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Autor: Comfia Madrid

  • La CES convoca movilizaciones en toda Europa entre el 17 y el 24 de noviembre

    El objetivo de las jornadas de acción europea convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos es activar el Plan de Inversiones para un empleo de calidad elaborado por el sindicalismo continental
    El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, en el que participa el secretario general de CCOO y presidente de la CES, Ignacio Fernández Toxo, ha decidido hoy en Bruselas convocar hoy Jornadas de Acción en toda Europa entre los días 17 y 24 de noviembre, con el objetivo de impulsar y activar el Plan de Inversiones para el Crecimiento y el Empleo de calidad elaborado por el sindicalismo continental. Las iniciativas de movilización serán de carácter diverso, y responderán a la capacidad y autonomía de los sindicatos nacionales para decidir huelgas, paros, manifestaciones, concentraciones y asambleas en los centros de trabajo (de acuerdo con la situación de cada país), eso sí, todas ellas en las fechas antes citadas. 
    El Plan de Inversiones elaborado e impulsado por la CES es una ambiciosa y detallada estrategia de reactivación económica para salir de la crisis y acabar con las políticas de austeridad, mediante una fuerte inversión anual y la creación de millones de empleos en los próximos 10 años. 
    Será la secretaria general de la CES, Bernadette Ségol, la que comunique a los medios de comunicación el próximo 24 de octubre, coincidiendo con la celebración de la Cumbre Europea, los ejes centrales del Plan de Inversiones y los objetivos de las movilizaciones convocadas por el movimiento sindical europeo para la semana del 17 al 24 de noviembre.


  • «CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad ni hay indicios de enriquecimiento personal de ningún responsable sindical»

    El Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el Secretario General de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, han aseverado que CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad – «CCOO no ha formado ni forma parte de ninguna trama de reparto de subvenciones» – ni hay indicios de enriquecimiento ilícito por parte de las Federaciones afectadas o beneficio personal de ningún responsable sindical, durante la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de investigación interna sobre la actuación del sindicato en los ERE de Andalucía.

    “Estas conclusiones
    se presentan a la opinión pública solo un día después de que el Consejo
    Confederal del sindicato las haya conocido”, enfatizó el secretario de
    Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, al comienzo de la rueda
    de prensa en la que Toxo y Carbonero expusieran el informe de la Comisión de investigación
    interna puesta en marcha por la
    Ejecutiva confederal del sindicato, que después de varios
    meses de trabajo ha concluido que la actuación del sindicato y de los
    responsables sindicales que ha intervenido en los ERE de Andalucía se atiene a
    la legalidad, si bien reconoce que los procedimientos de actuación son
    mejorables.

    “El 99,9% de los ERE se han iniciado a instancia de la empresa”, de los cuales
    menos del 10% en Andalucía, ha comenzado explicando Toxo, que ha subrayado que
    la intervención sindical en los Expedientes de Regulación de Empleo es obligada
    por mandato legal y de los trabajadores afectados. El sindicato actúa tras la
    presentación del ERE, “es una intervención especializada que comprende
    gabinetes jurídicos, económicos y actuariales, que supone un gasto que tiene
    que ser retribuido”, señaló.

    “Se facturan servicios, no se cobran comisiones”, como entiende la instrucción
    judicial, afirmó rotundo el secretario general de CCOO, que añadió que los
    gastos deben recaer sobre las empresas que presentan el ERE y no sobre los
    trabajadores. “Sería injusto que los trabajadores que van al paro, aunque se
    beneficien de la actuación del sindicato, paguen”, destacó.

    “No hay indicios de enriquecimiento personal de los imputados – «si lo
    hubiese, el sindicato tomará las decisiones que correspondan» – y CCOO no
    ha formado ni forma parte de ninguna trama”, resumió Toxo, si bien
    autocríticamente afirmó que ha existido desorden y que los procedimientos son
    “mejorables”, como pone de relieve la Comisión de investigación que propone, entre
    otras medidas, que en el futuro no se facture a consultoras o con cargo a
    fondos públicos, aunque sea legal, y que los procedimientos sean transparentes
    y comunes a todas las organizaciones del sindicato.

    “CCOO ha actuado desde la defensa de los intereses de los trabajadores, con el
    objetivo de mantener el máximo de puestos de trabajo y para aquellos que lo
    pierdan salgan en las mejores condiciones posibles”, concluyó por su parte el
    secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, que negó
    rotundamente que CCOO se haya financiado ilegalmente o pertenezca a una trama
    ilegal. «Es absolutamente falso que la organización haya formado parte de
    ninguna trama sobre los ERE en Andalucía. No hemos hecho nunca ningún acuerdo
    con la Junta de
    Andalucía, ni es cierto que el sindicato iba todo el día corriendo detrás de
    las aseguradoras», subrayó.

