Autor: Comfia Asepeyo

Las empresas ofrecen pluses a sus directivos pero no a empleados de sueldos bajos, que tienen alta rotación.

01-09-2008 – Acceder a la mayoría de los polígonos industriales catalanes con transporte público sigue siendo toda una odisea. Este hecho convierte el vehículo privado en prácticamente la única alternativa de transporte. Pero ir en coche al trabajo puede acabar resultando muy caro, tanto para el bolsillo de los trabajadores – para quienes representa un coste mensual medio de 150 euros según cálculos del sindicato CC. OO.- como para el medio ambiente y las empresas, que ven dispararse la rotación de personal.

Según una encuesta de la firma de búsqueda de profesionales Cátenon, casi uno de cada diez encuestados considera la distancia entre la vivienda y el lugar de trabajo uno de los atributos más valorados en un proceso de cambio de trabajo. «La conciliación de la vida laboral con la familiar tiene cada vez más importancia – explica Jordi Tovar, director del área de selección de personal de IOR Consulting-. A la hora de buscar un empleo los solicitantes, sobre todo aquellos que cobran sueldos más modestos, valoran mucho el factor de la distancia».

De la misma opinión se muestra Jaime Asnai González, director para Barcelona y Valencia de la consultora de selección de personal Page Personnel, quien explica que «las personas que diariamente tienen más de una hora de trayecto tarde o temprano se acaban cansando» y cambian de trabajo. Para evitar la fuga de profesionales, González explica que «algunas empresas ofrecen complementos salariales como dietas, peajes o kilometraje». Estos complementos salariales se ofrecen principalmente a trabajadores de nivel medio y directivos.

En el otro extremo, sin embargo, hay un gran colectivo de personas a quienes la poca accesibilidad de los polígonos perjudica gravemente: no todo el mundo puede permitirse coger el coche para ir al trabajo. «Hay colectivos con menor poder adquisitivo, como la población inmigrante, los jóvenes y las mujeres, que o no tienen carnet de conducir o si lo tienen no poseen vehículo propio», denuncia Dionís Oña, secretario de medio ambiente y salud laboral de UGT Catalunya. De hecho, el 55% de la población adulta catalana no tiene carnet de conducir y de entre el 45% restante, un 12% no dispone de acceso diario a un coche. «Esta situación crea desigualdades de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo», afirma Oña.

Además del elevado coste económico, que muchas veces provoca que un trabajo simplemente no salga a cuenta, hay que tener en cuenta otros factores, como el tiempo o el estrés. Según Manel Ferri, responsable del departamento de movilidad de CC.OO. de Catalunya, «de media los desplazamientos del trabajo a casa duran entre 40 y 60 minutos», tiempo que el trabajador pierde cada día para el ocio o el descanso personal. También hay que tener en cuenta el estrés y la tensión que supone enfrentarse a diario a la carretera y a los atascos, y los riesgos personales que conlleva: el 56,4% de los accidentes de circulación con víctimas son accidentes laborales.

Pero la mala accesibilidad no sólo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas. Atascos, accidentes de coche, obras que nunca terminan y otros muchos percances hacen perder a las empresas sumas considerables de dinero. Sólo el tiempo perdido en los atascos representa una pérdida de entre un 0,5% y un 1% del PIB en la Unión Europea. Las dificultades de acceso penalizan también a las empresas en la contratación de personal. Josep Maria Cabré, director general de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, señala que la falta de transporte público «limita a la hora de contratar personal y supone un freno a la búsqueda de trabajadores cualificados». Esta asociación reclama un mayor esfuerzo inversor de las administraciones en infraestructuras en las áreas industriales.

Lorena Farràs Pérez
La Vanguardia

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La desaceleración económica y el plan anticrisis del Gobierno impactan confuerza en las cuentas del Estado – Los números rojos rozan los 10.000 millones

29-08-2008 – Las señales de alarma siguen encendiéndose. La crisis se extiende con rapidez por el conjunto de la economía, y lo que empezó como la combinación de las turbulencias financieras internacionales con el sonoro reventón de la burbuja inmobiliaria en España ha acabado tiñendo de rojo el conjunto de la economía. Caen la construcción y la industria, baja la inversión, se reduce drásticamente el consumo, sube el paro.

