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Autor: Comfia Asepeyo

  • Zapatero anuncia dos años de reformas para combatir la crisis ¿ Te lo crees ?

    El Gobierno aprobará 24 medidas para aumentar la competitividad y la productividad – Admite que 2008 y 2009 serán «complicados» y con «austeridad fiscal»

    14-08-2008 –

    José Luis Rodríguez Zapatero se puso ayer a los mandos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para anunciar que 2008 y 2009 serán «años complicados» y adelantar que en ese periodo acometerá un programa de reformas económicas.

    José Luis Rodríguez Zapatero se puso ayer a los mandos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para anunciar que 2008 y 2009 serán «años complicados» y adelantar que en ese periodo acometerá un programa de reformas económicas. Pasados esos dos años, según el presidente del Gobierno, la economía española volverá a crecer como antes de la crisis, al 3% anual.

    El gesto de presidir la reunión por primera vez lo completará hoy Zapatero con un Consejo de Ministros en pleno agosto y con su comparecencia ante la prensa. Todo para transmitir el mensaje de preocupación y actividad frente a las dificultades económicas.

    Hoy sólo se aprobará el proyecto de ley de supresión del Impuesto de Patrimonio y un programa de 24 reformas para llevar a cabo en dos años. El plan incluirá un calendario concreto y diversas medidas, como las ayudas para financiar la vivienda protegida y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno habla de la inyección de 2.000 millones de euros de liquidez en dos años, además de las líneas de crédito del ICO para pequeñas empresas.

    El programa contendrá también la reducción de cargas administrativas para las empresas y la trasposición de la complicada directiva europea de servicios. Se trata de suprimir 70 procedimientos administrativos para mejorar la competitividad empresarial.

    La reunión se inició con un informe del vicepresidente económico, Pedro Solbes, sobre la crisis, al que le siguió otro mucho más político de Zapatero, según un asistente. Este último fue más optimista y de ambos se dedujo que el límite que se baraja para que la crisis remonte es la segunda mitad de 2009.

    De hecho, la nota oficial emitida por La Moncloa vaticina que las medidas que se aprobarán «a medio y corto plazo son necesarias para reforzar la capacidad de crecimiento de la economía española y volver a tasas en torno al 3% a partir de 2010». Es decir, que, según el Gobierno, el crecimiento que ahora está estancado puede volver al 3% en dos años.

    Hubo intervenciones de todos los asistentes, sin entrar en la discusión de las medidas concretas, más cerca del debate político que del técnico. La versión oficial atribuye la crisis a «la incidencia de la crisis financiera internacional, la subida del precio del petróleo y el ajuste del sector inmobiliario en España». Añade que «2008 y 2009 serán años complicados», pero subraya «las fortalezas de la economía española para hacer frente a estas dificultades (economía más capitalizada gracias al esfuerzo inversor de los últimos años; más de 20 millones de ocupados; sistema financiero sólido y cuentas públicas saneadas)».

    El comunicado asegura que «gracias a estas bases reforzadas, y aunque será imprescindible adoptar medidas de austeridad fiscal, el Gobierno puede asumir el aumento del gasto social por prestaciones de desempleo y mantener el esfuerzo inversor en las actividades fundamentales para la actividad económica». No especifica a qué se refiere la «austeridad fiscal», pero fuentes de Economía aseguran que se trata de recortes en el gasto corriente.

    «El Gobierno quiere transmitir un mensaje de confianza a los ciudadanos con el convencimiento de que se están adoptando todas las medidas y aunando todos los esfuerzos para superar la situación de dificultad que afecta a la economía de nuestro país», añade el texto, antes de invocar el acuerdo con sindicatos y patronal. Solbes explicó el efecto de las medidas aprobadas hasta ahora, que el Gobierno cuantificó en la inyección a corto plazo de 18.000 millones de euros en 2008 y 2009.

