Autor: Seccion Sindical Unicaja

  • La pensión por incapacidad permanente total es compatible con el salario por otro trabajo, según el Supremo

    La percepción de una pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual es compatible con el salario correspondiente al desempeño de una profesión distinta a la que determinó la declaración de incapacidad, según establece la Sala Social del Tribunal Supremo en una sentencia dictada ayer

    La doctrina ya está recogida en dos sentencias del 2003 y 2004, por lo que ha sentado jurisprudencia.

    El Supremo ha dado la razón al trabajador Antonio A.O., cuya demanda había sido desestimada tanto por el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao como por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

    El demandante, nacido en abril del 1947, sufrió la amputación de tres dedos de la mano izquierda en un accidente de trabajo el 4 de octubre del 1990, cuando ejercía la categoría profesional de peón especialista siderometalúrgico.

    Fue declarado en situación de incapacidad permanente total por la Seguridad Social, que estableció una pensión mensual en su favor de 140.467 pesetas por parte de la entidad colaboradora Mútua Fremap, con recargo del 40% por falta de medidas de seguridad a pagar por la empresa.

    Nuevo trabajo

    Entre marzo del 2000 y, al menos, junio del 2002, el hombre firmó diversos contratos de trabajo para realizar en el ramo de la construcción tareas propias de la categoría de oficial de primera carpintero y oficial de segunda encofrador. La Seguridad Social declaró entonces incompatible la percepción de la pensión con el nuevo trabajo, lo que fue confirmado por un Juzgado de Bilbao y por el TSJ del País Vasco.

    Sin embargo, el Supremo, al que recurrió el trabajador, ha estimado su demanda y ha establecido la compatibilidad de la pensión con un trabajo nuevo distinto al que generó la incapacidad permanente.

    Según el alto tribunal, la Ley General de la Seguridad Social ha optado por un criterio general de compatibilidad del cobro de la pensión vitalicia por incapacidad permanente total con la retribución correspondiente al desempeño de un trabajo distinto.

    Añade que, incluso, la normativa vigente fomenta la ocupación de estos trabajadores al autorizar a las empresas a que puedan reducirles el salario hasta un determinado importe (no más del 50% de la cuantía de la pensión), aunque sólo para los casos en los que la reducción de la capacidad laboral incida en el nuevo puesto a desarrollar y siempre contando con la plena conformidad del interesado.

    El Periodico, 28 de Enero de 2005

  • La reforma permanente de las pensiones

    El acuerdo que los grupos parlamentarios alcanzaron en 1995 sigue vigente y ha contribuido a la viabilidad del sistema público de previsión. El crecimiento económico y la notable creación de empleo rompieron los pronósticos más catastrofistas del sector privado.

    “El Pacto de Toledo introduce en la sociedad española la conciencia de que el sistema público de pensiones debe someterse a una observación y a un proceso de reformas permanentes para adaptarse en cada momento a las circunstancias”. Esta es la esencia fundamental de aquel acuerdo que el 2 de febrero de 1995 alcanzaron todos los partidos del arco parlamentario en el Parador de Toledo. En ello coinciden todas las fuentes consultadas por EXPANSIÓN.

    El acuerdo tenía dos objetivos fundamentales. El primero, intentar encauzar la solución para la grave situación financiera en la que estaba entonces la Seguridad Social, con un déficit estructural de lo que entonces era medio billón de pesetas, y hoy sería 3.000 millones de euros. Y, en segundo lugar, hacerlo de forma que las pensiones ya no fuesen nunca más sujeto de la polémica electoral.

    En el primer caso, el entonces secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, destaca que el Pacto de Toledo “es tan positivo que muchos países querrían imitarlo hoy en día”. Jiménez sabe lo que dice porque, junto a un estrecho colaborador, redactó el documento que aprobó la comisión parlamentaria. También sabe lo que dice porque, hoy en día, es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de la Seguridad Social.

    Por cierto, que el estrecho colaborador de Jiménez era José Antonio Panizo, que hoy es el jefe de gabinete de Octavio Granado, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Bien es verdad que José Antonio Herce, director general de la Fundación Fedea y uno de los grandes estudiosos de los sistemas de previsión, se muestra más crítico con el Pacto de Toledo. “El actual superávit de la Seguridad Social no se debe al acuerdo de las fuerzas políticas, sino más bien al crecimiento, la fuerte creación de empleo y la masiva llegada de inmigrantes”, que rompieron todas las previsiones.

