Ante las especulaciones que proliferan en los medios de comunicación acerca de las consecuencias sobre el empleo de la segunda oleada de la reestructuración del sector financiero, así como los planteamientos de ajustes de costes de personal a través de recortes de plantilla, que se están filtrando en diversas entidades, desde COMFIA-CCOO queremos reiterar lo siguiente:
Ante las especulaciones que proliferan en los medios de comunicación acerca de las consecuencias sobre el empleo de la segunda oleada de la reestructuración del sector financiero, así como los planteamientos de ajustes de costes de personal a través de recortes de plantilla, que se están filtrando en diversas entidades, desde COMFIA-CCOO queremos reiterar lo siguiente:
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Reclamamos al Gobierno de la nación que la reforma y hoja de ruta del sector tenga como objetivo normalizar el acceso al crédito a través del saneamiento, capitalización y control del sector financiero, para lo que es preciso garantizar la sostenibilidad y viabilidad integral de las entidades resultantes, a través de medidas –condicionadas al control de la gestión y de las remuneraciones de ejecutivos- que impidan que el endurecimiento de provisiones afecte a las posibilidades de capitalización, la circulación del Crédito y al empleo que genera el sector.
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Advertimos de que la viabilidad del sector financiero y la normalización del crédito no pueden basarse en un ajuste traumático del empleo, sino en la racionalización de la capacidad instalada, en una política de saneamiento diseñada con lógica, en una mejora de la eficiencia que contemple todos los costes (incluyendo remuneraciones de la cúpula directiva, gastos generales o estructuras duplicadas), en nuevos modelos de negocio, en la diversificación, en una gestión empresarial adecuada y en la negociación laboral de los procesos de reestructuración.
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Reclamamos que se produzca una depuración de responsabilidades de aquellos supervisores y gestores que hayan actuado con negligencia tanto en la gestión previa al estallido de la crisis financiera como en el proceso de reestructuración tras la misma, al tiempo que reiteramos nuestras exigencias de máxima transparencia y mecanismos de proporcionalidad y control en relación a las remuneraciones de Consejeros y directivos.
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Lanzamos un mensaje claro en defensa de las 265.000 personas que trabajan en el sector financiero español: Los profesionales de Banca, los bancarios y bancarias, no somos lo mismo que los banqueros. Antes al contrario, frente a episodios de remuneraciones indecentes, responsabilidad en la crisis y falta de asunción de responsabilidades, que protagonizan muchos de éstos, contrasta la profesionalidad de los bancarios y bancarias para intentar atender a las necesidades de la clientela. El principal activo del sector financiero español no son sus gestores sino su clientela, sus profesionales y sus accionistas minoritarios.
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Ante un escenario cierto de concentración del sector a corto plazo, manifestamos una oposición frontal a que los posibles procesos de reestructuración intrínseca de las entidades acudan a la fórmula de despidos forzosos, especialmente inasumibles en entidades que declaran beneficios.
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Exigimos que en los procesos de reestructuración intrínseca de las entidades y en los procesos de concentración que se producirán en esta segunda oleada, antes de acudir a los procedimientos legales previstos en el Estatuto de los Trabajadores, las entidades se comprometan a la apertura de procesos de negociación mediante la creación de una Mesa Laboral en la que se pacten medidas de salidas vegetativas y voluntarias, así como otras medidas de flexibilidad interna que propicien ajustes coyunturales de costes para preservar el mayor volumen posible de puestos de trabajo sin recurrir a bajas forzosas.
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Reiteramos nuestra apuesta por cerrar la negociación colectiva del sector (convenios de Banca, Ahorro y Rurales) por la importancia del mantenimiento de dichos marcos regulatorios sectoriales y la necesidad de dotar al sector de una estabilidad que necesita más que nunca, reiterando nuestra disposición a una moderación salarial siempre que el marco global del convenio resulte equilibrado y contribuya a una reestructuración ordenada y no traumática.
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