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Autor: Comfia Asepeyo

  • La ceguera de nuestras élites

    A estas alturas de la película de la crisis que estamos padeciendo, dos cosas son evidentes, al menos para aquellas personas pragmáticas que, para formar su juicio sobre la realidad, miran los datos sin dejarse llevar por prejuicios ideológicos. La primera es que las políticas de austeridad no funcionan como vía para salir de la crisis, ni tampoco para el objetivo de reducción del déficit público. Al contrario, empeoran ambas cosas. Todos los países del euro que se han visto obligados a tomar dosis fuertes de austeridad están peor que al principio. Y aquellos otros que han tomado dosis más suaves tampoco están mejor. Este resultado es coherente con lo que nos dice el mejor conocimiento económico existente sobre los efectos de la austeridad practicada a lo largo del siglo pasado.

    La segunda es que la austeridad empeora la salud social y política de los pacientes, generando fracturas de la cohesión social y quebrantos políticos. Portugal es un buen espejo. Su experiencia con la austeridad muestra que da lo mismo ser mal que buen alumno: los resultados son siempre malos. Después de año y medio de soportar estoicamente una austeridad salvaje para no caer en el estigma griego y con la esperanza de que valdría de algo, ese hilo de esperanza se rompió cuando, el 7 de septiembre, el Gobierno anunció una nueva vuelta de tuerca, con una reducción lineal de siete puntos de los salarios para transferirlos a las empresas. La medida fue vista por todos como socialmente injusta y económicamente ineficaz. Los ciudadanos rompieron su estoicismo y salieron masivamente a la calle. El Gobierno, aunque en pie, ha quedado noqueado y forzado a volver sobre sus pasos.

    Ustedes me dirán: si esto es tan evidente, ¿por qué las élites políticas, empresariales y altos funcionarios que nos gobiernan no lo ven? Por ceguera. Aunque les sorprenda, no son capaces de captar lo que está ocurriendo, no logran advertir las consecuencias sociales y políticas.

    Las políticas de austeridad no funcionan para salir de la crisis, ni para reducir el déficit

    La ceguera de las élites europeas para ver que las políticas económicas tienen límites sociales y políticos no es algo nuevo. Ya ocurrió dos veces a lo largo del siglo pasado, con el resultado de dos conflictos dramáticos.

    Las causas de la actual ceguera de nuestras élites no son las mismas para todos los grupos que la forman. Es posible identificar cuatro grupos.

    En el primero, formado por la élite política económica europea, la causa de su ceguera es de tipo ideológico. El ejemplo de David Cameron es ilustrativo. Reino Unido no necesitaba austeridad, y al no estar en el euro tampoco se le podía obligar. La austeridad fue una elección política. Lo mismo ha ocurrido con otros Gobiernos. Algunos, como los nuestros, decidieron suprimir impuestos como el de patrimonio, aun cuando eso iba a empeorar las cuentas públicas. La defensa de la opción de la austeridad por esta élite viene favorecida al no verse afectados en su vida cotidiana por sus consecuencias.

    Hay un segundo grupo cuya ceguera tiene causa en la pereza burocrática y en la falta de coraje intelectual para pensar por su cuenta. En este grupo están muchos expertos y los altos funcionarios de Bruselas, del BCE y del FMI, que forman la troika que vigila el cumplimento de la austeridad. Si al menos leyesen los informes y estudios que publica el propio FMI, o cambiarían de opinión o pedirían ser relevados de esa función. ¿Han escuchado que la austeridad haya afectado a los sueldos de esta élite burocrática?

    Estos dos grupos acostumbran a defender la continuidad de la austeridad con el argumento de que es necesario seguir tomando la medicina amarga para que finalmente cure la enfermedad. Se parecen al médico que después de meses y meses de aplicar una medicina inadecuada, cuando el paciente muere dice: “¡Qué pena!, si hubiese aguantado un mes más se hubiese curado”.

    Un tercer grupo está formado por empresarios sometidos a la competencia internacional. Lógicamente viven obsesionados por la competitividad. Pero algunos solo ven su mejora en la reducción de los costes laborales y sociales, olvidando que el verdadero camino hacia la competitividad sostenible son las mejoras de productividad.

