Autor: Comfia Asepeyo

  • » Muerte a los Sindicatos»

    Nueva moda. Rajar de los sindicalistas. Algo fácil y barato, por cierto. Lo llevan en la solapa ciertos políticos, lanzando mensajes subliminales sobre su actual falta de utilidad para los trabajadores, politización, corrupción, derroche económico. Resulta curioso: Los mismos que alientan al escarnio público, suelen lanzar piedras cargadas por sus propias mezquindades. Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos.

    El problema es que esa frase por la que suspiran los gobernantes «Qué bien estaríamos sin sindicatos» empieza a calar entre la gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos que se resume en: «Para lo que hacen, mejor que no hagan nada», «Por mi los echaba a todos y los ponía a trabajar», «Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores». Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de: «Conozco a uno que está de liberado sindical.».Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena, para utilizar como insulto la palabra «sindicalista».

    Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en cualquiera de sus muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado provincial.) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin indemnización. Se puede, incluso, aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos distintos, para que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una moto a costa del Estado. En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no sindicalista.

    Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para que luego se firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga. O de Luís, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias a la pre-jubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería. Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar.

    Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a los sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó en la puerta del colegio, los trabajadores que consiguieron que no les echaran de la RENAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su baja por maternidad en su supermercado. Porque también fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día en que despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como estipulan los convenios; y aquel otro joven que movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para procurarle una paga medio-decente, porque los usureros de hace 30 años no lo aseguraban en ningún trabajo.

     

    Para qué recordar las horas al teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores a los que no aprobaron, gritando e insultado porque en el examen no les contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compañero sindicalista, el que denunció a la constructora que se negaba a indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, que trabajaba sin casco. Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad, o a un permiso por asuntos propios. Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de manzanas porque una o dos están picadas, por muy sanas que estén el resto.

    Los precedentes televisivos: entrenadores de fútbol, famosos de la exclusiva en revistas, y demás subproductos, se convierten en cleenex de usar y tirar dependiendo de las modas. Ahora, en un momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora. ¿Quién tirará la primera piedra?. ¿Serán los políticos gobernantes, o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia?. ¿Tendrán capacidad moral los jueces o los periodistas, de hablar de corrupción en las demás profesiones? ¿Serán más idóneos para iniciar lapidaciones, los súper-empresarios del ladrillo? ¿En qué profesión se puede jurar que no existen vagos, corruptos, peseteros, o ladrones?. ¿Preguntamos mejor entre la Iglesia o la Monarquía.?.

    Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la duda, y obtendrás fanatismo barato. Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos!. Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones. Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus mezquindades.

    Iñaki Gabilondo.

  • La verdadera historia de los sindicatos y la formación

    Un lector desprevenido que haya ojeado estas últimas semanas los periódicos de Madrid habrá creído que durante dos décadas ha existido una corrupta red sindical destinada a quedarse con los dineros de la formación. Esa red, liderada por la UGT, haría cosas tan malvadas como impartir cursos de “Corte y cata de jamón serrano” para trabajadores de hostelería o de “Arreglos florales” para los de comercio; ofertarlos gratuitamente a través de sus propios centros de formación acreditados y dedicar a su preparación, difusión, evaluación y gestión un 19% del presupuesto de los planes de formación, a pesar de que, en 2011, estaba permitido facturar un 20% por ese concepto.

    02-12-2013 – Como tapadera, esos sindicalistas habrían constituido la Fundación Tripartita, en cuyo patronato están presentes, junto a CCOO y UGT, la Confederación Intersindical Galega, CEOE, CEPYME y el Gobierno, con voto de calidad. Y logrado, mediante una perversa creación llamada negociación colectiva, que más de cien organizaciones empresariales –de ASAJA a CONFEMETAL y de la CNC a la CECAP– firmaran Acuerdos Sectoriales de Formación y constituyeran “Comisiones Paritarias” para analizar las necesidades de cualificación de su ámbito. Es más, en el colmo de la audacia, la red habría conseguido que esas mismas patronales y otras entidades, solicitaran y recibieran subvenciones por un importe superior al que los propios sindicatos recibían.