Y las cuentas públicas no son ajenas a esa coyuntura. El déficit público se unió ayer a la catarata de datos negativos y confirmó los peores augurios, al rozar los 10.000 millones de euros, el 0,89% del PIB. Más del doble que en junio, el primer mes en el que se registró déficit desde 2005.

El deterioro de las cuentas del Estado va a toda velocidad, y sólo la Seguridad Social consigue limitar la sangría. En el mismo periodo del año pasado las cuentas registraban un superávit de más de 7.500 millones. La desaceleración ha barrido ese confortable colchón en un abrir y cerrar de ojos, aunque el déficit aún se aleja del tope del 3% que marca la UE.

La explicación es sencilla. Los expertos consultados aseguran que la mitad del déficit obedece a la desaceleración de la economía, especialmente abrupta en la construcción. La otra mitad corresponde al coste del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno, con recortes de impuestos y medidas menos ortodoxas como el cheque bebé y la devolución de los 400 euros, que se hace notar en julio.

Los números rojos en las cuentas del Estado tienen un componente cíclico, ligado a la lógica reducción de la recaudación fiscal por la caída de la actividad y a la subida de gastos como el de prestaciones por desempleo. Lo que los economistas denominan en su jerga imposible estabilizadores automáticos, que se activan en tiempos de crisis. Los ingresos se sitúan en 77.965 millones hasta julio, un 10,1% menos que hace un año ante el recorte de los beneficios -el impuesto de sociedades cae el 18%- y del consumo, que incide en la caída del IVA y de los impuestos especiales. Se gasta menos, se gana menos dinero y por tanto se pagan menos impuestos.

Paquete anticrisis

Pero hay también un fuerte componente discrecional: el paquete anticrisis del Gobierno se refleja en las arcas del Estado. El cheque bebé, la deducción de los 400 euros -la mitad ya está en el bolsillo de los contribuyentes, con un coste de 3.000 millones, la rebaja del impuesto de sociedades, la aceleración de la inversión en infraestructuras y la devolución del IVA impactan en las cuentas públicas. Los gastos se han situado en 87.930 millones, un 11,1% más.

«Algunas medidas son discutibles, pero son decisiones necesarias porque sin esa inyección de dinero en la economía la situación sería peor y estaríamos hablando de recesión», explicó ayer el economista jefe de Intermoney José Carlos Díez. Las soluciones keynesianas para suavizar la crisis no son exclusivas de España: las aplican el Gobierno Bush y la mayoría de los países de la OCDE. Y las avala incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hacienda suele presentar los datos de ejecución presupuestaria mensualmente en rueda de prensa. Pero no en agosto. El Ejecutivo se limitó ayer a un escueto comunicado que atribuye el déficit a la desaceleración y a los cambios normativos introducidos en el último año, que han supuesto una merma de 7.520 millones.

Susana Barrón, de AFI, destacó el alza «fuerte y acelerada» del déficit. En la crisis de 1993, el deterioro de las cuentas públicas fue de tres puntos de PIB en un solo ejercicio; en lo que va de año ese impacto supera ya los dos puntos, al pasar de un superávit del 1,3% a un déficit del 0,89%.
Las cuentas se desequilibran

– Superávit. El Estado ha roto con cuatro años de superávit en sus cuentas al registrar déficit durante los pasados meses de junio y julio

– Los ingresos por IVA. Han caído un 14,5% porque se consume menos y se venden menos viviendas

– IRPF. Empieza a acusar el debilitamiento del empleo y la paga de 400 euros que aprobó el Gobierno para combatir la crisis.

– Pagos. También han empezado a aumentar, un 11,1%, porque se han dinamizado las inversiones públicas y por el denominado cheque bebé.

CLAUDI PÉREZ
El Pais

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Entre abril y junio, España sólo creció un 0,1% respecto al anterior trimestre. Es el incremento más bajo en 13 años y muestra el fuerte recorte de la inversión, que baja por primera vez en 12 años.

