Autor: Comfia Asepeyo

El IPC armonizado acumula su quinto mes consecutivo en valores negativos. En el mes de julio, el IPCA (armonizado) es del -1,4%

31-07-2009 – España se sitúa al borde de la deflación -que el Fondo Monetario Internacional define de modo técnico como seis meses seguidos de tasas negativas- acumulando el quinto mes de IPC bajo cero. De esta forma, el mes que viene puede quedar incumplida una nueva promesa del Gobierno, que también aseguró que no se llegaría a la deflación. En el mes de julio, el IPCA (armonizado) es del -1,4%.

 

De coincidir este dato con la inflación general (IPC), también supondrá la quinta caída de precios, pero en este caso desde hace 47 años, desde 1962, primer año del que se tienen datos homologables.

 

Hasta que se conozcan los datos definitivos, el 13 de agosto, es de prever que la caída de la tasa de la inflación se deba, principalmente, a la diferencia del precio del petróleo, ya que hace un año el barril del Brent costaba 134,56 euros frente a los 65,36 euros de julio de este año.

La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas varía en alguna décima- con la del IPC general, cuya evolución del mes de julio se publicará el próximo 13 de agosto.

 

De situarse el IPC general en el -1, 4%, la inflación interanual española ahondaría también su crecimiento negativo, ya que en junio registró una tasa del -1%.

 

En marzo la inflación española entró por primera vez en negativo, pues desde 1961, año en el que se inicia la serie, nunca se había experimentado una tasa negativa de crecimiento de los precios. No obstante, el Gobierno sigue descartando la entrada en deflación, entendida ésta como una caída generaliza y prolongada de los precios, opinión que también comparten el Banco de España y organismos como la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

La institución gobernada por Miguel Angel Fernández Ordóñez ha manifestado que los riesgos de deflación en España son «remotos», puesto que sólo el efecto estadístico por el abaratamiento del crudo en la segunda mitad de 2008 presionará al alza el IPC hasta tasas positivas en los últimos meses del año. Por su parte, Funcas prevé que la inflación registre tasas negativas hasta octubre, con lo que acumularía ocho meses de crecimiento negativo. No obstante, la Fundación de las Cajas considera que no se puede hablar de deflación mientras el núcleo inflacionista, que excluye los productos energéticos y los alimentos, se mantenga en positivo.
ABC

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En el proceso de concertación social que la CEOE ha puesto abruptamente fin, una reivindicación muy decisiva era la reducción de cuotas.

27-07-2009 – Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.

Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.

Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.

Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.

Joaquín Aparicio Tóvar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla – La Mancha.

 

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Elena Salgado quintuplica el límite máximo embargable de las cuentas corrientes de los ciudadanos y sin proceso judicial. El Ejecutivo trata de agilizar los ingresos.

Hacienda sigue inventando nuevas fórmulas para hacer frente a la grave crisis recaudatoria y al agujero de las cuentas públicas del Estado. La Agencia Tributaria podrá embargar hasta 20.000 euros de forma automática, según una disposición publicada ayer en el BOE.

La cantidad máxima que la Administración podrá confiscar de manera directa de las cuentas bancarias o de ahorro de los ciudadanos «sin necesidad de iniciar el procedimiento judicial» se ha quintuplicado desde los 4.000 a los 20.000 euros en menos de dos años.

La disposición firmada por el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Luis Pedroche, justifica el fuerte aumento de la cantidad máxima embargable sin mediación de la Justicia por «el satisfactorio funcionamiento que ha tenido este procedimiento desde su implantación».

Ésta es una de las medidas elegidas por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en un momento de caída de los ingresos estatales del 25% entre enero y mayo, ya que las subidas de los impuestos que gravan los hidrocarburos y las labores del tabaco no son suficientes para mitigar un déficit que asciende peligrosamente hasta el 10% del PIB.

La iniciativa, que entrará en vigor el 1 de agosto, puede llevar a los contribuyentes a pasar más de un apuro inesperado durante la temporada estival.

Algunos españoles pueden verse sorprendidos en pleno verano por un embargo de una importante deuda que hasta ahora desconocían, ya que la notificación de la Administración la verán a la vuelta de las vacaciones.

Con este controvertido plan, en poco más de 10 días podría culminar el proceso de embargo iniciado por Hacienda y ejecutado por las entidades financieras colaboradoras.

Esta iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda pretende no toparse con la justicia en el cobro de las deudas. Varias sentencias han impuesto en los últimos meses límites a los ayuntamientos a la hora de iniciar el cobro rápido de multas, recargos, impuestos o distintos cobros a los ciudadanos, esenciales para poder hacer frente a los servicios sociales prometidos.

El Constitucional ya ha avalado en diversos pronunciamientos que el mecanismo estándar de cobro acelerado a los ciudadanos, por medio de publicar las reclamaciones en edictos oficiales, debe considerarse como «un remedio último de carácter supletorio y excepcional».

El poder del Estado
A la indefensión de las compañías a la hora de cobrar las deudas contraídas por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, se opone la agilidad y la impunidad con la que la Administración Tributaria puede enfrentarse a las obligaciones de los particulares.

Los ciudadanos tienen que hacer frente a un interés de demora del 5%, mientras que el Estado paga por el retraso en sus pagos sólo el 4%, el interés legal del dinero.

Asimismo, Salgado dio ayer luz verde a nuevas medidas para luchar contra el fraude. Economía obligará a las entidades financieras a presentar declaraciones informativas anuales sobre movimientos en efectivo por importe superior a 6.000 euros de créditos y préstamos, y por importes superiores a los 3.000 euros cuando sean disposiciones de fondos o cobros en metálico.

