Autor: Comfia Asepeyo

  • CCOO rechaza la ampliación de la edad de jubilación

    ‘El Gobierno se precipita con las medidas para reformar el sistema público de pensiones’.
    • CCOO define la propuesta de retraso obligatorio de la edad legal de jubilación hasta 67 años como una medida innecesaria y desproporcionada.
    • CCOO recuerda que es prioritario culminar el cumplimiento de lo pactado en 2006, especialmente lo referido a la integración de regímenes especiales en el régimen general y concluir la separación de fuentes de financiación.

    01-02-2010 – CCOO ha hecho público un comunicado en el que afirma, tras conocer las medidas que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros para la revisión del Pacto de Toledo, “que el Gobierno se precipita al concentrar su intervención política en el recorte del gasto en pensiones y renunciar a políticas que posibiliten el aumento de los ingresos; el Gobierno, en lugar de precipitar el debate en materia de pensiones que debe abordarse en los próximos meses, debería dedicar sus esfuerzos a culminar la aplicación del Acuerdo de Pensiones alcanzado en 2006: integrar los regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social, acordar el procedimiento de acceso a coeficientes de reducción de edad de jubilación para trabajos de especial penosidad y concluir definitivamente la separación de fuentes de financiación”.

    Al mismo tiempo, precisa CCOO, la propuesta del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación, favorece de manera injustificada la incertidumbre generada por las informaciones y opiniones que recientemente se han difundido en los medios de comunicación, en buena parte incentivadas por la actuación del Ejecutivo, y que arrojan sombras de duda sobre la salud del sistema público de pensiones. Estas valoraciones, no se corresponden con la realidad. “El sistema está sano, funciona y deben evitarse discursos catastrofistas tendentes a justificar planes y reformas que encajan mal en el modelo público de protección social hasta ahora defendido por el Gobierno”, señala el sindicato.

    En opinión de CCOO, las declaraciones estos últimos días de algunos ministros vinculando las medidas que hoy ha aprobado el Ejecutivo al imprescindible “Plan de Austeridad” para recortar 50.000 millones de euros, se podrían entender en el marco de las recurrentes campañas de imagen que ocasionalmente ponen en marcha los poderes públicos, “pero ni las compartimos ni responden a demandas reales del sistema público”, apunta CCOO.

    No hace falta reiterar que CCOO se preocupa como la que más por la viabilidad futura del sistema público de pensiones –nadie como los trabajadores necesitan estos sistemas- y recuerda que es la única organización que ha suscrito todos los acuerdos en materia de pensiones de los últimos años, acuerdos con los que se ha comprometido explícita y activamente. “Sin embargo, advierte CCOO proponer medidas tendentes a ampliar la vida laboral (hasta los 67 años) responden a un criterio de reducción del gasto, innecesario y desproporcionado, que tendrá asegurado el rechazo sindical porque, a nuestro juicio, se deben y es perfectamente posible, en primer lugar, activar fórmulas para incrementar los ingresos y, en segundo lugar, se puede seguir aproximando la edad media real de jubilación a los 65 años, profundizando en las medidas de incentivo y promoción existentes”.

    Por último, CCOO destaca la contradicción de un discurso como el que difunde el Gobierno, aparentemente centrado en la reducción del gasto, mientras no hace mucho tiempo mostraba su disposición a reducir las cotizaciones y asestar un duro golpe al equilibrio financiero del sistema público de Seguridad Social.

    CCOO

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  • El Gobierno planea retrasar la edad de jubilación a 67 años

    LA VANGUARDIA La edad legal de la jubilación se retrasará hasta los 67 años. ABC El Gobierno planea retrasar la edad de jubilación a 67 años. EL PAIS El Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación. El PP critica la medida y dice que es «empezar la casa por el tejado». EXPANSION Jubilación a los 67, la primera gran reforma de Zapatero. El Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación.

    El Gobierno planea retrasar la edad de jubilación a 67 años

    LA VANGUARDIA La edad legal de la jubilación se retrasará hasta los 67 años. ABC El Gobierno planea retrasar la edad de jubilación a 67 años. EL PAIS El Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación. El PP critica la medida y dice que es «empezar la casa por el tejado». EXPANSION Jubilación a los 67, la primera gran reforma de Zapatero. El Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación.

    29-01-2010

    La edad legal de la jubilación se retrasará hasta los 67 años

    LA VANGUARDIA
    El Gobierno aprobará este viernes la medida como parte del plan de reforma de las pensiones y garantizar el sistema a medio y largo plazo

    El Gobierno aprobará este viernes retrasar la edad de jubilación de los 65 años actuales hasta los 67, como parte del plan de reforma de las pensiones que pretende garantizar el mantenimiento del sistema a medio y largo plazo.

    Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo, que añadieron que la fecha de aplicación del incremento de la edad de jubilación «sigue abierta» y podría concretarse en la Comisión del Pacto de Toledo.

    Según indicaron estas fuentes, el Ministerio de Economía y Hacienda propuso en un principio que el retraso en la jubilación se aplicara en un período de doce meses, en contra del criterio del Ministerio de Trabajo e Inmigración que no cree que haya llegado el momento oportuno para modificar la edad de jubilación.

    El Ejecutivo continúa negociando el momento de aplicación y considera que podría ser de 24 meses, y realizarse en 2013. La idea inicial de Economía, según estas fuentes, era que en 2025 España fuera el primer país de la Unión Europea donde todos los trabajadores se jubilaran a los 67 años.

    Además el documento que mañana será previsiblemente aprobado por el Gobierno también contiene otros temas más generales como el período de cálculo de las pensiones.

    El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, había descartado que el Gobierno piense aumentar hasta los 70 años la edad legal de jubilación, aunque había eludido precisar la fecha exacta a la que finalmente se retrasará la marcha de los trabajadores

    LA VANGUARDIA

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    El Gobierno planea retrasar la edad de jubilación a 67 años

    ABC
    José Blanco anuncia en Punto Radio que «en las próximas horas» el Ejecutivo hará una propuesta que permita «el mantenimiento de la Seguridad Social»

    El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado hoy que «en las próximas horas» el Ejecutivo hará una propuesta sobre la edad de jubilación que tendrá como objetivo «el mantenimiento del sistema de la Seguridad Social y de protección social».
    Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe mañana las medidas que propone el Ejecutivo de reforma del sistema de pensiones para, posteriormente, ser debatidas en la Comisión del Pacto de Toledo.

    José Blanco, pese a ser ministro de Fomento, se ha especializado en anunciar medidas de índole laboral, siempre por delante del titular del ramo, Celestino Corbacho. En una entrevista en Punto Radio, tras ser preguntado por la propuesta del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, de aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años desde los 65 actuales, puntualizó que es necesario «buscar un término medio» que facilite el mantenimiento del sistema.
    De esta manera, Blanco confirma las informaciones hechas públicas por ABC la semana pasadaen las que se indicaba que el Ejecutivo tenía previsto abrir el melón de la reforma de las pensiones para seguir teniendo de aquí a 2020 un sistema sostenible. Uno de los elementos clave de esta reforma sería este retraso en la edad de jubilación, que el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pedía que llegara hasta los 70 años. Para el Gobierno, no obstante,podría valer con aumentar de 65 a 67 años.
    El otro elemento clave que propone el Gobierno es el control de las prejubilaciones. Desde Moncloa se piensa que el sistema no puede soportar prejubilaciones con poco más de 50 años, ya que además a esa edad las personas siguen siendo perfectamente válidas para trabajar. Por ello, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró ayer en Bruselas que «hay que acabar con la cultura de la prejubilación», en el mismo día, eso sí, que el BBVA, segundo banco español, anunciaba un ambicioso plan de prejubilaciones.

    Contra los controladores
    Por otra parte, Blanco también ha dicho que los controladores tienen unos días para llegar a un acuerdo para rebajar costes y ha precisado que se hará «desde el entendimiento o estableceremos mecanismos de arbitraje
    Blanco declaró en Punto Radio que «no se puede seguir con esta situación» porque España pierde eficiencia y competitividad en «nuestra principal industria», en alusión al turismo, para recordar que tres de cada cuatro viajeros llegan al país por los aeropuertos.
    El objetivo es, según Blanco, rebajar costes, incrementar el número de controladores y hacer posible la bajada de las tasas de la navegación aérea. Para el ministro, es necesario «revisar las horas mínimas de trabajo para situarlas en parámetros de la UE». Para ello, aseguró, «tendrán que aumentar sus horas de trabajo no extraordinarias para ser competitivos, para contribuir a bajar las tasas de navegación aérea garantizando su descanso reglamentario».
    Zapatero confirma desde Suiza
    Por otra parte, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha respondido a preguntas concretas sobre cómo va a afrontar su gobierno la recisión contínua en España asegurando que «vamos a hacer reformas» y enumeró: «primero en austeridad del gasto» y reequilibrio de la hacienda pública, en una renovación «del sistema de seguridad social», en un plan a 20 años, informa Ramiro Villapadierna.

