Autor: Seccion Sindical Unicaja

España va bien, pero las viudas españolas figuran entre las más pobres de Europa. Sólo las ganan en pobreza las de Grecia y Portugal.

Ésta es la conclusión de un estudio realizado por Fedea: enviudar, para las mujeres españolas, es sumar a la desgracia por la pérdida del marido el descubrir la estrechez económica y sufrir una pérdida muy significativa de su capacidad adquisitiva.

Se dice que se están haciendo esfuerzos para mejorar esta situación. Deben de ser ciertos, pero en todo caso muy irrelevantes; la cuestión sigue planteada en términos de injusticia evidente. Resulta un tanto cínico preocuparnos de la violencia doméstica que afecta a un colectivo minoritario de las mujeres y olvidarnos de aquella otra violencia, la económica, que es la que la propia sociedad impone a las viudas.

De aquélla, de la violencia doméstica, puede llegarse a entender que, a pesar de los esfuerzos que se realizan, no pueda garantizarse una solución eficaz que evite un problema que ofende a nuestra condición de sociedad civilizada. Pero que la violencia económica que se ejerce sobre las viudas desaparezca sólo depende de nosotros. En este tema, querer es poder. Terminar con la marginación económica de las viudas cuesta dinero. Es obvio.

Pero para esto está la selección de prioridades; y ésta debe pasar por delante de otras muchas. Estamos hablando de un derecho que se ha ganado cotizando durante muchos años a la Seguridad Social. No estamos hablando de beneficencia. Los maridos han cotizado para asegurar a su mujer una pensión digna y el Estado ha aceptado su dinero para responsabilizarse de esta prestación. Y no es así. En el supuesto más común, el marido se convierte, en primer lugar, en jubilado y en esta situación nota una disminución sensible de su salario. Pero de fallecer, su viuda va a ver todavía más reducida la pensión que su marido venía percibiendo. Es decir, se le niega a la mujer sustituirse en la condición del marido, a pesar de que va a subrogarse en todas las obligaciones económicas que éste asumía en vida.

Mayor injusticia es, además, cuando a la viuda que ha cotizado toda su vida laboral para asegurarse su pensión de jubilación se le negará la pensión de viudedad cotizada por su marido. Que elija entre una u otra, pero las dos a la vez no. Habrán -uno y otro- cotizado en balde y el Estado agradecido va a ahorrarse unos dineros que no le corresponden.

No todo puede hacerse, ni puede hacerse todo a la vez. Pero de esto hace ya demasiado tiempo que se habla. No vale argumentar que una mejor atención para las viudas reduciría otras prestaciones sociales. ¿Por qué sólo se contempla la solidaridad entre los pasivos? ¿Por qué no se contempla este problema desde una perspectiva más justa de modelo de sociedad?

Mientras esto no se resuelva, no podrá decirse que vamos bien. Al menos, sin ruborizarnos.

La Vanguardia, 25 de Enero de 2005

La Comisión Europea critica el alto incumplimiento de las normas comunitarias. El informe lamenta que no se reduzca el excesivo número de contratos temporales

La viabilidad futura de las finanzas públicas españolas «permanece como un problema importante», a causa del disparo del coste de las pensiones a largo plazo por el envejecimiento de la población, según destaca la Comisión Europea en el informe sobre la aplicación de las recomendaciones generales de política económica de la Unión Europea (UE). El informe, que adoptará mañana miércoles el Ejecutivo comunitario y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también critica «el número elevado de casos de infracción» de España por incumplimiento de las normativas comunitarias sobre el mercado interior.
La Comisión Europea advierte de que «la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas no está aún asegurada en la mayoría de los estados» de la UE y, en particular, España. Las medidas adoptadas por el Gobierno de aumentar el fondo de reserva para las pensiones y de reducir la deuda pública «son positivas», pero tienen un «impacto limitado».
El informe lamenta que «no se ha abordado» la reforma del sistema de cálculo de las pensiones públicas para vincular más su importe a la contribución realizada por el trabajador y advierte de que la actual mejora demográfica aportada por los fujos migratorios puede tener sólo «efectos transitorios».

