La “sujeción del mercado inmobiliario a la lógica financiera” […] “ha agravado las desigualdades en el acceso a la vivienda, la inseguridad de la tenencia, la mala ubicación y habitabilidad, la segregación social y ha aumentado el número de personas sin hogar”. Es la alerta que lanza la relatora especial de la ONU por el Derecho a la Vivienda Raquel Rolnik en el informe que ha presentado a la Asamblea General, en el que subraya que las políticas de vivienda en la mayoría de países se han limitado en los últimos años “cada vez más a la financiación de vivienda”, lo cual “en general no ha servido para promover el acceso de las personas pobres a una vivienda adecuada”.
EL País. – El informe se muestra muy duro con el mercado y las políticas de vivienda en España. Hasta en 10 ocasiones menciona el país y nunca por prácticas o realidades que considere positivas, como la burbuja de precios, la enorme deuda hipotecaria que acumula o el drama de las ejecuciones hipotecarias. Y sitúa España como paradigma de cómo desde la segunda Guerra Mundial el régimen de tenencia de la vivienda se disparó en favor de la propiedad: “España e Irlanda están a la cabeza, con el 83% y el 91%”. Rolnik apunta a que la financiación de las viviendas se ha convertido “en uno de los pilares del sistema financiero, de forma que el derecho a la vivienda se ha financializado”.
El paso “del concepto vivienda adecuada como bien social” a “considerarse un producto comercial y una estrategia de las familias para acumular riqueza” ha llevado, dice, a la generalización de burbujas en los precios y a una disminución de la capacidad de los ciudadanos para acceder a la vivienda. Rolnik vuelve a señalar España como país donde entre 1997 y 2004 (antes de la burbuja) los precios se habían disparado un 149%, o entre los Estados donde más creció la deuda hipotecaria en el decenio previo a la crisis, junto a Australia, Estados Unidos, Irlanda y Suecia.
Rolnik, de origen brasileño, recuerda que de las políticas de cajas y bancos, que antiguamente solo concedían hipotecas a las capas más altas de la sociedad, se pasó a un modelo en el que las entidades “concibieron productos hipotecarios especialmente dirigidos a los prestatarios con bajos ingresos o un historial crediticio deficiente, que probablemente no estarían en condiciones de recibir hipotecas corrientes”. Los Estados, dice, deberían velar con su legislación para asegurar que los gastos de vivienda se correspondan con el nivel de ingresos de las familias.
Total, dice la relatora, que en la década de los 90 y 2000 “se otorgaron cada vez más créditos a familias que en circunstancias normales no habrían cumplido con los requisitos para obtener préstamos, generando préstamos de alto riesgo”. Ello aumentó “el endeudamiento y la inseguridad económica de los hogares” y las familias se vieron obligadas a “reducir los gastos en otras necesidades básicas para pagar la deuda”. En este punto vuelve a citar España como país donde el acceso masivo a las hipotecas disparó el precio de la vivienda y del drama de las ejecuciones (350.000 desde 2007) que en 2011 provocaron “159 desalojos diarios”.
Rolnik también subraya como en España el drama de las familias endeudadas se convierte en la pescadilla que se muerde la cola: muchas dejaron de pagar al quedarse en paro por culpa del desplome de la construcción. La relatora cita el libro Vidas Hipotecadas, de Ada Colau y Adrià Alemany, activistas de la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca, un movimiento que Rolnik conoció en Barcelona, donde participó en una asamblea el año pasado.
En sus conclusiones la relatora reivindica que las políticas de vivienda se enfoquen a los derechos humanos, que se regulen los mercados hipotecarios y que los países apuesten por el alquiler.
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