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Autor: Comfia Madrid

  • Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Madrid

    El 1 de
    julio de 2013 se constituyó la Mesa
    Negociadora del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Madrid y ayer, 17 de septiembre de 2013, ha iniciado su
    andadura.

    La revisión
    salarial de 2012 fue publicada en el BOCM con fecha 27 de Julio de 2013,  la firma de esta revisión se produjo un par
    de meses antes en la antesala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo
    que es un indicador claro de la dificultad de encuentro entre las posturas
    patronales y las sindicales.

     

    En la
    reunión celebrada hoy en la sede de CEIM, en Diego de Leon 50, los sindicatos de forma consensuada hemos entregado nuestras propuestas, las
    patronales ADESEMA, ASOFREDA  y la Asociación de Empresas
    de Oficinas y Despachos han hecho lo propio. Como era de prever por las
    manifestaciones patronales a lo largo del año 2013 en diferentes reuniones, las
    posiciones son muy distantes entre sindicatos y patronales.

     

    Comfia-CCOO queremos consolidar y mejorar los derechos laborales,
    dignificando  las condiciones de trabajo
    de los trabajadores y trabajadoras del sector. Las patronales, con sus
    propuestas parece que pretendan dinamitar el Convenio Colectivo y todo su
    contenido actual, eliminando la antigüedad, los complementos de IT, la jornada
    intensiva de verano, la pérdida automática de vigencia del convenio…, etc.

     

    Los
    delegados y delegadas de Comfia-CCOO de Oficinas y Despachos celebraremos en breve una Asamblea
    sobre esta  negociación que se perfila
    con grandes dificultades.

  • «Las pensiones pueden perder en los próximos 15 años entre un 14,8% y un 28,3% de poder adquisitivo»

    El cálculo inicial de impacto realizado por CCOO, señala que las reformas presentadas por el Gobierno si se pusiesen en marcha tal cual se han presentado, sin contar con otras medidas adicionales de mejora de ingresos que pudieran corregir total o parcialmente sus efectos, supondrán una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15 años.
    En opinión de Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de CCOO, «la propuesta del Gobierno se limita a establecer dos instrumentos (Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización de Pensiones) que centran exclusivamente su atención en un ajuste del gasto, olvidando cualquier medida de mejora de ingresos que pudieran reforzar la sostenibilidad del sistema».


    No es la disminución en términos reales de la protección social del sistema de pensiones la vía para afrontar los retos de medio plazo, conocidos y previsibles, que este tiene que abordar. Por su parte, el desequilibrio actual, producto de la coyuntura de crisis y agravado por las políticas de ajuste y empobrecimiento que se están desarrollando en los últimos años, requiere, también para CCOO, la asunción de medidas en el corto y medio plazo para reducir el desequilibrio actual entre ingresos y gastos y contribuir, junto con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a superar la presente etapa de dificultades.

    Para ello, CCOO va a trasladar a la mesa de negociación convocada por el Gobierno, además de su discrepancia con los plazos y procedimientos con que se quiere abordar esta nueva reforma del sistema de pensiones (haciendo coincidir, en primera instancia, las conversaciones con los interlocutores sociales y la petición de dictamen al Consejo Económico y Social y, en segundo término con la eventual tramitación parlamentaria de un proyecto de ley); una batería de medidas alternativas para actuar sobre el sistema de pensiones en el corto, medio y largo plazo. Todo ello, con una perspectiva de equipararnos a los países de nuestro entorno en cuanto al porcentaje del PIB que dedicamos a sostener nuestro sistema de pensiones, pasando del actual 10,2% al entorno del 13,5% en el que ya se sitúan esos países.

    Una parte significativa de esta aportación debe producirse en el corto plazo y el resto, se incorporaría progresivamente a medio plazo permitiendo asumir el previsto incremento de gasto en pensiones en las próximas décadas con medidas adaptadas a la actual coyuntura y otras de carácter más estructural.

    Sin embargo, en opinión de CCOO el Gobierno parece renunciar a las medidas de mejora de ingresos e intenta utilizar la reforma del factor de sostenibilidad para corregir el déficit que coyunturalmente presenta el sistema de Seguridad Social. Carlos Bravo señala en este punto que “el gobierno olvida que el verdadero objetivo del Factor de Sostenibilidad debe ser garantizar la respuesta del sistema a los retos estructurales del sistema (demográfico, principalmente) que tendrá que afrontar en el medio y largo plazo, pero no para resolver la coyuntura actual, que precisa de medidas de mejora de ingresos”.

    Por ello, CCOO propone diferentes medidas de incremento de ingresos con un doble objetivo:

    – En el corto plazo y medio plazo, ayudar a resolver el actual déficit coyuntural que presenta el sistema de Seguridad Social como consecuencia de la destrucción de empleo derivada de la crisis económica y la equivocada política económica de austeridad.

