Díptico elaborado por la Sección Sindical de CCOO Asepeyo para Información y asesoramiento sobre el Acoso Sexual.
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Autor: Comfia Asepeyo
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Trabajo fuerza a MC Mutual a vender su espectacular complejo de Cabrils
La entidad apartó del cargo a su asesor jurídico, pero le paga 872 euros diarios.
06-11-2009 – El Ministerio de Trabajo se preguntó hace unos meses a qué venía que una mutua de accidentes laborales, que es una entidad sin ánimo de lucro que se financia con cuotas por accidentes y enfermedades profesionales recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, tuviera en propiedad un espectacular complejo de 12.800 metros cuadrados en pleno Parque Natural de la Serralada de la Marina.
La catalana MC Mutual -sexta de España por tamaño, resultado de la fusión de las entidades Mutual Cyclops y Midat Mutua y presidida por Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona- se encarga del mantenimiento de este centro, en su día considerado una de las mejores instalaciones de rehabilitación de España, pero en el que desde hace dos años no se desarrolla ninguna actividad.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social requirió en verano a la mutua que se lo venda y ha pedido, además, que el dinero que saque por él vaya a las arcas de la Seguridad Social y no a las empresas asociadas a la mutua. Los gestores se avinieron a ello. MC Mutual ofrece sus servicios a las 158.000 empresas, a través de 100 centros en toda España.
La cosa no pasaría de aquí si no fuera porque, para su sorpresa, el ministerio recibió un escrito firmado por un alto directivo de la mutua en el que éste se oponía al acuerdo en nombre de la entidad y, por ende, rechazaba el destino público de los eventuales ingresos por la venta. Su autor era Manuel Pons, secretario y letrado asesor de la junta directiva de MC Mutual, además de ser su secretario general. Así lo explican fuentes de Trabajo, que al tirar del hilo, descubrieron una situación del todo kafkiana: ¿Acaso tenía el asesor jurídico derecho de veto o podía de veras ir por libre respecto de lo que decidieran los órganos de gobierno de la mutua? La respuesta de los gestores a esta pregunta convierte la situación en algo aún más rocambolesco: confesaron que el letrado «no respondía ante ellos», ya que no formaba parte de la junta directiva de la entidad. Pons entró a trabajar en 1979 en una de las dos mutuas fusionada y sus funciones fueron ratificadas una y otra vez. Los estatutos de la mutua permitían la insólita anomalía.
La Seguridad Social decidió entonces ordenar un cambio en los estatutos para normalizar la situación. La asamblea general de mutualistas de julio aprobó así una modificación estatutaria a resultas de la cual se relevó al polémico asesor jurídico, «al no poseer usted la representación de ninguna de las empresas que la componen (la junta directiva)», según consta en una carta que el presidente Miquel Valls remitió a Pons el 16 de julio. Además, a Pons se le quitaron las funciones inherentes al cargo de secretario general.
Pons reaccionó solicitando a Valls la extinción inmediata de su contrato y reclamando una indemnización por despido improcedente, de 45 días por año trabajado. Valls rechazó cualquier indemnización y le advirtió de que, a partir del día 22 de julio, «no debería acudir a los centros de trabajo de esta entidad». Pero le tranquilizó asegurándole que mantenerle apartado no significaba que dejara de cobrar. «Todo ello sin menoscabo de su retribución», escribió en otra carta, el 20 de julio. Las «nuevas atribuciones» que Valls mencionó como promesa no se concretaron.
La cuestión es que el ex alto directivo percibe «872,9 euros diarios», cifra que al mes supone 26.188 euros, incluidos todos los conceptos salariales. La confesión de su propio sueldo figura en la demanda que Pons presentó contra la entidad, que entró en el juzgado el pasado 6 de agosto. Trabajo debería aprobar toda indemnización millonaria porque la entidad maneja dinero público y sigue el caso «muy de cerca».
El director de MC, Francesc Hernández, declinó ayer realizar declaraciones sobre el conflicto, pendiente del juicio. El centro de Cabrils continúa sin venderse.
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Las Mutuas de trabajo realizaron más de 21 millones de atenciones médicas personalizadas en España en 2008
La labor asistencial de las Mutuas a los trabajadores protegidos va en aumento año tras año, registrándose durante el 2008 un total de 21.951.279 atenciones médicas realizadas, 1.411.657 más que en el 2007, según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, recogidos por Europa Press.
05-11-2009 – A juicio de la asociación, estos datos «denotan el esfuerzo de estas organizaciones empresariales sin ánimo de lucro por salvaguardar la salud de los trabajadores a los que ofrece cobertura».
Durante 2008 se realizaron 7.486.428 de consultas personalizadas que derivaron en 2.813.569 pruebas médicas, más de 156.800 intervenciones quirúrgicas y 8.250.771 sesiones de rehabilitación con un único objetivo, ofrecer una calidad asistencial sanitaria personalizada que mitigue, en el menor tiempo posible, los efectos negativos que una enfermedad o accidente laboral puedan ocasionar a una persona protegida por una Mutua.
Por comunidades, Cataluña (583.639), Madrid (490.474), Andalucía (428.645), Comunidad Valenciana (344.638) y País Vasco (187.128), son las que más pacientes fueron atendidos el pasado año. por contra, las que menos pacientes atendieron fueron Melilla (1.288), Ceuta (2.322), La Rioja (30.447), Cantabria (40.866) y Extremadura (44.934).
