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Autor: Comfia Asepeyo

  • Una experta del CES advierte que con las condiciones laborales actuales «el despido es ya flexible»

    La experta en derecho laboral del Consejo Económico y Social, Margarita Ramos, ha explicado que las condiciones laborales actuales permiten un «despido flexible» tal y como han demostrado los numerosos despidos producidos durante la crisis.

    28-12-2009 – Así lo ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press, Ramos que ha señalado que en dos años se han producido más de 2 millones de despidos bien mediante expedientes de regulación de empleo, fin de contrato o despido con indemnización. «Esto quiere decir que el despido es flexible, porque si no los empresarios no podrían indemnizar».

    La también profesora de Derecho en la Universidad de La Laguna ha explicado, además, que existiendo otro tipo de opciones para evitar el despido, como puede ser «la reducción de jornada de empleo o la suspensión de contrato durante seis meses», no se plantea.

    «Nos hemos encontrado con despidos individuales bien pagados y despidos colectivos», aseveró la Catedrática en Derecho al Trabajo que insistió además en que el mercado laboral español tiene una «alta tasa de temporalidad», que ha generado, además, «un alto índice de contratos sin renovar».

    Margarita Ramos ha lamentado, además, que «en el momento actual se plantea la recuperación económica, sin que sea incompatible con seguir destruyendo empleo». En este sentido, puntualizó además que la falta de negociaciones entre la patronal sindicatos y el Gobierno de España ha provocado que la contratación se haga «a nivel individual», sin «un marco concreto sobre el que negociar».

    «La negociación colectiva, en donde sindicatos y empresarios negocian las condiciones de trabajo (conciliación de la vida familiar, igualdad, horarios, entre otros) ha estado bloqueada durante un año. Esto ha provocado la pérdida de un marco concreto de las condiciones colectivas de trabajo», explicó la experta del CES.

    «Sin este marco, convencionalmente pactado, el contrato se hace en el marco individual y entonces el empresario puede, por ejemplo, pedir más horas de trabajo, hacer horas extraordinarias sin cobrar o restricciones de salario y en las condiciones de trabajo y que haya un deterioro progresivo de dichas condiciones laborales», aclaró Margarita Ramos. TUTELAR EL DERECHO AL TRABAJO

    En esta misma línea, la experta ha señalado que la situación de crisis ha aumentado la economía sumergida con «con actividad empresarial no declarada o contratos no declarados». De ahí, que instituciones como la Organización Internacional del Trabajo recomiende la intervención de las administraciones.

    «El Gobierno de España está adoptando decisiones acordes a estas recomendaciones» con políticas activas para fomentar el empleo como reducción de impuestos o reducción de las cuotas a la seguridad social; y pasivas que están dirigidas especialmente a los desempleados.

    «Hay que actuar en estos frentes pues hay que velar por el derecho y la tutela de los trabajadores con el fin de conservar las condiciones laborales» lo que permitirá, una vez se recupere el mercado financiero, relanzar la economía.

    Europa Press

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  • El Gobierno aprueba el proyecto de ley que permitirá a los autónomos cobrar el paro

    La prestación por cese de actividad de los autónomos no será menor de 583,38 euros mensuales y no podrá superar los 1.383,9 euros.

    24-12-2009 – El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de ley que regula la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso de cesar en su actividad de manera involuntaria y lo remitió al Congreso de los Diputados.

    La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta iniciativa se da cumplimiento al mandato del Estatuto del Trabajador Autónomo, se satisface una «reivindicación histórica» del colectivo y se cumple con el compromiso de enviar esta ley al Parlamento antes de final de año.

    El sistema que ha diseñado el Ejecutivo se basa en los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad. Se trata de modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para poder cobrar el paro los autónomos tendrán que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales, contingencia que ahora mismo es voluntaria salvo en determinados casos, como el de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) o, en el futuro, el de los autónomos que operen en actividades profesionales con un mayor riesgo de siniestralidad.