28-08-2008 –

Las cifras publicadas ayer por el INE coinciden con lo avanzado hace quince días: la economía española se desacelera con fuerza. En el segundo trimestre del año sólo creció un 0,1% en tasa intertrimestral, el incremento más bajo desde 1995. Si se compara ese trimestre con el mismo del año anterior, el alza fue del 1,8%, lo que sitúa a España por encima de Francia o Alemania, donde también se frenó la actividad al 1,1% y el 1,7%, respectivamente.

Nada más conocer los datos, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, advirtió que la desaceleración se prolongará en el tiempo, al apuntar que espera crecimientos intertrimestrales ‘parecidos’ al registrado entre abril y junio, donde la economía sólo creció un 0,1%.

Pese a ello, insistió en que el Gobierno no contempla que se registren tasas negativas o una recesión (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo) e insistió en que 2008 se cerrará con un alza del 1,6%, según contempla la última estimación oficial. No piensan de la misma forma los analistas, que señalan que el año puede cerrarse con un estancamiento de la actividad. Carlos Maravall, analista de AFI, anticipa crecimientos negativos para los dos últimos trimestres. ‘El conjunto del año tendrá un crecimiento alrededor de cero’, dijo.

El portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, advirtió que la economía española está en un cuadro recesivo ‘de estancamiento, paro, déficit e inflación’, mientras que un informe de Standard & Poor’s advirtió ayer que España estaba ‘abocada’ a entrar en recesión en 2008, al registrar crecimiento negativo los dos últimos trimestres.

El principal responsable del ajuste ha sido la inversión empresarial, que cayó un 0,2%, la primera bajada en doce años, lastrada por el desplome de la construcción. La inversión en vivienda acumula dos trimestres consecutivos de caídas, mientras que el gasto en construcción retrocedió por primera vez en doce años.

La fuerte caída del consumo también está detrás de este brusco frenazo. El gasto de los hogares creció un 1,2%, un punto menos que en el anterior trimestre, tras el fuerte deterioro de las ventas comerciales o de bienes duraderos, como automóviles o equipamiento del hogar.

De este modo, el descenso de la inversión y del consumo han provocado una desaceleración de las importaciones, que crecieron la mitad (2,3%) que en el anterior trimestre. Esto motivó que por primera vez en siete años, la aportación del sector exterior al PIB sea de tres décimas positivas.

Fuerte recorte del mercado laboral

El desplome de la construcción, en la que el número de parados creció un 29% en el segundo trimestre hasta alcanzar las 379.000 personas, ha recortado con fuerza la creación de empleo en España.

Este índice sólo avanzó un 0,4% anual en el segundo trimestre, el incremento más bajo en doce años. Por sectores, la mayor destrucción de empleo se produjo en la construcción, con un descenso del 6,8%, como consecuencia de la caída de la edificación residencial y el fuerte estancamiento de la obra civil y la edificación no residencial.

Ambos sectores, que fueron considerados por el Gobierno como la salida idónea para los parados de la edificación residencial, se han estancado y apenas crecieron un 1,9%, el nivel más bajo en ocho años. También se han producido recortes de empleo en los sectores agrario y de pesca, con una bajada del 5,1%, y en la energía, con un 2,2% menos.

Por su parte, la remuneración de los asalariados creció un 5,5%, 1,3 puntos menos que en el anterior trimestre, por la fuerte caída del empleo, ya que la remuneración media por asalariados se mantuvo estable, tal y como subraya el INE. Todo lo contrario que los beneficios empresariales, que pese a moderar el crecimiento de anteriores trimestres, se incrementaron un punto hasta alcanzar un 9,9%, el doble de lo que creció la remuneración.

Carlos Molina

Cinco Dias

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Si hubiera voluntad política, podrían obtenerse los fondos para resolver el déficit social de las autonomías

28-08-2008 – Se han publicado recientemente varios informes en España y en Europa que tienen una gran relevancia para el debate que está teniendo lugar en nuestro país, sobre cómo incrementar los fondos públicos para responder a las urgentes necesidades de las comunidades autónomas. El primer informe es un documento preparado por GESTHA, técnicos hacendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Econo- mía y Hacienda del Gobierno espa- ñol. Los informes de GESTHA han mostrado en el pasado gran certeza en sus análisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto a menudo con las declaraciones oficiales del ministerio. Este informe, presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en El Escorial este verano, documenta que el fraude fiscal en España supuso en el 2005 (el último año en que el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado los datos de los que GESTHA deriva sus cifras) nada menos que 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

