En el momento de escribir las reflexiones que siguen, siete meses después de la firma de la Declaración para el Diálogo Social “Competitividad, empleo estable y cohesión social” su desarrollo ha entrado en crisis.
Las claves para saber si se trata de una crisis superable o si estamos ante el fin del método de negociación inaugurado con toda solemnidad en La Moncloa el 8 de julio del año pasado, probablemente las tengamos en las próximas semanas.
No obstante, a día de hoy ya se puede afirmar que lo acontecido en relación con el Salario Mínimo va a dejar secuelas que conviene tener en cuenta para las negociaciones que, de una u otra forma, se abordarán en esta legislatura, sea con el formato de la Declaración vigente o con otro más “clásico” de negociación.
La crisis del SMI es puramente instrumental. Tiene que ver con la gestión de la negociación y con el momento en que ésta se desarrolla, pero se utiliza por algunos para cuestionar este sistema de negociación por que genera incomodidad a sectores a los que les gustaría disponer de más libertad para sacar adelante sus posiciones y se busca condicionar con ello otros procesos de negociación que están por abrir.
Descoordinación en el Gobierno y viejas recetas
Esta crisis que refleja un alto grado de descoordinación en el Gobierno, está poniendo de manifiesto también una escasa sintonía entre el área económica y el área, digamos, política del mismo. El enfrentamiento Trabajo-Economía, revela la existencia de tensiones e indefiniciones importantes que amenazan no sólo el futuro del Diálogo Social, sino que condiciona en negativo este.
La Declaración de julio cuando identifica los retos fundamentales para la sociedad española, señala,…“que es objetivo común…que…alcance unos mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bienestar social”… y se indican las vías para lograrlo. Por ello se afirma que “Para la consecución de este gran objetivo, inscrito en la estrategia definida por la UE en Lisboa, consistente en orientar la economía española hacia un modelo de crecimiento estable y sostenido basado en la competitividad de las empresas, el Gobierno y los interlocutores sociales entienden que, además de las políticas laborales y de empleo, las políticas públicas han de actuar de manera prioritaria sobre los siguientes grandes ejes o pilares:
a) educación y formación,
b) infraestructuras e inversión pública,
c) investigación, desarrollo e innovación,
d) política industrial y de medio ambiente”.
Apunta la Declaración en correspondencia con las necesidades de la economía y la sociedad española, al cambio necesario del modelo productivo español, toda vez que las ventajas competitivas que hicieron posible el desarrollo en el pasado reciente hoy, o se han agotado, están en trance de hacerlo o, directamente, se han convertido en un lastre para el sostenimiento del mismo, por lo que se hace imprescindible sustituirlas por otras acordes con los retos que derivan de la creciente internacionalización de nuestra economía, que impulsen la creación de empleo de calidad y la cohesión social.
Con la decisión de proceder a bloquear el acuerdo sobre el SMI lo que en realidad están poniendo sobre el tapete, es su falta de compromiso con el necesario cambio de modelo de competencia. Detrás de los argumentos utilizados para oponerse a las cláusulas de garantía, se esconde el anclaje en las viejas recetas de un modelo competitivo basado en los bajos costes del factor trabajo y, por ende, en la precarización del Mercado de Trabajo de nuestro país que, por otra parte, ya se ha demostrado hasta la saciedad que actúa como elemento de freno para la competitividad de las empresas con la consiguiente repercusión negativa sobre la balanza comercial.
La decisión adoptada por los máximos dirigentes sindicales y empresariales el 26 de enero de iniciar la negociación de la renovación del ANC el 1 de febrero, contribuirá a reactivar el proceso de diálogo social que este año deberá abordar temas de gran trascendencia como el empleo y la seguridad social.
El Acuerdo Interconfederal ha sido una referencia en la negociación de los convenios colectivos de los últimos años y particularmente, aunque no es su única virtud, ha servido para definir de forma consensuada la política salarial desde 2002. Dado su carácter de acuerdo obligacional su función es orientar la negociación de los convenios pero tiene una alta carga simbólica.
Esta última es la que se ha acrecentado en este momento. Hoy es impensable un acuerdo que no incorpore la referencia de la cláusula de garantía. El compromiso de los negociadores sindicales de establecer el IPC previsto cómo primera referencia para el crecimiento de los salarios en 2005 sólo puede entenderse y resultar creíble por los trabajadores en las empresas si va acompañado de una cláusula de garantía que asegure realmente el poder de compra de los salarios en los términos establecidos en el momento de la firma del Convenio Colectivo.