    La Comisión para Asuntos Económicos la preside cada semana Solbes y acuden seis ministros. Ayer fue encabezada de forma extraordinaria por Zapatero y se amplió a nueve ministros: además de Solbes, los titulares de Trabajo, Celestino Corbacho; Industria, Miguel Sebastián; Fomento, Magdalena Álvarez; Vivienda, Beatriz Corredor; Administraciones Públicas, Elena Salgado; Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

    Faltaron sólo seis miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Sí acudieron los secretarios de Estado de Economía, David Vegara; de Hacienda, Carlos Ocaña, y de la Unión Europea, Diego López Garrido, y el director de Gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano.
    Medidas para combatir la crisis

    – Recorte del gasto corriente para asumir el coste de las prestaciones por desempleo y mantener las inversiones

    – Supresión del impuesto de patrimonio. Esta medida ya fue anunciada por el PSOE durante la última campaña electoral

    – 24 reformas económicas a desarrollar en los sectores de vivienda, transporte, energía, telecomunicaciones y sociedad de la información

    – Reducción de las cargas administrativas en 70 procedimientos para agilizar las gestiones

    FERNANDO GAREA
    El Pais

     

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  • La clase media pagará los platos rotos del frágil sistema de pensiones español

    Ni tienen grandes huchas para preparar la jubilación ni disponen de salarios tan bajos como para contar con la protección del Estado. Quienes ganan entre 25.000 y 100.000 euros anuales están, literalmente, contra las cuerdas.

    12-08-2008 – “¿Crisis? ¿What crisis?”. La de las pensiones. Así es cómo los técnicos que siguen la evolución de la Seguridad Social responderían al título del disco del grupo británico Supertramp que este año le han regalado al presidente. Aunque en las últimas semanas, el detrimento de la actividad y la escalada del IPC han sido los rostros más visibles del cambio de ciclo, los técnicos advierten de que bolsillos, en especial los de las clases medias, sufrirán los varapalos de esta otra “revolución silenciosa”.

    “¿Hay problema con las pensiones? Claro que los hay. Y graves”, espeta el director del informe Instrumentos Financieros para la Jubilación, que acaba de publicar la Fundación de Estudios Financieros. El primero es ya un famoso conocido: si no hay cambios en el sistema de pensiones, el gasto en España se duplicará en las próximas décadas hasta alcanzar el 16% del PIB. Pese a lo lejana que puede parecer la cifra –la previsión es para 2050–, los autores explican que este salto financiero sólo se puede materializar de dos modos posibles. Y ambos, con consecuencias indeseables para los ciudadanos, especialmente para los que ganan entre 25.000 y 100.000 euros anuales.

    La primera pasa por que estos niveles de gasto sólo se pueden afrontar con un “aumento dramático” de las cotizaciones, combinado con una huida hacia delante generadora de un déficit explosivo o un crecimiento acelerado – “milagroso”– de la productividad por encima de las tendencias históricas utilizadas para calcular las proyecciones.

    La otra opción tiene que ver con asumir la transformación completa del modo en el que se actualizan las pensiones. En España, estas prestaciones se acompasan a la inflación observada noviembre sobre noviembre para que no pierdan poder adquisitivo. En cambio, las bases reguladoras de las pensiones futuras –es decir, el esqueleto salarial sobre el que se calcula el importe que se ha de pagar a la Seguridad Social– se actualiza anualmente a la tasa que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año que toque, una práctica que tiene “efectos demoledores” para los trabajadores.

    La razón estriba en que desde 1990 la base máxima de cotización ha perdido un 20% relativo al incremento del IPC, lo que podría entenderse como un “fraude implícito”, puesto que los salarios más altos están necesariamente abocados a perder poder adquisitivo. Bastaría con perpetuar esta reducción en términos reales de las bases de cotización para amortiguar, en parte, el esfuerzo futuro de las arcas públicas.

    En cualquier caso, las rentas más altas no notarían el cambio, pues tienen el suficiente patrimonio para garantizarse su jubilación al margen de cualquier contingencia. Quienes se beneficiarían son los mileuristas y pseudomileuristas, porque de esta forma el sistema garantizaría la percepción de pensiones gracias al sistema de reparto.

