios del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno el 20 de mayo de 2010.

    El alto tribunal ha resuelto esta mañana la cuestión de la Audiencia y ha rechazado que exista esa vulneración de ese derecho fundamental. Los magistrados aseguran que el derecho a la negociación colectiva no impide que un convenio colectivo sea modificado por una norma con rango de ley.

    “Es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no solo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario”, recoge el Constitucional en su auto. Al no existir vulneración de este derecho, el tribunal entiende que tampoco se da la del derecho fundamental de libertad sindical.

    La cuestión de constitucionalidad presentada por la Audiencia afecta directamente a los 1.700 trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que impugnaron la disminución salarial. Pero la resolución del Constitucional puede tener efecto en parte de los 709.491 trabajadores contratados dependientes del Estado y comunidades autónomas y Ayuntamientos.

    La Sala de lo Social de la Audiencia entendía también en su cuestión de inconstitucionalidad que la exclusión del recorte salarial de los contratados de AENA, Adif y Renfe que recogió el decreto ley discriminaba injustificadamente a los de la FNMT. El Gobierno justificó la excepción por mayor el tamaño de las empresas, lo que sirve a los magistrados para rebatirla.

    Excluir a esas empresas públicas «porque tienen plantillas de grandes dimensiones», según la Audiencia, «conduciría al absurdo» porque «cuantos más trabajadores se vean afectados por la reducción, mayor será la reducción del gasto público que se obtenga». «Imponer un sacrificio tan extremo al personal laboral de entidades públicas empresariales con plantillas menores» y no a las grandes «es sencillamente inadmisible», concluía en su cuestión de constitucionalidad.

    Sin embargo, el Constitucional, también quita aquí la razón a la Audiencia al considerar que, en caso de anular el precepto que recoge ese trato desigual, la consecuencia sería la aplicación del recorte a los empleados de AENA, Adif y RENFE, y no la extensión de su beneficio (la ausencia de reducción de salarios) a los recurrentes, los trabajadores de la FNMT.


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  • La presión lleva a las mutuas a devolver 5.000 millones a la Seguridad Social.

    El Ministerio de Trabajo prevé que las entidades colaboradoras aporten este año 600 millones al fondo de prevención

    En seis años, la devolución de fondos de las mutuas de accidentes de trabajo a la Seguridad Social se ha multiplicado por siete. Los mayores controles por parte del Ministerio de Trabajo y la intervención policial en casos como el de Mutua Universal han permitido aflorar unos 4.400 millones en beneficios que han incrementado la dotación del fondo de prevención y rehabilitación laboral que gestiona la Seguridad Social desde unos 700 millones acumulados en el 2004 a más de 5.000 al finalizar el 2011, según la previsión del Ejecutivo.

     

    Este fondo se nutre de los excedentes declarados por las mutuas, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan las cotizaciones de sus empresas asociadas para cubrir los accidentes y la incapacidad. El 80% del beneficio tiene que destinarse a las reservas de las mutuas, mientras que el resto tiene que retornarse al fondo de la Seguridad Social. A partir del 2004 también se aprecia un importante incremento paralelo de las aportaciones a las reservas de las entidades al aflorar más excedentes.

    Aunque el Gobierno admite que también ha influido en el crecimiento del fondo la mejora del ciclo económico, atribuye el fenómeno a un seguimiento más riguroso de las cuentas de las entidades empresariales. Hasta el 2004, las mutuas retornaban a la Seguridad Social entre 35 y 62 millones cada año. A partir del 2005, se registra un incremento progresivo de las aportaciones al fondo de prevención hasta alcanzar el máximo en el 2007, con 1.410 millones. Del 2005 al 2010, las entidades retornaron unos 3.900 millones. Para el 2011, la Seguridad Social prevé una aportación de unos 600 millones por los beneficios de sus entidades colaboradoras.

    elPeríodico.com


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  • La Seguridad Social reduce su superávit un 6,4% hasta abril

    Tras aumentar un 2.44% en marzo. Economía/Laboral (Amp): La Seguridad Social reduce su superávit un 6,4% hasta abril y lo sitúa en 6.746,51 millones.
    Granado destaca que lo peor de la crisis ya ha pasado y que el superávit está garantizado para el conjunto del año.

    MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) –

       La Seguridad Social obtuvo un superávit de 6.746,51 millones de euros hasta abril, cifra equivalente al 0,62% del PIB y un 6,4% inferior a la de igual periodo de 2010, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 7.213,72 millones de euros, informó este martes el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

       Este mes, los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.000 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a 30 de abril.

       La reducción del superávit de la Seguridad Social hasta abril se produce después de que en marzo aumentará un 2,44%, siendo el primer mes en el que registró tasas de crecimiento, tras más de dos años y medio de caídas, que se iniciaron en septiembre de 2008, cuando retrocedió un 2,7%. La última subida del superávit, del 4%, se produjo un mes antes.

       El superávit logrado por el sistema hasta abril fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 40.275,51 millones de euros, un 0,48% más, y de unos pagos que sumaron 33.529 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo de 2010.

       El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, destacó que el superávit de más de 6.700 millones de euros de la Seguridad Social ha sido posible a pesar del importante aumento del gasto en pensiones ocasionado por la revalorización adicional de las mínimas y por la subida de todas las pensiones por la desviación de la inflación el año pasado.

       En términos de caja, las operaciones de carácter no financiero se concentraron en una recaudación líquida de 38.320,39 millones de euros, con un incremento del 1,87% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, mientras que los pagos presentaron un aumento del 2,44%, alcanzado los 33.375,79 millones de euros.

       Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,22% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,78% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cuanto a las obligaciones, el 94,51% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 5,49%, por las mutuas.

    CAEN LAS COTIZACIONES SOCIALES.

       Las cotizaciones sociales ascendieron a 35.029,51 millones de euros, lo que representa una caída de 0,98 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, que viene motivada por el descenso de la cotización de desempleados en un 8,71%, puesto que la cotización de ocupados sólo registra una ligera bajada del 0,03%.

       En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio un total de 110.447,12 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representan, a finales de abril, el 31,72% de lo previsto para todo 2011.

       Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 31.411,35 millones de euros, cifra que representa un 93,68% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 30.203,45 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 4,03%.

       Dentro de las prestaciones contributivas, a las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se destinaron 28.149,38 millones de euros, un 5,05% superior a la del año pasado, debido a la desviación de inflación que se produjo en 2010. La comparación con respecto a 2010, añade Trabajo, ofrece algún dato que mejorará a final de 2011 porque las nóminas mensuales no reflejan esa diferencia.

    MENOS GASTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

       Las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo alcanzaron los 743,40 millones de euros, lo que representa una disminución interanual del 0,14%. En Incapacidad Temporal el gasto se registró un total de 1.138,04 millones de euros, lo que significa un descenso respecto al ejercicio anterior del 13,4%.

       A finales de abril, las pensiones y prestaciones no contributivas presentaron un descenso interanual del 1,35%, reflejando un importe de 1.207,90 millones de euros, de los que se dedicaron a prestaciones familiares 532,72 millones de euros, un 6,7% más que el año pasado.

       Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social, los gastos de personal experimentaron una bajada del 2,5% respecto al ejercicio precedente, mientras que las inversiones registraron un descenso de un 25,25%.

       Los gastos corrientes en bienes y servicios aumentaron un 8,5%, debido a que el gasto del IMSERSO subió en 41,37 millones en relación a abril de 2010, y en menor medida al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con 829.896 euros más que hace un año.

       Por el contrario, las entidades gestoras de la Seguridad Social, en la tónica de meses anteriores, siguen reduciendo su gasto en bienes corrientes; mientras que la Tesorería General de la Seguridad Social contrajo obligaciones en abril por 3,17 millones menos que en abril del año pasado (-4,74%) y el Instituto Social de la Marina disminuyó este capítulo en 274.064 euros (-3,86%). En cambio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo incrementó en 653.312 euros (+2,27%).

       También las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional redujeron este capítulo en 4,94 millones (-1,9%) el pasado mes de abril.

    SUPERÁVIT EN EL CONJUNTO DEL AÑO.

       A la vista de estos datos, Granado asegura que las cuentas del sistema permitirá cerrar el año con superávit y confía en que en el mes de mayo se recuperarán las cifras de diciembre de 2010 y en que la afiliación seguirá creciendo, lo que indicaría que «lo peor» de la crisis ha pasado.

       Finalmente, indica que la Seguridad Social encara el cuarto año de la crisis económica con un superávit, «garantía» para los pensionistas y para quienes ya están cotizando para obtener en su día pensiones o prestaciones del sistema.


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