    Blanco, tocando todos los palos
    Pero no sólo de economía ha hablado Blanco en los estudios de Punto Radio, pues también ha tratado muchos otros temas. Por ejemplo, ha asegurado que el Partido Popular, al sacar el tema de la cadena perpetua, «saca temas que no están en la sociedad», y ha asegurado que el tiempo medio en prisión es mayor en España que en Francia, país con cadena perpetua revisable, y ha asegurado que el PSOE y el Gobierno están en contra de la cadena perpetua.
    Con respecto al debate nuclear y a los pueblos que están presentando sus candidaturas para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC), Blanco aseguró que apoyaría al pueblo en el que nació, Palas de Rei(Lugo) si solicitara formalmente que el ATC se instalara en su territorio.
    Por último, el ministro ha vuelto a repetir una de sus ideas más recurrentes, la de que el candidato actual del PSOE para presidente del Gobierno es José Luis Rodríguez Zapatero, quien según Blanco es el personaje idóneo para este cometido.
    .ABC

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    El Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación

    EL PAÍS
    La medida se aplicará gradualmente a partir de 2013 – El Consejo de Ministros plantea una reforma para garantizar el futuro de las pensiones

    El Gobierno ha optado por la fórmula más contundente para mejorar las cuentas del sistema de pensiones. El Consejo de Ministros aprobará hoy una propuesta de reforma de las pensiones que eleva de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Se trata del principal cambio en política laboral y de prestaciones sociales aplicado en muchos años y contraviene el criterio expresado públicamente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contrario a aumentar por ley la edad de retiro.

    El paso de 65 a 67 años será gradual y comenzará a aplicarse en 2013. Una de las opciones, adelantada por la agencia de noticias Colpisa, consiste en aumentar dos meses por año la edad de jubilación (es decir, quien acceda a la pensión en 2013 lo hará a los 65 años y dos meses, y así sucesivamente), de modo que se jubilarían a los 67 todos los nacidos a partir de 1959. No obstante, los detalles están sujetos a cambios.

    La decisión supone un triunfo de las tesis de la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, sobre las del titular de Trabajo. A principios de mes, Corbacho se mostraba partidario sólo de incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación para acercar lo más posible la edad media efectiva de abandono del mercado laboral (63,6 años, según Trabajo; 62,6 según Eurostat, que utiliza otra metodología) a los 65. «Ahora no debe ser obligatorio [seguir en activo después]», respondió con contundencia en una entrevista radiofónica. El ministro se verá hoy en la tesitura de justificar una medida con la que su departamento nunca ha comulgado.

    En cambio, Salgado sí abrió el debate el mes pasado al citar a Holanda como ejemplo de país que ha elevado a los 67 la edad de jubilación. En el caso de España, ese paso «tiene que ser muy gradual. Cuando decida el Pacto de Toledo; lo razonable es que el incremento vaya gradualmente, aseguró en un mensaje que posteriormente fue matizado hacia la tesis entonces imperante: fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral.

    Antes que Salgado, el Banco de España había propuesto abiertamente el retraso en la edad de jubilación como una medida con efectos «muy positivos sobre el equilibrio financiero del sistema». El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez resaltaba el beneficio de «incluso retrasar la edad legal», aunque entonces la propuesta quedó eclipsada por las alertas que lanzó Fernández Ordóñez sobre la posibilidad de que el sistema entrara en números rojos y la airada reacción de Corbacho, los sindicatos y hasta el presidente del Gobierno.

    La cumbre de la UE celebrada en 2002 en Barcelona ya propuso esta medida. Y la prolongación gradual de la vida laboral se aplica de forma obligatoria en otros países europeos (Alemania, Reino Unido, Holanda, Portugal, Dinamarca, Noruega e Islandia) y también en Estados Unidos y Australia. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de ellos, la Seguridad Social española arroja superávit, aunque se enfrenta al envejecimiento de la población.

    No es el único cambio que propondrá hoy el Gobierno. El documento de reforma de las pensiones apuesta por elevar el periodo cotizado que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la pensión. En la actualidad se computan los últimos 15 años de vida laboral, que podrían ampliarse hasta 20, aunque la cifra tampoco está precisada. Ese cambio supone, en general, una rebaja media de la pensión, pues los últimos años laborables suelen ser los de mejor salario, salvo para trabajadores afectados por despidos o regulaciones de empleo al final de su vida laboral.

    El texto aboga también por adaptar la pensión de viudedad a las nuevas realidades sociales. En principio, el Ministerio de Trabajo planteó eliminarla para los casos de convivencias cortas y sin hijos. Queda por ver si se incluyen cambios más ambiciosos. En la actualidad, la pensión de viudedad es vitalicia y casi universal, pues sólo se exige un mínimo de cotización y un año de antigüedad del matrimonio o la existencia de hijos.

    Sobre la mesa está también elevar el periodo mínimo necesario para tener derecho a pensión, ahora fijado en 15 años. No obstante, hacen falta 35 para alcanzar la pensión máxima a la que se tiene derecho según la cotización.

