En 2015 se cumple el vigésimo aniversario de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), veinte años en los que se ha avanzado mucho en la protección de las personas trabajadoras, y en los que hemos asistido a una reducción sostenida de la siniestralidad.
Esta tendencia, sin embargo, se ha roto en los últimos
años, derivada del camino elegido por
los Gobiernos para salir de la crisis:
una espiral de austeridad y devaluación interna en la que la negociación
colectiva pierde peso, las relaciones laborales tienden a la individualización,
la precariedad define un mercado de trabajo en el que la contratación temporal
y a tiempo parcial y la alta rotación entre empresas ganan espacio a marchas
agigantadas, y las altas tasas de paro y el miedo a perder el empleo convierten
en papel mojado los derechos de trabajadoras y trabajadores.
En definitiva, con las sucesivas reformas laborales, los
cambios en la normativa de prevención de riesgos laborales, y la disminución de
las labores de control y vigilancia, hemos pasado de un escenario de
participación y ejercicio efectivo de los derechos, a la unilateralidad
empresarial como forma de gestión de la prevención en las empresas españolas.
Por ello, actualmente asistimos a un aumento de la siniestralidad
en Andalucía, fundamentalmente de los
accidentes mortales, que ha provocado que en el año 2014, 94
personas trabajadoras hayan perdido la vida en su trabajo, y que en el año
2015, tengamos ya la friolera de 23 víctimas en Andalucía.
En Granada, durante el primer trimestre del 2015 la
siniestralidad en los centros de trabajo ha aumentado en un 8% (128 accidentes
más) respecto al 2014, manteniéndose el mismo número de accidentes mortales (1)
en este periodo, aunque durante el mes de abril se ha producido otro accidente
mortal más en nuestra provincia. En cuanto a los accidentes in itinere, también
ha aumentado en un 8%.
Por el contrario seguimos asistiendo a un ocultamiento y
subdeclaración de las enfermedades profesionales en Andalucía por parte de las
empresas y sus mutuas, que provoca graves perjuicios a las personas
trabajadoras, y una derivación de costes empresariales al sistema andaluz de
salud que provocan millones de pérdidas a la sanidad pública.
Por todo ello desde UGT Andalucía y CCOO Andalucía
demandamos:
1.- Un marco laboral a nivel estatal que apueste
por la contratación indefinida, la estabilidad en la empresa y la centralidad
de la negociación colectiva en las relaciones laborales, como forma de mejora
de las condiciones laborales, y por ende de la salud de las personas
trabajadoras.
2.- La recuperación del liderazgo del Gobierno Andaluz,
ya sea tanto en el discurso, en la acción, como en el restablecimiento del
presupuesto de la Junta de Andalucía eliminado en 2015 para formación, difusión
y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales. Igualmente,
creemos necesario iniciar el diálogo social encaminado al consenso de la nueva
?Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo?, una vez que la
Estrategia Española ya ha sido aprobada.
3.- El impulso y refuerzo de las labores de vigilancia
y control en las empresas es algo imprescindible en el actual escenario
laboral. Se precisan más inspectores y subinspectores de Trabajo, al igual que
reforzar su formación y especialización en materia de prevención de riesgos.
Igualmente se debe potenciar el papel de los Centros Provinciales de Prevención
de Riesgos Laborales en Andalucía, de forma que se incremente su labor de apoyo
y asesoramiento a las empresas.
4.- Las enfermedades son la gran asignatura pendiente de
la salud laboral. Exigimos la puesta en marcha en Andalucía de un Sistema de
Detección y Afloramiento de las Enfermedades profesionales, que tenga como
actores principales a las y los médicos del Sistema Andaluz de Salud, de
forma que se frene la derivación permanente de enfermedades laborales como
comunes en las empresas andaluzas.
Lo que no se registra ni existe ni se previene. El cáncer
profesional, la silicosis, las patologías derivadas del amianto y de las
sustancias químicas, los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades de
origen psicosocial requieren que las empresas evalúen y prevengan en los
centros de trabajo los riesgos capaces de provocarlas.
5.- Y por último y como pieza clave exigimos un cambio
de mentalidad empresarial. Estamos asistiendo a prácticas empresariales
aberrantes como por ejemplo el intento de convertir la vigilancia de la salud
en una herramienta disciplinaria y de ajuste de plantillas. Por ello, le
decimos Basta Ya al empresariado: que cumpla la normativa laboral y en
materia de prevención de riesgos laborales y que anteponga la salud y la vida
de las personas por encima de lo económico.
Las elecciones andaluzas que acaban de celebrarse este
año 2015 son la oportunidad para que este cambio de políticas se empiece a
concretar, pero para ello es necesario dejar atrás la autocomplacencia por los
logros obtenidos en etapas anteriores ya que está suponiendo la antesala de un
retroceso histórico.
CCOO Andalucía y UGT Andalucía nos
comprometemos en este 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad
en el Trabajo, a exigir a los partidos políticos y al empresariado las medidas
contempladas en este manifiesto, para intentar lograr su compromiso con la salud
pública en general, y con la laboral en particular, así como a potenciar la
figura y el trabajo de los delegados y delegadas de prevención y representación
de las personas trabajadoras, como defensores de sus derechos. Para que en el
siglo XXI el objetivo de enfermedad y accidente laboral cero deje de ser una
fórmula retórica y pase a formar parte de la realidad del mundo del trabajo.
Los recortes atentan contra la democracia y la salud en el trabajo