    Finalmente, existe un cuarto grupo formado especialmente por las élites financieras y de las grandes corporaciones. Su ceguera es debida a intereses de grupo y a falta de empatía con el resto de ciudadanos. Se ven como ciudadanos de un mundo globalizado que han roto toda relación emocional con las clases medias y trabajadoras nacionales. Son las que más ansiedad muestran por la renuencia del presidente Mariano Rajoy a pedir el rescate. Posiblemente porque tienen la seguridad de que ellos no pagarán las condiciones.

    Todas estas élites han roto los lazos emocionales con las clases medias y trabajadoras, y ya no se ven compartiendo un futuro común. Esta ruptura psicológica provoca ceguera respecto a las consecuencias de unas políticas que derrumban la esperanza de la mayoría de la gente en el futuro. Adam Smith, el padre fundador de la ciencia económica, habló de la importancia del “principio de simpatía”. Se refería a la necesidad de que cada uno incorporemos en nuestro comportamiento económico la felicidad o bienestar de los demás. Esta “simpatía” con los otros es el cemento que cohesiona a una sociedad de mercado.

    Pero nuestras élites no practican ese principio de simpatía. Los otros le son absolutamente ajenos. Por eso no tienen ningún escrúpulo moral en defender la austeridad. Y eso es lo que hace también que poco a poco el euro esté dejando de ser un proyecto de esperanza en un mundo mejor para la mayoría de la población europea, para convertirse en un objetivo que solo interesa a esas élites políticas, económicas y financieras. Hoy por hoy, no hay un interés general europeo digno de tal nombre. Y la ceguera de las élites europeas impide que emerja.

    el pais


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  • ¿Son sostenibles las pensiones?

    Sin empleo, no hay Estado de Bienestar que valga. Mantener cualquier servicio público, dinerario o no, exige disponer de forma regular de recursos fiscales que los financien; pero para asegurar el pago de las pensiones públicas, que no conoce otra fórmula que el desembolso cada mes de dinero contante y sonante, es preciso mantener un flujo ordinario perfectamente engrasado de ingresos, puesto que en un sistema de pensiones de reparto las generaciones de activos costean a las que ya han pasado a la vida pasiva. Y dado que la afiliación a la Seguridad Social en España es obligatoria para todas las personas que perciban rentas, sean por cuenta propia o ajena, el nivel de empleo es el pilar capital que sujeta la protección a la vejez. Y ahora, tras cinco años de crisis, ese pilar ha sufrido tales embestidas, que las finanzas de la Seguridad Social amenazan con tambalearse.

    Cada mes la Tesorería general de la Seguridad Social hace pública la ratio de dependencia del sistema de pensiones. Una simple cifra con un par de decimales que mide de forma gráfica y aparente la salud de la Seguridad Social. En agosto esa ratio decía que el sistema contabilizaba muy poco más de dos cotizantes por cada pensionista (2,05), una de las relaciones más modesta, más baja, más peligrosa, de las que recuerda el sistema de retiro. 16,68 millones de cotizantes ocupados para costear las prestaciones de 8,12 millones de pensionistas. Es la ratio de sostenibilidad más preocupante de los doce años contabilizados de este siglo, si bien ya en los noventa se situó por debajo del umbral del dos como consecuencia de la evolución negativa de dos variables tales como la evolución del empleo y de echar sobre las espaldas de la Seguridad Social la resolución de la crisis con prejubilaciones masivas en las compañías.

    Ahora una ratio tan modesta es más preocupante que entonces porque ha cambiado radicalmente la proporción de las cuantías tanto de las cotizaciones como de las prestaciones, sobre todo las de jubilación. Las sucesivas reformas del sistema en las últimas décadas endurecían la cotización hasta el punto de reforzar las finanzas de la Seguridad Social en el medio plazo; pero el efecto de segunda ronda de tales reformas, recogido ahora, es que elevaban notablemente las cuantías de las prestaciones.

    Dicho de otra forma: mientras que las aportaciones de los trabajadores activos crecen al ritmo de la inflación, e incluso menor por la incorporación en los últimos años de salarios low cost, las de las pensiones de los pasivos nuevos avanzan a ritmos muy superiores por la llegada al retiro de carreras de cotización más largas y más consistentes.