    En efecto, los tres son factores decisivos para explicar el fracaso de todos los estudios del sector privado, que pronosticaron una catástrofe del sistema público de pensiones en torno al 2000. Por ejemplo, los informes de Fedea para La Caixa, que elaboró el propio Herce; el del entonces BBV, dirigido por José Barea, y el de José Piñera, que fuera ministro de Trabajo en Chile con el dictador Pinochet y que hizo un trabajo para el Círculo de Empresarios proponiendo el sistema de capitalización individual.

    Otro factor que explica el fracaso de estos informes es que nunca contaron con los datos internos de la Seguridad Social. “Entonces y ahora esa información es reservada”, dice Jiménez. Por todas estas razones, cuando se renovó el acuerdo en 2004, no volvieron a repetirse los informes. “Aprendimos de los errores. Las hipótesis no se cumplieron, luego las proyecciones, que no predicciones, tampoco. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo no son muy diferentes de lo que pensábamos entonces”, dice gráficamente Herce.

    Sin embargo, no sólo el notable crecimiento económico, la inmigración y la fuerte creación de empleo y de la afiliación justifican el superávit actual de la Seguridad Social, con un Fondo de Reserva de 19.330 millones de euros; es decir, el 2,6% del Producto Interior Bruto. El Pacto de Toledo sirvió para retomar una medida de calado y pendiente desde los años ochenta, como la reforma de la financiación de la Seguridad Social. Cambio fundamental para comprender el actual superávit del sistema contributivo, el que financian las empresas y los trabajadores.

    Protección contributiva
    Por una parte, el acuerdo estableció que las cotizaciones sociales debían financiar únicamente la protección contributiva. Y, por otro lado, que los impuestos sustentasen la protección de carácter universal, la que está destinada a todos los españoles. Por ejemplo, la sanidad o el Imserso. En ese proceso también están las ayudas que reciben aquellas pensiones que ni siquiera llegan a las cuantías mínimas de las prestaciones de la Seguridad Social. Por lo tanto, desde que entró en vigor la reforma de la financiación, las cotizaciones sociales han aportado al sistema contributivo una cuantía adicional de 4.881 millones de euros anuales. Una cuantía que está contribuyendo a que la Seguridad Social alcance un superávit anual que ronda el 1% del PIB, unos 8.400 millones de euros. Pero, si en el lado económico puede decirse que el Pacto de Toledo ha contribuido a la buena salud de la Seguridad Social, tambien es verdad que alguno de sus protagonistas reconoce que no se cumplió uno de sus objetivos políticos. “El único fracaso del acuerdo es que no conseguimos sacar el tema de las pensiones de la contienda electoral”, dice Rafael Hinojosa, que representó entonces a Convergéncia i Unió en la comisión parlamentaria y hoy preside el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. “Los pensionistas son ocho millones de personas que votan”, reconoce.

    La otra crítica de carácter político para el Pacto de Toledo procede de Elisa Chulía, experta en el tema y profesora de sociolología política. Chulía considera que la estrategia de reforma permanente tiene su lado malo “en cuanto crea incertidumbre entre los pensionistas. Les cambian las condiciones constantemente. Sería mejor que todo el mundo supiera que las reformas son a largo plazo, aunque se hagan de forma gradual”.

    Expansion

  • España tendrá las pensiones más bajas y costosas de toda Europa

    Las alarmas se disparan. El progresivo envejecimiento de la población amenaza con agotar las pensiones, ya por debajo de las necesidades de los jubilados. Los expertos piden reformas.

    La cuenta atrás está en marcha: el sistema de pensiones entrará en crisis en 2015 y, tres décadas más tarde, España, sumida en un grave problema de envejecimiento poblacional, se alzará como el país con las pensiones más costosas de la UE: absorberán el 17,3% del PIB, el doble que en la actualidad.