    Si el mismo lector, desocupado, hubiera consultado la normativa, los presupuestos y los beneficiarios de la formación para el empleo, advertiría que esos medios de comunicacióndesconocen o evitan mencionar algunos datos que no encajan con la tesis de la trama sindical.

    Para empezar, exageran enormemente el importe de las subvenciones que reciben CCOO y UGT para hacer formación y, al mismo tiempo, ocultan que muchas otras organizaciones y empresas también las reciben; de esa manera se quiere trasladar al público la idea de que los fondos de formación son un chiringuito sindical. Pero no es así. En 2012, CCOO gestionó el 3,06% y UGT 3,18% del presupuesto de la Tripartita, que ascendía a 742 millones de euros, mientras que por ejemplo los centros de formación privados, obtuvieron un 6%, las organizaciones de economía social (COCETA, CONFESAL…) y las de autónomos (ATA, CEAT, etc.) un 2% y CEOE, CEPYME y otras patronales un 7%.

    Las tres cuartas partes de los fondos, algo más de 570 millones de euros, las reciben directamente las empresas a través de bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social. A diferencia de las organizaciones sindicales y empresariales, las empresas, para financiar sus cursos, no necesitan obtener la aprobación de planes de formación, ni incluir en ellos un alto porcentaje de colectivos desfavorecidos y acciones prioritarias, ni comunicar la lista de alumnos antes de iniciar cada acción formativa, para facilitar el trabajo de los verificadores, ni siquiera necesitan presentar facturas para justificar los costes en que incurren (sólo se piden a una muestra aleatoria de ellas).

    La web de la Fundación Tripartita no proporciona el listado de empresas bonificadas, aunque sí datos estadísticos que demuestran su espectacular aumento. En menos de diez años, han pasado de 33.181 a 459.620. Incluso la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, un periódico tradicionalmente muy crítico con la formación para el empleo, ofrece “Cursos de desarrollo profesional” que pueden financiarse a través de esta iniciativa aunque, como su precio supera los 80 euros por hora y alumno, la bonificación de las empresas no alcance para cubrir todos los costes.

    Tampoco suele mencionarse que el presupuesto de la formación para el empleo no procede de los impuestos, sino de una cuota que para ese fin acordaron pagar los empresarios y los trabajadores. El Gobierno no aporta ningún recurso complementario; antes bien, utiliza parte de esos ingresos, que según el Tribunal Constitucional solo deben destinarse al “mantenimiento, a lo largo de la vida laboral, de las aptitudes y cualificaciones profesionales en su día alcanzadas y que capacitaron para acceder al puesto de trabajo”, a la financiación de otras actividades, como la intermediación laboral, el impulso del emprendimiento o las bonificaciones a la contratación. Por tanto, no se trata, como sugiere alguna prensa, de que los sindicatos se estén quedando con un dinero público que podría tener usos alternativos, sino de lo contrario, ya que de no ser por esa cuota no podría financiarse la formación de los empleados públicos, que en buena parte no cotizan por ese concepto, la de los autónomos, que tampoco lo hacen, y bastantes de las medidas de los Planes Anuales de Política de Empleo. 

    Además, en los últimos dos años, coincidiendo con el estancamiento de la concertación social, la inversión total en este capítulo ha descendido de manera notable.

    Con todo, la legitimación de los sindicatos para intervenir en formación no hay que buscarla en que los cursos se paguen con la cuota de formación profesional que aportan sus afiliados y representados, sino en que hacen un bien al sistema. La literatura académica enseña que la participación de los representantes de los trabajadores aumenta la inversión empresarial en cualificación y procura un reparto más equitativo de las oportunidades de aprendizaje. Los políticos europeos piensan lo mismo y en toda la Unión, salvo Letonia, existen acuerdos bipartitos o tripartitos en esta materia y no es infrecuente que los agentes sociales gestionen directamente los fondos (Bélgica, Francia, Holanda) ni que los sindicatos dispongan de grandes centros de enseñanza (la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB).