    Unos simples números son suficientes para ilustrar este fenómeno, al margen del natural avance del número de pensionistas y la natural caída del número de cotizantes ocasionado por la larga crisis económica, que analizaremos más adelante. Desde el año 2007 la cuantía media de las pensiones de la Seguridad Social ha avanzado un 19%, mientras que las bases de cotización lo han hecho a ritmo mucho más modesto. En concreto, las bases máximas han avanzado un 8,8% en el mismo periodo, tal como las han movilizado los gobiernos, aunque sigue siendo un enigma conocer cuánto crece realmente la base media de cotización, que es la que realmente moviliza los ingresos. En condiciones normales lo hace en proporción igual al avance de los salarios medios, que han crecido en convenio, pero se han reduicido con la incorporación al mercado de trabajo de contingentes de trabajadores con salarios más modestos en los últimos años, sobre todo desde que la crisis comienza a presionar a la baja el coste laboral.

    En definitiva, hay un doble efecto sustitución en los cotizantes y en los pensionistas que estrecha cada vez más el margen de los gestores de las pensiones: los cotizantes nuevos lo hacen por aportaciones decrecientes, y los pensionistas nuevos toman prestaciones muy superiores a las de quienes fallecen; en concreto, las pensiones medias de los que fallecieron en julio pasado eran de 806 euros, y las de quienes cobraron su priomera pensión, de 1.026 euros al mes. Tanto como decir que el coste unitario de sustitución se eleva con cada defunción y cada jubilación en un 27,2%.

    Este efecto no revela otra cosa que la maduración paulatina del sistema de protección a la vejez en España, que debe ser combatido con reformas continuas. Algunas de ellas ya planteadas, como el retraso de la jubilación, el endurecimiento de las aportaciones y un mayor nivel de exigencia para calcular con rigor la primera prestación de cada pensionista.

    Pero la principal dificultad para solventar la crisis financiera de la Seguridad Social, ya apuntada por las cifras, es la parálisis del empleo, el descenso continuado del número de cotizantes, que son quienes proporcionan el combustible para sostener el estado de bienestar de forma fiable. Como en otros indicadores de riqueza, el volumen del colectivo de cotizantes ocupados de la Seguridad Social ha descendido a los vineles del año 2003, casi diez años, mientras que el numero de pensionistas no deja de crecer, aunque lo haga a tasas modestas, ligeramente por encima del 1% en los últiumnos años. Hoy cotizan a la Seguridad Social por sus medios (no porque lo haga el Estado por ellos, como en el caso de los desempleados) 16,89 millones de personas, frente a los 19,28 millones que lo hacían en los meses previos a la crisis, en lo que supone un máximo histórico, y tras cinco años continuos de pérdida de pulso.

    Los pensionistas no han dejado de avanzar en número, y ya hay 8,12 millones, cuando en 2003, al que han vuelto los ocupados, eran un millón menos. Un avance de un 17% con paso lento, pero firme. Firme, pero no tan elevado como en los noventa, cuando la crisis empujó a miles de empresas a acelerar la jubilación de sus plantillas para recomponerse, y que convirtió a la Seguridad Social, tal como reconocían entonces sus gestores, en el instrumento más dinámico en la resolución de la crisis del empleo.

    Con este súbito empeoramiento del escenario financiero, que arrojó déficit en 2011 y lo repetirá incrementado en 2012, el Gobierno ha acelerado varios cambios normativos para aliviar la situación actual y hacer frente a las contingencias de los próximos trimestres. Pero si quiere evitar realmente el desequilibrio continuado del sistema y la pérdida de confianza de los asegurados, debe acelerar las reformas comprometidas en 2011, y quizás debe poner en marcha otras adicionales, porque el escenario demográfico futuro no es el más amable, según todos los analistas.

    Ya ha anunciado el Gobierno la elaboración y activación del Factor de Sostenibilidad del sistema, dentro de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, lo que supone que se tomarán medidas de medio plazo si la evolución de las variables demográfica, de crecimiento, de los precios o del empleo así lo aconsejan.