    Entre ambos puertos, navegarán las clases medias quienes están pagando ya las pensiones de sus padres y que, a su vez, soportan la mayor parte, en términos absolutos, de la carga redistributiva de los Presupuestos del Estado. “Cuando se jubilen recibirán unas pensiones públicas muy bajas en relación con sus actuales niveles salariales. Son los que de verdad se enfrentarán a un empobrecimiento en su etapa de jubilación”, concluyen los autores.

    Patata caliente

    Reinventar la Seguridad Social no es fácil. Los autores del informe publicado en la Fundación de Estudios Financieros, que cuentan con Intermoney, Banesto y Santander, entre otros, como miembros de consulta, lanzan estas recomendaciones. El objetivo es lograr un sistema complementario de pensiones.

    l Sin el Pacto de Toledo. “No es el instrumento adecuado” para vertebrar la reforma del sistema de pensiones. Este reparo también lo manifestó el jefe de la División de Inversiones del Banco de España, Juan Francisco Jimeno, pues “parece” que algunos políticos piensan que la respuesta al problema de las pensiones es “no hacer nada porque eventualmente alguien tendrá que hacer algo”.

    l Menos impuestos. Piden un “plus de generosidad” para que se establezca la opción de rescate parcial en forma de capital de un plan de pensiones con tributación reducida o sin tributación, siempre que el resto se use para contratar una pensión vitalicia.
    l Bonos del Tesoro. Se deberían emitir bonos a 50 años indexados a la inflación. Su omisión supondría “una transferencia indebida del riesgo de inflación” que se concretaría en un “incremento de coste importante en la oferta de pensiones vitalicias”.
    l Estadísticas transparentes. Es fundamental tener un índice de precios de la vivienda “fiable”, para facilitar el mercado de la hipoteca inversa (producto que garantiza una pensión a raíz del valor del inmueble).

    María Tejo
    Expansion

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  • Los bancos centrales frente a la crisis, independencia ¿para qué?

    Aparentemente los bancos centrales están encargados de poner coto a la inflación pero, a la postre, los índices de precios están subiendo y su tan cacareada independencia se muestra, de hecho, como simplemente inútil para evitar que aparezca.

    08-08-2008 – Los análisis convencionales de la crisis que vivimos, es decir, los más ligados al poder y a la ideología económica dominante, apenas si pasan de puntillas sobre el papel que están desempeñando los bancos centrales. A nosotros, por el contrario, nos parece que es un asunto crucial sobre el que debe reflexionarse y que merecería una respuesta contundente por parte de los ciudadanos.

    Los hechos son muy evidentes.

    Los bancos centrales, y a la cabeza la Reserva Federal estadounidense, fueron los que permitieron que los fenómenos que han dado lugar a la crisis se produjeran.

    Establecieron una regulación de los mercados financieros cada vez más permisiva y opaca, de modo que el nivel de riesgo fue aumentando sin cesar. Facilitaron el endeudamiento masivo de las familias, alimentando así la burbuja inmobiliaria y una insostenibilidad creciente de las finanzas que tarde o temprano afectaría a la economía real. Aceptaron que los bancos crearan productos financieros muy peligrosos que, al propagarse por todo el sistema financiero internacional, han terminado por ocasionar una crisis global sin precedentes.

    Los «chanchullos» que según el Premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson dieron lugar a la crisis fueron consentidos por los bancos centrales que han estado mirando a otro lado mientras que las finanzas internacionales se hacían inestables, opacas y peligrosamente arriesgadas.

    Los bancos centrales mantienen en la práctica un silencio que solo puede calificarse como cómplice ante la existencia de los paraísos fiscales, o lo que es lo mismo, ante un régimen generalizado de evasión y delito financiero.

