Los sindicatos se han dirigido a las patronales de hostelería para que garanticen la seguridad y salud de plantillas y clientela, en el actual escenario de emergencia sanitaria. Certificar que en el establecimiento se han implantado medidas de prevención adecuadas es la mejor vía para asegurar que no existen riesgos para la salud.
El 21 de junio concluye el estado de alarma, pero esto no significa que la situación de emergencia sanitaria haya finalizado. Existen indicios para afirmar que la situación se puede volver potencialmente más peligrosa a partir del 21 de junio, con la apertura generalizada de nuestras fronteras. En este contexto es imprescindible garantizar la seguridad y la salud de las plantillas y la clientela de los establecimientos hoteleros.
CCOO y UGT exigen a las empresas el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en todos sus extremos, contemplando las reevaluaciones de riesgos y el establecimiento de medidas de protección a todos los riesgos (biológicos, físicos, ergonómicos y psicosociales). Por tanto, es necesario establecer planes de contingencia antes de que se inicie la actividad, activando los órganos paritarios de prevención. También será necesaria la evaluación de los Servicios de Prevención Ajenos para poder establecer dichos planes de contingencia.
Los sindicatos recuerdan que las empresas turísticas que cuentan con un instrumento que puede ayudar a garantizar el cumplimiento de la LPRL como son las ‘Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2 en el sector turístico’ del MINCOTUR, que se han elaborado con amplia participación y consenso de administraciones autonómicas y locales, asociaciones sectoriales, patronales y los sindicatos CCOO y UGT. Asimismo, han sido consensuadas con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA). Además, a estas Guías se les ha dado rango de “Especificaciones UNE”.
UGT y CCOO entienden que la mejor vía para garantizar que en un establecimiento se han implantado las medidas de prevención adecuadas es mediante una certificación. La obtención de esta certificación no puede basarse solo en una evaluación inicial, también hay que activar un Comité de Seguridad y Salud en el que esté presente la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras, que asegure el cumplimiento de la LPRL y realice una reevaluación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias de la crisis sanitaria. En este sentido, ambos sindicatos entienden que la declaración responsable que han puesto en marcha algunas administraciones territoriales no garantiza la seguridad del establecimiento.
Finalmente, se han de garantizar unos procesos de desescalada en los que desafecte a las personas para una actividad creciente y otorgando las garantías higiénicas requeridas. Para garantizar los derechos de información, consulta y participación de la plantilla que establece la citada LPRL, la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras se debe ir incorporando al trabajo, dando prioridad a los delegados y a las delegadas de prevención.
Desafección de los ERTE en Alicante
Para CCOO y UGT, resultan inaceptables los datos de desafectación de los ERTE que se están dando en la provincia de Alicante, y esto está llevando a la economía informal o sumergida. Los sindicatos instan a las empresas a que, de manera inminente, cumplan con la legislación en materia de jornada y descansos, desafectando a las personas trabajadoras con equidad. Aquellas empresas que pretendan lucrarse en base a un trabajo sin derechos, y sin respeto a los enormes esfuerzos realizados por el Estado, garantizando prestaciones al conjunto de la población trabajadora, están condenadas al cortoplacismo y al fracaso.
De igual forma, los sindicatos denuncian aquellas empresas que están cargando sus costes en materia de higiene a través de tasas complementarias ilegales como la tasa COVID, puesta en marcha por algunos establecimientos.
Asimismo, más allá de lo que contemple la prórroga de los ERTE, las empresas deben convocar a la representación sindical para abordar las desescaladas y desafectaciones, de forma que se garantice que estas se producen con normalidad y equidad.