    Preguntado por estos cambios, Celestino Corbacho, eludió ayer precisar la edad a la que se retrasaría la jubilación, informa Lluís Pellicer. Aun así, explicó que la reforma que hoy debatirá el Consejo de Ministros pretende garantizar el sistema de pensiones más allá de 2030. La propuesta se enviará a la patronal y los sindicatos y a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que debe debatir los cambios.

    EL PAIS
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    El PP critica la medida y dice que es «empezar la casa por el tejado»

    EL PAÍS
    Llamazares define la propuesta del Gobierno como ‘pensionazo’, el PNV se opone y CiU se muestra partidario de debatir el retraso de la jubilación

    Si el Gobierno se empeña en defender el retraso de la edad de jubilación, será difícil que esta vez la reforma del sistema de pensiones salga por consenso. Desde que se firmó el Pacto de Toledo en 1995, las propuestas de modificaciones en la Seguridad Social han contado con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios. Pero a tenor de como se ha recibido la propuesta -todavía no oficial- de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, si el Ejecutivo o la oposición no dan marcha atrás, no habrá consenso.

    «Es una propuesta unilateral del Gobierno que no ha sido consultada. Es la iniciativa más innecesaria», critica Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, donde el Congreso estudia las reformas del sistema de pensiones. «Es empezar la casa por el tejado. Es una medida que no apoyamos, no goza de consenso social», ataca Burgos.

    El PP cree que antes de comenzar a hablar de retrasar la edad legal de jubilación hay otros caminos que recorrer. Burgos habla de aumentar la edad real (63,6 años) hasta acercarla lo más posible a la legal. Y para ello, propone incentivos que hagan atractivo postergar el retiro o restringir legalmente la edad de prejubilación, «que está en los 52 años».

    «Esperaremos a ver lo que aprueba el Gobierno», explicó Isabel López i Chamosa. Sin embargo, la portavoz del PSOE recalcó que su grupo parlamentario recibe el documento que verá hoy luz como un texto para el debate y que su intención era negociar en el seno de la comisión del Pacto de Toledo. Y marcó unos límites: «Aprobaremos aquello que se pueda aprobar por consenso». No fue más allá la portavoz del PSOE.

    A las críticas del Partido Popular se sumaron otros portavoces presentes en la Comisión del Pacto de Toledo. Gaspar Llamazares, representante de Izquierda Unida, empieza su discurso definiendo la propuesta como «el pensionazo». «Es el mayor golpe al modelo social, y además no tiene ninguna justificación», continúa Llamazares.

    Para IU, «no hay ningún riesgo de quiebra ni a medio ni a largo plazo», expone su portavoz parlamentario. Y cuando se le menciona que es la propia Seguridad Social quien en sus proyecciones afirma que de continuar las cosas como están puede entrar en déficit en 2025 contesta: «Los estudios que se hicieron hace 25 años no acertaron ni una».

    La reacción del PNV llegó a través de un comunicado y fue más comedida. Emilio Olavarría rechazó el recorte de conquistas sociales «tan importantes para los trabajadores». El portavoz del grupo vasco en la Comisión del Pacto de Toledo cuestionó que fuera efectivo retrasar la edad de jubilación.

    Las palabras más comprensivas con la iniciativa del Gobierno partieron ayer de CiU. El encargado de temas laborales de la coalición catalana, Carles Campuzano, no quiso hacer una valoración global hasta ver el texto que el Ejecutivo remita al Congreso. «Habrá que esperar. La peor forma de empezar un debate es criticar sin conocer la propuesta que el Gobierno formula», afirmó. No obstante, el convergente sí que afirmó que él no se niega a debatir el retraso de la edad de jubilación. «Es lo que se está discutiendo en toda Europa», concluyó.

    Tampoco los sindicatos quisieron reaccionar oficialmente ayer a la noticia publicada por Colpisa. Sí que se mostraron sorprendidos por lo que se había publicado. No obstante para ir más allá preferían esperar a conocer el documento, que Trabajo tenía previsto enviar a los agentes sociales antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros.

    Pero algo sí que se puede deducir de las intervenciones de sus secretarios generales en las compatecencias ante la comisión del Pacto de Toledo del año pasado. Tanto Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, como Cándido Méndez, de UGT, anunciaron su negativa a retrasar la edad de jubilación actual durante su comparecencia en el Congreso la primavera del año pasado. «Supondría un retroceso para aquellos que no puedan seguir trabajando a partir de cierta edad, generalmente los peor situados en el mercado laboral», argumentaba Méndez. Toxo proponía combinar con la posibilidad de alargar voluntariamente la vida laboral».

    EL PAIS

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    Jubilación a los 67, la primera gran reforma de Zapatero

    EXPANSION
    La importancia de la reforma que presentará hoy el Gobierno contradice la aparente tranquilidad con la que ha trabajado hasta ahora en este terreno. Retrasar la edad de jubilación en dos años es una medida notable teniendo en cuenta la timidez del Gobierno en hacer cambios en la economía y, en segundo lugar, su miedo a los sindicatos y a la reacción social.

