CCOO.
– La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo ha enviado un comunicado
para manifestar su apoyo a la campaña promovida por CCOO y UGT «la huelga no es
un delito». La UPIT «ha mostrado su inquietud ante las actuaciones emprendidas
en los últimos meses por la Fiscalía y las Delegaciones de Gobierno, que han
dado lugar a numerosos procesos penales y procedimientos sancionadores
administrativos, que sitúan el ejercicio del derecho de huelga en la frontera
del derecho penal».
09-07-2014 – El Comunicado de la UPIT continúa así:
El ejercicio del derecho de huelga, cuya consideración como derecho
fundamental no podemos obviar, ha sido y es ejemplarmente democrático y pacífico
durante las más de tres décadas donde se ha llevado a efectos en múltiples
ocasiones bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de empresa. Desde la
proclamación de la Constitución Española hemos atravesado ya tres crisis
económicas y duros procesos de reconversión industrial y el ejercicio de dicho
derecho se ha caracterizado por un uso responsable y sin que se hayan derivado
actuaciones penales precisamente frente a los que ejercen dicho derecho.
fundamental no podemos obviar, ha sido y es ejemplarmente democrático y pacífico
durante las más de tres décadas donde se ha llevado a efectos en múltiples
ocasiones bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de empresa. Desde la
proclamación de la Constitución Española hemos atravesado ya tres crisis
económicas y duros procesos de reconversión industrial y el ejercicio de dicho
derecho se ha caracterizado por un uso responsable y sin que se hayan derivado
actuaciones penales precisamente frente a los que ejercen dicho derecho.
La utilización del artículo 315.3 del Código Penal debe ser limitada y
excepcional ya que lo contrario resulta desproporcionado, situando el derecho de
huelga en el Siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido. La
participación en piquetes informativos es un derecho reconocido en nuestra
legislación: no es un delito y la mera identificación de los trabajadores que en
él participen no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado
con penas de prisión. En numerosos de los casos juzgados solamente se identifica
a las personas que o bien son notoriamente conocidas, como en el caso de la
Secretaría General de CCOO de Illes Balears, o bien porque se identificaron motu
proprio como en el caso de Airbus o como en el de las trabajadoras de las
piscinas gallegas porque eran las únicas reconocidas por el gerente de la
sociedad.
excepcional ya que lo contrario resulta desproporcionado, situando el derecho de
huelga en el Siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido. La
participación en piquetes informativos es un derecho reconocido en nuestra
legislación: no es un delito y la mera identificación de los trabajadores que en
él participen no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado
con penas de prisión. En numerosos de los casos juzgados solamente se identifica
a las personas que o bien son notoriamente conocidas, como en el caso de la
Secretaría General de CCOO de Illes Balears, o bien porque se identificaron motu
proprio como en el caso de Airbus o como en el de las trabajadoras de las
piscinas gallegas porque eran las únicas reconocidas por el gerente de la
sociedad.
La tendencia del Gobierno al abuso del tratamiento penal del
ejercicio de determinados derechos, sea el de manifestación o en este caso, el
de huelga, nos retrotrae a prácticas que creíamos democráticamente superadas.
La protesta social y la movilización de los trabajadores ante las agresivas
políticas y la imposición de retrocesos en todos ámbitos de lo social que se
desarrollan con el pretexto de la crisis económica son legítimas. No se trata de
limitar los derechos de los trabajadores ni su ejercicio bajo la constante
amenaza de sanción penal. Solo mediante el diálogo social, hace tiempo
abandonado, podrá superarse la situación actual.
ejercicio de determinados derechos, sea el de manifestación o en este caso, el
de huelga, nos retrotrae a prácticas que creíamos democráticamente superadas.
La protesta social y la movilización de los trabajadores ante las agresivas
políticas y la imposición de retrocesos en todos ámbitos de lo social que se
desarrollan con el pretexto de la crisis económica son legítimas. No se trata de
limitar los derechos de los trabajadores ni su ejercicio bajo la constante
amenaza de sanción penal. Solo mediante el diálogo social, hace tiempo
abandonado, podrá superarse la situación actual.