PARA DARNOS cuenta del significado de estas cifras, tenemos que saber que el déficit de gasto público social de las comunidades autónomas, responsables de los servicios públicos del Estado del bienestar de España, es, precisamente, de 85.000 millones de euros. Es decir que para alcanzar el nivel de gasto público social de los países que tienen el mismo nivel de desarrollo económico que el nuestro, deberíamos añadir a nuestro gasto público social (el más bajo de la UE-15) otros 85.000 millones que podrían conseguirse a partir de recaudar los impuestos de los que defraudan al fisco. Puesto que la gran mayoría de los que defraudan al fisco son personas que gozan de rentas superiores, mientras que las que utilizan los servicios públicos sociales, son personas de rentas medias y bajas (las clases populares), puede entenderse que la gran mayoría de la población desea que se corrija este fraude fiscal. Un 82% de la población (según datos del informe de la European Network of Social Research del 2007) dice que el Estado debería corregir el fraude fiscal (el porcentaje mayor de la UE-15). Según el informe de GESTHA, los empresarios declaran una renta recibida entre 5.646 euros y 6.346 euros menos que los asalariados. España es el único país donde los empresarios y profesionales declaran menos que los trabajadores.
El segundo informe es un análisis del gasto público en los países de la OCDE, los más ricos del mundo, publicado por una red de investigadores de gran solvencia y prestigio internacional –Francis G. Castles (editor) The Disappearing state?, 2008–. Tal estudio muestra cómo el Estado español es el que gasta menos (0,06% del PIB) en recoger los impuestos (tax collection), 30 veces menos, por cierto, que Suecia (0,32%). Tal información no consta en el informe de GESTHA, aun cuando éste hace una crítica muy dura a la dirección del Ministerio de Economía por la pobreza de recursos (incluyendo inspectores fiscales) que la Agencia Tributaria tiene, así como por las prioridades establecidas para tal Agencia.
Otro informe, contenido en el trabajo de GESTHA, es el análisis de lo que significará la eliminación del impuesto de patrimonio aprobada por el Gobierno español este agosto, cuyos fondos eran asignados a las comunidades autónomas. Según los últimos datos disponibles (los del 2005), tal impuesto significó 1.400 millones de euros, y (en contra de lo que indicó el Gobierno español para justificar su eliminación) es altamente progresivo. Mientras que la mayoría de declarantes pagaban 178 euros o menos, tal impuesto gravaba primordialmente a las grandes propiedades con valor muy superior al promedio declarado (y ello pese al gran fraude que existe también en esta declaración de la propiedad: solo 727 declarantes indicaron tener patrimonio de más de 10 millones de euros, cuando, según las propias fuentes del ministerio, hay 3.299 personas que tienen tal patrimonio).

LA ELIMINACIÓN de ese impuesto tendrá dos consecuencias. Una es la reducción de los fondos del Estado. De no eliminarse, esos 1.400 millones de euros podrían ir a cubrir el déficit de gasto público en la financiación de los servicios de dependencia de las comunidades autónomas, que es de 1.200 millones de euros. La otra es el incremento de la regresividad del sistema fiscal, aumentando las desigualdades sociales. En el estudio del análisis internacional del gasto público citado anteriormente, se puede ver que, a mayor desigualdad de renta en un país, (España es, con EEUU, uno de los países de la OCDE con más desigualdades), mayor es el gasto público en policía y seguridad. España es el país, tras EEUU, con mayor porcentaje de tal gasto: 2,1% del PIB, y EEUU, 2,2%. Como contraste, Noruega, 0,9%; Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que gastan menos en policía y seguridad y tienen menos desigualdades. Si la desigualdad aumenta, lo hace también el gasto necesario para mantener el orden establecido. Y hay mucho orden que proteger en España.
Vemos, pues, que, si hubiera voluntad política, los fondos para resolver el déficit social de las comunidades autónomas podrían obtenerse. No es un problema financiero o económico, sino político.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas (UPF).
El Periodico

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