    Aparentemente los bancos centrales están encargados de poner coto a la inflación pero, a la postre, los índices de precios están subiendo y su tan cacareada independencia se muestra, de hecho, como simplemente inútil para evitar que aparezca. Sencillamente porque la tesis que mantienen sobre el origen de la inflación es equivocada, y en la práctica afrontan la inflación con medios que en realidad sólo pueden conseguir que la distribución de las rentas beneficie a los grupos sociales más poderosos.

    La Reserva Federal ha ido más lejos que cualquier otro banco central, como es lógico dado el poder de imperio del que disfruta, consintiendo y tratando de ocultar ante el resto del mundo que Estados Unidos inunde la economía mundial de dólares, recurriendo para ello a la no publicación, desde marzo de 2005, de la cantidad de dinero en dólares que se encuentra en circulación.

    Sin encomendarse a ningún poder representativo, los bancos centrales toman diariamente decisiones que directamente provocan que las rentas que están en el bolsillo de las familias pasen a las carteras de los bancos, haciendo creer a la opinión pública que se trata de decisiones técnicas sin ningún tipo de connotación política.

    Los bancos centrales ejecutan la política monetaria sin tener en cuenta a nadie más y, por tanto, al margen del principio elemental que debería guiar a la política económica en su conjunto: la coordinación de la monetaria con las demás, y muy especialmente con la fiscal.

    Los bancos centrales son los adalides de la libertad de movimientos del dinero, pero este no es sino otro principio neoliberal que, como dice el Nobel Joseph Stiglitz, «es sólo ideología. Los datos demuestran que la liberalización del capital a menudo causa problemas, inestabilidad y no crecimiento».

    Los bancos centrales vienen empecinándose en controlar la inflación como un fin en sí mismo cuando es evidente que el control de los precios es un medio para lograr el crecimiento, el empleo y la estabilidad general de la economía. Y lo que logran así no puede ser otra cosa que convertirse en un lastre pesadísimo para las economías.

    Los bancos centrales se proclaman los grandes defensores de la libertad económica, y la demandan y practican constantemente en lo monetario, pero al mismo tiempo callan cuando los países ricos regulan cada vez más la circulación de mercancías para enriquecerse a costa de los más pobres.

    Hasta gobernantes incluso conservadores han tenido que hacer oír su voz, en ocasiones puntuales eso sí, frente a un Banco Central con orejeras que hoy día es un obstáculo crucial para salir de la crisis y poder adoptar medidas que pudieran relanzar la estabilidad y el crecimiento.

    En fin, frente a una crisis compleja y que en realidad está poniendo sobre la mesa lo inadecuado del no sistema monetario internacional, de la regulación actual de los flujos financieros y del papel que vienen desempeñando bancos más preocupados de sus operaciones especulativas que de la financiación de la economía, los bancos centrales se limitan a gestionar los tipos de interés a favor de los grandes poseedores de dinero y a pedir moderación salarial para los trabajadores. Es lo único que parece que saben decir.

    Por eso los ciudadanos deberían empezar a ser conscientes de que no les conviene este régimen bancario y de que hay que poner fin a un privilegio de independencia que se ejerce contra la mayoría de la población. Que ni tiene fundamento científico ni en la práctica ha demostrado que contribuya a resolver mejor los problemas económicos. Todo lo contrario, es pura ideología concebida para justificar las políticas que solo terminan por distribuir la renta y la riqueza más favorablemente para los ricos.

    Hay que lograr cambiar el estatuto de los bancos centrales, ponerlos al servicio de la política general de progreso y estabilidad, bajo el control parlamentario y orientados a lograr objetivos de desarrollo y bienestar.

    Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa
    Altereconomía

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  • CRISIS SOCIALES, RIESGOS MANIPULADOS

    De forma sutil, la ortodoxia económica, apoyada por el tremendo poder mediático de los grandes centros de opinión, ha conseguido presentar como un problema exclusivo de los trabajadores lo que es un problema común de toda la sociedad.