    También es verdad que habrá quien piense que, ya puestos, se podría ser más ambicioso.

    En todo caso, el hecho es que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reiteró ayer, en Barcelona que, por un lado, la Seguridad Social goza de «una magnífica salud y enorme fortaleza», para el corto plazo, pero, por otro, defendió que hay que hacer reformas para garantizar que se mantenga esta buena salud en un plazo de 15 ó 20 años.

    Hay que tener en cuenta que, según la información que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea sobre el sistema de pensiones, sus previsiones apuntan a que el sistema podría entrar en déficit permanente entre 2025 y 2030, siempre y cuando no hubiese cambios en su regulación.

    El Gobierno está preocupado por el envejecimiento de la población y porque en el plazo de entre diez y quince años, pueden coincidir dos fenómenos sobre las pensiones: la jubilación de la explosión de la natalidad que ocurrió entre la mitad de los cincuenta y los primeros años setenta del siglo XX. En segundo lugar, este aluvión difícilmente podrá ser contrarrestado con los cotizantes que pueda haber en el mercado de trabajo.

    Será entonces cuando se note plenamente la caída de la natalidad que hubo en España entre la década de los ochenta y de los noventa del siglo pasado. En segundo lugar, es una prueba más de que el Gobierno ha decidido mostrar a los mercados que sí está dispuesto a hacer reformas.

    JEl Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación

    EXPANSION
    El Gobierno propondrá a los grupos parlamentarios retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años. Es decir, el momento en el que un trabajador puede retirarse del mercado laboral con toda la cuantía de la pensión a la que tiene derecho, siempre que haya cumplido otras condiciones, como haber cotizado a la Seguridad Social durante 35 años.

    La propuesta está recogida en el documento sobre la reforma de las pensiones que aprobará hoy el Consejo de Ministros y que planteará a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, la patronal y los sindicatos.

    Bien es verdad que el Ejecutivo sugiere que la medida, adelantada por la agencia Colpisa, entre en vigor a partir de 2013, con una ampliación de dos meses de la vida laboral por año. Así, en 2014, para jubilarse con todos los derechos, el trabajador debería tener 65 años y cuatro meses. De esta forma, en 2018 el retiro se produciría con 66 años y en 2024 con 67 años.

    La razón de la entrada en vigor paulatina de la propuesta del Gobierno, a partir de 2013, es impedir que se produzca un choque muy severo en las expectativas del trabajador y, además, coincidiría con el comienzo de una nueva legislatura, siempre que no haya un adelanto de las elecciones.

    Tanto el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, como el de Fomento, José Blanco, confirmaron ayer, públicamente, la decisión que ha tomado el Ejecutivo en este camino. Eso sí, Corbacho negó que la idea sea retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años, informa Christian de Ángelis, y Blanco apuntó que, entre los 65 y los 70 años «hay un término medio». En la práctica, la edad efectiva de jubilación está en 63,5 años.

    Envejecimiento
    El Gobierno no está preocupado por la solvencia de la Seguridad Social a corto plazo, pero sí por el impacto del progresivo envejecimiento de la población en el sistema público de pensiones y, por lo tanto, en la capacidad del sector público para hacerle frente –ver información en la próxima página–. En esta línea, y sin propuesta concreta, el Ejecutivo quiere plantear al Parlamento y a los agentes sociales la posibilidad de aumentar, también de forma paulatina, el período de cálculo de las pensiones, que está actualmente en los quince años.

    En principio, el aumento del período obligado de cotización para calcular la pensión, que ahora está en quince años, puede recortar la cuantía de la pensión para todos los trabajadores que hayan tenido una carrera continua de cotización. ¿Por qué? En el cálculo de la media no sólo entran los años finales de la cotización, cuando el sueldo es más alto, en virtud de los incrementos salariales, la antigüedad o la promoción, sino también, los años de la vida laboral en los que el salario era más bajo y se cotizaba menos a la Seguridad Social.

    Claro está, para quienes han sufrido el desempleo en los últimos años de su vida laboral, la ampliación de los años de cotización puede mejorar su pensión. Destinada a estimular la permanencia en el mercado de trabajado, y como adelantó EXPANSIÓN el pasado día 20, el Gobierno propone que los planes de pensiones y otros productos de ahorro puedan ser utilizados mientras el beneficiario continúe trabajando tras cumplir la edad de jubilación. Junto a ello, el trabajador se beneficiaría de la revalorización anual de su prestación.

    Las propuestas

    1. El Gobierno planteará para su discusión en el Parlamento y entre los agentes sociales la necesidad de ampliar el periodo obligatorio de cotización para calcular las pensiones, que actualmente está en 15 años.

