Con la llegada del partido socialista al gobierno de la nación iniciamos un proceso de diálogo social amplio, que tiene como
objetivos la competitividad, el empleo estable y la cohesión social.
Desde entonces hemos conseguido acuerdos de mucho
interés, como la subida del salario mínimo
interprofesional y de las pensiones o la regularización de los
trabajadores inmigrantes con empleo.
Pero
es ahora cuando empiezan las negociaciones donde nos jugamos más
y que serán más difíciles por la confrontación
de intereses, como la de empleo. Es una negociación a tres
partes, los sindicatos CCOO y UGT, las organizaciones empresariales
CEOE y CEPYME, y el Gobierno.
Los
sindicatos hemos sido los primeros en presentar en la mesa de
negociación una propuesta unitaria. Nuestros objetivos se
pueden resumir en dos: hacer el empleo más productivo
mediante la inversión pública y privada ?no queremos
seguir compitiendo en base a bajos salarios y precariedad laboral-, y
mejorar la calidad del empleo -calidad que tiene que ver con
la estabilidad, con la igualdad y con el cumplimiento empresarial de
las reglas laborales-.
Abordamos
esta negociación sabiendo que la mejora del empleo en cantidad
y calidad no depende sólo de la normativa laboral, de la
contratación (o del despido como dice la patronal), sino que
depende de la inversión productiva, del desarrollo
tecnológico, de la formación y cualificación. Y
sabemos también que no hay una ?solución mágica?,
porque las causas y la intensidad de los problemas son diversas.
Al
Gobierno le reclamamos que aporte en la mesa las soluciones que
dependen de su responsabilidad: más inversión
productiva; reducir la temporalidad en el empleo público;
hacer cumplir las reglas laborales en las empresas y perseguir el
empleo irregular con trabajadores inmigrantes; desarrollar servicios
de atención y cuidado a niños y personas con
dependencia para facilitar a las mujeres su incorporación a la
actividad laboral.
A
las organizaciones empresariales les exigimos que no presenten
sus propios intereses como si fueran la solución a los
problemas. Propuestas para reducir los derechos laborales, para hacer
más fácil y barato el despido o para crear nuevos
contratos temporales, responden sin duda a sus intereses económicos,
pero no hacen el empleo más productivo, ni reducen la
temporalidad, ni la discriminación laboral, ni responden al
interés general de la sociedad.
A
todos los afiliados y afiliadas a CCOO os pedimos que divulguéis
nuestros objetivos y propuestas en los centros de trabajo para apoyar
esta negociación.
Los
problemas del mercado laboral
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España
pierde competitividad porque invierte menos que la media de los
países de la UE, incluidos los nuevos, en: I+D+i;
Tecnologías de la Información; Innovación en
las pymes; Formación Permanente.
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La
productividad no aumenta porque crecen los sectores intensivos en
mano de obra y la utilización de trabajadores inmigrantes
sin derechos.
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De todo el
empleo temporal creado en los últimos 8 años, el
63% está en la Construcción y en las
Administraciones Públicas.
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Más de
la mitad del empleo temporal lo sufren los jóvenes menores
de 30 años.
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Las mujeres
tienen tasas de actividad y de empleo inferiores a las de los
hombres en más de 20 puntos porcentuales, su tasa de paro
es casi el doble y sus retribuciones son inferiores en un 30%.
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Hay grandes
diferencias entre Comunidades Autónomas: las tasas de paro
de Andalucía, Extremadura o Galicia casi triplican a las
de Aragón, Rioja o Navarra. Y Madrid o Cataluña,
con tasas de paro inferiores a la media, tienen también
menos temporalidad. El tejido productivo es determinante.
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Además,
proponemos:
Más
estabilidad en el empleo. Acotando las causas de los contratos
temporales. El contrato de obra o servicio no podrá ser el
?contrato habitual? de las contratas y subcontratas. Sucesivos
contratos temporales en la empresa con el mismo trabajador o para
el mismo puesto de trabajo deberá suponer que el contrato
es indefinido.
Regular
mejor las contratas y subcontratas. Con límites a la
cadena de subcontratación, especialmente cuando quien
subcontrata es una Administración Pública. La
responsabilidad solidaria debe afectar a todas las empresas,
contratistas y principal. Contar con nuevos derechos sindicales de
información y coordinación interempresas.
Más
garantías para el empleo a tiempo parcial. Identificando
en el contrato la jornada y el horario (para poder saber cuanto y
cuando se trabaja). Dar preferencias para las vacantes a tiempo
completo. Asegurar el derecho a la formación, a la
promoción y a los permisos.
Asegurar que
las normas de contratación se cumplen. Más
medios para la Inspección de Trabajo. Más
coordinación de las administraciones públicas. Más
participación sindical.
Promover la
participación laboral para las mujeres y la igualdad.
Regular Acciones Positivas: las mujeres, en igualdad de
méritos, deberán tener preferencia para acceder al
empleo, actividades y profesiones donde están menos
presentes. Establecer la obligación de contar con Planes de
Igualdad en las empresas, especialmente en materia salarial.
Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las
responsabilidades familiares. Permiso individual de paternidad.
Proteger
mejor frente al desempleo. Mejorando las políticas
activas de empleo y los incentivos al empleo indefinido.
Promoviendo el acceso al empleo ordinario de las personas con
discapacidad. Haciendo más útiles los Servicios
Públicos de Empleo. Asegurando las prestaciones por
desempleo a quienes tienen mayores dificultades para encontrar
empleo y carecen de rentas alternativas.
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