    Con estas dos alertas, la Comisión Europea lleva tiempo insistiendo en la necesidad de acometer reformas urgentes en el mercado laboral, sobre el que ya se dibuja un escenario desolador. El último estudio internacional sobre pensiones, de Axa, sitúa a españoles a la cola de todos los ránking europeos: gozan de la vida laboral más larga de los Quince –se jubilan a los 63 años, hasta cinco más que en los grandes países europeos–, son los que más demoran la preparación de su retiro y los que menos pensión reciben. En concreto, su prestación media se sitúa en 751 euros, es decir, 120 euros por debajo de lo necesario para cubrir sus necesidades. Sólo en Portugal la prestación es más baja, pero allí la diferencia respecto a las necesidades de los jubilados es menor. En el resto de países europeos, alcanza incluso los 1.734 euros de los Países Bajos, los 1.644 en Alemania o los 1.622 en Reino Unido.

    La situación se agrava más en España si se tiene en cuenta que el resto de grandes países del euro ya se han iniciado las reformas para evitar el ingente daño que pueden provocar unos sistemas tan anquilosados que amenazan el desarrollo económico.

    Las reformas se retrasan
    El ejemplo por excelencia es Alemania, inmersa en un ambicioso programa de reformas con el que se pretende reducir el paro de larga duración, suprimir prestaciones, recortar las ayudas y restringir las posibilidades de pedirlas. Más de medio millón de personas perderá el derecho a percibir ayudas y tres millones más verán reducidos sus ingresos. Todo con una visión de futuro: asegurar el futuro de las pensiones.

    En España, sin embargo, siguen demorándose las reformas, pese a las continuas advertencias de todos los organismos internacionales. El principal motivo de este retraso se encuentra en que, por el momento, el problema que supondrá el envejecimiento de la población queda escondido tras la buena salud de las arcas de la Seguridad Social, que en los últimos años ha alcanzado un superávit de más del 1% del PIB. Pero se trata sólo de una solución a corto plazo, ya que se deben a la generación del baby-boom que se agotará pronto.

    No es el único escollo al que se enfrentaría una reforma laboral, ya que los españoles se alzan también como los europeos más contrarios a alargar su vida laboral –la que se apunta como la solución más eficiente para asegurar el futuro de las pensiones–. Concretamente, dos de cada tres trabajadores se oponen a retrasar su jubilación más allá de los 65 años, lo que Axa califica como un rechazo “contundente”. El resto de europeos tiene una mejor disposición y, fuera de la UE, en lugares como Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, Singapur o Japón se muestran incluso a favor de seguir trabajando después de la edad legal.

    Junto al envejecimiento de la población aparece otro problema: la relación ocupados-pensionistas. A este indicador se le denomina ratio de dependencia demográfica y arroja malas noticias para España. Si ahora 75 españoles cotizan a la Seguridad Social y 25 no trabajan, en 2050, según la Comisión, se invertirá la proporción: 61 españoles recibirán prestaciones sin ser cotizantes, frente a los 39 que financien esas pensiones.

    Expansion, 1 de febrero de 2005

  • ‘Adelantar la jubilación es igual que subvencionar el ocio’

    Especialista en economía del trabajo y finanzas públicas, carga contra las jubilaciones anticipadas y la escasa inversión en I+D+i, dos de los factores que, a su juicio, marcan el retraso de Europa frente a Estados Unidos

    Desde hace dos años y medio, es el responsable económico de la OCDE, una organización que agrupa a 30 países ‘comprometidos con el gobierno democrático y la economía de mercado’. Jean-Philippe Cotis participó la semana pasada en la conferencia de riesgo-país organizada en la capital de Francia por Coface. Después charló con Cinco Días sobre la distancia que separa a la economía de la zona euro de la de Estados Unidos.

    Pregunta ¿En qué punto nos encontramos?

    Respuesta Europa recuperó mucho terreno hasta la década de los ochenta, pero ahora vuelve a perder posiciones. Es cierto que Estados Unidos ha disfrutado de una demografía favorable, apoyada por la inmigración. Pero no es el único factor relevante.

    P ¿Significa eso que Europa ha tocado techo?

    R No lo creo. Más bien diría que no se está aprovechando todo su potencial de crecimiento, a mi juicio porque no se han practicado las políticas económicas adecuadas. Un claro ejemplo es la diferencia de productividad respecto a Estados Unidos, incluso superior a lo que indican las estadísticas. En este punto, los datos son engañosos.

    P ¿En qué sentido?

    R En que el nivel de desempleo duplica al estadounidense. Aquí los trabajadores menos cualificados ni siquiera acceden al mercado laboral. Por eso, la estadística cuenta a los más productivos. En EE UU trabaja casi todo el mundo, incluso los menos capacitados, lo que reduce la media de la productividad.