    Por último, no se dan datos sobre las características de las personas que participan en los cursos y, por consiguiente, parece que los recursos económicos adjudicados a los sindicatos no generan ningún servicio ni se exige por ellos ninguna contrapartida o justificación. Esta suerte de “deshumanización” de la formación delata el escaso interés de esos diarios por su impacto en las trayectorias personales y profesionales de los trabajadores. Tal vez sea útil saber, por ejemplo, que según la memoria de la Fundación Tripartita, nueve de cada diez alumnos consideraba, en el año 2010, que había ampliado conocimientos para progresar en su carrera profesional gracias a acciones formativas impulsadas por los agentes sociales, o que casi la mitad de los alumnos de IFES, el centro de formación de UGT, eran personas ocupadas no cualificadas, las más sensibles a los procesos de reconversión y las más reacias a “volver a la escuela”. 

    Entiendo que ciertos periódicos y revistas se sientan más confortables relatando presuntas corrupciones que mencionando estadísticas e informes. Es obvio, por otra parte, que se debe investigar a fondo cualquier presunto fraude, lo cometa un sindicato, una patronal, una academia privada o una congregación religiosa. Sin embargo, no creo que nada de eso justifique la impúdica presunción de culpabilidad que se aplica estos días a cualquier asunto relacionado con la UGT.

    Corren tiempos difíciles para la formación. El Gobierno la utiliza como coartada para abaratar el coste de la mano de obra joven, aumentando los supuestos contractuales en los que la precariedad laboral se disfraza de aprendizaje. Ciertos medios la utilizan para deteriorar la imagen de sindicatos y conseguir que lo que ahora es un derecho, se convierta en una mercancía. Hay quien cree que lo hacen por ideología, yo creo que lo hacen solo por dinero.

    Infolibre. Yolanda Gómez –

  • Los españoles deberían ahorrar 14 billones para estar protegidos si no existiera el sector seguros

    Las aseguradoras aportan más de 7.963 millones a las arcas públicas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, impuesto de sociedades e impuesto sobre las primas de seguros, según un estudio de AFI para Mapfre.

     

    La sociedad española debería ahorrar 14 billones de euros para estar protegida ante cualquier eventualidad si no existiese el sector seguros, según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Fundación Mapfre, que pone de manifiesto que este ahorro «reduciría drásticamente el bienestar de la sociedad y su capacidad de consumo, con el consiguiente empobrecimiento económico». El informe, titulado «El seguro en la sociedad y la economía españolas. Balance socioeconómico de una industria necesaria», destaca que el peso del sector asegurador en la economía española es creciente, «no sólo por su papel como inversor institucional y su aportación al desarrollo económico, sino también porque proporciona en España alrededor de 350.000 puestos de trabajo».

    La industria aseguradora emplea directamente 48.000 trabajadores y genera 150.000 puestos de trabajo de forma indirecta (red comercial, talleres, clínicas, etc), a los que se unen otros 156.000 puestos que se mantienen gracias al consumo y a las necesidades que tienen los sectores relacionados con la industria aseguradora. Según el estudio, el sector del seguro aporta más de 7.963 millones de euros a las arcas públicas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, impuesto de sociedades e impuesto sobre las primas de seguros. Esta cifra se sitúa a medio camino entre la recaudación que el Estado ingresa por impuestos especiales del tabaco, que se cifra en alrededor de 7.100 millones de euros, y la correspondiente al impuesto sobre hidrocarburos, que está presupuestado para este año en 10.362 millones de euros.

