Autor: Comfia Asepeyo

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, avanzó ayer en Italia que la subida de impuestos anunciada el miércoles también tocará a los indirectos (IVA, especiales e hidrocarburos), aunque no matizó a qué tributos afectará.

11-09-2009 – Tras no dar pistas en el Congreso sobre a qué figuras impositivas afectaría la mayor presión fiscal, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aclaró ayer que ésta también incluirá a los impuestos indirectos (IVA, alcohol, tabaco e hidrocarburos). En rueda de prensa con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con motivo de la Cumbre Hispano-Italiana, Zapatero dijo que pedirá a los ciudadanos un esfuerzo fiscal «temporal», teniendo en cuenta que la presión fiscal en España está en el 32,6% del PIB, «de las más bajas de la UE».

A su juicio, la grave crisis y el recorte del gasto social obligan a llevar a cabo un aumento de impuestos «que se centrará en la deducción de 400 euros, en el gravamen sobre las rentas del capital, situado en el 18%, y en la imposición indirecta». Sin embargo, no concretó sobre qué indirectos se va a centrar el incremento de presión fiscal. En términos recaudatorios, el que más podría aportar sería el IVA, ya que una subida de un punto supondría una inyección de 5.000 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado contrario a subirlo ya que puede hundir aún más el consumo. En el resto de figuras no le queda mucho margen, ya que tienen menos repercusión en la recaudación y porque en junio ya se aprobó un incremento en tabaco e hidrocarburos.

Otra de las vías abiertas para incrementar los ingresos era la creación de un impuesto ambiental, que ayer fue rechazada por la ministra de Economía, Elena Salgado. En una entrevista con el diario económico italiano «Il Sole 24 Ore», Salgado manifestó que el cambio de modelo productivo se llevará a cabo por medio de aportaciones público-privadas, «no a través de un impuesto verde como ha publicado algún periódico», señaló.

En la cumbre, Zapatero y Berlusconi abogaron por una política europea de inmigración, para la que reclamaron más ayuda por parte de la UE, y pidieron al G-20 que impida la especulación con el precio de las materias primas.

Por su parte, Confindustria y CEOE, las patronales de Italia y España, también presentes en la reunión, reclamaron a ambos mandatarios reformas estructurales para restablecer el acceso de las empresas al crédito.

Agencias

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La masa salarial de los ministerios, CCAA y municipios superará los124.000 millones.

11-09-2009 –

La remuneración que pagan todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y municipal) a sus empleados superará en 2009 los 124.000 millones de euros, es decir, el 12% del PIB. Lo que supone que un tercio de todo el gasto público se destina a pagar sueldos. Se trata del doble de los ingresos que Hacienda prevé recaudar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Era el secreto mejor guardado hasta ahora. ¿Cuánto cuestan a los españoles los empleados públicos? Ya hay cifras, incluso de su evolución. Según un informe interno del Ministerio de Economía y Hacienda, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado en términos de Contabilidad Nacional, el conjunto de las Administraciones Públicas (Administración Central, autonomías y ayuntamientos) se gastaron el año pasado 116.716 millones de euros. Y la previsión de aumento para 2009 supera el 7%. Por tanto, en este ejercicio las remuneraciones totales de los funcionarios supondrán casi 125.000 millones; más de 12% del PIB.

Se trata del doble de la cifra que el Gobierno prevé recaudar en este ejercicio por IRPF (unos 62.000 millones si se mantiene la caída de los ingresos del 12,9% hasta julio).

El informe incluye toda la remuneración en efectivo y en especie que pagan las Administraciones Públicas a sus asalariados como contrapartida al trabajo realizado incluyendo los sueldos y salarios y las cotizaciones sociales a cargo del empleador.

Estos gastos suponen casi un tercio del volumen total del gasto público (hace dos años se situaba en el 26%). Esto quiere decir que, en medias, el Gobierno central, los 17 autonómicos y los más de 8.100 alcaldes de los ayuntamientos tienen comprometido más del 30% de sus presupuestos anuales como consecuencia del aumento de la contratación y de su falta de control.

De esos casi 125.000 millones del importe total, más de un 60% corresponde a las comunidades autónomas. Por su parte, la Administración Central (incluida la Seguridad Social) gestiona alrededor del 23%, y las corporaciones locales, un 17%.

Ningún año se han cumplido las previsiones de gasto de personal. En los ejercicios de mayor recaudación es cuando más se ha disparado el gasto. Por ejemplo, en 2007 (cuando la economía creció a tasas del 3,7%), la remuneración total aumentó un 9% respecto al año anterior. Mientras, el gasto de personal de las autonomías creció un 10,3%; un 7,5%, la de los ministerios; y un 6,8%, la de los ayuntamientos.