    En la actualidad hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por contingencias profesionales, incluyendo a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario, aunque el Gobierno estima que cuando se determinen las actividades con mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción, y algunas actividades industriales) y se desarrollen los contratos de los TRADE, el número de autónomos cotizantes ascenderá aproximadamente a un millón.

    La prestación por cese de actividad de los autónomos no será menor de 583,38 euros mensuales y no podrá superar los 1.383,9 euros. Su cuantía, durante todo su periodo de disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los doce meses anteriores al cese de su actividad.

    Su duración será de entre dos y seis meses, en función del periodo cotizado, si bien en los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años se incrementa la duración de la prestación, con un mínimo de tres meses y un máximo de nueve meses.

    En concreto, los autónomos que hayan cotizado de 12 a 17 meses tendrán derecho a dos meses de paro; los que hayan cotizado entre 18 y 23 meses cobrarán tres meses de prestación; los de 24 a 29 meses de cotización tendrán cuatro meses de paro; los de 30 a 35 meses cotizados percibirán la ayuda durante cinco meses y los de 36 meses o más de cotización cobrarán durante el máximo fijado, esto es, seis meses.

    La duración de la prestación estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.

    8,33 EUROS MENSUALES DE COTIZACIÓN.

    Desde el inicio de la situación de cese de actividad hasta el fin de la percepción de la prestación se cotizará a la Seguridad Social por el trabajador autónomo para que éste no pierda derechos para las prestaciones por contingencias comunes, en concreto para su pensión.

    Teniendo en cuenta que en los primeros 12 meses no existe gasto en prestación, se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores autónomos del 1,5% de la base, con una reducción del 0,5% en la cotización por incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1%, que sobre la base mínima de 833,40 euros, apunta a una cotización de 8,33 euros mensuales.

    Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad.

    El Consejo del Trabajo Autónomo, que se creará próximamente, analizará cada año la evolución del sistema y propondrá medidas para mejorar el mismo.

    Europa Press

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  • Las virtudes de un impuesto sobre las transacciones financieras

    Hay un creciente movimiento tanto en EEUU como alrededor del mundo para gravar impositivamente la especulación financiera.

    22-12-2009 – La lógica es simple: incluso un muy pequeño impuesto sobre los acuerdos sobre opciones de compra de acciones, los seguros derivados de crédito y otros instrumentos también derivados puede aportar una enorme cantidad de ingresos.

    Incluso aceptando importantes reducciones en el volumen de actividad en razón del impuesto, el país podría aún subir más de 100.000 millones de dólares al año de ingresos o más de un billón a lo largo del horizonte de 10 años de presupuesto. Los costes comerciales han caído en picado a lo largo de las tres últimas décadas debido a las mejoras en la tecnología de los ordenadores. Por consiguiente, impuestos modestos a la especulación financiera, tal como un 0,25% de una compra o venta de un stock de acciones, sólo aumentaría los costos comerciales del tipo que ya existía en los 70 u 80.

    Los EEUU tenían un efervescente y bien desarrollado mercado de capitales en aquellas décadas, así que no hay razón alguna para creer que aumentando los costos comerciales a niveles de entonces podría impedir a estos mercados el desempeño de su función económica. Mayores costos comerciales solamente actuarían para desmotivar a la especulación.

    Además, la mayor parte del dinero incrementado mediante el impuesto sería extraído de los bolsillos de la pandilla de Wall Street, los mismos chicos cuya avaricia nos trajo este desastre económico. ¿Qué mejor regalo de fiestas podríamos dar a Wall Street que la oportunidad de compensar parte del daño que ha causado al país?

    No hay argumento de peso contra las ventajas de un impuesto a la especulación, así que muchos de los oponentes se centran en materia de cumplimiento. Afirman que si nosotros imponemos un impuesto unilateralmente en los EEUU, entonces todo el comercio se largará al exterior, de manera que no debemos recaudar ningún ingreso.