RETRASO CORREGIDO
El informe señala que España ha logrado corregir su retraso acumulado en la adaptación de la legislación nacional a las normativas europeas de mercado interior hasta situarlo por debajo del 1,5% del total. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario expresa su «fuente de preocupación» por el «número elevado de casos de infracción» de España a las normas europeas de mercado interior, al igual que Alemania, Francia e Italia.
La Comisión Europea destaca como positivo el esfuerzo emprendido por el Gobierno para reforzar los recursos de la autoridad nacional de competencia, así como el equilibrio presupuestario que mantiene España, en contraste con los elevados déficits públicos que acumulan los principales países de la zona euro (Alemania, Francia e Italia).

EXCESO DE TEMPORALIDAD
En material laboral, la Comisión Europea lamenta que no se hayan adoptado medidas para corregir el exceso de empleo temporal, que supera el 30% de los contratos, muy por encima de la media de la UE, y que tampoco se haya abordado «la reforma de la legislación de protección del empleo», es decir, reducir el coste de despido. El informe señala además que las medidas para fomentar el empleo femenino y juvenil han tenido unos efectos limitados, pero destaca que el Gobierno intenta mejorar la movilidad geográfica abordando «las rigideces del mercado de la vivienda».

El Periodico, 25 de Enero de 2005

La cuantía actual de las pensiones en España está 120 euros mensuales por debajo de las necesidades de los jubilados

Dos de cada tres españoles se oponen a retrasar la edad límite de jubilación más allá de los 65 años, según los resultados del Estudio Internacional AXA sobre Jubilación, que revela, igualmente, que los españoles son los europeos que más tarde se jubilan.

El estudio, realizado a través de encuestas a 9.200 personas, tanto activas como jubiladas, de 15 países, pone de manifiesto que la población activa española prefiere jubilarse pronto, en torno a los 57 años.

No obstante, la edad media de jubilación en España se encuentra en la actualidad en 61 años, frente a los 60 años de países como Japón, Nueva Zelanda o Países Bajos, y los 59 de Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.

Asimismo, el 64% de los españoles en activo se opone a retrasar la edad límite para jubilarse, frente a sólo el 18% que se muestra de acuerdo con dicha posibilidad. Esta oposición a aumentar la edad legal de jubilación es mayoritaria en el resto de países europeos del estudio (Países Bajos, Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido) y, sin embargo, resulta minoritaria en Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, Singapur y Japón.

PENSIONES BAJAS EN ESPAÑA.

Por otro lado, el estudio constata que las pensiones que reciben los jubilados españoles están por debajo de sus necesidades. Así, la pensión media actual (según los resultados de la encuesta) asciende a 751 euros mensuales en España, la más baja junto a Portugal (649 euros) y Hong Kong (546 euros). Según los entrevistados en España, la cantidad necesaria para cubrir sus necesidades sería 870 euros (120 más de lo que perciben).

La pensión media de jubilación más elevada corresponde a Canadá (1.955 euros mensuales), seguida de Países Bajos (1.734 euros), Estados Unidos (1.700 euros), Alemania (1.644 euros), Australia (1.627 euros) y Reino Unido (1.622 euros).

Igualmente, el estudio revela que los españoles son los menos informados sobre su futura pensión, con sólo un 11% de respuestas afirmativas, y que preparan tarde su jubilación, pues sólo el 35% de la población activa comenzó ya los trámites, con una inversión media mensual de 208 euros.

AHORRO PARA LA JUBILACION.

En cuanto al ahorro para la jubilación, los españoles recurren a productos muy variados como planes de pensiones (35% de la población activa), seguros de vida (33%), planes de ahorro con ventajas fiscales (23%) o el mercado inmobiliario (21%).