Sin embargo, los gestores políticos han sido incapaces de parar esta evolución con la llegada de la crisis. Así, por ejemplo, las remuneraciones crecieron en el conjunto de las administraciones otro 9% en 2008, año en que la inflación acabó en el 1,4%. Y lo mismo está ocurriendo en 2009, con tasas de inflación negativas. La previsión del aumento de este gasto por parte del Gobierno es del 5,6% para el Estado y las autonomías lo tienen situado en el 6,5% de media. De aquí que las estimaciones apuntan a que en 2009 la masa salarial global de los empleados públicos superará el 7%.

En cuanto a las rentas de los funcionarios (salario bruto más cotizaciones), un informe de la Agencia Tributaria las sitúa en 85.800 millones en 2008, con un incremento del 9,5% (frente al 3,1% del sector privado) respecto al año anterior.

Con estos datos se desmonta el viejo aforismo de que los trabajadores privados ganan más que los públicos. Así, un trabajador público recibió de media 28.321 euros brutos en 2008, mientras que la renta individual del privado se situó en 21.032 euros.

 

Un punto más, 1.250 millones

Con la masa salarial total de 2009 de la función pública, cada punto de subida equivale a unos 1.250 millones. Es lo que prácticamente cuesta la ayuda de los 420 euros para 700.000 parados sin seguro de empleo durante seis meses. Se trata de la oferta que han presentado inicialmente los sindicatos como gesto de contención salarial.

Sin embargo, un subida de un punto en los sueldos de los funcionarios acarrea al menos otros dos puntos más de gasto por ‘deslizamientos’ (por antigüedades, ascensos u otros complementos) así como de nuevas incorporaciones, incluso temporales.

Por tanto, la subida de un punto tendría un coste conjunto para la masa salarial de unos 3.700 millones, una cifra con la que se podía pagar durante un año y medio esos 420 euros. Si esa masa salarial llegara a crecer hasta siete puntos, como va a suceder en 2009, el coste para el contribuyente sería de unos 8.700 millones. El Gobierno ha anunciado que se suspenderán las convocatorias de más plazas. Pero la maquinaria del gasto no se podrá parar.

 

El descontrol de los salarios públicos en las autonomías

El Banco de España ya advirtió al aprobarse los presupuestos autonómicos sobre el descontrol de los salarios de sus empleados.

En el Boletín Económico de enero pasado señaló que, aunque el Gobierno central, mediante los Presupuestos Generales del Estado, establece el crecimiento salarial para todas las autonomías, «los aumentos presupuestados de los gastos de personal han sido tradicionalmente superiores en las comunidades autónomas que en el Estado».

En este sentido, los gobiernos regionales han presupuestado para 2009 un incremento medio de la masa salarial del 6,5% frente al 5,6% del Estado, aunque el aumento retributivo medio (3,8%) ha sido igual para sus funcionarios que para los de las demás administraciones públicas. Y algunas comunidades han elevado sus previsiones por encima del 10%. Por ejemplo, Asturias lo sitúa en el 10,5%, y Aragón en el 9,8%. El Gobierno de la comunidad madrileña fue el que realizó la menor previsión de incremento de gasto de personal (1,8%).

Y como es de esperar, las previsiones son sólo eso, objetivos iniciales. Así, aunque todavía no se conoce el dato definitivo de 2008, en 2007 las autonomías incrementaron su gasto de personal por encima del 10%, dos puntos más que el año anterior. En 2003 se produjo un llamativo 13,6% de aumento. Pero se debió a la llegada de funcionarios para trabajar en las recién estrenadas transferencias de sanidad y de educación.

 

La plantilla no ‘rejuvenece’, la mitad tiene más de 45 años

Las carreras de los empleados públicos en un mismo puesto de trabajo, o similar, son más largas que las de los trabajadores privados. La diferencia estriba en que para los primeros el empleo es prácticamente de por vida.

De ahí que 1.449.100 funcionarios, el 47% de los 3 millones que figuran en la EPA, tengan más de 45 años. Además, mientras apenas hay trabajadores privados por encima de los 55 años (muchos están prejubilados por una gran empresa o simplemente están en el paro), en el sector público aparecen casi medio millón. También se observa que es el colectivo que está más dispuesto a ampliar su vida laboral después de los 65 años (hay 26.100 empleados públicos). Todo esto confirma un envejecimiento de esta cohorte, que genera más costes fijos al acumular por ejemplo más antigüedad.

 

FRANCISCO NÚÑEZ

El Mundo

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El plan excluirá a uno de cada 10 trabajadores de fuera de la UE.

