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Autor: Comfia Asepeyo

  • Epidemia de lucro

    La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

    29-04-2009 – En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe «común». Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

    En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (www.grain.org).

    Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes.

    Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

    Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

    Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

    Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

    Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un «accidente» en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, «fueron errores humanos y problemas en el proceso», del cual no puede dar detalles, «porque tendría que revelar procesos patentados».

    No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

    Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC
    La Jornada

     

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  • El Congreso abre la vía para dar 500 euros al mes a cada español

    Los partidos votan hoy la creación de una subcomisión para diseñar una “renta básica de ciudadanía”. La medida tiene los apoyos suficientes.

    28-04-2009 – El grupo parlamentario IU-ERC-ICV no se da por vencido en su empeño por crear una renta básica de ciudadanía “universal” e “individual” para todos los españoles.

    Más aún, ha conseguido que hoy la Comisión de Trabajo incluya como plato fuerte del orden del día la discusión de si merece la pena crear una subcomisión ex profeso para debatir este asunto. Y he aquí la sorpresa:salvo vuelcos inesperados en la votación, esa subcomisión verá la luz, gracias a los apoyos del PSOE y CiU y la abstención del PP.

    La idea de conceder una paga a todos los ciudadanos que residan en España –vértebra esencial del proyecto de ley presentado por el grupo de IU, el 23 de abril de 2008– ha seducido en más de una ocasión al presidente del Gobierno.

    Cuando era tan sólo un candidato a ocupar La Moncloa –y un gran desconocido para la opinión pública– el cheque ciudadano se convirtió en una referencia habitual de los mítines de Rodríguez Zapatero. De hecho, esta renta básica de ciudadanía “incondicional” se llegó a plasmar en el diseño del programa electoral del PSOE de 2004 (ver EXPANSIÓN del 15 de diciembre de 2003), aunque no en el texto definitivo.

    La doble lectura

    Como jefe de Gobierno, las prioridades de Zapatero cambiaron y en octubre de 2007 su grupo votó contra la propuesta de ERC-ICV de inaugurar una paga universal. Pero ahora la historia se repite. En plena recesión, el PSOE vuelve a flirtear con la opción de que los ciudadanos reciban una fuente extra de ingresos (cifrada en hasta 500 euros mensuales, ver información adjunta). Un portavoz autorizado del PSOE señaló a este diario que el grupo “no se opondrá en principio a crear la subcomisión”.

    No obstante, cualquier decisión al respecto pone en jaque al Ejecutivo. Por un lado, los padrinos de la idea son los socios naturales del Gobierno en el Parlamento y, a fecha de hoy, prácticamente los únicos. Pero, por otro lado, el hecho de apoyar que los partidos estudien la paga supone abrir un nuevo flanco para las críticas y, a la vez, estar dispuesto a que el hoyo del déficit del Estado –que terminará el año en torno al 6% del PIB– siga ganando en profundidad.

    Desde CiU tienen la esperanza de que la subcomisión estudie “cuáles son los mejores incentivos al trabajo más que las transferencias de renta” o, por ejemplo, cómo deben rediseñarse las políticas pasivas.

    En España, sólo existen otras cuatro subcomisiones. Sobre el Deporte Profesional; el Pacto de Estado en la Sanidad; las modificaciones del Régimen Electoral General y el estudio de la ley integral contra la violencia de género.

    M. Tejo
    Expansion

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  • Mutuas de Accidentes de Trabajo: El informe del Tribunal de Cuentas deja en evidencia al sistema

    Para CCOO, el nuevo modelo mutual tiene que estar basado en la codecisión y la cogestión.

    28-04-2009 – El reciente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de fecha 26 de Marzo de 2009, sobre los procesos de contratación realizados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo durante los años 2004 y 2005, pone de manifiesto graves deficiencias en la gestión que estas Entidades realizan del Patrimonio de la Seguridad Social.

    Adjudicaciones irregulares de contratos de servicios, realizados intencionadamente para beneficiar a empresas mutualistas, o a directivos y altos cargos de la propia Mutua, al margen de las normas reguladoras que deben regir en la contratación con fondos públicos o la subcontratación a terceros de una parte de la gestión de las prestaciones de IT, en centros sanitarios que, en ocasiones no disponen de las autorizaciones sanitarias correspondientes, son algunas de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

    Esta subcontratación viene siendo denunciada desde hace años por Comisiones Obreras. Más aún desde el año 1996 en el que las Mutuas asumieron la gestión de la IT por contingencia común de las empresas en las que así era decidido unilateralmente por el empresario.

    El informe demuestra que las mutuas no han optimizado ni racionalizado los recursos públicos de los que disponen para realizar la gestión de las prestaciones que tienen encomendada.

    Es una situación que deja en evidencia al sistema, ya que en el caso de las contingencias comunes, asumir esa competencia por las Mutuas debía tener una relación directa con la creación de la infraestructura necesaria para proveer con medios propios el servicio. Lejos de esta obligación, en algunos casos, se han privatizado los reconocimientos médicos y o se han sufragado con dinero público persecuciones “detectivescas” contra los trabajadores.

