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Autor: Comfia Asepeyo

  • Crisis, desempleo y mercado de trabajo

    Nuevas relaciones laborales. Con el drama del paro a punto de desbordar lo razonable, son cada vez más las voces que reclaman una revisión profunda de la legislación laboral. Y en especial del despido colectivo, el ERE, convertido en símbolo de la crisis. Parece llegada la hora de sentarse a negociar en serio
    Ramón Górriz.

    Tribuna ¿Se debe revisar la legislación laboral?

    23-02-2009 – La actual crisis económica está teniendo unos efectos devastadores en el empleo. Este ritmo inusitado de los despidos no se corresponde con las críticas de la patronal a un mercado rígido y poco flexible. Desde finales de 2006, el sector privado ha despedido a más de un millón de trabajadores temporales, además de utilizar los despidos, tanto individuales como colectivos, por causas objetivas para abaratar el coste del despido de los trabajadores indefinidos.

    Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se multiplicaron por tres en el último año y provienen fundamentalmente de la industria metalúrgica y la fabricación de automóviles, así como de la construcción. Este tipo de despidos permite al empresario, siempre que la empresa se encuentre en situación de dificultad, despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado, cumpliendo unos requisitos formales de información y negociación con los representantes de los trabajadores. El procedimiento se ajusta a la Directiva 98/59 de la UE, por lo que, a pesar de la queja empresarial, la rigidez del mercado de trabajo no parece ser ningún obstáculo.

    De hecho, la forma más habitual de despedir a los trabajadores con contrato indefinido es el despido individual, donde a pesar de declararse improcedente por un juez, el trabajador no recupera su puesto de trabajo, sólo consigue la indemnización máxima según contrato. En el año 2005, cuando se registraba el ritmo más alto de creación de empleo en España, más de 130.000 trabajadores tuvieron que acudir a la mediación por despido individual.

    Así el despido colectivo es el que presenta unas mayores garantías, ya que exige cumplir con unas causas que si no se dan no se produce el despido, además de obligar a un periodo de formación y negociación tras el cual la autoridad laboral autoriza o deniega los despidos.

    La participación de CC OO en la negociación de los ERE se marca varios objetivos: primero, exigir que la situación de dificultad económica y financiera de la empresa sea real. Después, que los trabajadores afectados sean los menos posibles y que las medidas sean las menos traumáticas. Y por último, que se asegure la viabilidad futura de la empresa para garantizar el resto de empleos. Con este criterio, en 2008, el 73% de los trabajadores afectados por un ERE no es por despido, sino por medidas parciales (suspensión temporal o reducción de jornada).

    Sin embargo, en los últimos años hemos sufrido expedientes en los que las empresas sugieren beneficios decrecientes (como si se pudieran incrementar ilimitadamente los beneficios), causas organizativas como cierre y subcontratación de segmentos de la actividad, argumentando el ahorro de costes, traslados de parte de la producción a otros países con mano de obra más barata, o a la casa matriz por dificultades de ésta. Y estos despidos se conjugaban con incrementos salariales desproporcionados de alta dirección o de sustancial reparto de dividendos en el consejo de administración. Es necesario arbitrar medidas orientadas a limitar el reparto de dividendos, y así lograr la capitalización de las empresas para, tras una medida traumática, afrontar mejor el futuro.

    Pero desde el inicio de esta crisis, las razones alegadas para presentar un ERE han cambiado de causas organizativas a causas económicas por ‘problemas de tesorería o financiación’ y ‘restricción, demanda y rescisión de contratos’. La conclusión es evidente, la economía española necesita de medidas que restituyan la solvencia del sistema financiero para que las empresas accedan al crédito y es imprescindible mantener el poder adquisitivo de los trabajadores para mantener la demanda, tanto a través de los salarios como de las prestaciones sociales de los trabajadores desempleados.

    Ramón Górriz. Secretario de Acción Sindical de la Confederación Sindical de CCOO
    Cinco Dias

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  • La patronal reclama que la regulación de empleo sea libre, sin autorización

    Los empresarios insisten en que solucionar la actual crisis económica y la dramática tasa de paro en España pasa por flexibilizar los despidos, hasta tal punto que la CEOE reclama que los expedientes de regulación de empleo dejen de ser autorizados por la Administración pública.

    18-02-2009 – La patronal se quedó ayer un poco más sola en su cruzada por abaratar los despidos. Tras la tajante negativa del presidente del Gobierno y la clara oposición de los sindicatos, el Partido Popular se pronunció ayer para rechazar de pleno la propuesta de los empresarios. Pese a todo, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defendió un modelo de flexibilización en la extinción de contratos en el que ayer incluyó la reivindicación de no sujetar ‘para nada’ la tramitación de los ERE a la autorización de la Administración.

