Autor: Seccion Sindical Unicaja

Los cambios posibles para reformar el sistema público de pensiones componen un amplio mosaico, según se desprende de las opiniones recogidas este martes, en un seminario organizado por la Secretaría de la Seguridad Social sobre «La prolongación de la vida activa».

Los cambios posibles para reformar el sistema público de pensiones componen un amplio mosaico que va desde retrasar la edad de acceso a la jubilación o aumentar los 15 años laborales contabilizados para el cálculo de la cuantía, hasta costear parte de las prestaciones con impuestos diferentes a las cotizaciones de empresarios y trabajadores, según se desprende de las opiniones recogidas este martes, en un seminario organizado por la Secretaría de la Seguridad Social sobre «La prolongación de la vida activa». El responsable del departamento, Octavio Granado, pese a tener anunciado un encuentro con los medios de comunicación, prefirió guardar silencio ante las múltiples ideas expuestas.
Fuentes del Ministerio de Trabajo, en cuya sede se celebró el seminario, argumentaron que el secretario de Estado considera delicado el momento actual, dado que una de las mesas del diálogo social, que más expectación ha levantado, es la destinada a la reforma de la Seguridad Social. En consecuencia, prefiere no pronunciarse de momento.

En la jornada participaron miembros de la Unión Europea; portavoces de la patronal CEOE, CC OO y de UGT; catedráticos y profesores. Su única coincidencia consistió en que los cambios son necesarios.

Una de las voces con más peso que se escuchó fue la del George Fisher, jefe de la Unidad de Seguridad Social de la UE, quien afirmó que en España los trabajadores se jubilan demasiado pronto e instó a adoptar medidas que retrasen la edad «oficial y no oficial» de la retirada.

El Correo -ELISA GARCÍA/COLPISA. MADRID
Miércoles, 16 de marzo de 2005

La UE aplica a Grecia el rigor en el déficit público del que eximió a París y Berlín

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, descartó ayer la perspectiva de una próxima reforma del sistema público de pensiones español, que reclama insistentemente la Comisión Europea. Solbes señaló que la actual «prioridad» del Gobierno en materia de diálogo social «es la reforma del mercado de trabajo». «Después de que se termine, podremos entrar en otros temas», añadió al concluir la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE).
El Ejecutivo comunitario, como ya adelantó este diario el lunes, ha vuelto a reclamar, entre otras cosas, una reforma global del sistema público de pensiones al aprobar esta semana el programa de estabilidad español para el 2004-2008.
La reforma, según la Comisión Europea, debe ajustar el importe de la pensión a las contribuciones efectuadas a lo largo de la vida laboral. Esta reforma, según el Ejecutivo comunitario, no debe demorarse para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, ante el impacto económico del envejecimiento de la población.
Solbes indicó que la recomendación le parece «bien». Pero aseguró que esa reforma «no es urgente», porque la masiva llegada de inmigrantes a España en los últimos años ha mejorado la situación demográfica del país, pese a la baja natalidad. Estos flujos migratorios, aunque no resolverán el problema, dan un mayor margen para abordar la cuestión en el futuro, explicó.
El Consejo de Ministros de Economía de la UE abrió ayer a Grecia la segunda fase del expediente por déficit público excesivo, que puede conducir a la aplicación de sanciones económicas si incumple las exigencias de rigor que se le han impuesto. El déficit público de Grecia alcanzó el 5,5% del producto interior bruto (PIB) en el 2004, después de que las autoridades hubieran falseados los datos desde el 1998.
Grecia ha quedado bajo tutela presupuestaria de la UE y deberá presentar informes semestrales, donde detallará las medidas para recortar el déficit al 3,6% del PIB en el 2005 y situarlo por debajo del 3% en el 2006. Es la primera vez que el Consejo de Ministros de la UE va tan lejos en la aplicación de las normas del pacto de estabilidad.
La propuesta de la Comisión Europea de aplicar el mismo rigor a Francia y Alemania en otoño del 2003 fue rechazada por el Consejo de Ministros de la UE y abrió una crisis institucional, en la que intervino el Tribunal de Justicia Europeo, y que ha abocado al actual proceso de reforma del pacto de estabilidad.
Los ministros lograron ayer avances significativos en la flexibilización del pacto de estabilidad, que en opinión de la presidencia de la UE, deberían permitir alcanzar en marzo un acuerdo definitivo.

El Periodico, 21 de febrero de 2005

Preciado discurso éste de los políticos conservadores y algunos economistas en favor de los planes de pensiones privados. Lástima que cada uno de sus argumentos sea susceptible de réplicas que los invalidan.

Esgrimir el probable derrumbe del sistema público de pensiones constituye una de sus bazas preferidas. Fingen que les alarma el futuro de los trabajadores, ya que no podrán percibir su seguro de vejez debido a que los jubilados sobrepasarán en número a los cotizantes en activo. Gracias. Pero si semejante coyuntura se hiciera realidad, para eso están los impuestos que el Estado recauda por otros medios y cuya distribución debería, debe, ser democráticamente determinada.
Declaran, por otra parte, que los herederos de quienes han estado cotizando tienen derecho a disponer del dinero ahorrado que esto representa. Sofisma que confunde a sabiendas un montante en efectivo con una renta vitalicia, la cual está sujeta a las fluctuaciones de la vida y la muerte, esta que ningún ser humano puede controlar. Un trabajador puede morir a los 65 años o a los 80 e incluso más tarde. En esta última eventualidad, si es pensionista público no le faltará el sustento, puesto que no habrá agotado su dinero líquido. Y es precisamente en este punto donde los adalides de las pensiones privadas se callan otra verdad flagrante: que éstas no están sujetas a la revisión anual según el IPC, al contrario de lo que ocurre con el sistema público. ¿Se imaginan ustedes la miseria mensual que le correspondería a un jubilado sin otros ingresos y cuya pensión no hubiera sido incrementada a lo largo de los años, fueran 15, 20 o más? Para los que gozan de otras rentas tamaña evidencia puede carecer de importancia, pero el caso es que la seguridad social se inventó justamente para proteger a los menos favorecidos.
Al mismo tiempo, el susodicho discurso neoliberal oculta otro rasgo del sistema público de pensiones: que los empresarios también cotizan. Y ahí es donde duele el zapato, aunque en los alegatos se guarden bien de mencionarlo. Aparentando que el objeto de preocupación son los trabajadores, defienden unas pensiones privadas que no le cuestan nada a la empresa y cuyo resultado final sería que cualquier jubilado o jubilada se las comería a medida que se hiciera mayor, cada vez con menos abundancia y hasta la inanición.
Por lo demás, y finalmente, también se omite -y hemos de suponer, aunque nos duela, que se hace con mala intención- que en las cotizaciones de la empresa y los trabajadores a la seguridad social va incluida la cobertura sanitaria, la baja por enfermedad y el permiso por maternidad. Que no son regalos magnánimos del sistema, sino derechos de quienes constituyen una parte esencial del régimen productivo y reproductivo de la sociedad.
Dejemos que la economía de mercado florezca y haga su camino, y permitamos que los trabajadores, autónomos o empleados, hagan el suyo. Que produzcan valor añadido, de acuerdo, pero que les dejen envejecer con seguridad. Y una observación: la gente corriente no tendrá relevancia política, puestos directivos o cátedras prestigiosas, pero en cuanto a idiota, no lo es.
E. SOLÉ, socióloga y escritora

La Vanguardia