Autor: Seccion Sindical Unicaja

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (Comfia-CC.OO.) reclamó hoy al Banco de España que reconsidere su posición y deje a la banca prejubilar contra reservas para evitar que «varios cientos» y quizá «miles» de trabajadores vean afectadas sus jubilaciones por ese impedimento y se cause un «gran» impacto a la cuenta de resultados de las entidades.

El secretario de Formación y Comunicación de Comfía-CC.OO, Paco Baquero, exigió «un cierto grado de sensatez» y que el supervisor llegue a un acuerdo que permita a la banca cargar a reservas «la parte del león» de las prejubilaciones y que las entidades se comprometan a llevar el resto contra resultados.

«Es importante conseguir ese ‘mix’ porque, en caso contrario, no parece que el impacto fuese asumible en la cuenta de resultados y podría suponer un problema para varios de cientos y, probablemente, miles de trabajadores que pueden verse afectados si se reducen el número de las prejubilaciones ofrecidas», aseguró en declaraciones a Europa Press.

Según sus cifras, el coste medio por prejubilización es de unos 210.354 euros (unos 35 millones de las antiguas pesetas), lo que en el caso de los dos grandes consumiría «de 35.000 a 40.000 millones de las antiguas pesetas (210,35 a 240,40 millones de euros)» si se producen todas las salidas anticipadas previstas.

Comfía-CC.OO. calificó de «negativa» el comunicado del banco emisor descartando la posilidad de cargar contra reservas las prejubilaciones por «extemporáneo», al producirse «a 17 días» de cerrar el ejercicio, y por los problemas laborales y de resultados que, en su opinión, pueden derivarse.

«Nos parece que no es el momento de pegar el cerrojazo», manifestó Baquero, tras recordar que los bancos y sobre todo los grandes ampliaron sus planes de prejubilación en septiembre, lo que interpretó que se había realizado tras recibir un guiño positivo del supervisor sobre la posibilidad de cargar contra reservas.

Comfía-CC.OO. insitió en que «miles» de trabajadores corren el riesgo de no poder prejubilarse si la banca recorta ahora el número de bajas ofrecidas y alertó sobre el impacto que pueda tener sobre la cotización de las acciones si se costea contra resultados y ello obliga a revisar a la baja sus previsiones de beneficios. «No nos parece este sea el mejor momento para fragilizar el sector financiero», agregó.

Por otra parte, reclamó al Banco de España que explique por qué ha tomado la decisión «tan radical, fuera de plazo y extrema» de no permitir cargar contra reservas, cuando las entidades disponen de recursos propios suficientes para hacerlo y no supone coste alguno para la Seguridad Social.

Europa Press

El Banco de España obligará a bancos y cajas a cargar las prejubilaciones de este año contra beneficios, en vez de contra reservas como ha sido habitual en banca hasta ahora. La medida ha sorprendido al sector, ya que frena en seco la última oleada de jubilaciones anticipadas que preveían para el ejercicio. El coste puede mermar las cuentas en más de 1.200 millones.

Cambio radical de tornas. En contra de lo que el supervisor ha ido autorizando en los últimos años, ayer sorprendió emitiendo un comunicado en el que afirmaba que ‘con el fin de clarificar algunas dudas’ en este ejercicio ‘no se podrá acceder a las solicitudes para cargar el coste de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas contra las reservas de libre disposición’.

Aunque la normativa marca desde finales de la década de los 90 que debían ir contra resultados, el organismo que dirige Jaime Caruana ha permitido tradicionalmente hacerlo contra reservas a la gran mayoría de las entidades que lo han solicitado. Sin embargo, ayer fijó por primera vez un criterio general para todas las entidades.

Esta medida causará impacto en las cuentas de los grandes si éstos siguen adelante con sus planes de reducción de plantilla a través de las prejubilaciones. De hecho, las principales entidades habían previsto jubilar en torno a 6.000 empleados este año, lo que supone un coste de unos 1.250 millones de euros, un promedio de 210.000 euros por empleado. Y este montante total es lo que tendrán que detraer de sus cuentas. Aunque no hay que olvidar que para este ejercicio los principales bancos y cajas prevén resultados récords.