    2. El Ejecutivo quiere dar mayor relevancia a los planes privados de las pensiones y se plantea que para su uso no sea necesaria la jubilación. Quiere incentivar la permanencia en el mercado de trabajo.

    3. Según la Seguridad Social, cada año de retraso en la jubilación suponen un ahorro aproximado de entre el 0,3% y el 0,5% del PIB. Es decir, un ahorro aproximado de 10.000 millones de euros.

    EXPANSION – – – – – – –

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  • El CES arremete contra la Ley de Economía Sostenible

    El Consejo Económico y Social (CES) asestará hoy un duro varapalo a la forma en la que el Gobierno ha elaborado la Ley de Economía Sostenible, el proyecto estrella de la legislatura.

    28-01-2010 – La institución que preside Marcos Peña opina que el Gobierno ha mezclado en una ley diversas normativas, sin conexión entre unas y otras y sin una memoria económica adecuada, lo que dificulta su comprensión, según informaron las diversas fuentes del organismo consultadas por EXPANSIÓN.

    El CES cree que una ley tan ambiciosa como la que plantea el Gobierno carece de instrumentos de gestión, control, seguimiento y supervisión. Incluso, con la presencia de las administraciones, la patronal y los sindicatos, así como con los recursos económicos necesarios. «Se trata de conocer con certeza qué impacto tienen las medidas que adopta el Gobierno en las empresas y en la eficiencia de las administraciones».

    El órgano consultivo pero no vinculante del Ejecutivo, que tiene el mismo rango constitucional que el Consejo de Estado, pone de relieve la contradicción que existe entre los fines sociales que, en su opinión, busca la Ley de Economía Sostenible y el hecho de que apenas aparezcan a lo largo del articulado.

    Por ejemplo, en opinión del CES se recogen muy poco los objetivos de favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Como tampoco se plantean directrices sobre el fortalecimiento de la protección social, la mejora del sistema educativo; la consolidación de la sanidad o el impulso al desarrollo rural y territorial.

    Una crítica relevante
    Esta crítica es muy importante teniendo en cuenta que dentro del CES están la patronal, los sindicatos y diversas organizaciones sociales, además de expertos nombrados por el Gobierno.

    Todo ello, sin perjuicio de que la institución, en un hecho que tiene pocos precedentes, haga un llamamiento para que el desarrollo sostenible, como «política de Estado» cuente con el apoyo «explícito» de la mayoría de los grupos políticos, los ciudadanos y, por supuesto, las organizaciones empresariales y sindicales.

    También es relevante que, por primera vez, y aunque de forma implícita, el CES defienda la necesidad de contemplar la alternativa nuclear dentro del modelo energético español. Dice la institución al Gobierno que «no se debe rechazar de entrada ninguna tecnología». Por el contrario, «es necesario analizar y debatir desde el punto de vista económico y social sobre cada una de las alternativas» teniendo en cuenta la seguridad del suministro, el coste y el beneficio, el programa de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, el impacto medioambiental.

    El dictamen sobre el anteproyecto de ley del Gobierno recalca que, una vez concluidos todos los debates que se pueden hacer al respecto, «será posible tener escenarios de certidumbre para establecer previsiones de precio».

    Sin piedad
    Impuestos
    El CES se queja de que los cambios tributarios están esparcidos por el articulado de la ley y «encajados» de forma improvisada. Incluso, la institución se queja de la falta de coherencia, lo que impide su valoración global.

    Un silencio confuso
    El organismo llama la atención del Gobierno sobre la confusión que está creando en el ciudadano y en las empresas con las continuas reformas sobre el silencio administrativo. Ya no se sabe cuándo es positivo y cuándo es negativo.

    Un cambio precipitado
    El CES comparte el objetivo del Gobierno de ordenar el sistema financiero, pero también le advierte de que compruebe que sus medidas están en armonía con los acuerdos internacionales.

    [foto de la noticia]

    ¿Dónde está el nuevo modelo productivo?
    Algunas de las críticas del Consejo Económico y Social cuestionan, precisamente, los planteamientos que hace el Gobierno para llegar al nuevo modelo productivo, que es el objetivo central de la Ley de Economía Sostenible.

    De acuerdo con las diversas fuentes del CES consultadas por EXPANSIÓN, la institución señala que el texto de la norma no recoge la multitud de medidas relacionadas con el impulso de la sociedad de la información, propias de una economía digital abierta y competitiva. Así, faltan «cuestiones importantes» como el desarrollo de redes de nueva generación o la potenciación del despliegue de infraestructuras avanzadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación.

    De la misma forma, la institución cree que faltan medidas en el impulso exterior de las empresas españolas. El CES lamenta la falta de dotación presupuestaria, de coordinación entre el sector público y el sector privado, las carencias en el refuerzo de la imagen-país o la escasa presencia de la empresa en la labor diplomática. Igualmente, el dictamen se queja de que no hay un tratamiento profundo de la formación a lo largo de la vida de una persona.