     

     

    RESUMEN RUEDA DE PRENSA

  • CC.OO. CONSIDERA PRECIPITADA LA DISOLUCIÓN DE MANCOMUNIDADES DE MUTUAS

    Para CC.OO. la decisión unilateral del Gobierno de incluir las Entidades Mancomunadasde las Mutuas en el Plan de Racionalización de Sector Público regulado en el RealDecreto 701/2013, con su consiguiente disolución y liquidación, adolece del necesariodiálogo previo con los Agentes Sociales y resulta precipitada y desorbitada.
    Corporación Mutua y Suma Intermutual, entidades surgidas en 2007 por la mancomunidad de 8 y 5 mutuas, respectivamente, y como una iniciativa novedosa y diferenciada de la fórmula tradicional que se había venido registrando en el sector hasta entonces de fusiones y absorciones, tenían como objetivo el uso racional y compartido de recursos,ampliando y acercando a los trabajadores y trabajadoras protegidos la red asistencial,evitando desplazamientos innecesarios y las cargas temporales y económicas que ello implica.


    Además, estas entidades debían suponer un ahorro de gasto al sistema de Seguridad Social, a levitar la duplicidad de centros y promover las economías de escala mediante la centralización y unificación de compras y licitaciones. Es decir,cooperación y colaboración entre sus asociados,que asegurase la eficiencia en la administración de los recursos públicos que gestionaban y la calidad en la prestación de los servicios a los trabajadores y trabajadoras accidentados.
    Toda esta reestructuración de recursos también ha tenido como consecuencia la modificación delas condiciones laborales de más de un centenar de trabajadores y trabajadoras de las propias Mutuas, que han visto como sus centros han sido cerrados y han tenido que desplazarse a centros de distintas entidades.
    Aunque desde CCOO habíamos venido criticando duramente que estas Entidades no contasen con la necesaria participación de los Agentes Sociales en el control y seguimiento de su actividad, financiada mediante recursos públicos provenientes de las cotizaciones a laS eguridad Social de trabajadores y empresarios, resultaba imprescindible el análisis conjunto del nivel de calidad asistencial conseguido, del ahorro de gasto público y de las consecuencias de su disolución antes de adoptar la decisión del Gobierno de liquidar estas entidades.
    Desde CC.OO. proponemos que la Administración garantice que las mutuas mancomunadas mantendrán los acuerdos de colaboración y puesta en común de recursos hasta que cada mutua disponga de los medios necesarios para prestar una atención de calidad contrastada a la población trabajadora protegida equivalente a la que ofrecía antes de formar parte de la entidad mancomunada, garantizando así mismo el mantenimiento del volumen de empleo y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

  • CAZA AL SINDICALISTA

  • CCOO pide una ley de financiación de los sindicatos y anuncia que publicará sus cuentas en la web

    El secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha informado hoy que CCOO va a proponer la aprobación de una ley de financiación de los sindicatos para que se regule de manera «transparente y clara» los recursos públicos que reciben los sindicatos por desarrollar las competencias reconocidas por mandato constitucional. Lezcano ha manifestado también que CCOO publicará sus cuentas en la página web del sindicato y las llevará, aunque no es preceptivo, al Tribunal de Cuentas, durante una comparecencia ante los medios de comunicación para dar cuenta de los debates del Consejo Confederal del sindicato, centrados en esta ocasión en la reorganización interna y las movilizaciones contra las políticas del Gobierno.


    Fernando Lezcano ha explicado asimismo que el Consejo Confederal está discutiendo el proceso de fusiones de varias Federaciones,  siguiendo el mandato del X Congreso confederal del sindicato, con el objetivo de hacer más ágil y eficiente el sindicato, además de  viable desde el punto de vista de los recursos económicos y humanos. 
    Además ha señalado que el Consejo Confederal conocerá mañana las conclusiones de la Comisión de investigación constituida para averiguar si existe alguna actuación punible por parte del sindicato en relación a los ERE, las cuales se harán públicas en na rueda de prensa que se celebrará esta misma semana. 
    Por otro lado, el secretario de Organización y Comunicación de CCOO ha hecho un repaso de de la situación económica, mostrándose muy crítico con la campaña que, en su opinión, ha puesto en marcha el Gobierno para convencer de que la crisis ha finalizado. “El Gobierno ha «decretado» el fin de la recesión y un inicio de la recuperación”, pero aunque “tuerza” los datos lo cierto es que el desempleo y la pobreza crecen, afirmó. 
    En este sentido, Lezcano señaló que los Presupuestos Generales del Estado 2014, que ni tan siquiera han sido consultados con los agentes sociales,  ni permitirán salir de la crisis ni avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, ya que contempla menos inversiones, congelación del salario de los empleados públicos y una «insignificante» revalorización del 0,25% de las pensiones.