 

08-09-2009 – El ministro del Interior británico, Alan Johnson, adelantó ayer que el Gobierno de Gordon Brown va a ejecutar un plan para garantizar que los puestos de trabajo en Reino Unido sean ocupados por británicos, tratando así de evitar tensiones como las que en 2008 llevaron a trabajadores británicos del sector petrolero a protestar por la contratación de extranjeros. Así, Johnson ordenará a las empresas nacionales que difundan sus ofertas de trabajo a través de las oficinas de empleo durante un mes antes de buscar empleados potenciales fuera de la Unión Europea, según informan los medios británicos. Antes se exigía que lo hiciesen sólo durante dos semanas y, una vez transcurrido ese periodo, podían contratar a personas fuera de la UE.

Además, el periodo mínimo de cualificación que deben tener los trabajadores extracomunitarios que se trasladen a una compañía con sede en el Reino Unido aumentará de seis meses a un año, dijo Johnson, si bien su salario mínimo aumentará de 17.000 a 20.000 libras.

«Estos cambios garantizarán que las empresas puedan contratar a los trabajadores extranjeros cualificados que necesita la economía, pero no en perjuicio de los trabajadores británicos ni como alternativa más barata frente a la inversión en las capacidades de la mano de obra existente», explicó el ministro.

El Ministerio del Interior cree que uno de cada 10 trabajadores de fuera de la UE que lograron permiso de trabajo el año pasado quedarán excluidos con la aplicación de las nuevas normas, que se han adoptado a partir de un estudio del Comité Asesor sobre Migración. En 2008 había en Reino Unido 3,8 millones de empleados no nacidos en las islas.

Este año, el Gobierno ha introducido un sistema de inmigración por puntos en virtud del cual los empresarios sólo pueden contratar a trabajadores cualificados extracomunitarios si no pueden cubrir el puesto con un británico o si éste figura en la lista de profesionales escasos.

El primer ministro británico, Gordon Brown, defendió hace dos años que los puestos de trabajo de Reino Unido sean para sus ciudadanos. Posteriormente, cientos de trabajadores de la refinería de petróleo Lindsay, propiedad de una empresa francesa, salieron a la calle a protestar por la contratación de 300 italianos en lugar de recurrir a la mano de obra local.

El Mundo

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Se trata de pasar de unos tipos de imposición que ahora están entre el 15% y el 35% hasta el 50%.

07-09-2009 – El Gobierno francés prepara un endurecimiento de la fiscalidad de las personas físicas o empresas que operan desde o con paraísos fiscales dentro de su estrategia contra estas jurisdicciones no cooperativas.

Algunos de los detalles de esta ofensiva, que se formalizará en el proyecto de ley de presupuestos de 2009 que se presentará a mediados de octubre, fueron revelados el pasado viernes por la prensa francesa y siguen la estela de los objetivos del G20 a dos semanas de una nueva cumbre en Estados Unidos.

Una de las medidas principales es incrementar la tasación de los rendimientos del capital pagados en Francia por empresas a personas físicas y jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales.

Se trata de pasar de unos tipos de imposición que ahora están entre el 15% y el 35% hasta el 50%.

Otro de los puntos de la ofensiva diseñada por el país galo consiste en anular cualquier deducción y régimen de favor cuando están implicados actores que operan en países o territorios no cooperativos.

También está previsto gravar con hasta el 50% la transferencia de fondos a entidades ubicadas en paraísos fiscales y establecer penalizaciones para las entidades bancarias implantadas en Francia que se nieguen a identificar los envíos de dinero de cantidades superiores a 10.000 euros.

El presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa, el socialista Didier Migaud, va a relanzar el próximo jueves ante los diputados la idea de crear una policía fiscal, lo que tendría que hacerse bajo la autoridad de un juez.

EFE

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El Gobierno planea elevar del 18% al 20% la tributación sobre el capital.

07-09-2009 – La gran baza fiscal socialista en la campaña electoral de 2008 se ha convertido en la primera víctima de los estragos presupuestarios. El Ministerio de Economía y Hacienda quiere eliminar completamente la deducción de 400 euros que desde el año pasado se aplican 16 millones de asalariados y pensionistas en el IRPF, según fuentes próximas al Gobierno. Frente a la idea inicial de conservar esa rebaja fiscal para los contribuyentes de rentas más bajas, Hacienda es partidaria de anularla y conseguir un ahorro superior a los 4.000 millones de euros anuales sin introducir grandes modificaciones en los impuestos.

En plena campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero decidió aligerar las retenciones de las nóminas de los contribuyentes en un momento en que las arcas públicas aún estaban boyantes. Revocar esa decisión, a la que se opuso el entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, constituye una fórmula sencilla y relativamente indolora de subir impuestos. Porque eliminar los 400 euros implica elevar el IRPF, aunque sin tocar tipos ni otros elementos del tributo. La cantidad que Hacienda recupera con esa medida supera incluso la que se devolvió a los contribuyentes con la reforma fiscal de 2007.

