Una ecuación que no falla. Son más que conocidos los detonantes de la violencia de género, una violencia que hasta el momento, en lo que va de año, se ha cobrado la vida de 56 mujeres (según datos oficiales, 48 más otras 7 en estudio), dejando a 40 menores sin madre. Sin contar con otras víctimas colaterales (familiares, personas allegadas, hijos e hijas) cuyas vidas se ha llevado por delante esta violencia machista que asesina día sí y día también. Y eso, hablando sólo del resultado más extremo, la muerte, pero no debemos olvidar la otra violencia, más invisibilizada, que pone en riesgo e impide una vida segura y con derechos a más de 2,15 millones de mujeres. En este contexto, desde CCOO nos preguntamos ¿Por qué los poderes públicos no se toman como una cuestión de Estado la lucha contra la violencia machista? Porque sus medidas son claramente insuficientes y algunas van en dirección contraria. Exigimos que desde los gobiernos se prioricen actuaciones y recursos, es intolerable continuar contando estas muertes anunciadas.
Desde 2003, en poco más de una década, llevamos más de 800 mujeres asesinadas. Una contabilidad intolerable, incompatible con un Estado de Derecho. Un dato incontestable que cuestiona de facto el sistema democrático. Corresponde a toda la sociedad luchar contra este problema social que trasluce en este resultado dramático e irreversible para estas mujeres asesinadas la insuficiencia de la respuesta institucional y la persistencia de graves discriminaciones de género. Corresponde a los poderes públicos proporcionar las medidas y actuaciones suficientes, tanto de carácter simbólico como con recursos, incluidos los financieros, para asegurar la prevención, la atención y protección a las mujeres y menores que la sufren, y para combatir de raíz contra su caldo de cultivo, fomentando una nueva cultura de igualdad, corresponsabilidad y respeto.
¿Y qué hace el gobierno? ¿Prioriza la lucha contra la violencia de género? ¿Dedica recursos proporcionados a una problemática tremenda que se lleva por delante la vida de una mujer cada 5 días? ¿Forma a profesionales, para que sean capaces de detectar la violencia y poner en marcha los protocolos adecuados? Una muestra, la dotación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2015. Conozcan estos datos, y valórenlos.
Como se dice en el editorial del último número de la revista Trabajadora ?Se trata de unos PGE que dan la espalda a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, en los cuales el programa 232.B destinado a tal fin está dotado con 20,8 millones ?, lo que supone una reducción del 38% en cuatro años, si tomamos la referencia del año 2010 (?). Igual tratamiento recibe el capitulo 232C de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, y aunque para este año se ha producido un incremento de 1,87 millones aún es un 25% inferior al del año 2010, no siendo admisible que los recortes y las políticas de austeridad afecten a las actuaciones contra la violencia de género, que en lo que llevamos de año se ha cobrado la vida de 42 mujeres (octubre 2014). Recortar en la prevención y en la asistencia a las mujeres que padecen la violencia de género se traduce en un incremento de violencia y en dejar a las mujeres que la vienen padeciendo en mayor indefensión ante la misma?.
Desde CCOO llevamos tiempo diciéndolo y no somos las únicas voces: El Parlamento Europeo ya dio la voz de alarma en febrero de 2013 sobre el riesgo del aumento de violencia contra las mujeres como efecto combinado de la crisis y de las políticas de austeridad y recortes sociales, incluidos los realizados en políticas de igualdad y prevención de la violencia de género; porque los problemas económicos favorecen que se produzcan más situaciones de maltrato psicológico, violencia física, acoso sexual? y muchas mujeres, empobrecidas por la precariedad laboral que les afecta especialmente, no encuentran la protección que necesitan, dados los recortes recursos del Estado y las Administraciones Públicas.
Además, en cuatro años de crisis han descendido un 10% las denuncias por estas causas, indicativo de que las afectadas no encuentran o no conocen los resortes de la protección integral que el Estado, en sus diferentes Administraciones, debe proporcionar. Los recortes en políticas de igualdad y prevención esta violencia tomados por el gobierno y CCAA suponen menos recursos y menos servicios, con cierre de casas de acogida, muchas de ellas gestionadas por organizaciones de mujeres que suponían el recurso más cercano y más próximo a las afectadas. También el número de mujeres sin empleo ha aumentado, con más 2,3 milllones de desempleadas registradas; también su desprotección social y, por tanto, su riesgo o realidad de pobreza. La igualdad ha retrocedido, con la reforma educativa que la ha postergado de la enseñanza. Es la ecuación perfecta. Más exposición y menos prevención y protección, más violencia contra las mujeres.
Desde CCOO exigimos a los poderes públicos que coloquen en el centro de su agenda la lucha contra esta violencia, en protección y atención, y también en la prevención de sus causas. Hay una parte que corresponde hacer a los gobiernos, como hay otra que podemos y debemos hacer la sociedad. Un gobierno que elimina o recorta recursos y que activa políticas educativas retrógradas que favorecen papeles sociales del pasado (que imponen modelos de sumisión a las mujeres, con ?vuelta a casa? inducida), no puede sorprenderse del auge de esta violencia entre la población joven. Porque es economía y es ideología ultraliberal y patriarcal.
Exigimos mejoras en la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género; que se repongan los recortes del gasto público efectuados en prevención y atención a las víctimas; que se recuperen asignaturas con el objetivo educativo de igualdad entre mujeres y hombres en la enseñanza, como Educación para la ciudadanía. Desde CCOO ponemos todo el empeño y trabajo para acabar con la violencia y la discriminación, y no dejamos de proponer y aplicar en la medida que podemos medidas en el ámbito laboral, introduciendo en la negociación colectiva garantías de protección laboral para las víctimas de violencia de género, formando a quienes negocian convenios colectivos y planes de igualdad, impulsando la negociación de protocolos de actuación frente al acoso sexual para incluir en convenios colectivos y planes de igualdad.
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