    Hay tres problemas con este razonamiento. Primero, ya tenemos un modelo que desmiente la afirmación básica. El Reino Unido ha tenido un impuesto sobre el comercio de acciones durante décadas. Comparativamente al tamaño de su economía, supone el equivalente a más de 30.000 millones de dólares al año en EEUU, sin más que la tasación del comercio de acciones. Obviamente este comercio no se ha largado al exterior.

    Si la realidad no es una refutación suficiente de este argumento, podemos también volver a la lógica elemental del razonamiento. Los líderes de muchos otros países ricos han mostrado ya su apoyo para imponer tasas a las transacciones financieras después de la crisis. Si los EEUU se hubieran unido con los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido y otros países cuyos líderes han declarado públicamente su apoyo por los impuestos a las transacciones financieras, es difícil creer que no se podría alcanzar un acuerdo internacional. Esto no es una condición necesaria para imponer exitosamente un impuesto a la especulación, como el ejemplo del Reino Unido muestra, pero la coordinación internacional sería sin embargo deseable.

    Surge entonces la pregunta sobre lugares como Lichtenstein y las Islas Caimán, que pueden al parecer operar como paraísos fiscales, permitiendo a los especuladores escapar al impuesto. Este argumento también pone a prueba la credulidad. ¿Pueden estos minúsculos países actuar realmente de manera perniciosa para los intereses de los países más grandes y poderosos del mundo?

    ¿Qué podría pasar si en lugar de ser paraísos fiscales, estos países se permitieran ser usados como corredores de armas por Al Queda? ¿Podrían el Presidente Obama y otros líderes mundiales cruzarse de brazos y lloriquear que no hay nada que pueda hacerse? La verdad es que estos paraísos fiscales solamente pueden existir por la cooperación gustosa de las naciones ricas. Si hubieran cortado el acceso al sistema bancario internacional, su utilidad como paraísos fiscales rápidamente desaparecerían. Los evasores fiscales del mundo no llenarán los barcos con oro para esconder sus ingresos en las Islas Caimán.

    También podemos ser un poco ingeniosos y tomar medidas enérgicas con los evasores. Supongamos que damos una recompensa del 10% de los impuestos recolectados a los trabajadores que entregaran a sus jefes al fiscal. Hay pocos mil millonarios de Wall Street que hagan físicamente ellos mismos el comercio. Tienen asistentes para esta tarea. Y muchos de estos asistentes estarán felices de hacerse ricos entregando a sus jefes.

    En realidad, la idea de que un impuesto a la especulación no se puede cumplir es claramente ridícula. Compárese las dificultades para hacer respetar un impuesto sobre la especulación con el respeto a la propiedad intelectual. En el caso de un impuesto a la especulación la cuestión se trata de un relativamente pequeño número de transacciones muy sustancioisas. Nadie se preocupa si el comercio que implica unos cuantos miles de dólares escapa a los impuestos. La cuestión real es por el contrario un relativamente pequeño número de operaciones que afectan a millones, o incluso a miles de millones, de dólares.

    En contraste, hacer respetar la propiedad intelectual supone miles de millones de pequeñas transacciones que afectan a películas con un precio de propiedad intelectual protegida de 15 o 20 dólares o canciones con un precio de propiedad intelectual protegida de menos de un dólar. El problema de hacer respetar la propiedad intelectual es varios órdenes de magnitud mayor que el problema de hacer respetar la imposición a las transacciones financieras. Nadie de los que insisten en la imposibilidad de hacer respetar un impuesto a las transacciones financieras ha dicho aún que la propiedad intelectual no se pueda hacer cumplir. La cuestión es claramente qué se quiere hacer cumplir, no el problema de qué es susceptible de hacerse cumplir.

    El país no puede dejarse timar indefinidamente por la pandilla de Wall Street. Podemos hacerles pagar un precio por el daño que han causado. Hemos de prestar oídos sordos a los apologistas de Wall Street y ponernos serios.

    Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR).