    – En el medio y largo plazo, contribuir a mejorar la financiación del sistema de Seguridad Social de modo que se garantice su sostenibilidad sin tener que recurrir a medidas de ajuste caracterizadas por el recorte de prestaciones y derechos.

    Algunas de las alternativas que pueden plantearse y que CCOO pondrá sobre la mesa son las siguientes. La asunción y puesta en marcha de todas o algunas de ellas, afronta de forma más justa y razonable las exigencias del sistema de pensiones:


    DE APLICACIÓN INMEDIATA


    1. Incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado.


    DE APLICACIÓN PROGRESIVA


    2. Incremento de base máxima de cotización (Prevista en reforma de pensiones 2011).

    3. Convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General (Prevista en reforma de pensiones 2011).

    4. Asunción del Estado de los gastos de personal de la administración de Seguridad Social.

    5. Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.


    DE CARÁCTER ESTRUCTURAL


    6. Políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los 3 millones de empleos perdidos en lo que va de crisis.

    7. Persecución del fraude asociado a la economía sumergida.

    8. Asunción paulatina por los Presupuestos Generales del Estado de la financiación del nivel asistencial de las prestaciones de muerte y supervivencia
    9.- La reforma fiscal es la actuación estructural más determinante y necesaria en la economía española que determina la capacidad de actuación en el conjunto de sistemas de protección social y servicios públicos.

  • La Cumbre Social retoma su actividad y prepara la celebración de un plenario para impulsar el debate y la movilización social

    La Comisión de Coordinación de la Cumbre Social ha decidido, una vez cumplido el primer año de su constitución a finales de julio de 2012, retomar la actividad y preparar la celebración de un plenario de las organizaciones que la integran para impulsar el debate y la movilización popular. La situación económica y social, con una insoportable tasa de paro por mucho que agiten el último dato de paro registrado, y la brecha abierta entre la ciudadanía y los poderes públicos siguen golpeando los derechos sociales y laborales y debilitando la salud de la democracia.
    La Cumbre Social expresa su rechazo a la intención del Gobierno, adelantada por su ministra de Empleo a los agentes sociales, de recortar el poder adquisitivo de las pensiones al descartar el IPC como indicador de referencia para su actualización retributiva, y precipitar la utilización del llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin propiciar iniciativas para reforzar los ingresos del sistema. A juicio de la Comisión de Coordinación de la Cumbre Social, el Gobierno parece empeñado en hacer pagar al sistema público de pensiones el ajuste económico que ha comprometido ante las instituciones comunitarias y financieras, algo que no vamos a aceptar.

    Para la Cumbre Social, que integran centenar y medio de organizaciones sociales, culturales y profesionales, la reciente aprobación de la reforma de las administraciones locales es otra grave agresión a la democracia, al convertir los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las demandas de la ciudadanía, en simples oficinas administrativas con escasa o nula capacidad para intervenir en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran propios. Ello no hace sino deteriorar la ya mermada confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones que representan la soberanía popular y la política democrática.

    La Cumbre vuelve a reiterar su radical oposición a la privatización y/o recortes de servicios públicos que tanto la Administración central como distintas Comunidades Autónomas llevan activando en los últimos meses. La sanidad y educación públicas son un buen ejemplo de lo que decimos, pero no debemos olvidar otros servicios y sectores de la política social de los que progresivamente están prescindiendo los poderes públicos de la derecha. La Cumbre Social pide a las fuerzas políticas progresistas que se comprometan, llegado el momento, a revertir las leyes y normativas que han posibilitado estos procesos privatizadores.

    Por último, la Cumbre Social insiste en reclamar una profunda regeneración de la democracia, una ambiciosa Ley de Transparencia, una nueva Ley Electoral y un compromiso explícito para aprobar ya medidas precisas y evaluables de lucha contra la corrupción económica y política a fin de evitar que los responsables de una y otra actividad puedan ejercer funciones de representación colectiva u ocupar un puesto en las instituciones del Estado.


  • Una reforma laboral al servicio de las elites económicas dominantes

    • Hay que seguir acumulando fuerza social y democrática para revertir la reforma laboral.
    La reforma laboral para la mayoría de la sociedad es más precariedad, más pobreza, menor cohesión social y, a la vez, más beneficios para los ricos y menores rentas para el conjunto de los asalariados. Hay que seguir acumulando fuerza social y democrática para revertir la reforma laboral. Artículo de Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO.
    El Gobierno del PP, está presentado la evaluación de la reforma laboral, como un instrumento capaz de sacarnos del pozo de la recesión. Enviando conclusiones que nada tienen que ver con la dura y cruda relidad que soporta la mayoría de la sociedad española, una sociedad donde los ricos aumentan los beneficios, mientras se devaluan los salarios y se incrementa la precariedad y la pobreza de la sociedad.