    ‘No creo que ninguna persona que quiera el bien del país rechace esta propuesta’, respondió Díaz Ferrán al ser preguntado si alguna formación política, en general, y el PP, en particular, apoyaban rebajar los despidos. Lo que el presidente de los empresarios quizás no esperaba es que el portavoz económico de los populares, Cristóbal Montoro, quién asistía al desayuno informativo, tomara la palabra. ‘No se puede introducir más desconfianza’, argumentó Montoro, dada la tasa actual de desempleados. ‘La posición del PP es claramente contraria a abaratar el despido’, concluyó. El portavoz defendió que la reforma del mercado de trabajo que plantea su partido va en la línea de la que se acordó en 1997 con patronal y sindicatos.

    Algo contrariado, Díaz Ferrán admitió que en la tesitura actual ‘ningún empresario va a contratar a nadie porque sea más barato despedirle’, pero aseguró que la medida ayudaría a salir fortalecidos de la crisis una vez se toque fondo. Contrariaba así las optimistas previsiones, al menos a corto plazo, del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, que hace apenas una semana defendía que el nuevo modelo de despidos generaría un millón de empleos.

    ‘No pedimos el despido libre’, matizó Díaz Ferrán. ‘Eso ya existe y es carísimo’. Su propuesta consiste en crear un contrato que rebaje la indemnización de 45 días por año trabajado a 20 -con un tope de un año- en caso de despido improcedente. El responsable de la CEOE expuso que dicha disminución aumentaría el número de contratos indefinidos frente a los temporales.

    Agilizar los despidos colectivos

    Siguiendo dicho razonamiento, Díaz Ferrán lanzó una nueva apuesta al foro económico para agilizar el mercado laboral: eliminar permanentemente la supervisión y autorización que la Administración ejerce sobre los ERE. ‘Han de ser una solución rápida en una empresa para que se puedan conservar el mayor número de puestos de trabajo, y para que una vez pasado ese bache, esa empresa vuelva a crecer y crear empleo’, sostuvo. Esta política eliminaría la intervención pública, que se limita a actuar cuando no existe un acuerdo en las condiciones del despido colectivo entre empresario y trabajadores, ya que si se da, se limita a aprobar el expediente.

    Pese a la clara distancia entre las reclamaciones de la CEOE y los sindicatos, Díaz Ferrán confió en que los agentes sociales llegarán a un acuerdo en las mesas de diálogo social y en la negociación colectiva. Sin embargo, volvió a lanzar un guante al Ejecutivo advirtiendo de que si no se llega a acuerdo ‘será el Gobierno quien deba gobernar’.

    Juande Portillo
    Cinco Dias

    LA PARADOJA
    Aguilar cobró 1,9 millones

    El actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, sustituyó al histórico José María Cuevas en la presidencia y heredó de este al que había sido el secretario general durante 23 años, Juan Jiménez Aguilar. Pero Díaz Ferrán y Jiménez Aguilar no se avenían, por lo que el primero decidió prescindir del segundo. Para cerrar la operación con una salida honorable, la patronal decidió despedirlo, porque en caso de cese hubiera cobrado menos. Se llevó 1,9 millones de euros en concepto de indemnización. Se da la circunstancia de que Jiménez Aguilar estuvo a punto de perder esa suculenta suma de dinero, pero un oportuno desvanecimiento en plena junta directiva impidió que se materializara la renuncia.

    El Periodico

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  • Encarecimiento del despido

    Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.

    18-02-2009 – Más temible que la propia crisis económica es contemplar cómo hay quien en nuestro país se enroca en las posiciones que han conducido a ella. Este es el caso del actual gobernador del Banco de España, hasta hace poco secretario de Estado de Hacienda y en los diez primeros años del felipismo secretario de Estado de Economía y Comercio.

    Hay que reconocer que Fernández Ordóñez ha cambiado poco o nada sus planteamientos en los últimos veinticinco años. Ello tiene su cara y su cruz. Su cara, es un hombre de convicciones; nadie le podrá acusar de ser un converso al neoliberalismo económico. Su cruz, la actual crisis económica está demostrando lo errado que estaba, y continuar anclado en los dogmas de antaño linda con la demencia, a menos que sea por intereses como los que animan a la CEOE, lo que sinceramente no creo que sea el caso de Fernández Ordóñez.