El Ejecutivo también aplazó ayer hasta 2012 la obligación de presentar una declaración informativa con los libros de registro del IVA.

Calixto Rivero Expansion

 

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La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arohe) ha publicado una carta abierta a los empresarios instándoles a adoptar la reducción de jornada de sus trabajadores y les invita a medir la productividad de sus empresas durante los meses en que se mantiene el horario continuado para constatar si ha sido menor, igual o mayor que la registrada durante el resto del año.

Arohe recuerda que implantar la jornada continua tal como hacen muchas empresas en verano aumenta la motivación, reduce el estrés, estimula la optimización y enseña a los empleados a planificarse, pero lo más importante es que eleva la productividad, argumenta este organismo. «Ante la situación de crisis económica, y con la excusa de la necesidad de no bajar el nivel de productividad, algunos empresarios pueden sentir la tentación de eliminar la reducción de jornada que cada vez más empresas españolas adoptan en los meses de verano«, apunta Ignacio Buqueras, presidente de la institución.

«Cometerían un grave error si dieran ese paso atrás y desde la Comisión Nacional les pedimos que no lo hagan, que mantengan la reducción de jornada y que, además, midan la productividad de sus empleados durante este periodo. Estamos seguros de que se llevarán una grata sorpresa, ya que comprobarán que la productividad no sólo no desciende con esta clase de medidas, sino que se ve incrementada», recuerda.

Según la institución, de la que forman parte 116 instituciones y entidades; ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos y universidades, «testar la productividad de las empresas mientras realizan una jornada reducida serviría para darse cuenta de las ventajas de una política de horarios racionales y de conciliación. “Podría servirles para adoptar estas mismas medidas no sólo durante el periodo estival sino también durante el resto del año”, señala Buqueras.

Además de por la imperante necesidad de conciliar, Arhoe subraya otros motivos que hacen necesario normalizar los horarios continuados, como la disminución de la siniestralidad o la mejora del rendimiento escolar y de salud pública. «En definitiva, se le da mayor valor al tiempo», concluye Buqueras. «Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios, para hacerlos convergentes con los países de economías más avanzadas”.
Para apoyar su tesis, este organismo ofrece a los empresarios diez argumentos a favor de la jornada continua:

1. Aumenta la motivación. La jornada continua tiene una incidencia directa en la motivación de sus empleados. Están más satisfechos, más felices y con mejor disposición para el trabajo gracias a que tienen tiempo para dedicarlo a su vida personal y a su familia.

2. Fortalece la identificación con el proyecto y con la empresa. Los empleados satisfechos se identificarán con mayor facilidad con una empresa que tiene en cuenta sus necesidades y sus circunstancias personales, que les deja tiempo para atender esas cuestiones.

3. Reduce el estrés. El estrés acumulado repercute negativamente en el rendimiento de los trabajadores, además esto se une a la angustia que les produce el hecho de que las largas jornadas de trabajo les impide dedicar tiempo a la atención de la familia, la preparación de las vacaciones, las compras y las obligaciones cotidianas.

4. Estimula la optimización del tiempo. Al disponer de un menor número de horas para realizar las mismas tareas que antes distribuía a lo largo de una jornada completa, los empleados aprenden a optimizar sus horas de trabajo, a ser más eficaces y resolutivos en la realización de sus labores profesionales diarias.

5. Enseña a planificarse. Sin una buena planificación, la optimización del tiempo es una tarea imposible. Los empleados se verán obligados a aprender a planificar sus jornadas de trabajo con suficiente antelación, por medio de reuniones de trabajo operativas que les permitan distribuir sus tiempos a lo largo de la semana.

6. Permite el aprendizaje y el trabajo en equipo. El verano es también el periodo vacacional para muchos trabajadores, algo que obliga a los que todavía no se han ido a implicarse más en las tareas y responsabilidades de los compañeros ausentes y a colaborar con otros departamentos y conocer así otros aspectos de la empresa hasta que vuelven los primeros para relevar a los segundos. Todo ello redunda en beneficio de la empresa y es algo que sería muy difícil llevar a cabo en un ambiente de insatisfacción laboral.

7. Mejora el descanso. La jornada reducida permite que el trabajador sufra un menor nivel de desgaste físico y psíquico. Llega a casa más fresco, a una hora que le permite disponer de tiempo suficiente para su ocio y su familia sin tener que trasnochar, y se acuesta antes, con menos preocupaciones y con menor sensación de agotamiento. Todo ello hace que llegue menos cansado al trabajo y en mejores condiciones para trabajar.

8. Facilita la desconexión. Salir a una hora razonable de trabajar permite a la persona desconectar por unas horas de las preocupaciones laborales. Algo que sería muy difícil hacer si la jornada que comienza se vive como una continuación de la anterior porque se ha salido muy tarde y apenas le ha dado tiempo para cenar con la familia y acostarse. Un tiempo de ocio de calidad es esencial para liberar la mente y dejarla limpia y lista para una nueva jornada de trabajo productiva.

9. Explora nuevas facetas. Facetas de la personalidad del trabajador que más tarde pueden tener una incidencia directa en su trabajo. Desde cursos de formación que ahora tiene tiempo para realizar, hasta aspectos de desarrollo personal de cada uno de los trabajadores que, aprovechando que tienen más tiempo y están más relajados, pueden activarse o desarrollarse.

10. Incrementa la productividad. Por último, todas estas razones confluyen en una única y principal razón de peso. La productividad de los trabajadores se ve incrementada de manera significativa, algo de lo que se benefician tanto él como su empresa, y que viene a probar la rentabilidad de la implantación de medidas de la conciliación y horarios racionales.

Expansion

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