Esos 4.000 millones representan casi la mitad del recorte del gasto que Economía planteó inicialmente para los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Se trata, por tanto, de una solución con gran impacto recaudatorio que concede un cierto margen en el complejo ejercicio de cuadrar las cuentas para el año próximo.

Pese al convencimiento de Hacienda de hacer desaparecer los 400 euros del marco tributario, el Gobierno se guarda un as en la manga que puede utilizar el Grupo Socialista en la negociación parlamentaria. Porque si los apoyos de los grupos de izquierda así lo requieren, Hacienda puede tener que ceder y conservar esa deducción para las rentas más bajas.

Otro de los elementos que ultiman estos días los técnicos del ministerio es cómo elevar la tributación sobre las rentas del capital anunciada por Zapatero. Una de las hipótesis es aumentar del 18% al 20% el tipo que grava todos los productos del ahorro, tanto el mobiliario (dividendos, intereses de cuentas corrientes…) como el inmobiliario (alquileres de pisos) y los fondos de inversión. El impacto de elevar dos puntos la tributación del capital no llega a los 1.000 millones de euros anuales, según fuentes socialistas. El coste político, sin embargo, puede resultar muy superior al de los 400 euros, pues la subida de impuestos es más evidente. La medida afectará a todo el ahorro -no habrá diferencias por productos-, que reportó a Hacienda más de 7.000 millones de euros el año pasado.

Si prospera esta iniciativa, será la segunda vez que el Gobierno socialista eleve la tributación sobre el capital. En la reforma fiscal de 2007 ya se subió del 15% al 18% el tipo general que se aplica a estos productos, aunque la simplificación que se realizó también supuso una rebaja en algunos casos. En general, las ganancias generadas en un año tributaban antes al tipo más alto que cada contribuyente tuviera en el IRPF, mientras que desde 2007 a todos los rendimientos del capital se les aplica un 18%.

Lo que Hacienda descarta completamente es una subida del IVA para aliviar las arcas públicas. Esta medida, reclamada por la CEOE y respaldada por algunos expertos, no es vista con buenos ojos en el departamento que dirige Elena Salgado. El argumento es que retraería aún más el consumo y afectaría de forma especial a los contribuyentes con menores ingresos.

A menos de tres semanas de aprobar los Presupuestos en el Consejo de Ministros, las opciones fiscales están más abiertas de lo que correspondería a una recta final de elaboración de las cuentas del Estado. El Gobierno necesita «elevar algo los ingresos y bajar los gastos», en palabras de un diputado socialista, para conseguir lo que parece imposible: que el déficit de las administraciones públicas se reduzca del 10% que se prevé alcance este año -la realidad puede superar fácilmente ese nivel- al 7,9% el año próximo.

La trampa de los cambios en las Sicav

Las Sicav, sociedades de inversión utilizadas por las grandes fortunas para rentabilizar sus ingresos, han saltado a la arena política con los cambios fiscales que se avecinan. El principal atractivo de estos instrumentos es que el beneficio que generan tributa al 1% en lugar del 30% que abonan las empresas convencionales (25% si son pymes). La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, no parece dispuesta a cambiar el marco fiscal de estas sociedades, según sugirió la semana pasada. Pero, como ocurre desde que se inició el debate de la subida de impuestos, el presidente del Gobierno lo ha matizado: «Estamos abiertos a lo que se proponga», respondió José Luis Rodríguez Zapatero a una pregunta sobre esta cuestión el pasado fin de semana en Onda Cero.

Hay una forma de conciliar los dos mensajes -cambios en las Sicav sin modificar la norma que las regula- que encierra una pequeña trampa. Esas sociedades, que requieren como mínimo 100 inversores con un capital conjunto de 2,4 millones de euros, abonan a Hacienda un 1% de sus beneficios. Pero cuando el inversor recupera su capital, la ganancia obtenida tributa al tipo general que grava el ahorro, es decir, el 18%.

De esa forma, si el Gobierno opta por elevar los impuestos sobre el capital, los socios de las Sicav pagarán más impuestos a la hora de retirar su inversión, un pequeño matiz que permite a Zapatero afirmar que puede haber cambios.

En España hay constituidas casi 3.400 Sicav, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador de los mercados, relativos al tercer trimestre de 2008. Manejan un patrimonio de 27.143 millones de euros, cantidad equivalente a la dotación inicial del servicio público de empleo estatal en los Presupuestos de 2009 y que tuvo que ser ampliada para pagar las prestaciones por desempleo.

LUCÍA ABELLÁN
El Pais

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