    Canalización del ahorro

    El informe también pone en evidencia la importancia del sector asegurador en la economía española, al ser uno de los grandes inversores institucionales y desempeña asimismo un papel primordial en la canalización del ahorro y la financiación a largo plazo de la economía. De hecho, indica que el valor de mercado de las inversiones de las entidades aseguradoras españolas supera los 237.000 millones de euros. El gasto medio anual de un hogar tipo en España se sitúa en alrededor de 1.800 euros, una cifra que, según se señala en el estudio, está por debajo del nivel óptimo (4.800 euros anuales), ya que los españoles deberían intensificar las coberturas que tienen contratadas en seguros personales, de Vida y de Salud.

    Finalmente, el informe destaca que el seguro ayudará a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, a través de fórmulas complementarias, como ya lo hace en otros países. En este sentido, el estudio recoge que todavía queda mucho camino por recorrer, ya que, por ejemplo en el Reino Unido los seguros y planes de pensiones alcanzan el 150% del PIB y la mitad del ahorro financiero, mientras que en España sólo ascienden al 22% del PIB y representan la octava parte del ahorro financiero del país.

    ABC

  • Seguros sancionará a aseguradoras y gestoras que no envíen la información sobre la jubilación.

    El Gobierno no aclara cuándo se facilitarán las estimaciones a gente más joven El Gobierno quiere que los ciudadanos tengan una idea aproximada de cuánto dinero dispondrán cuando se jubilen.

     

    Por eso, la Seguridad Social, las aseguradoras, las gestoras de fondos de pensiones y las mutualidades deberán remitir cada año un sobre informativo con proyecciones sobre sus futuros ingresos de origen público y privado. Eso sí, si alguna entidad privada no actúa con diligencia podrá ser castigada por ello.

     Un borrador del real decreto sobre el futuro derecho a la jubilación y otros instrumentos de ahorro complementario reconoce que las compañías que gestionen el ahorro privado para el retiro podrán ser sancionadas si incumplen o efectúan un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones informativas. 
    Las aseguradoras podrán afrontar multas de hasta 300.000 euros y revocación de su licencia si cometen faltas graves
     En concreto, las aseguradoras se enfrentarán a multas de entre 150.000 y 300.000 euros, revocación o suspensión administrativa y amonestación pública si cometen una falta muy grave. Las infracciones graves estarán castigadas con una multa de entre 30.000 y 150.000 euros, suspensión administrativa y amonestación pública. Y a su vez, las faltas leves conllevarán el pago de hasta 30.000 euros y amonestación privada. Las multas a las que pueden ser sometidas las gestoras de fondos según cometan faltas muy graves, graves o leves son prácticamente idénticas. Estas penalizaciones son las que el supervisor aplica con carácter general a las entidades. 
    El borrador de real decreto (fechado a 26 de septiembre) que ultiman los ministerios de Empleo y Economía indica que tanto la Seguridad Social como los proveedores privados deberán remitir a los ciudadanos la información con carácter anual. Además, esta deberá llegar a su destinatario antes del 16 de mayo año tras año. 
    En un principio, como ya han anticipado diversas autoridades públicas, sólo recibirán el llamado «sobre naranja» –pues en un envoltorio de estas características remite desde 1999 el Gobierno sueco a sus ciudadanos las proyecciones sobre su jubilación– las personas mayores de 50 años o quienes acrediten el periodo mínimo de cotización previsto. 
    Información para los jubilados 
    El documento no perfila, sin embargo, calendario alguno para incorporar a cohortes generacionales más jóvenes. La norma sí especifica, en cambio, que no será obligatorio remitir nada a quienes hayan rebasado los 65 años de edad. En el sector asegurador consideran, sin embargo, «conveniente» que las clases pasivas también reciban esta información periódica. Así aparece indicado en los comentarios al real decreto que Unespa ha remitido a sus asociados. 
    Los mayores de 50 años podrán consultar su futura pensión pública a través de la página web de la Seguridad Social 
    Los ciudadanos recibirán, por un lado, un sobre con la información de la Seguridad Social. Y les llegarán otras tantas cartas según sea la cantidad de compañías privadas con las que tengan contratados productos de previsión (por ejemplo, planes de promoción empresarial y seguros de particulares). 
    Los instrumentos de ahorro de carácter complementario o alternativo a la pensión pública abarcan un largo espectro que incluye mutualidades de previsión social, mutualidades alternativas, planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados (PPA), planes y fondos de pensiones particulares o colectivos, así como seguros diseñados para instrumentar compromisos de pensiones de las empresas.
     Las estimaciones de renta futura que aparezcan en los sobres de la Seguridad Social y de los proveedores privados serán estrictamente orientativas y carecerán de validez legal. Para determinarlas, los instrumentos que funcionen bajo el modelo de renta vitalicia de cuantía predefinida utilizarán como referencia sus bases técnicas. Cuando no haya un tipo de interés predeterminado, el tipo a utilizar será el que fija el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP).
     Corresponde a la Dirección General de Seguros (DGS) establecer este tipo de interés. Para los cálculos se utilizará también el índice de precios al consumo (IPC). En el caso específico de las mutualidades alternativas al RETA, los criterios técnicos del cálculo serán los establecidos en sus bases técnicas. 
    La intención del Ejecutivo es aprobar el real decreto que regule el envío de esta información sobre la pensión antes de la primavera, pero diversas fuentes privadas consultadas por Expansión Directo Banca muestran su escepticismo ante estas previsiones y vaticinan que la norma terminará de ser tramitada a finales de 2014. 
    Además de recibir sus cartas periódicas de la Seguridad Social, los ciudadanos mayores de 50 años podrán conocer en cualquier momento a través de la web de este organismo público su pensión prevista. Para ello deberán acceder al apartado Mi espacio Seguridad Social. Ahí podrán consultar y rectificar sus datos personales, así como tramitar las prestaciones ligadas a jubilación, muerte, supervivencia, maternidad y paternidad.
    Expansión.
  • Afiliación sindical en España: lo que el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE calla.