    07-08-2008 –

    No son las dificultades las que vencen a los hombres, sino el temor», afirmaba Shakespeare. Y el temor es una sensación que puede fabricarse, como puede aliviarse o acentuarse, de forma inconsciente o consciente. No sólo la influencia de las religiones, sino también el poder en general, se articula frecuentemente sobre la conveniente manipulación de riesgos y temores. El riesgo, la sensación de riesgo, aumenta con la globalización. Y su esencia cambia. Los ciudadanos del mundo tienen la impresión de estar metidos en una turbina de la que pueden salir despedidos en cualquier momento.

    Mientras en el pasado, muchos daños se atribuían a los dioses, la naturaleza o simplemente al destino, hoy, la mayor parte de los peligros que nos amenazan parecen descansar sobre decisiones humanas. Anthony Giddens los denomina riesgos manufacturados, porque suelen estar relacionados con la búsqueda de ventajas económicas en procesos industriales insuficientemente garantizados. Incluso las catástrofes naturales o el cambio climático han dejado de ser accidentes para ser hechos imputables moral, política y jurídicamente a los hombres. Los dioses hace tiempo que son inocentes.

    En el terreno social también es habitual esa forma interesada de manipulación de riesgos. Cualquier fenómeno como el terrorismo, la inmigración, la dialéctica entre religiones y culturas, puede facilitar decisiones de las que obtener ventaja inmediata, bien sea en forma de venta de armas o de apropiación de recursos petrolíferos. Sólo se precisa que los temores que provocan hayan sido convenientemente tratados y manipulados. La crisis demográfica y el envejecimiento de la población son otro ejemplo. Desde los años noventa se ha asumido el riesgo de quiebra de las pensiones en un horizonte lejano. Ese riesgo futuro se convirtió, en seguida, en oportunidad inmediata para obtener ventajas; por un lado, en forma de negocio para fondos de pensiones privados; por otro, político y social, al conseguir que sindicatos y trabajadores aceptaran ajustes o asumieran leyes restrictivas.

    Ese riesgo ha estado alimentado de múltiples noticias. Tomemos tres ejemplos de 1996. «La ONU estima que la población española será de 29 millones en 2050», decía una. Diez años más tarde se acaban de superar los 46 millones y la natalidad se ha recuperado. «Expertos -decía otro titular- presentan informe que confirma la necesidad de complementar las pensiones con fondos privados». La noticia no mencionaba que el escenario elegido utilizaba, como hipótesis, una tasa de desempleo creciente hasta llegar al 26% en 2005, para luego descender hasta el 20% en 2010. El «riguroso» informe estaba patrocinado por la fundación BBVA y coordinado por José Barea, el que fuera jefe de la oficina económica de Aznar. En el mismo año, la Dirección General de Migraciones consideraba que la entrada de 20.000 personas al año era el «cupo deseable» para la economía española y desechaba como inasumible «un techo de 100.000 inmigrantes». ¿Error o manipulación?

    En cualquier caso, esas cifras y noticias sobre demografía, desempleo o inmigración contribuyeron a generar el miedo escénico necesario para desequilibrar las relaciones sociales y debilitar el Estado de bienestar y las fuerzas progresistas. El descenso del peso de los salarios en la economía, excepcional en una fase expansiva, es una de sus consecuencias. En la zona euro ha caído un 13% desde 1980, casi el doble que en los países industrializados. En España, entre 1995 y 2007, pese al fuerte crecimiento económico, han perdido 6 puntos porcentuales en el PIB, mientras que el salario real medio ha bajado un 5%. La batalla continúa. La creciente fragilidad y precariedad laboral no impide que se fuercen cambios legales urgentes que descargan sobre el trabajo la solución al envejecimiento social en forma de prolongar varios años la vida laboral.

