En estos tiempos de crisis económica global son bienvenidos todos los recortes presupuestarios que la administración practique, pero desde luego no parecen muy lógicos ni coherentes con el discurso de la administración en el caso de los departamentos de prevención de las Mutuas.
Desde hace mucho tiempo las Mutuas de Accidentes de Trabajo se dedican a asesorar a sus empresas afiliadas y a sus trabajadores protegidos en materia de prevención de riesgos laborales, labor que quedó mermada en funciones desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el año 1995 y la aparición de los Servicios de Prevención Ajenos. No obstante, desde entonces algunas Mutuas han seguido realizando las tareas de prevención que el Ministerio ha autorizado enfocadas a la pequeña empresa y a los sectores con mayor siniestralidad con excelentes resultados en cuanto a reducción de siniestralidad y a la mejora en la gestión general de la prevención.
De un tiempo a esta parte los técnicos de prevención de las Mutuas están en una constante inquietud en relación a la continuidad y estabilidad de nuestros puestos de trabajo.
Cada año vemos reducido el presupuesto para prevención en las Mutuas que autoriza el Ministerio y con ello se reducen los recursos con los que se cuenta en estos departamentos de las Mutuas para ejercer convenientemente su tarea.
La última reducción presupuestaria que permite hasta un máximo del 0,5% de las cuotas supone una vuelta de tuerca más, hasta el punto de que algunas Mutuas se ven obligadas a disminuir el número de técnicos de sus departamentos de prevención y a reubicar a algunos de ellos a otras tareas muy diferentes para lo que fueron contratados y nada que ver con los conocimientos técnicos que poseen.
En estos tiempos de crisis económica global son bienvenidos todos los recortes presupuestarios que la administración practique, pero desde luego no parecen muy lógicos ni coherentes con el discurso de la administración en el caso de los departamentos de prevención de las Mutuas.
En primer lugar, porque estas restricciones presupuestarias suponen directamente la eliminación de puestos de trabajo que en algún caso llega a la desaparición de empleos, y esto, en tiempos en los que el desempleo alcanza cifras desorbitantes, no parece una buena medida social.
En segundo lugar porque se reduce enormemente la importante labor que se realiza desde estos departamentos de prevención de las Mutuas, labor de apoyo y asesoramiento técnico dirigido a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos que son los que cuentan con menores conocimientos y menos recursos para abordar la prevención de riesgos en sus empresas y actividades.
En tercer lugar porque esta reducción de ayuda técnica a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos supone en última instancia una peor gestión preventiva y por tanto un mayor riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, y con los datos de siniestralidad laboral de nuestro país, es algo que no nos podemos permitir.
En cuarto lugar porque la reducción de esta ayuda técnica a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos lleva a que éstos incrementen (en el mejor de los casos desde el punto de vista de preservar los niveles de prevención) los servicios contratados con las entidades de prevención ajenas, lo que supone un aumento del coste económico, que en tiempos de crisis y con la carga que actualmente deben de soportar las empresas, sobretodo las pequeñas y los autónomos, no parece lo más idóneo.
En quinto lugar porque estas limitaciones presupuestarias y su consecuente reducción de recursos van claramente en contra de las nuevas perspectivas de regulación preventiva para las pequeñas empresas, como lo expresado en Estrategia Preventiva Europea para el periodo 2007-2012 o el proyecto de ley Ómnibus, que abogan por la reducción de costes y de la burocracia en este ámbito, y un mayor apoyo y asesoramiento por parte de la administración.
En sexto lugar porque desde sus orígenes las Mutuas han sido unas entidades, durante muchos años se puede decir que casi las únicas, que han realizado investigación sobre prevención de riesgos laborales. En un momento en el que se afirma la importancia de la I+D+i como motor de un nuevo sistema productivo para nuestro país, reducir los recursos para esta actividad llevada a cabo por las Mutuas no parece muy coherente.
Por estos motivos debería defenderse por todos los agentes implicados en que se reduzcan los índices de siniestralidad laboral en nuestro país, que no se disminuyan los recursos de las Mutuas para tareas preventivas en sus empresa afiliadas, recordando en cualquier caso, que aún cuando las cuotas de las Mutuas se consideren dinero público, no se trata de subvenciones directas de la administración, sino de dinero proveniente de las empresas afiliadas para la protección social de sus trabajadores frente a los AT y EEPP, y que una pequeña parte, por desgracia cada vez más pequeña, las Mutuas emplean en PREVENIR esos accidentes y enfermedades y no tener que llegar a emplear los servicios médicos, sanitarios y de prestación económica para los trabajadores accidentados, que nadie quiere.
JGL -Técnico de Prevención de Mutua.
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