Autor: Comfia Asepeyo

CCOO considera que no es posible dilatar más el necesario debate sobre el modelo de Mutuas que nuestra sociedad demanda

16-09-2009 – La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (COMFIA) exigirá a Seguridad Social y a la Fiscalía de Tenerife, que esclarezca las posibles actuaciones irregulares de los gestores de la Mutua de Accidentes de Canarias y, en caso de confirmarse, se depuren cuantas responsabilidades correspondan, tanto administrativas, civiles y/o penales.

Un informe especial de la Intervención General de la Seguridad Social fechado el pasado mes de Junio, originó la apertura de un expediente administrativo de propuesta de medidas cautelares abierto por la Dirección General de Ordenación de la Seg. Social contra los gestores de esta Mutua y notificado a los miembros de la Junta Directiva.

Ahora, la policía, por orden de la Fiscalía de Tenerife, ha llevado a cabo un registro en la sede social de esta Mutua en busca de nuevas pruebas de actuaciones irregulares.

COMFIA-CCOO considera que las actuaciones deben llevarse a cabo con rigor, celeridad y contundencia e insiste en que es preciso diferenciar nítidamente entre una supuesta conducta irregular de los gestores, de la actuación que como entidad colaboradora de la Seguridad Social realiza esta Mutua, o de la profesionalidad y honestidad del resto de sus trabajadores y trabajadoras.

Desde COMFIA-CCOO queremos expresar nuestro firme compromiso con la función social que tienen encomendada las Mutuas y en especial la Mutua de Accidentes de Canarias, así como la defensa de la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, que tienen que padecer el deterioro de la imagen de estas Entidades, por la conducta indeseable de algunos de sus gestores.

CCOO considera que no es posible dilatar más el necesario debate sobre el modelo de Mutuas que nuestra sociedad demanda, modificando el actual hacia un modelo basado en la codecisión y la cogestión entre administración, empresarios y sindicatos.

Agrupación Estatal de Seguros Comfia-CCOO

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Se garantiza el servicio a las empresas asociadas y a sus trabajadores y los derechos de los trabajadores de la mutua.

Granado destacó la eficacia de los controles de la Administración de la Seguridad Social para detectar posibles irregularidades.

15 septiembre 2009. La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha suspendido de sus

funciones al director gerente y a la subdirectora de la Mutua de Accidentes de Canarias,

como medida cautelar para subsanar las irregularidades detectadas por la Intervención

General de la Seguridad Social y con independencia de las actuaciones que se puedan

llevar a cabo por los tribunales de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

La resolución dictada en esta fecha por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social

contempla la suspensión de funciones del director gerente y de la subdirectora de la Mutua

de Accidentes de Canarias, la petición a la Junta Directiva del nombramiento de un

sustituto en el plazo de 15 días y la presentación de un plan de actuación para subsanar las

irregularidad detectadas, en el plazo de 45 días.

El procedimiento administrativo coincide con las actuaciones del Juzgado de Instrucción de

Tenerife, consecuencia a su vez del informe realizado por la Intervención General de la

Seguridad Social, que, a finales de 2008, durante el procedimiento de auditoría sobre las

cuentas anuales, había detectado la existencia de posibles irregularidades penales, que

fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, así como de posibles

irregularidades contables, que fueron trasladadas al Tribunal de Cuentas, y la posibilidad

de irregularidad administrativas, que han sido evaluadas por la Secretaría de Estado de

Seguridad Social.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha adoptado las medidas cautelares previstas

en el artículo 74.2 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con lo establecido en el

artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, al informar sobre las

actuaciones administrativas adoptadas, envió un mensaje de tranquilidad a los

trabajadores de la mutua, a quienes se asegura la continuidad de su actividad en tanto se

aclaran las responsabilidades sobre las irregularidades detectadas, y subrayó que la

Seguridad Social garantiza a las empresas asociadas a la Mutua de Accidentes de Canarias

y a sus trabajadores la continuación de la prestación de los servicios que éstos reciben de

la entidad en su calidad de colaboradora de la Seguridad Social.

Granado destacó el hecho de que hayan sido los órganos competentes de la Administración

de la Seguridad Social quienes hayan detectado las posibles irregularidades y quienes

hayan adoptado las medidas administrativas que les competen, lo que viene a demostrar el

buen funcionamiento de los mecanismos de control que garantizan el adecuado

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como

entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

SEGURIDAD SOCIAL. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

 

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El Gobierno se ha marcado el objetivo de incrementar hasta 1,5 puntos del PIB la presión fiscal el próximo año para encauzar el desbocado déficit público.

11-09-2009 – Esta cifra implica ingresar hasta 15.000 millones de euros adicionales, un volumen sólo alcanzable con una importante subida fiscal. Entre las figuras tributarias susceptibles de modificarse sobresalen los impuestos especiales. En primer lugar, porque en relación con la Unión Europea, España mantiene unos tipos bajos en hidrocarburos, tabaco, alcohol o electricidad (ver gráfico superior). Por otro lado, un incremento en este tipo de tributos puede justificarse no sólo por un afán recaudatorio sino por motivos de salud -en el caso del alcohol y el tabaco- y para impulsar una economía sostenible (hidrocarburos y electricidad).

Los impuestos especiales permitieron ingresar 19.570 millones de euros el año pasado. A diferencia del IVA y Sociedades, no sufrieron una caída importante en la recaudación. Más de la mitad de los ingresos en impuestos especiales provienen de los gravámenes que se aplican sobre la gasolina. A pesar de que el Gobierno ya incrementó en junio el impuesto de hidrocarburos, España se sitúa entre los países que aplican unos impuestos más bajos. Así, el gasóleo de automoción -el combustible más utilizado-, mantiene una fiscalidad de 307 euros por cada 1.000 litros, un nivel inferior al que se aplica en Francia o Portugal, por citar los dos países fronterizos.

Así, España tiene margen para incrementar la fiscalidad sobre la gasolina. La subida de 2,9 céntimos por litro aprobada por el Gobierno en junio supondrá, según cálculos de Economía, unos ingresos adicionales de 1.000 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno también incrementó la fiscalidad sobre el tabaco el pasado junio. Aun así, una cajetilla de Marlboro -la marca más vendida en España- cuesta 3,45 euros, diez céntimos menos que en Portugal y muy por debajo de Francia. Es decir, hay cierto margen para aumentar la fiscalidad. El impuesto sobre el tabaco permitió al Estado ingresar el año pasado 7.000 millones de euros y con la subida fiscal aprobada en junio el Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros adicionales. La ministra de Economía, Elena Salgado, defiende equiparar la fiscalidad sobre el tabaco en España con la UE .

España también mantiene unos impuestos relativamente bajos en alcohol y la electricidad. Aplica un gravamen de 830 euros por hectolitro de alcohol puro, un 77% por debajo del vigente en Francia y un 244% inferior a los tributos que mantiene el Reino Unido. En cuanto a la electricidad, España aplica el gravamen mínimo exigido por la UE, un euro por cada megavatio hora (MWh).

Aun así, sólo con aumentar los impuestos especiales es imposible incrementar los ingresos en 15.000 millones. Para alcanzar esa cifra, además de eliminar la deducción de 400 euros, parece imprescindible incrementar el tipo del IVA, uno de los más bajos en Europa. Ahora bien, no es descartable que un aumento del IVA provoque justo lo contrario: una disminución de la recaudación debido al menor consumo y al incremento del fraude.

Jaume Viñas
Cinco Dias

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