    A un año y poco más de la aprobación del Decreto impuesto por el Gobierno del PP, los objetivos de la exposición de motivos que explicaba la Ley, tiene poco que ver con la realidad concreta de las relaciones laborales.

    La Reforma Laboral no ha frenado la destrucción de empleo, no ha favorecido la contratación indefinida, no se ha avanzado mediante la negociación en la flexibilidad interna de las relaciones laborales, no ha fomentado la contratación, ni se ha reducido la temporalidad, no se ha desarrollado la empleabilidad de los trabajadores.

    Para CCOO, la reforma laboral ha servido para incrementar el paro. El dato positivo del segundo trimestre de 2013, se produce como consecuencia de un considerable descenso de la población activa, de la emigración de españoles, y de la estacionalidad de la actividad económica.

    Se han incrementado los despidos, mientras disminuyen las suspensiones de contratos y las reducciones de jornada, fiel reflejo del escaso papel de la flexibilidad interna en el marco de las empresa y de la apuesta por la destrucción del empleo por parte de los empresarios, favorecida por el debilitamiento del control judicial y la desaparición de la autorización administrativa, que aún así la judicatura ha rechazado los expedientes de regulación de empleo por escaso rigor documental, falta evidente de negociación y la vinculación con el Grupo, aspectos corregidos por el Gobierno en el Decreto de este 2 de agosto sigiendo las indicaciones de los despachos de asesores empresariales.

    Para apostar por el empleo, el Gobierno ha reducido considerablemente el presupuesto de las Políticas Activas de empleo, lo que conlleva una reducción de la formación. La formación que se cursa, tiene escasa salida hacia el mercado de trabajo, y los contratos de Formación y Aprendizaje, al igual que el de Prácticas siguen siendo residuales.

    Se sigue destruyendo el empleo tanto en el sector privado como en el público. El escaso empleo que se genera en el sector servicios es de carácter estacional y temporal, y el empleo que se ha destruido, es mayoritariamente indefinido y, como consecuencia, la contratación indefinida disminuye. Aumenta la contratación a tiempo parcial como efecto de la total desregulación al incorporar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y por la hiperflexibilidad del mismo.

    El contrato de emprendedores, contrato estrella de la reforma laboral, es absolutamente residual sobre el volumen de la contratación.

    La reforma laboral ha servido para devaluar los salarios, lo que significa una menor demanda interna, una limitadísima capacidad de ahorro, menor consumo y profundización de la recesión, así como mayores niveles de morosidad.

    El fin de la ultraactividad ha servido para bloquear y ralentizar la negociación colectiva, incrementar la conflictividad y devaluar las condiciones de trabajo e individualizar las relaciones laborales.

    La reforma laboral ha facilitado a los empresarios la modificación de las condiciones de trabajo, tanto las retribuciones como otras modificaciones substanciales. Se destruye empleo y se reducen las condiciones de los trabajadores que mantienen el empleo.

    La reforma laboral no tiene nada que ver con el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La reforma laboral nació contra el II AENC. La política salarial habida en los convenios negociados tiene que ver con el protagonismo de las organizaciones sindicales y no con la reforma laboral decretada por el Gobierno. La reforma laboral no ha recogido nada del control de precios, de la reinversión de los beneficios y otros contendidos que se recogían en el Acuerdo.

    La reforma laboral aprobada por el Gobierno al dictado de las elites económicas y financieras está sirviendo para devaluar los salarios, incrementar el poder de los empresarios, debilitar la negociación colectiva e individualizar las relaciones laborales.

    Mientras el paro de larga duración sigue aumentando, cae la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, disminuyendo su calidad y son mayoritarias las prestaciones asistenciales.

    En resumen, el efecto real de la reforma laboral para la mayoría de la sociedad es más precariedad, más pobreza, menor cohesión social y, a la vez, más beneficios para los ricos y menores rentas para el conjunto de los asalariados. Hay que seguir acumulando fuerza social y democrática para revertir la reforma laboral.

  • PUBLICADO EN EL BOE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

    El 3 de agosto se publicó en el BOE una actualización del Estatuto de los Trabajadores que contempla modificaciones provocadas por el Real Decreto Ley 11/2013 aprobado por el gobierno el 2 de agosto de 2013.

    Estás modificaciones recogen el cambio en la regulación procesal de los despidos colectivos, y restringe las posibles causas de nulidad de los ERE entre otras cosas.

    Descarga desde el BOE el Texto integro del E.T. en pdf
    Link para consulta online: link B.O.E.