    El gobernador del Banco de España comienza aseverando que las indemnizaciones por despido van de los 20 a los 45 días por año trabajado. No es cierto. Los que tal afirman olvidan que una tercera parte de los contratos (los temporales) carecen de indemnización. Tampoco gozan de ella los despedidos por causas disciplinarias, aquellos que un tribunal juzga justificados bien por un rendimiento deficiente del trabajador bien por cualquier otra falta.

    Veinte días de salario por año prestado de servicio tienen como indemnización los trabajadores despedidos por las llamadas causas objetivas, graves dificultades de la empresa, ya sean de tipo tecnológico o económico. Por último, nos encontramos con aquellos llamados improcedentes, los que en puridad no deberían existir, puesto que no responden a razones ni objetivas ni subjetivas, excepto el capricho o la voluntad del empleador. En teoría, la indemnización es la equivalente al salario de 45 días por año de antigüedad; digo que en teoría porque, a partir de aprobar lo que malamente se denominó plan de fomento del empleo indefinido, los contratos firmados a su amparo tienen sólo derecho a una indemnización de 33 días por año. Pues bien, es esta modalidad de despido, la caprichosa, la que se pretende abaratar proponiendo una indemnización de 20 días por año, igualando todas las extinciones de la relación laboral, tanto las justificadas como las que no lo son.

    El secretario general de la UGT afirma que lo que se intenta con esta propuesta es aprobar el despido libre, pero lo cierto es que éste, excepto para los delegados sindicales, existe ya en España desde hace muchos años. Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.

    Fernández Ordóñez se fija en un hecho innegable, la velocidad enorme con que el desempleo comenzó a crecer en España nada más comenzar la crisis, y que ha situado a nuestro país a la cabeza de Europa. De esa anomalía concluye que nuestro mercado de trabajo está enfermo y que necesita cura, por la vía de desregularlo aún más y de abaratar el despido, y para ilustrar su argumento nos ofrece el ejemplo de dos países en los que, según dice, la indemnización por despido es muy reducida y la tasa de paro también. No entiendo cómo un hombre aparentemente inteligente como Fernández Ordóñez puede incurrir en tales simplificaciones. De la coincidencia en el tiempo o en un sujeto de dos fenómenos, de ninguna manera se puede concluir que uno es la causa del otro y menos cuál es la causa y cuál el efecto. Seguir tal procedimiento nos podría conducir a las inferencias más descabelladas. En esto se distingue una mentalidad mágica de otra científica.

    Una de las aberraciones del neoliberalismo económico es creer que los mercados están cerrados en sí mismos y que la causa de los problemas que, por ejemplo, puede tener el mercado de trabajo se encuentra en el propio mercado de trabajo y no en otras áreas de la economía, en el sector productivo o incluso en el mercado financiero. Las comparaciones internacionales deben realizarse con mucho tiento, puesto que son numerosas las variables que intervienen. La causa de las reducidas tasas de paro de Austria y Suiza hay que buscarla tal vez muy lejos del propio mercado laboral, en otras áreas económicas; y la baja indemnización por despido, lejos de ser la causa, es quizás la consecuencia. Cuando la tasa de paro es tan baja y el trabajador despedido encuentra inmediatamente empleo no se precisa que la indemnización sea cuantiosa.

    Pero no hay por qué negar que nuestro mercado laboral tiene graves defectos, aunque precisamente en la dirección contraria a la que apunta el gobernador del Banco de España. Es el exceso de flexibilidad y de desregulación el que permite que la crisis se traslade inmediatamente al mercado de trabajo, y que el ajuste recaiga de forma fulminante sobre los trabajadores. Con toda seguridad, si el despido fuese más caro, en especial en lo que hace referencia a los contratos temporales, la tasa de desempleo sería inferior. Pensar lo contrario no sólo va contra las leyes económicas, sino contra el sentido común.

    Fernández Ordóñez afirma que «deberíamos estar todos de acuerdo en que la mejor protección contra el desempleo no es la que se preocupa del subsidio del parado, sino la que consigue que la mayoría no pierda el trabajo». Pues no, señor gobernador, no estamos de acuerdo. Volvemos a emplear el argumento tan profusamente utilizado en otros tiempos de la caña y el pez. «Mejor que dar un pez es enseñar a pescar». El problema es que no siempre es posible enseñar a pescar, al menos con la rapidez que necesita el que está muriéndose de hambre.