Pero además, la
actuación del Gobierno y de la fiscalía nos parecen desequilibradas y parciales.
No deja de sorprender que en las últimas huelgas, algunas muy recientes, la
Inspección de Trabajo haya iniciado procedimientos sancionadores frente a
determinadas empresas, algunas de gran relevancia, sin que se haya conocido
actuación alguna de la fiscalía frente a sus responsables utilizando para ello
el artículo 315.1 del Código Penal, y ni siquiera iniciar las diligencias de
investigación oportunas. Tampoco se conocen actuaciones del mismo carácter tras
sentencias que dan como hechos probados la actuación contraria al ejercicio del
derecho de huelga por parte del empresario.
actuación del Gobierno y de la fiscalía nos parecen desequilibradas y parciales.
No deja de sorprender que en las últimas huelgas, algunas muy recientes, la
Inspección de Trabajo haya iniciado procedimientos sancionadores frente a
determinadas empresas, algunas de gran relevancia, sin que se haya conocido
actuación alguna de la fiscalía frente a sus responsables utilizando para ello
el artículo 315.1 del Código Penal, y ni siquiera iniciar las diligencias de
investigación oportunas. Tampoco se conocen actuaciones del mismo carácter tras
sentencias que dan como hechos probados la actuación contraria al ejercicio del
derecho de huelga por parte del empresario.
Y ello cuando en realidad el
art. 315 CP tiene su razón de ser en la protección de un derecho fundamental
como es el de huelga. Naturalmente, UPIT rechaza cualquier comportamiento en el
que la violencia entre en juego. Pero igualmente manifestamos que sólo una
visión sesgada que no compartimos puede colocar en más alto nivel de gravedad
(como lo hace el art. 315.3) la coacción individual o en grupo para el inicio o
continuación de la huelga. Lo que en todo caso no es, es un delito contra el
derecho de huelga, que no puede meterse en el mismo saco ni sancionarse con el
mismo nivel de reproche social. Lo cierto es que hasta la fecha no se había
generalizado la aplicación de este precepto, pero la situación actual exige que,
dados los desproporcionados resultados, se aborde inmediatamente su revisión.
art. 315 CP tiene su razón de ser en la protección de un derecho fundamental
como es el de huelga. Naturalmente, UPIT rechaza cualquier comportamiento en el
que la violencia entre en juego. Pero igualmente manifestamos que sólo una
visión sesgada que no compartimos puede colocar en más alto nivel de gravedad
(como lo hace el art. 315.3) la coacción individual o en grupo para el inicio o
continuación de la huelga. Lo que en todo caso no es, es un delito contra el
derecho de huelga, que no puede meterse en el mismo saco ni sancionarse con el
mismo nivel de reproche social. Lo cierto es que hasta la fecha no se había
generalizado la aplicación de este precepto, pero la situación actual exige que,
dados los desproporcionados resultados, se aborde inmediatamente su revisión.
Es sorprendente que de todas las huelgas llevadas a cabo en los
últimos años sólo trabajadores sean juzgados por precisamente su ejercicio de
forma activa y que no conozcamos casos de empresarios cuando incluso la propia
Inspección ha constatado incumplimientos administrativos muy graves que pudieron
ser igualmente analizados desde su perspectiva penal.
últimos años sólo trabajadores sean juzgados por precisamente su ejercicio de
forma activa y que no conozcamos casos de empresarios cuando incluso la propia
Inspección ha constatado incumplimientos administrativos muy graves que pudieron
ser igualmente analizados desde su perspectiva penal.
Por último,
reiteramos nuestro apoyo a la campaña mencionada y nuestra preocupación por los
intentos de criminalización del ejercicio del derecho de huelga, y nos sumamos a
la solicitud de indulto para los ya condenados en firme.
reiteramos nuestro apoyo a la campaña mencionada y nuestra preocupación por los
intentos de criminalización del ejercicio del derecho de huelga, y nos sumamos a
la solicitud de indulto para los ya condenados en firme.