    De forma sutil, la ortodoxia económica, apoyada por el tremendo poder mediático de los grandes centros de opinión, ha conseguido presentar como un problema exclusivo de los trabajadores lo que es un problema común de toda la sociedad. Ha conseguido que se focalice como un déficit de la Seguridad Social, la caja particular de los trabajadores, lo que, en todo caso, debiera asociarse a un déficit de la caja general de los ciudadanos, que es la hacienda pública. ¿Tiene sentido? La hacienda pública financia, por ejemplo, las pensiones no contributivas al considerarlas un derecho ciudadano. ¿Puede desentenderse de financiar con el conjunto de impuestos los costes del envejecimiento de la población?

    Afrontado entre todos, es más fácil encontrar soluciones. El incremento del gasto social relacionado con el envejecimiento se estima -¡para 2050!- en un 4,6% sobre el PIB en el promedio de la UE. Se presenta como «insoportable», pero resulta que es menor que la transferencia de renta desde el trabajo al capital provocada en los últimos años, antes citada.

    En un entorno de desarrollo tecnológico no tiene sentido que la sociedad abandone cualquier horizonte de mejora incubado durante siglos. Ahora, más que nunca, genera suficiente riqueza para abordar cualquier crisis y financiar cualquier proyecto sostenible. Debe, eso sí, repartir mejor su carga. Y saber combatir los riesgos manufacturados y el reclamo interesado de soluciones urgentes. Cuando se afronta una nueva crisis, ésa es la mejor enseñanza. Sólo así es posible decir: «¡Juntos podemos!».

    Ignacio Muro es economista
    El Pais

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  • Preacuerdo en el Convenio Colectivo de Seguros

    Afecta a unos 60.000 trabajadores de seguros y mutuas de accidentes de trabajo.

    30-07-2008

    ·  Los trabajadores verán sus salarios actualizados conforme al IPC

    ·  El Convenio tendrá un vigencia de cuatro años (2008-2011)

    ·  Se incorpora también un pago único, no consolidable, para el año 2010

    ·  Las partes se comprometen a redactar y firmar el Convenio Colectivo en septiembre

    . Esta mañana los representantes de UNESPA, AMAT y los sindicatos mayoritarios en la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de entidades aseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo, COMFIA CC.OO. y FES U.G.T., han alcanzado un Preacuerdo en la negociación del Convenio Colectivo. El compromiso es que, sobre las bases de dicho Preacuerdo, se proceda a la redacción y firma del Convenio en el transcurso del próximo mes de septiembre.

    Éstos son los principales puntos del Preacuerdo firmado esta mañana:

    ·   Con una vigencia para 4 años (2008-2011), el Preacuerdo alcanzando garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios al incorporar incrementos iguales al IPC para cada uno de los años de vigencia, con cláusula de revisión salarial a tal efecto.

    ·   El Preacuerdo recoge un pago único, no consolidable, para el tercer año de vigencia (2010), consistente en una cantidad fija para cada Grupo Profesional (Grupo I: 215 €; Grupo II: 150 € y Grupos III y IV: 115 €).

    ·   La jornada se mantiene en su cómputo actual para toda la vigencia del Convenio, incorporando 1 día más de vacaciones a partir del año 2009.

    ·   El Convenio afectará a unos 60.000 trabajadores en un Sector que se caracteriza por la calidad y estabilidad en el empleo, con una tasa de temporalidad inferior al 4%, lo que ha configurado también que el Preacuerdo incluya determinadas ampliaciones en materia de contratación y período de prueba.

    ·  Otros contenidos de especial relevancia del Preacuerdo hacen referencia a la aplicación y desarrollo de la Ley de Igualdad, regulando criterios para la negociación de los planes de igualdad en las empresas obligadas por Ley, y mejorando determinados permisos y derechos para la conciliación de la vida laboral y familiar.

    ·  El tratamiento de los derechos sindicales configura una materia diferenciada del Preacuerdo, con la regulación de la denominada bolsa de horas para la gestión de los créditos horarios, contemplando también criterios para el eventual desarrollo en la empresa del principio de igualdad de los representantes de los trabajadores.

    Agrupación Estatal de Seguros deComfia CC.OO

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