    Pero es que, además, en estos momentos la medida más eficaz para que la mayoría no pierda el puesto de trabajo es preocuparse por la prestación de desempleo. Fernández Ordóñez debería apartar por un momento la vista de la oferta económica para fijarla en el lado de la demanda, actitud que reviste especial importancia en esta crisis que es de demanda. Debería olvidar por un instante la microeconomía para adentrarse en la macroeconomía y comprender que lo que aparentemente es bueno para una empresa considerada en solitario termina siendo fatal si se generaliza para todas ellas y para la economía en su conjunto. Lo que ahora precisan las empresas es demanda y es en la reducción del consumo donde se encuentra el talón de Aquiles. En la actualidad, el dinero público mejor empleado es el que se destina a los parados, cuya propensión a consumir estará próxima a la unidad.

    Incrementar la prestación por desempleo y permitir que los parados continúen consumiendo no es sólo una exigencia del Estado social, sino el mejor instrumento para impedir que otros trabajadores sean arrojados al paro.

    Juan Francisco Martín Seco
    Estrella Digital

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  • Despido libre… pero no para la cúpula directiva

    Casi el 80% de las compañías del Ibex 35 mantienen indemnizaciones millonarias para sus máximos directivos, lo que, en caso de que sean despedidos, les garantiza un retiro de oro.

    16-02-2009 – Mientras la patronal e instituciones como el Banco de España claman, en plena recesión económica, a favor del despido libre para dedicar mayores recursos a inversiones y productividad, en la cúspide de las mayores empresas españolas nadie predica con el ejemplo. Casi el 80% de las compañías del Ibex 35 mantienen indemnizaciones millonarias para sus máximos directivos, lo que, en caso de que sean despedidos, les garantiza un retiro de oro.

    Las indemnizaciones establecidas en las mayores empresas para los altos directivos van desde dos a cinco anualidades en caso de despido, a lo que hay que sumar en la mayoría de los casos millonarias dotaciones de fondos de pensiones y seguros, además de planes de opciones sobre acciones. Ante las críticas, los miembros de las altas direcciones recuerdan que, por su propia condición de ejecutivos, no tienen acceso a la compensación por despido de la que se beneficia el resto de trabajadores.

    Casi en ninguna empresa se conocen exactamente las cuantías que recibe cada directivo. Aunque los diferentes códigos de buen gobierno corporativo recomiendan a las compañías informar de las remuneraciones de la cúpula y llevarlas a la junta de accionistas para su aprobación, los accionistas siguen si conocer la existencia real y los términos de los contratos blindados de sus ejecutivos y miembros de la alta dirección. Sólo envían una información global en la que es difícil discernir quiénes son los casi 300 ejecutivos de las empresas del Ibex 35 que gozan de una indemnización en caso de despido o cambio de control.

    Analizando los informes de gobierno corporativo del pasado ejercicio, sí puede extraerse la siguiente conclusión: sólo nueve de las 25 compañías del Ibex carecen de blindajes para los miembros de la dirección. En las demás se han establecido diferentes cláusulas de garantía en el contrato de los ejecutivos, sean o no consejeros.

    Las que mayores blindajes establecen son los bancos, que también marcan récords en cuanto a sueldos en la alta dirección. El récord en un blindaje jamás pagado a un directivo en una empresa española lo marcó hace cinco años el ex consejero delegado del Banco Santander, Angel Corcóstegui, quien se embolsó 108 millones por abandonar la entidad tras la fusión con el Central Hispano. La indemnización de otro ejecutivo, José María Amusátegui (que presidía el banco junto a Emilio Botín), le valió a la entidad una querella por parte de un accionista por presunto delito societario.

    Botín, Amusátegui y Corcóstegui tuvieron que declarar ante la Audiencia Nacional, que investigó si dispusieron fraudulentamente del dinero para las indemnizaciones en perjuicio de los demás accionistas, para compensar la salida de los ejecutivos antes de lo acordado en los pactos de fusión.

    Con todo, las indemnizaciones por despido no se circunscriben sólo a las grandes empresas, que, como el Santander, al menos crean millones de beneficios año a año. La inmobiliaria Metrovacesa, que se encuentra en una difícil encrucijada financiera, tendrá que indemnizar con tres millones de euros a su consejero delegado, Jesús García de Ponga, tras despedirle.

    CRISTINA CABALLERO
    El Mundo

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  • Plan de Igualdad de Asepeyo

    FIRMADO EL PLAN DE IGUALDAD DE ASPEYO, el cual consideramos que será un referente en el sector. Nuestra implicación como sección sindical ha sido total y se han recogido todas nuestras reivindicaciones fruto del esfuerzo en la negociación. 


    Plan de Igualdad Asepeyo

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