    Traducción: Daniel Raventós
    Sinpermiso

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  • Las reformas silenciadas

    Se habla de reforma laboral pero se silencia lo que de verdad motiva la baja productividad y capacidad exportadora de la economía española. Pues se hace la vista gorda sobre la responsabilidad que tiene el contexto socio-institucional que ha venido primando operaciones especulativas y “pelotazos inmobiliarios»Se habla de reforma laboral pero se silencia lo que de verdad motiva la baja productividad y capacidad exportadora de la economía española. Pues se hace la vista gorda sobre la responsabilidad que tiene el contexto socio-institucional que ha venido primando operaciones especulativas y “pelotazos inmobiliarios»

    22-12-2009 – En los últimos tiempos hemos oído que la economía española necesita reformas estructurales que la ayuden a salir de la crisis. Pero cuando ese clamor favorable a las reformas se concreta, sólo una acostumbra a proclamarse con unanimidad: la reforma del mercado de trabajo. Atendiendo a las noticias de prensa, esta fue la principal recomendación que hizo el presidente del Banco Central Europeo en su visita a España, remachada, además, por el gobernador del Banco de España y el presidente de la patronal. Parece como si se trataran de ocultar las más graves irresponsabilidades y debilidades empresariales, financieras o inmobiliarias que provocaron la crisis mirando para otro lado, hacia ese chivo expiatorio del mercado de trabajo.

    Merece la pena recordar que el salario medio y el coste laboral por hora trabajada se sitúan en España muy por debajo, no ya de la media de la UE de los 15, sino también de la media de la UE ampliada de los 27 países. Porque la evolución de los salarios en España arrastra todavía la enorme pérdida de poder adquisitivo que sufrieron con la inflación y la represión de la posguerra, que se recuperó durante el tardo-franquismo, para moderarse de nuevo con los pactos de la democracia y con el reciente aumento del trabajo precario. Por lo tanto, puestos a buscar responsabilidades, no son los modestos costes salariales los que han venido lastrando la competitividad y haciendo tan deficitaria la balanza comercial en nuestro país, sino la escasa productividad y vocación exportadora de las empresas. En este contexto –y con una tasa de paro que dobla a la de los países de nuestro entorno– parece una broma de mal gusto hablar de que hay que flexibilizar el mercado de trabajo, abaratar el despido o desvincular la evolución de los salarios de la del coste de la vida, para hacer que el coste laboral caiga todavía más por debajo de la media europea a la vez que se da rienda suelta a las inversiones especulativas y/o improductivas engrasadas con dinero público, atentando contra la convergencia de ingresos y la cohesión social.

    En suma, que se habla de reforma laboral pero se silencia lo que de verdad motiva la baja productividad y capacidad exportadora de la economía española. Pues se hace la vista gorda sobre la responsabilidad que tiene el contexto socio-institucional que ha venido primando operaciones especulativas y “pelotazos inmobiliarios” y, como consecuencia, un empresariado más preocupado de cuidar sus relaciones que de orientar bien sus inversiones hacia la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos. El propio presidente de la patronal viene a ejemplificar este tipo de empresariado cuyo éxito pecuniario no es fruto de producciones, sino de relaciones que facilitan pingües operaciones, privatizaciones y contratas que poco tienen que ver con la épica del “empresario innovador”, la competitividad y las mejoras.

    Mientras tanto, se silencian las reformas pendientes de la economía española que van, desde las relacionadas con esos dos protagonistas de la crisis que son el ladrillo y las finanzas… hasta las ligadas a la agricultura, el agua o el territorio.

    José Manuel Naredo es economista y estadístico

    JOSÉ MANUEL NAREDO

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  • Nueva Publicación de la Sección Sindical CCOO Asepeyo «CAs»

    Desde el comienzo de la andadura de la Sección Sindical de CCOO Asepeyo uno de los objetivos principales ha sido informar a todo el personal de aquellos temas que nos pueden interesar. Con éste primer número de la gaceta CAs iniciamos una nueva vía de información y comunicación con todos vosotros y vosotras, en la que os invitamos a participar activamente, con vuestras noticias, sugerencias, etc, a través del e-mail asepeyo@comfia.ccoo.es .


    Descarga la Gaceta «CAs»

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