Sobre la financiación de las pensiones, existe un amplio consenso (90%), el mayor entre los países del estudio, en considerar que el Estado debe asumir la carga de prestar las pensiones. Asimismo, se constata que en toda la zona euro y Reino Unido, salvo Alemania y Portugal, los ciudadanos esperan una reforma del sistema de pensiones en los próximos diez años.

Por último, el informe muestra una gran sensibilidad por la indenpendencia en caso de enfermedad, ya que un 62% de trabajadores españoles cree que debe efectuar los preparativos para asegurar dicha independencia, mientras que entre los jubilados sólo lo hizo un 20%.

Europa Press, 28 de Enero de 2005

Bancos y cajas buscan vías para amortiguar el impacto de la decisión del Banco de España, que les obligará a costear con beneficios las aproximadamente 6.000 prejubilaciones previstas para este año. Las opciones plausibles que encuentran son cargarlo contra plusvalías o reducir el número inicial de bajas voluntarias.

Superada la sorpresa inicial que les causó el lunes la decisión sin precedentes del Banco de España, las entidades comenzaron a analizar ayer las posibilidades para amortiguar el impacto de prejubilar con cargo a resultados, en vez de contra reservas. Las 6.000 prejubilaciones previstas pueden mermar las cuentas del sector en más de 1.200 millones.

Algunas entidades han decidido hacer un parón en sus planes. El BBVA ‘ha paralizado las prejubilaciones de momento’, señalan fuentes sindicales, que apuntan a que en torno a 1.200 empleados se habrían apuntando al plan de bajas hasta noviembre. Precisamente, esta cifra es la que manejan fuentes conocedoras del plan como más cercana a la definitiva para final del año, frente a las 1.700 bajas que se barajaron.

En el banco sólo apuntan que el impacto en resultados ‘no será significativo’ con respecto a las estimaciones de beneficio de los analistas para final de año, que superan los 2.760 millones.

Su rival, el Santander, ha decidido cargar las 1.200 prejubilaciones contra las abultadas plusvalías obtenidas. Mientras, el Sabadell, que acaba de integrar el Atlántico, ya contaba con costear las 600 bajas previstas en tres años con resultados. Otras entidades tampoco variarán sus planes. Pero no todas cuentan con la baza de las plusvalías y por eso algunas se están planteando otras vías. La única eficaz sería reducir el número de bajas para repartirlo en próximos años, según fuentes de diversas entidades.

Banesto, que ya había convocado junta extraordinaria para aprobar un fondo para 450 prejubilaciones, estudia ahora el nuevo escenario. Puede decidirlo en el consejo de mañana, según fuentes del banco.

La Asociación Española de Banca, por su parte, habría preferido que el supervisor hubiera permitido cargar contra reservas, pero ‘entiende’ la decisiónpor la entrada en vigor en enero de las normas internacionales de contabilidad, declaró a Europa Press el asesor financiero de la AEB, Juan Basurto. CC OO-Comfia, por su parte, pide flexibilidad al supervisor para que se cumplan los acuerdos de bajas.
CC OO pide exteriorizar todas las pensiones

La sección de servicios financieros de CC OO, Comfia, quiere que el Congreso elimine la excepción que rige para bancos, cajas y aseguradoras de no exteriorizar (encargar a un gestor externo) los compromisos por pensiones de sus plantilla. A iniciativa de la central, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que suprima la norma que permite a las entidades mantener aún fondos internos. Así, bancos como SCH, Banesto, Gallego o Simeón tendrían que exteriorizar compromisos para 38.421 trabajadores por más de 1.400 millones de euros, según un comunicado de Comfia. El Santander tendría que sacar de balance pensiones por 1.329,8 millones. Y en seguros habría 30.000 trabajadores afectados (450 millones) de compañías como Axa, Zurich o Mapfre.

Cinco Dias, 17 de Diciembre de 2004