Probablemente los sectores más reacios a un acuerdo de política salarial de estas características, confían en que en la negociación “libre”, unidad a unidad de negociación, obtendrán resultados más favorables en el terreno de la contención del crecimiento de los salarios y por lo tanto mejores, por reducidos, costes laborales.
Hasta es posible que esto sea así en algunos sectores. Aunque con toda seguridad esto no conduzca a la mejora de los Costes Laborales Unitarios y sí a una mayor crispación en las empresas, a un espejismo. Una vez que las cartas están encima de la mesa con esta claridad, sabiendo la función que las cláusulas han tenido en estos años en los que del orden del 80% de los convenios, aunque sea con eficacia diversa, la han incorporado, lo menos que puede pasar es que la negociación de los convenios se torne más difícil y conflictiva, con el consiguiente deterioro de las relaciones laborales y su indudable influencia para la competitividad de las empresas.
El ANC y el diálogo social
El ANC en este punto al que se ha llegado, ha pasado de ser una referencia necesaria a pieza imprescindible. Además de su indudable influencia en la Negociación Colectiva, que haya o no acuerdo no es indiferente para el resto de los compromisos derivados de la declaración del 8 de julio.
No lo es, en principio, para abordar la negociación comprometida de la reforma de la negociación colectiva. Esa reforma es tan necesaria como compleja, y así se afirma en el punto 11 de la Declaración, “El desarrollo de la capacidad de regulación de la negociación colectiva y de su cobertura laboral precisa acciones de los interlocutores sociales, que pueden y deben contar con apoyos públicos en el terreno de la racionalización de la estructura de la negociación colectiva en la línea marcada por el AINC 97 o el enriquecimiento de los contenidos negociales.
Abordar un proceso de esta trascendencia exige de un clima previo favorable, desde el que construir los consensos necesarios. La experiencia reciente demuestra que no es posible intervenir en este campo y menos impulsar reformas eficaces contra la voluntad de cualquiera de los dos actores fundamentales: Sindicatos y Organizaciones Empresariales. Es este consenso, además el que limitará la tentación de intervenciones desde otros ámbitos en una materia que debe ser el campo natural, como reconoce la propia declaración, para el ejercicio “de la autonomía de los agentes sociales, a la que la ley debe garantizar la capacidad de regulación mediante un adecuado marco jurídico”.
Tampoco será indiferente lo que suceda con el ANC para el futuro de las negociaciones en relación con el Mercado de Trabajo o la Seguridad Social. No dar continuidad al acuerdo sin duda pondría en cuestión las posibilidades reales, más allá de los formalismos, de dar continuidad al Dialogo Social en los términos mantenidos hasta finales de diciembre y que ha servido para producir diversos acuerdos.
Ello no implica que no vayan a producirse más negociaciones, pero sí las hará más complejas. Toda negociación es intercambio y es a partir del equilibrio que se establece en el mismo que pueden sustanciarse los acuerdos. Un desencuentro en el enfoque de la negociación colectiva llevará inevitablemente a reenfocar las prioridades de cada parte en otras mesas conscientes de la estrecha relación entre unas y otras materias para la evolución de las tres grandes variables sobre las que se construyó la Declaración de julio 2004: Competitividad, empleo estable y cohesión social.
Así las cosas, sería muy conveniente que el conjunto de los actores recuperasen el pulso de la negociación. Al gobierno le corresponde gestionar con prudencia y coherencia sus propias decisiones. Las tensiones propias no se resuelven trasladando la responsabilidad a otros.
Los propios compromisos del 22 de diciembre prevén un plazo de tres meses para su traslado a la norma…y, en todo caso, los 600€ son un compromiso del Gobierno, lo mismo que ya es una exigencia legal a partir de la aprobación del RDL 3/2004 la determinación de la evolución futura del SMI y el IPREM.
Seguimos apostando por el desarrollo de los compromisos que contrajimos con la firma de la Declaración por que estos se corresponden con las necesidades de reformas reales que necesita la sociedad española. Reformas que para que sean eficaces han de nacer del maximo consenso posible entre todas las partes implicadas. Esa es la apuesta realizada en julio y la gran potencialidad de la Declaración.
Ignacio Fernández Toxo
Secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CC.OO.
24 de enero de 2005