    Además, el Gobierno de Zapatero aprobó una reforma del sistema de pensiones que eleva la edad de jubilación a los 67 años desde los 65 legales actuales. (La edad real es inferior inclusdo a los 63 años, puesto que cuatro de cada diez jubilados acceden a tal condición antes de los 65 años). Pero la aceptación de un largísimo periodo transitorio que se inicia en 2013 culmina con la jubilacióna los 67 años en 2027, nada menos que dentro de quince años, un umbral en el que como decía Keynes, «todos muertos», y quizás también la Seguridad Social si no se hace algo más para remediarlo. Los expertos reclaman ya hace meses que tal periodo transitorio sea acelerado y acortado, así como los establecidos para llevar desde los 15 años actuales a los 25 los contabilizados a cada cotizante para calcular la cuantía de su prestación inicial. El Gobierno de Rajoy ha anunciado ya también cambios para atajar el abuso en la jubilación anticipada y parcial.

    Además de estos cambios, podrían endurecerse la relación de las cotizaciones con las prestaciones, cambiando la tabla de aseguramiento, haciendola más contributiva. De esa forma, la relación entre aportaciones y prestaciones sería más proporcional y se incentivaría la aportación. Esta medida debereía ir acompañada de mecanismos de revisión de las pensiones mínimas garantizadas, que en los últimos años han crecido muy por encima de las medidas y las máximas, desincentivando las aportaciones de las rentas más bajas y encareciendo las aportaciones del Estado por los complementos a mínimos (la garantía mínima siempre que se hayan cotizado quince años).

    cinco dias


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  • ¿Parados o penados?

    Efectivamente muchas cosas están cambiando en este país desde que Mariano Rajoy, fue nombrado presidente del Gobierno. No hace mucho tiempo cuando alguien era condenado a prisión, por cometer un delito en el que se producían daños a las personas o a las cosas, se decía aquello de: “A estos los ponía yo a picar monte”.

    Pascual Mogica Costa Nueva Tribuna.– Esto parece que se va a hacer realidad solo que con una “ligera variante” la de que ahora los delincuentes, los condenados, son los parados. Rajoy, harto de tratar a los parados de gandules ahora los considera unos delincuentes a los que hay que castigar duramente. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños sufridos en las personas y los bienes afectados por los incendios forestales que contempla el que el Gobierno “solicitará” a los parados que presten sus servicios a administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro y por ello seguirán cobrando la prestación o el subsidio. Lo que no entiendo muy bien es eso de que el Gobierno “solicitará” cuando en realidad se trata de una obligatoriedad ya que en el mismo Real Decreto se contempla la imposición de sanciones a aquellos parados que rechacen el limpiar montes, por lo que pueden perder su subsidio o ayuda según el caso. Si no estoy mal informado, los reales decretos los firma el Rey.

    Por lo visto el Gobierno piensa complementar la intervención de la Unidad Militar de Emergencia, dedicada, entre otras tareas, a la extinción de incendios forestales, con una especie de Batallón de Parados que se dedicarán posteriormente a la limpieza de los montes quemados.  Esto del “Batallón de Parados” me recuerda a aquellos batallones de penados que creo Franco recién acabada nuestra Guerra Civil.  Esos batallones de trabajos forzados, se nutrían de personas que el único delito que habían cometido era el de haber servido a la Segunda República. Ahora Rajoy no se quiere quedar atrás y para mostrar su caudillaje ha creado, mediante Real Decreto, el “Batallón de Parados” cuyos componentes se verán obligados a coger el pico y la pala y con ello a limpiar los montes quemados, un trabajo nada sencillo y desde luego bastante duro. El único delito que han cometido los que sufran este castigo es el de haber perdido su empleo. Como se puede comprobar Rajoy se está cebando con los parados como si estos fueran los culpables de lo que está pasando y de la ineptitud de su Gobierno. Como estrategia para “forzar”, “animar” dicen desde el Gobierno, a los parados a buscar empleo dictaminó, el Ejecutivo no hace mucho, el que a partir del séptimo mes se les rebajaría la prestación que vienen percibiendo, amén de haber dejado a otros sin el cobro de los 400 euros del Plan Prepara.  Al parecer dentro de ese “plan estratégico” para obligar a los parados a buscar empleo entra esto de la limpieza de los bosques quemados, pero… ¿Dónde están esos puestos de trabajo? ¿Qué está haciendo el Gobierno para crearlos? Si los puestos de trabajo estuvieran en venta la gente se daría de bofetadas en la cola para comprarlos, aunque la verdad sea dicha y si tenemos en cuenta las condiciones que se les imponen a la hora de darles un trajo se puede decir que el puesto de trabajo les sale caro a los que lo consiguen.

