Publicado el cuarto número de la gaceta CAs.
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La reforma de las pensiones mejorará el grado de contributividad del sistema, bien aumentando el periodo de carencia para tener derecho a estas prestaciones, bien ampliando el periodo de cálculo de las cotizaciones efectuadas, ha anunciado José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del estado de la nación.
15-07-2010 – La rectificación que el propio Gobierno envió a Bruselas negando estas y otras medidas relacionadas con las pensiones, entre ellas el aumento de los 65 a los 67 años de la edad de jubilación , se ha quedado sin vigencia. El presidente Zapatero ha manifestado esta mañana en el discurso inicial del debate del estado de la nación que piensa mejorar el grado de contributividad del sistema de Seguridad Social y que lo hará ampliando el periodo de cálculo de las cotizaciones efectuadas para, pretextó, «evitar los perjuicios que hoy padecen los trabajadores que ven cómo repercute en su pensión los despidos que sufren en los últimos años de su vida laboral». Otra posibilidad alternativa, ha dicho el presidente, es aumentar el periodo de carencia necesario para tener derecho a la pensión.
El presidente no ha rectificado su decisión de congelar las pensiones, a pesar de que esta tarde se lo va a pedir toda la oposición en bloque para recomponer el Pacto de Toledo. A su juicio, esta medida es una condición necesaria para garantizar la salud del sistema público de pensiones.
Zapatero ha anunciado también que en los próximos Presupuestos habrá nuevas medidas para efectuar un «reparto equitativo» del ajuste en el que se ha embarcado el Gobierno, en referencia al impuesto que gravará las rentas más altas y que desde hace meses viene jaleando el PSOE. En este contexto, reclamó un «esfuerzo colectivo», pues España atraviesa un «momento trascendental» en el que es necesario, en su opinión, tener «ambición de país».
Reducción del 15% en los ministerios
El presidente ha anunciado que el techo de gasto fijado para el año que viene y que será sometido a votación en el Congreso la semana que viene, supondrá una reducción del presupuesto de todos los Ministerios superior al 15%, de la que se salvarán únicamente las partidas de educación, investigación, desarrollo e innovación. Se verán afectados por los recortes los gastos corrientes, transferencias y aportaciones a empresas públicas. Los Presupuestos de 2011, que todavía no tienen asegurada una mayoría parlamentaria suficiente, serán «restrictivos», ha dicho Zapatero, una circunstancia que podrá afectar «al ritmo de reactivación del crecimiento». Este crecimiento, todavía débil, se verá condicionado por los ajustes fiscales adicionales que tiene en marcha el Ejecutivo. En todo caso, ha advertido Zapatero, el Gobierno corregirá con firmeza «cualquier desviación» que pudiera producirse en el objetivo de reducir el déficit hasta el 3% del PIB en 2013. Este ajuste es imprescindible, ha abundado, pero no llevará al Gobierno a olvidar «el conjunto de valores» que respaldaron los ciudadanos en las últimas elecciones generales, lo que cabe interpretar como todo un guiño al electorado socialista. «Si dejáramos de hacerlo, no sólo es que seríamos otros sino que no cumpliríamos con las responsabilidad que hemos contraído con quienes confiaron en nosotros», ha añadido.
En su discurso inicial, el presidente ha pedido también el máximo apoyo parlamentario para sacar adelante la reforma laboral y ha defendido las ventajas del llamado Plan E. A su juicio, ha evitado la destrucción de 800.000 empleos.
Cinco Dias
La intervención del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación ha sido autojustificativa, defensiva y decepcionante. CCOO cree que el giro brusco en la política económica y social del Gobierno reafirma la vigencia de la huelga general del 29 de septiembre
15-07-2010 – La intervención del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, en la que ha defendido las políticas y reformas ya presentadas (plan de ajuste, mercado de trabajo, cajas de ahorro) y ha anunciado otras (sistema público de pensiones,) se puede calificar de autojustificativa, defensiva y decepcionante a la vez que confirma, a juicio de CCOO, el giro brusco en la política económica y social del Gobierno y el anuncio de nuevos recortes al Estado de Bienestar, sobre todo, en lo que afecta al sistema público de pensiones. “Zapatero ha decidido abrazar el ideario liberal en política económica, recortando derechos sociales y laborales, desregulando el mercado y sumándose a la campaña de descrédito de la cosa pública, lo que viene a confirmar la vigencia y oportunidad de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre”, afirma el secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.