    El estudio se ha realizado sobre una muestra de 8 mutuas, pero estas y otras prácticas cuestionables legal y éticamente como la ingeniería financiera e incluso cesión ilegal de trabajadores en beneficio de connivencias entre empresas y mutuas, son prácticas generalizadas en un modelo de mutualismo que se ha demostrado obsoleto y caduco.

    Mientras se ha permitido que los gerentes, directivos y altos cargos de mutuas compatibilicen sus labores de gestión de fondos públicos con otras privadas en empresas que son las que luego dan servicio a la Mutua con facturaciones muy por encima de los precios de mercado, las Juntas Directivas no han usado su capacidad disciplinaria y sancionadora.

    Es el momento de introducir la racionalidad en el sistema. No se puede permitir que con dinero público se lucren intereses privados. No se puede tolerar que cargo a cuotas se den situaciones tales de ineficacia y ineficiencia económica, cuando lo que está en juego es la salud e integridad de los trabajadores.

    Todo esto afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que son los que reciben los servicios que las mutuas prestan y, de forma particular, a los que prestan su actividad laboral en estas Entidades, que sin ser los responsables, caen en el desprestigio por la acción de sus empresas y se sienten señalados por una sociedad que lee y sigue las noticias que afectan a las organizaciones donde trabajan, mientras los gerentes y altos cargos se benefician de salarios desproporcionados que obtienen por los cauces más diversos.

    Es el momento introducir racionalidad en el sistema. No se debe consentir que con el dinero público se lucren intereses privados, ni tolerar que con cargo a las cuotas de Seguridad Social se den situaciones tales de ineficacia e ineficiencia económica, cuando lo que está en juego es la salud e integridad física de los trabajadores.

    Ha llegado la hora de abrir el debate para diseñar el nuevo modelo mutual que la sociedad actual precisa y emprender las reformas necesarias.

    Para CC.OO., este nuevo modelo mutual tiene que estar basado en la codecisión y la cogestión. La primera supone recuperar el equilibrio entre empresas y trabajadores, a través de la elección conjunta de la Mutua, para que esta se esfuerce en prestar servicios de mayor calidad a los mismos, pues son los trabajadores los destinatarios últimos de sus prestaciones y servicios. La segunda, por su parte, hace necesaria la presencia de los sindicatos más representativos en las Juntas Directivas y demás órganos de decisión, tanto de las mutuas como de las corporaciones y entidades mancomunadas.

    La racionalización de sus recursos sanitarios mediante el acercamiento de los centros asistenciales, de rehabilitación y gestión de las mutuas a los usuarios de las mismas y un trato profesional y humano basado en un código ético que priorice las consideraciones sanitarias a las económicas y la universalización del acceso a las Prestaciones Especiales para mejorar la vida cotidiana de los trabajadores que sufren daños a causa del trabajo y que precisan apoyos por su falta de recursos y por el tipo de daños sufridos, deben ser elementos esenciales en esta reforma.

     

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  • La Seguridad Social y la crisis

    Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.

    21-04-2009 – El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.

    En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.

    El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.

    El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.

    En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.

    En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.

    Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.

    Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.

    Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).

    Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.

    Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.

    La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.

    Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.

    Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.

    Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.

    El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.

    Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
    El Pais

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  • La Seguridad Social pagará el coste del transporte, incluyendo taxi, de los trabajadores accidentados.

    Los trabajadores que reciban asistencia sanitaria derivada de un accidente laboral o de una enfermedad profesional tendrán derecho a ser resarcidos por las entidades gestoras de la Seguridad Social, o en su caso las mutuas, de lo que les cueste el transporte, incluido el taxi, cuando se estén desplazando para recibir dicha asistencia.

    22-04-2009 – Así consta en un orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entrará en vigor mañana y en la que se precisa que la acción protectora de la Seguridad Social en los casos de riesgos profesionales debe ser «integral» y prestarse desde el momento en que se produce el accidente laboral o se diagnostique la enfermedad y durante el tiempo que la patología lo requiera.

    Sin embargo, en la Orden se señala la existencia de dudas en cuanto a si debe compensarse o no a los trabajadores por lo que gastan en los medios de transporte ordinarios, especialmente en taxis, cuando se disponen a desplazarse para recibir asistencia sanitaria.

    La Orden en cuestión acaba con esta falta de previsión normativa y establece que el coste del desplazamiento de los trabajadores que reciban asistencia sanitaria como consecuencia de un accidente o una enfermedad profesional será compensado por la entidad gestora a o la mutua «como parte integrante de la prestación de asistencia sanitaria».

    La norma precisa que, para su compensación, la utilización de dichos medios de transporte debe ser prescrita por el correspondiente facultativo por razones médicas o autorizada por la entidad gestora o la mutua cuando venga motivada por la inexistencia de otro medio de transporte.

    Además, la Orden contempla un segundo artículo por el que las entidades gestoras o las mutuas tendrán también que hacerse cargo de los gastos de transporte que puedan originarse cuando se cite a los trabajadores afectados por accidentes laborales, enfermedades profesionales o contingencias comunes, para realizarles un examen o una valoración médica.

    Europa Press

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