Los recursos asistenciales que han utilizado en la segunda mitad del 2009 asciende a 23 hospitales con 1.646 camas hospitalarias, 960 centro dispensatorios y ambulatorios de los cuales 870 realizan labores de recuperación y rehabilitación, 3.900 facultativos y más de 4.700 DUE, además de 1.250 auxiliares de Enfermería. «Las Mutuas durante 2009 han consolidado y rentabilizado sus recursos asistenciales para cuidar de la salud de los trabajadores», señalan.
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El 80% del gasto que generan las enfermedades del trabajo corre a cargo del Estado
Responsables de CC.OO. y de UGT han aseverado hoy en Salamanca que «el 80 por ciento del gasto que se genera por enfermedades del trabajo corre a cargo del Sistema Público de Salud» cuando deberían ser «las mutuas de accidentes laborales las que afrontaran» este desembolso.
Responsables de CC.OO. y de UGT han aseverado hoy en Salamanca que «el 80 por ciento del gasto que se genera por enfermedades del trabajo corre a cargo del Sistema Público de Salud» cuando deberían ser «las mutuas de accidentes laborales las que afrontaran» este desembolso.
Así lo han explicado en declaraciones el secretario de Salud Laboral de CC.OO., Pedro Linares, y el coordinador de la Secretaría de Salud Laboral de UGT, Emilio González, tras participar en el X Encuentro Euroamericano de Riesgo y Trabajo, que hasta mañana se celebra en la Universidad de Salamanca (USAL).
Ambos sindicalistas han coincidido en la necesidad de establecer «una conexión entre enfermedad y trabajo» porque, según González, «es lo que te permite hacer prevención».
A su juicio, en los momentos actuales tal y como está la legislación vigente que regula la siniestralidad laboral «se está dando mucha pérdida de recurso social el hecho de que no se luche contra las patologías laborales».
El problema surge, en palabras de Linares, porque «el modelo de enfermedad laboral desde el punto de vista legal tiene un corsé muy cerrado y está sujeto a una lista», lo cual impide, según ha añadido, que el «resto de las patologías puedan tratarse desde un punto de vista preventivo».
En este sentido, ha advertido que al no considerarse así «hay una transferencia de lo que son los daños producidos en el trabajo al Sistema Público de Salud», una situación que, en su opinión, «hay que corregir».
Según las estimaciones realizadas por CC.OO., «en torno al 80 por ciento del gasto que se genera por enfermedades del trabajo se está realizando a través del Sistema Público y no por mutuas de accidentes de trabajo como debería hacerse».
Por otro lado y sobre la incidencia de la crisis económica en los índices de siniestralidad laboral, Pedro Linares ha señalado que la reducción que se está registrando se debe, sobre todo, «al descenso de la actividad».
De ahí, que su sindicato haya apostado «por un cambio en el modelo de producción» que esté basado, ha aseverado, «en la incorporación de valor añadido por parte de la mano de obra, así como de mayores niveles de formación y de prevención».
Para Emilio González, la crisis «va a desenmascarar la precariedad en el empleo», una realidad que, según ha observado, «implica un aprendizaje necesario y que nos va a permitir tomar medidas preventivas desde la propia organización del trabajo».
Asimismo, ha abogado «por convivir y competir en igualdad de condiciones dentro de los centros de trabajo con el objetivo de acabar con una gran parte de la siniestralidad silenciada de este país».
El X Encuentro Euroamericano de Riesgo y Trabajo ha contado también con la intervención del responsable del Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), José Ignacio Torres, quien ha sustituido al secretario general de esta organización, Elías Aparicio Bravo.
Torres ha manifestado que las pymes llevan ya «bastante tiempo implicadas en la actividad preventiva», lo cual no significa, ha proseguido, que «las empresas más pequeñas necesiten de apoyos de todo tipo tanto públicos como privados».
Sin embargo, ha observado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está basada en una serie de obligaciones que «no encajan en la mayoría de las empresas, dado que la media de plantilla es de cuatro trabajadores».
Por último, ha lanzado el mensaje de que la prevención «no está asociada a un gasto, sino a una inversión» que «se nota y es demostrable en el balance de resultados», ha concluido.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Concepción Pascual, ha manifestado que el índice de incidencia (número de accidentes por cada 100.000 trabajadores) ha supuesto en julio de 2009 una disminución del 22,8 por ciento respecto a ese mismo mes de 2008, una reducción que en una parte, según ha concluido, «es imputable a la menor carga de trabajo.
EFE. Salamanca -
El PP recurre el control de los sueldos de las mutuas
El Gobierno se ha encontrado con un obstáculo imprevisto para llevar a cabo sus planes de acabar con los sueldos «disparatados» de los directivos de las mutuas de accidentes de trabajo.
El Gobierno se ha encontrado con un obstáculo imprevisto para llevar a cabo sus planes de acabar con los sueldos «disparatados» de los directivos de las mutuas de accidentes de trabajo. Sueldos que proceden de los presupuestos del Estado. El PP pide, en dos enmiendas presentadas a los presupuestos del Estado del 2010, la supresión de la disposición que acota las retribuciones de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que en algunos casos superan cinco veces el salario del presidente del Gobierno.
La nueva vuelta de tuerca del Ministerio de Trabajo ha levantado ampollas en las mutuas. Los nuevos directivos no podrán cobrar más que el director general del INSS, mientras que a los actuales ejecutivos que superen ese nivel se les exigirá exclusividad y se les congelará la cantidad que perciban de más.
Diario Córdoba