En su intervención ante el Congreso de los Diputados, Zapatero ha defendido las medidas de reducción del déficit ya activadas y el contenido del Proyecto de Ley de Reforma Laboral -ahora en trámite parlamentario- o el más reciente referido a la Ley de Cajas, iniciativas todas ellas que han merecido el rotundo rechazo del movimiento sindical y más concretamente de CCOO. “Que el presidente de un Gobierno socialista impulse y apruebe políticas y reformas que congelan pensiones, recortan salarios, debilitan la atención a las personas dependientes, reducen la inversión pública, hacen más fácil y barato el despido, rompan la lógica de la negociación colectiva a favor del empresario, blinden la temporalidad, den luz verde a la intervención, en la intermediación laboral, a las agencias con ánimo de lucro, devalúen la tutela judicial en la rescisión del contrato de trabajo, ignore a los sindicatos –como se comprometió- en la elaboración de una Ley de Cajas que pone en riesgo su naturaleza jurídica y la obra social en la perspectiva de su privatización, por hablar de medidas ya aprobadas o en vigor, no son, precisamente, las mejores credenciales para suscitar el apoyo del movimiento sindical”, ha denunciado Fernando Lezcano.
En su declaración, tras escuchar atentamente a Zapatero, CCOO advierte que “si a lo ya conocido sumamos lo que hoy ha anunciado el presidente del Gobierno en el Congreso -reforma o ¿contrarreforma? del sistema público de pensiones- estaríamos ante el cambio más radical de programa de Gobierno que se haya producido entre los ejecutivos de la Unión Europea”.
En efecto, recuperar las propuestas que se formularon en el mes de enero sobre Pensiones (retraso de la edad de jubilación a los 67 años, acabar con el contrato de relevo, incrementar el período de cálculo o el período de carencia, …) pone nuevamente de manifiesto que el Gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos a la seguridad social, la mayoría vinculados al crecimiento y la calidad del empleo (separación de fuentes, incremento comprometido del SMI, aumento de la tasa de contratación de mujeres, igualdad salarial,…) y apuesta únicamente por actuar sobre el gasto lo que perjudicaría gravemente las expectativas de amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras sobre su pensión presente o futura.
No deja de llamar la atención que se permita incorporar como novedades cuestiones que no son otra cosa que meros incumplimientos de compromisos adoptados en el 2006 como la integración de regímenes especiales (hogar y agrario ) en el régimen general. Sobre el anuncio de que se incrementarán las pensiones mínimas, cuestión siempre necesaria, CCOO llama la atención sobre la ausencia de concreción respecto al porcentaje del citado incremento, ni a cómo éste se va a financiar, si con impuestos o cotizaciones. Por otra parte, CCOO espera que el Presidente del Gobierno no tenga la desfachatez de anunciar en la fiesta minera de Rodiezmo, estos extremos como viene siendo habitual.
Para CCOO ha sido clamoroso el “olvido” a la interlocución social, que no se ha citado ni en alusión al Pacto de Toledo y las pensiones, ni cuando se han abordado temas tan insuficientes como poco ambiciosos como los referidos a las políticas energéticas. En este sentido es de reseñar que como todo objetivo declarado sobre política industrial se anuncie la trasformación a medianas empresas de 8000 pymes ya que esta cifra representa un escaso 0,3% de su tejido empresarial actual.
No es posible que el tránsito de un proyecto programático de respeto moderado al gasto social, a las políticas públicas, al control de los mercados financieros, a las reformas laborales que no lesionen los derechos de los trabajadores, a las políticas públicas como prioridad para reactivar la economía y generar empleo, a un nuevo modelo productivo o al reconocimiento de la gestión pública, a otro de orientación alternativa, abiertamente integrado en el ideario liberal, con tintes en algunos casos de radicalidad neoliberal -fobia a la presencia de representantes públicos en ciertos ámbitos de la actividad económica, progresiva devaluación de los servicios públicos en beneficio de la iniciativa privada, o adelgazamiento constante del Estado de Bienestar- pueda realizarse impunemente, al menos en lo que al movimiento sindical se refiere. “Sólo un sectarismo acrítico e irresponsable y capaz de encajar sin rechistar una alternativa y su contraria, puede explicar tan sorprendente mutación”, denuncia el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.