    M Valverde

    Expansión

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  • Corbacho: ‘Hay que acabar con la jubilación anticipada’

    El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha abogado hoy por eliminar la jubilación anticipada en la Unión Europea, principalmente en las empresas que registran beneficios.

    28-01-2010 – Tras su intervención en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (PE), el ministro ha señalado que «hay que acabar con la cultura de la jubilación anticipada, sobre todo de sectores y empresas con beneficios», en la UE.

    Según ha explicado Corbacho, esta será «una de las dos direcciones» en las que España recomendará que se empiece a trabajar debido a las perspectivas de envejecimiento de la población europea.

    En este sentido, el ministro ha señalado «hay que pedir» a las empresas con beneficios que jubilan a trabajadores con 52 años «que inviertan en formación continua para que dichas personas sigan siendo activas». «La anticipación a la jubilación legal tiene que entenderse siempre como la excepción y no como la regla», ha apuntado.

    Para los sectores más golpeados por la crisis, como es el del automóvil, Corbacho ha mostrado una postura más moderada y ha asegurado que en estos casos «es hasta cierto punto razonable» que se recurra a dicha medida.

    Población activa
    La segunda dirección que España recomendará seguir durante su presidencia en la UE, será la de aplicar políticas destinadas a mantener un mayor porcentaje de población activa. Según ha explicado Corbacho, con esta medida se pretende que los trabajadores sigan en activo «más allá de la edad legal de jubilación».

    Para ello, el ministro propone «incentivar la permanencia voluntaria tras la edad de jubilación», concediéndole «un mayor atractivo en lo profesional y en lo económico». A partir de ahí, «muchos países tendremos que acometer el retraso (de la edad de jubilación) no inmediato pero sí de largo recorrido».

    Todas estas medidas deberán ponerse en marcha en los socios de la UE para lograr un incremento de la productividad de la población e más edad y garantizar así la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

    «Acuerdo inminente» de negociación colectiva
    POr otro lado, Corbacho también ha dicho hoy que confía en el inminente acuerdo de negociación colectiva entre los agentes sociales que podría producirse en los próximos días o semanas para que el próximo día 5 de febrero el Ejecutivo pueda presentar sus propuestas de reforma del mercado laboral.

    «Espero que de ese diálogo social reiniciado puedan nacer acuerdos y concertaciones en al ámbito tripartito», dijo Corbacho.

    El pasado día 21, el Gobierno accedió la petición de patronal y sindicatos de a aplazar hasta el día 5 de febrero la presentación de su propuesta de reforma del mercado laboral para dar tiempo a que los agentes sociales cierren el acuerdo de negociación colectiva. Asimismo, Corbacho recalcó que durante la presidencia española de la UE el diálogo social será «defendido e impulsado» a nivel comunitario.

    Con motivo del Consejo informal de Empleo de la UE que comienza hoy en Barcelona, esta tarde y mañana la «troika social» europea (integrada por los ministros de España, Bélgica y Hungría) se reunirá con los interlocutores sociales europeos (representantes sindicales y empresariales) y con la Plataforma Social (organizaciones no gubernamentales de la UE).

    El «pacto social» europeo propuesto por España incluirá tratar el desempleo y la crisis económica con los agentes sociales para conceder un mayor protagonismo a la sociedad civil, y en particular, «dar participación y opinión a representantes de trabajadores y empresarios», subrayó Corbacho en su intervención ante el PE.

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  • Hacienda admite abusos al contratar servicios en la Administración.

    La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reconoce que se está abusando de la fórmula de contratos de servicio en la Administración para sufragar la escasez de personal laboral o funcionarios.

    El último informe financiero que acaba de elaborar la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, correspondiente al año 2008, pone en evidencia una multitud de irregularidades en el control del gasto y la gestión del personal en la Administración estatal. La Intervención recalca cómo «ante la falta de recursos humanos suficientes, los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza con la que nace la contratación administrativa». Los ejemplos que pone son múltiples.

    En el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se está utilizando la contratación de servicios «para externalizar tareas que debe realizar con sujeción al derecho administrativo y actividades y que cubren necesidad de carácter permanente». En especial recalca cómo tanto en el Ministerio como en el organismo Parques Nacionales buena parte de los encargos realizados son a empresas del grupo Tragsa, para saltarse la normativa de la función pública. En el caso delMinisterio de Asuntos Exteriores, la IGAE recalca cómo para completar la estructura de muchas unidades se ha utilizado personal obtenido mediante contratos de servicios, «abusando del fraccionamiento del gasto y del contrato menor».