    La Fundación 1º de Mayo, integrada en la Secretaría de Estudios de CCOO, ha salido al paso de la nota difundida ayer por el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE

    12-09-2013 – CCOO considera que la fuente más rigurosa para la determinación de la afiliación es la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT), que desde 1999 realizaba el Ministerio de Empleo, y cuya última edición, febrero de 2011 (lamentamos que el Ministerio haya interrumpido esta serie de encuestas), cifraba la afiliación en 2.824.000 trabajadores, equivalente al 18,9 del total de la población asalariada, frente al 15,9% que difunde la CEOE.

    La Fundación 1º de Mayo recuerda que el sistema español de relaciones laborales se basa, como bien sabe la CEOE, en la representatividad de los agentes sociales, que en el caso de los sindicatos se acredita cada cuatro años a través de las elecciones a delegados/as y comités de empresa en los centros de trabajo con plantilla superior a 10 personas. Se trata de un modelo consagrado en la Constitución y posteriormente regulado por el Estatuto de los Trabajadores y la LOLS y que en los últimos 30 años ha experimentado una expansión sostenida en términos de participación y representatividad, hasta alcanzar a más de 100.000 empresas y 7 millones de trabajadoras y trabajadores participantes con la elección de 300.000 delegados/as, de los que tres cuartas partes corresponden a CCOO y UGT. De esta manera, la representatividad del sindicalismo de clase en España (CCOO y UGT) se sitúa por encima del 70%, en la franja medio/alta de la Unión Europea.

    El tercer indicador cuantificable, concluye CCOO, es el de la negociación colectiva. Según el último informe de la Comisión Industrial Relations in Europe 2012, la cobertura media de la negociación colectiva en la UE-27 alcanzaría a 122 millones de trabajadores, dos tercios del total de los 184 millones de asalariados, situándose la cobertura española en torno al 90%, sensiblemente superior a la media comunitaria, si bien la última reforma laboral amenaza con quebrar dicho modelo garantista.