A juicio de CCOO, lo esencial de su intervención gira en torno a las iniciativas aquí comentadas, y que no hacen sino añadir actualidad y vigencia a la convocatoria de huelga general que CCOO y UGT han convocado para el 29 de septiembre. “Un sindicato que quiera estar a la altura de los intereses que representa no puede ni debe permanecer impasible; tiene que responder con la contundencia que exige la gravedad de las medidas aprobadas y de las que, lamentablemente, pueden aprobarse. Nadie va a convencernos de que las ideas y personas que se encuentran el origen de la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión, se conviertan ahora en asesores del Gobierno para diseñar la salida de la crisis. Con la huelga general trataremos de parar estas políticas y apuntar otra política para una salida más justa y equilibrada de la crisis”, concluye el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.
El sindicato pretende que «se restablezcan los derechos retributivos de los empleados públicos», cuyo recorte se estima entre el 0,56% y del 7%.
Madrid. (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que interpuso Comisiones Obreras contra el recorte salarial de los empleados públicos que acordó la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos el pasado 25 de mayo, en aplicación de las directrices marcadas por el Gobierno.
En un decreto del pasado 9 de julio, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso, con el que el sindicato pretende que «se restablezcan los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de confiscación de sus salarios».
En concreto, el recurso busca paralizar la reducción de las nóminas de los funcionarios y empleados públicos, que se modificaron Eel pasado 1 de junio con arreglo a la rebaja de entre el 0,56% y el 7%, aprobada por el Consejo de Ministros, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público. Para lograr sus objetivos, tres federaciones de CCOO (Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios) recurrieron inicialmente la resolución que dictó el pasado 25 de mayo la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, en la que se daban instrucciones en relación con las nóminas.
La Audiencia Nacional también ha admitido a trámite dos recursos presentados por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) contra el recorte salarial a los funcionarios contenido en el decreto antidéficit del Gobierno, según informaron fuentes de este sindicato.
Con estos dos recursos, ya son tres los admitidos por la Audiencia Nacional en esta materia después de conocerse que la Sección Sexta de lo Contencioso-administrativo de este tribunal también había admitido a trámite el recurso interpuesto por CC.OO. contra la rebaja salarial a los empleados públicos.
Ambos sindicatos también han buscado la ayuda del Defensor del Pueblo para parar esta medida. Así, las Federaciones Estatales de Servicios Públicos (FSP), de Transportes (TCM), de Servicios (FES) y de Enseñanza (FETE) de UGT presentaron el pasado 21 de junio un escrito ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de medidas antidéficit, en concreto a las referidas al empleo público.
Dicho departamento, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene veinte días para remitir a la Audiencia Nacional el expediente administrativo completo que ha motivado el recurso. CCOO, que celebró hoy la decisión del órgano judicial, todavía estudia la forma de recurrir el Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que ha afectado no sólo al personal funcionario de la Administración General del Estado, sino también a los empleados de las administraciones autonómicas y locales y al personal estatutario.
A ellos se suman, entre otros, el personal docente universitario y dependiente del Ministerio de Educación, el personal militar profesional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Secretarios Judiciales y los distintos cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
A todos ellos afecta la resolución de nóminas dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda, lo que demuestra su «extenso ámbito de aplicación», según CCOO, que recuerda que dicha disposición tiene además efectos tanto en las cuantías de las retribuciones básicas como las complementarias.
El Gobierno ha aprobado un decreto de reforma laboral que supone principalmente un abaratamiento del despido y, por tanto, una reducción de los derechos laborales de los trabajadores.
14-07-2010 – El profesor de Economía de la Universidad de Castilla La Mancha, Jorge Uxo, analiza en un informe la perdida de derechos que supone la Reforma Laboral, señalando que no servirá para estimular el crecimiento, y desvía la atención de las verdaderas medidas que se deberían estar discutiendo.
Pero la valoración de cualquier medida de política económica no puede hacerse sino en el contexto de la situación que atraviesa la economía sobre la que se aplica y de la estrategia general con la que se pretende corregir sus problemas.
La situación es clara: un periodo de recesión o crecimiento muy débil y un aumento muy rápido del desempleo. Por tanto, las medidas adoptadas en estos momentos deben centrarse en el crecimiento y la creación de empleo.
si analizamos la reforma desde esta perspectiva, el juicio sólo puede empeorar: esta pérdida de derechos, además, no servirá para estimular el crecimiento ni resolverá, por tanto, nuestro problema del desempleo. más bien, está desviando la atención de las verdaderas medidas que deberíamos estar discutiendo. Intentaré explicar por qué lo creo así. [DESCARGAR PDF]
CCOO
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