    En elMinisterio de Educación y en el de Industria ocurre algo parecido. Se externalizan labores propias de estos departamentos, como la gestión de ayudas, «con lo que se corre el riesgo de romper la homogeneidad de criterios» entre el personal interno y el externo. Hacienda subraya que la creciente tendencia a acudir a la contratación de servicios «bajo condiciones más propias de una relación laboral» está provocando sentencias judiciales en las que se reconoce fraude de ley y cesiones ilegales de trabajadores, obligando a los departamentos a admitir como personal laboral indefinido a las personas que trabajan de forma irregular con contratos de servicios o encargos. Si crítica es la IGAE con el uso de contratos de servicio más lo es con las encomiendas.

    Pone como ejemplo Red.es, entidad empresarial del Ministerio de Industria, que a través de ellas o los convenios negocia proyectos con otras entidades. En la tramitación de estas encomiendas se producen problemas como retrasos en la ejecución, que «llevan a presumir que sería mucho más eficiente si la negociación se hiciera directamente por el ministerio». Además, la IGAE concreta que Red.es dispone de los fondos de las encomiendas durante largos periodos de tiempo (a veces dos años) sin darles aplicación y obtener retribución financiera.

    El informe de la IGAE se produce justo cuando el Gobierno está estudiando una reordenación del gasto público con el fin de aplicar criterios de austeridad, ante la crisis. De hecho, el Ejecutivo tiene previsto aprobar este plan de austeridad el próximo viernes. Mientras el Gobierno elabora el plan son muchos los críticos que alertan del crecimiento de personal público, sobre todo en las autonomías. Mientras en la Administración central, el personal se ha reducido hasta los 583.000 efectivos, en las comunidades autónomas ha aumentado mucho más que proporcionalmente, hasta 1,4 millones

    Escaso control en las subvenciones y pagos fraccionados

    La IGAE denuncia también el envío insuficiente de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, creada para el control de las mismas. Ello provoca que «no se pueda analizar la concurrencia de ayudas indebidas».

    El envío de información insuficiente es generalizada y afecta, sobre todo, a los ministerios de Cultura, Industria, Trabajo, Vivienda, y a organismos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de la Cinematografía, entre otros. También alerta de que se está vulnerando el principio de limitación de la concurrencia en la contratación.

    Así , con el fin de beneficiarse de tramitaciones simplificadas (propias de contratos menores) se producen fraccionamientos de gastos, incumpliendo la ley. Esta situación «se pone de manifiesto en el 40% de los informes de control de los ministerios y en el 20% en los demás organismos».

    También detecta vulneraciones en el procedimiento negociado en el que se necesita la concurrencia de, al menos, tres empresarios. Es el caso del Ministerio de Justicia: aunque solicita las tres ofertas «éstas no explican las ventajas competitivas en los precios ofertados».

    Ocurre lo mismo en el organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que negocia con las empresas pero suelen ser las mismas y, salvo la adjudicataria, el resto no presenta oferta.

     

    OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS

    MUTUAS

    Sobrevaloraciones

    Se encuentran salvedades en 19 de las 24 mutuas de accidentes de trabajo auditadas. En ellas hay una tendencia a la sobrevaloración de la provisión para contingencias en tramitación, que llega al 30% de las mutuas. Hay 18 millones de gastos no cubiertos presupuestariamente en el último ejercicio analizado.

    INEM

    Imputaciones erróneas

    El Servicio Público de Empleo Estatal incumple el principio del devengo en las prestaciones por paro. Imputa al ejercicio los gastos devengados en el periodo diciembre-noviembre en lugar de hacerlo de enero a diciembre, provocando diferencias de hasta 200 millones. Y no reconoce pagos indebidos en vía ejecutiva.

    UNED

    Colaboraciones opacas

    La Universidad Nacional de Educación a Distancia «no contabiliza y controla» los ingresos y gastos derivados de las actuaciones formativas de posgrado con titulaciones propias de la universidad, gestionadas por entidades colaboradoras. Estas entidades ingresan en la UNED un 22% de la recaudación por matrículas.

    ICEX

    Ineficiencia contable

    En el caso del Instituto de Comercio Exterior, la IGAE le imputa una «falta de calidad» en la información contable, achacable al «poco control interno». Ello se extiende incluso a la elaboración de las cuentas anuales. Hacienda le recomienda que mejore la gestión contable y presupuestaria.

    PUERTOS Y AENA

    Descontrol en salarios

    Hacienda detecta que AENA incumple de «manera sistemática» la norma de límites retributivos. La retribución media de un controlador es de 304.874 euros, «excediendo en 210.316 euros» a la que resultaría de actualizar la retribución de 1999 con el IPC . Algo similar ocurre con puertos y sociedades hidráulicas.

    Bernardo Díaz – Madrid – 25/01/2010

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