    P ¿Cómo se explican estas diferencias en el empleo?

    R En Europa hay un problema de sobrerregulación evidente, que lleva a las empresas a pensárselo mucho a la hora de contratar. Pero creo que un punto que no se suele considerar es el de la edad: la tasa de paro entre 25 y 55 años es muy similar a ambos lados del Atlántico. La diferencia está en el colectivo de mayor edad.

    P ¿A qué se debe?

    R A mi juicio, Europa se equivocó hace años con el fomento de las jubilaciones anticipadas. El plan era sencillo: convencer a la gente de que podía retirarse sin apenas perder dinero, para que las empresas tuviesen que contratar más. Así se reduciría de forma automática la tasa de paro.

    P Pero esa reducción no se ha producido…

    R No, desde luego. Por una razón: el Estado tiene que pagar las pensiones a todos esos jubilados antes de tiempo. Obviamente, los recursos para financiar ese gasto provienen de los impuestos. Así, las empresas ven aumentada su carga fiscal, lo que las retrae a la hora de contratar nuevos empleados.

    P ¿Hacia qué modelo de jubilación se debería tender?

    R Hay un hecho indiscutible: una persona de sesenta años está hoy mucho más sana y tiene mucha más vida por delante que con la misma edad hace cuarenta años. Las pensiones se concibieron para ayudar a los necesitados, cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Con el modelo europeo actual, de jubilaciones tempranas, lo que hace el Estado es subvencionar el ocio de personas perfectamente capaces de trabajar. Y a costa de los impuestos, claro está.

    P ¿Cuál sería, entonces, la edad adecuada?

    R Entiendo las jubilaciones tempranas en colectivos donde la vida laboral comienza muy joven y las condiciones de trabajo son duras. Es el caso, por ejemplo, de los mineros. Pero no tiene sentido que un trabajador de oficina, que empezó a trabajar con 25 años, se jubile a los 55. Se produce una transferencia de renta ineficaz y, sobre todo, injusta.

    P Pero, a medida que las sociedades se desarrollan, debería haber más tiempo de ocio…

    R Hay menos trabajo mecánico, pero surgen nuevas necesidades. En todo caso, no tiene sentido que el Estado intervenga. Es lo que ha pasado en Francia con la jornada de 35 horas: al imponerla por ley, el Estado ha tenido que abonar la diferencia salarial. De nuevo, una subvención al ocio y una transferencia de renta injustificada.

    P ¿Qué le parece el plan de privatización parcial de las pensiones propuesto por George Bush?

    R Todavía no está suficientemente perfilado como para que pueda formarme una opinión. A mi juicio, el modelo sensato es el sueco: el trabajador elige la edad de su jubilación, pero sabiendo que anticiparla tiene un coste económico. Cuanto más tarde se jubila, más ingresos percibe en su pensión Es el modelo español, aunque a menudo las empresas llegan a acuerdos con el trabajador para complementar parte de esa pérdida de ingresos.

    P ¿Qué factores explican el déficit de productividad europeo?

    R Uno fundamental es la inversión en educación superior. En la zona euro representa aproximadamente el 1% del PIB, frente al 2% en los países anglosajones y escandinavos. La formación al máximo nivel ya refleja una distancia inasumible. También es muy limitada la formación dentro de la empresa, que permite al trabajador adaptarse a los tiempos y mejorar su rendimiento.

    P ¿Cree que se fomenta lo suficiente el I+D?

    R La distancia respecto a EE UU sigue siendo importante en términos de inversión. Pero no es sólo una cuestión cuantitativa: la asignación de los recursos es mucho menos eficiente en Europa, sobre todo en lo que afecta al sector privado. La concesión de subvenciones adolece de excesivas trabas administrativas, de modo que, al no haber suficiente competencia, los fondos no van a los destinos más eficientes. Ya no vale con copiar, porque los países del sureste asiático lo hacen igual de bien y más barato. Es el momento de inventar, y eso supone jugar en primera. Paradójicamente, en estos tiempos de integración, siguen primando los intereses nacionales.

    P ¿Existen otro tipo de trabas?