    Con esto de obligar a los parados a hacer estos trabajos de limpieza se produce un enorme agravio comparativo, ya que se da el caso de que cuando los cargos públicos acaban su legislatura y no repiten se les da una especie de indemnización para que puedan “aguantar el tirón” hasta que se “recolocan”, lo mismo sucede con los altos cargos del Gobierno, incluido su presidente, y ya a menor escala con concejales y personal de confianza, ante esto cabe preguntarse, más que preguntarse, exigir, que porqué todos estos no realizan trabajos en empresas sin ánimo de lucro, ONGs y asociaciones benéficas, así como ayudando a las personas dependientes y sirviendo en los comedores sociales y si esto resulta una “bajeza” y un “desdoro” para ellos pueden prestar sus servicios en la Administración del Estado en aquellas instituciones en las que por su preparación intelectual o profesional puedan ser útiles y por tanto servir de apoyo, a fin de cuentas son personas en paro como los demás españoles que sufren esta circunstancia. Incluso limpiar montes quemados ¿por qué no? Creo que esto el Gobierno debe de considerarlo y proceder en consecuencia. O todos o ninguno. “Thast is te question”.

    Queda no obstante, la incógnita de si a partir de esta nueva norma los parados serán considerados como tales o como penados.

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  • Pese a la fuerte subida de impuestos, la recaudación cae 1.400 M. hasta julio y el gasto sube 17.000 M

    Pese la subida de impuestos, las cuentas siguen sin cuadrar. Incluso con el alza del IRPF y de Sociedades, la recaudación acumulada cayó en 1.400 millones respecto a julio del año pasado, según los datos de la Agencia Tributaria. Esa cifra se aleja mucho de la previsión de obtener 7.000 millones más durante todo 2012 y se debe, sobre todo, a un desplome de los impuestos indirectos del orden del 8 por ciento.

    Al mismo tiempo, el gasto desembolsado hasta julio según la contabilidad de caja se disparó en 17.000 millones más que en 2011. Aunque el gasto corriente y la inversión se han reducido en un 28 y un 30 por ciento respectivamente, las transferencias han aumentado unos 2.000 millones para la Seguridad Social (un 42 por ciento más), 8.000 millones para las comunidades (un 95 por ciento más) y 1.500 millones para las corporaciones locales (un 19 por ciento más). A esto hay que añadir el coste de los intereses, que se ha duplicado hasta los 20.000 millones a finales de julio.

    La suma de esos 1.400 millones ingresados de menos y los 17.000 millones dispensados de más suponen un desfase de casi 20.000 millones respecto al 2011, ejercicio en el que el déficit se descontroló hasta el 8,9 por ciento del PIB.

    De acuerdo con la contabilidad de caja, los presupuestos del Estado central registran un déficit del 4,62 por ciento hasta julio, lo que supera el objetivo del 4,5 para todo el año. Y en esas mismas cuentas se afirma que los ingresos se han elevado en unos 30.000 millones. Sin embargo, en esos cálculos el Estado central se anota entre sus ingresos casi 30.000 millones que las comunidades autónomas tienen que devolverle por los anticipos de 2009 y 2010. Entonces el Estado previó una recaudación mayor para esos dos años, dio de más a las autonomías y ahora reclama que se le retorne la diferencia. Tales derechos reconocidos, los 30.000 millones, representan casi la mitad de los ingresos del Estado central hasta julio, unos 68.000 millones.