    R Problemas burocráticos y regulatorios. Por ejemplo, el tamaño medio de las empresas de nueva creación es mucho menor en EE UU, lo que fomenta la experimentación. Los requisitos para crear una empresa en países como España limitan esa posibilidad de pruebas reales. También hay un serio problema de apertura de mercados: se ha avanzado mucho en la industria, pero casi nada en los servicios.
    La depreciación del dólar, ‘pagada por el más débil’

    Una de las mayores amenazas para el crecimiento de la economía mundial reside en los desequilibrios provocados por la caída del dólar. Europa está pagándola cara a través de sus exportaciones, reducidas por al apreciación inducida del euro. Jean-Philippe Cotis cree que Europa está asumiendo demasiada responsabilidad: ‘No se puede pedir a la parte más débil crece por debajo de EE UU y el sureste asiático que sufra toda la apreciación de la moneda. En realidad, el problema es entre Estados Unidos y el sureste asiático: los primeros cubren su falta de ahorro interno con fondos asiáticos. La zona euro, que no está directamente implicada, ha quedado atrapada entre las otras dos grandes zonas’. Para Cotis, los países del sureste asiático deberían intervenir: ‘Sus monedas están claramente infravaloradas.

    El problema es que China no entrará en una apreciación si no es respaldada por el resto de los países de la zona, y éstos no pueden hacerlo salvo secundando a China. Es necesario un acuerdo formal entre todos ellos’. En cualquier caso, Cotis no cree que el papel de Europa deba limitarse a la contemplación: ‘La zona euro tiene un problema grave de carencia de demanda doméstica. Depende en exceso de las exportaciones, por lo que una apreciación como la actual trastoca sus planes de crecimiento.

    Necesita más equilibrio. Estados Unidos, a su vez, debe fomentar el ahorro interno para no depender del capital asiático. Así podrá reducir su déficit público’. El nuevo Gobierno Bush promete mejoras en este campo, pero Cotis no tiene claro que suceda: ‘Reducir el déficit mientras aumenta el gasto militar y se consolidan las rebajas fiscales es harto complicado’.

    Cinco Dias, 1 de Febrero de 2005

  • Proposición no de Ley para externalizar totalmente los compromisos por pensiones

    Por iniciativa de COMFIA – CC.OO., el pasado miércoles día 1 de diciembre, el Grupo Parlamentario de IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS ha presentado, en el Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la externalización total de los compromisos por pensiones.

    La finalidad de esta Proposición no de Ley es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que suprima los correspondientes preceptos legales que permiten que las entidades financieras (bancos, cajas de ahorros y compañías de seguros) mantengan sus compromisos por pensiones en fondos internos y, por tanto, garantizar la externalización de todos los fondos internos de pensiones que aún no lo han hecho.

    La Ley 30/1995, obligó a las empresas a que todos los compromisos por pensiones derivados de las contingencias de jubilación, incapacidad y fallecimiento, se instrumentasen sólo en Planes de Pensiones, Seguros Colectivos y Mutualidades de Previsión social.

    La Ley 30/1995 es la adaptación en España de la Directiva Europea 80/987, de 20 de octubre de 1980, que se refiere a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario y que tiene la finalidad de proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa, respecto de sus derechos por compromisos por pensiones.

    La citada Ley marcaba una excepción para las entidades financieras, que podían mantener sus fondos internos, previa autorización del Ministerio de Economía limitando, de esta manera, los derechos de los trabajadores afectados.

    La Proposición no de Ley plantea que la supresión de este régimen excepcional y, por tanto, la obligación de exteriorizar los compromisos por pensiones para las empresas de los sectores mencionados que aún no lo hayan hecho, debe ir acompañada de la concesión de un nuevo plazo, no superior a 12 meses, para que procedan a externalizar sus fondos internos y que esta nueva obligación cuente con el mismo régimen financiero y fiscal, para empresas y trabajadores, que tuvieron las empresas que ya han externalizado sus fondos.

    La Proposición no de Ley recoge la posición de los sindicatos, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y sentencias de distintos juzgados que se han manifestado a favor de la exteriorización de todos los fondos internos de pensiones.

    COMFIA – CC.OO. va a dirigirse al resto de grupos parlamentarios para que apoyen con su voto favorable la Proposición no de Ley y con ello se sumen al consenso social que ya tiene esta iniciativa.

    Día a Día, 14 de Diciembre de 2004