    No obstante, las autonomías ya tienen por otro lado adelantado más de 30.000 millones entre fondo de proveedores, líneas ICO de liquidez y anticipos, a los que se sumarán los 18.000 millones del fondo de liquidez. En total, unos 50.000 millones que junto a los 30.000 millones antes mencionados que las regiones han de devolver cuestionan seriamente la viabilidad de los presupuestos autonómicos, máxime cuando todo lo que han ingresado por IVA e IRPF en lo que llevamos de año asciende a unos 55.000 millones.

    Por ejemplo, Cataluña tiene adelantados en lo que va de ejercicio 10.000 millones cuando sus gastos son de 30.000 millones, tiene una deuda de 40.000 millones y el déficit en 2010 y 2011 superó los 7.000 millones.

    Estos números ponen en duda la capacidad del Ministerio de Hacienda para recortar el déficit y embridar a las comunidades autónomas. Con una caída del consumo al ritmo del 2 por ciento, los expertos ven muy difícil que el incremento del IVA pueda compensar todo el desvío.

    vozpopuli

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  • Los usuarios tendrán que costear los 300 millones de la reantenización de la TDT

    Los usuarios tendrán que asumir íntegramente el coste de la resintonización de 1,4 millones de antenas de televisión que será necesaria por el nuevo apagón de la televisión digital terrestre (TDT) que tendrá lugar a partir de este otoño, como consecuencia de la nueva reordenación de frecuencias para dejar espacio a la telefonía móvil de cuarta generación (4G), según ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. El Ministerio ha evaluado en 300 millones ese gasto, al que tendrán que hacer frente las comunidades de vecinos si quieren seguir viendo la televisión digital terrestre.

    El País. – De esta forma, el Gobierno del PP rompe con el compromiso del anterior Ejecutivo de que la reantenización no costaría ni un euro al consumidor, ya que ese importe se incluía en el cobrado a las operadoras de telefonía móvil en las subastas que tuvieron lugar el verano de 2011 para la asignación de esa franja de frecuencias ocupada hasta ahora por los canales de televisión, y conocida como dividendo digital.

    El reantenización de la TDT comenzará en breve y obligará a la reorientación y adaptación de las antenas colectivas y a la reprogramación de los canales en los aparatos de televisión
    El Estado recaudó por esas subastas 1.800 millones de euros, pero el actual Ejecutivo ha decidido quedarse con esos fondos y desviar el gasto al ciudadano. “Este Gobierno responde de lo que hace este Gobierno y no puede responder de lo que hizo el anterior. Pretendemos mejorar la gestión”, ha señalado Soria en el seminario de telecomunicaciones de la UIMP en Santander, organizados por Ametic.
    El ministro defendió que con el nuevo plan se ha disminuido el coste de esa reantenización desde los 900 millones (el Gobierno del PSOE lo cifró en 800 millones) a los 300 millones, con un considerable ahorro, aunque no para el usuario.
    La reantenización de la TDT comenzará en breve y obligará a la reorientación y adaptación de las antenas colectivas y a la reprogramación de los canales en los aparatos de televisión. Esta premura se debe a que el Gobierno de Rajoy ha decidido unilateralmente adelantar en un año, al 1 de enero de 2014, la liberación de la banda de frecuencias para la telefonía 4G, pese a que las bases de las subastas fijaban la fecha el 1 de enero de 2015.
    El ministerio debe ahora redactar un procedimiento con el objeto de que las comunidades de vecinos puedan solicitar subvenciones parciales con cargo al fondo que destine Industria y que, en principio, ascenderá solo a 45 millones. Las organizaciones de consumidores pueden denunciar estos procedimientos si entienden que el Gobierno ha incumplido la ley al destinar los fondos de la reantenización a enjugar el déficit.
    El anterior apagón analógico se cerró el pasado 2 de abril de 2010, cuando todas las emisoras cesaron sus emisiones analógicas y pasaron a emitir la señal digital (TDT). El nuevo apagón es, en realidad, una reordenación de frecuencias y de nuevos canales, porque afectará solo a la actual TDT.
    El Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas el plan de reordenación de frecuencias que incluye la eliminación de uno de los seis canales múltiples previstos para las emisiones de los canales privados de ámbito nacional, pero permitiendo que continúen los 24 programas privados actuales.

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