Cuando elaboraron sus planes, las entidades contaban con que el Banco de España sería magnánimo y permitiría un último año de gracia ya que el próximo las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC) prohibían costear con reservas las prejubilaciones. Ahora, no es descartable que algunas decidan hacer ajustes de última hora en sus planteamientos iniciales. Una de las opciones para mitigar el efecto sería poder periodificarlo en diez años.

CC OO y UGT rechazaron ayer la decisión del supervisor ya que podría afectar a los resultados del sector y a sus cotizaciones en Bolsa.

El Santander, por ejemplo, tenía previsto prejubilar a 200 empleados mayores de 50 años a principios de año y con cargo a resultados. Pero si el supervisor bancario permitía hacerlo contra reservas elevaría la reducción a 1.200. Hasta septiembre se habían cubierto 800 prejubilaciones. Mientras, su rival, el BBVA, barajaba en torno a 1.700 prejubilaciones. Si bien, no descartaba aumentarlo hasta 2.000.

Pero hay más ejemplos. Como las 1.200 prejubilaciones que las centrales sindicales se esperaban en La Caixa, aunque la entidad sólo confirmó que tenía planes para 110; como las 300 bajas previstas en el Sabadell, tras integrar el Banco Atlántico, o las 180 en Barclays, que compró el año pasado el Banco Zaragozano. Banesto, por su parte, ya había convocado junta extraordinaria para dotar un fondo para más de 400 prejubilaciones.

Es llamativo que la decisión del Banco de España se produzca en un año marcado por las dos mencionadas fusiones. Pero el supervisor considera que ante la fuerte competencia bancaria se debe reforzar la solvencia y siempre ha considerado que llevar contra reservas las prejubilaciones era descapitalizar a la entidad, coinciden fuentes bancarias afectadas por el cambio.

Sólo el año pasado SCH, BBVA y Popular prejubilaron a 3.836 trabajadores, con un coste de 1.000 millones. El subgobernador del Banco de España, Gonzalo Gil, explicó ayer la medida en la tradicional comida con AEB. A la reunión también acudió el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Cinco Dias, 16 de Noviembre de 2004

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, invitó ayer a los grupos parlamentarios a sumarse a la mejora y desarrollo de la previsión complementaria, de forma que beneficie a colectivos sociales cada vez más amplios.

El joven diputado del PP José Ignacio Echániz, al que el ex vicepresidente Rodrigo Rato consideraba un portento, trató de conducir ayer a Fernández Ordóñez a la trampa de dar por enterradas las deducciones fiscales de las que se benefician los planes de pensiones privados. Nada más lejos de la intención del secretario de Estado de Hacienda que engordar las interpretaciones que se hicieron recientemente de unas declaraciones suyas en las que cuestionó la eficacia de estas desgravaciones. Por eso Fernández Ordóñez se limitó ayer a emplazar a los grupos parlamentarios a reflexionar sobre su efectividad, con el objetivo último de ‘desarrollar’ la previsión social complementaria y extender también sus ventajas a las clases de renta más baja. En la actualidad sólo recurren a ella el 6% de los contribuyentes, por lo que puede considerarse, dijo Fernández Ordóñez, ‘algo exótico’.

El responsable de Hacienda se apoyó en la doctrina de la OCDE para defender que el modelo de incentivos vigente no ha conseguido extender los planes privados de pensiones entre el colectivo que más los necesita. Algunos de los datos que ilustran esta realidad los aportó la diputada socialista Isabel López i Chamosa, sindicalista y dirigente del PSC en Barcelona. ‘De los más de siete millones de contribuyentes que realizan aportaciones a estos planes de pensiones, 3,4 invierten únicamente 300 euros al año. Un contribuyente con una renta de 12.000 euros anuales que aporte 6.000 euros, tendría con el actual modelo un beneficio fiscal de 1.072 euros, mientras que uno que gane 40.000 euros anuales, con la misma inversión obtendría un beneficio fiscal de 2.200 euros. ¿A quién estamos potenciando?’, se preguntó la diputada socialista.

Fernández Ordóñez negó la intención del Gobierno de suprimir estas desgravaciones. De momento, se conforma con abrir un debate sobre su grado de utilidad para, cuando llegue el momento, poder decidir los cambios con más información e introducirlos en la reforma fiscal que entraría en vigor en 2006.

El PP y Convergencia i Unió pidieron al secretario de Estado que fomente los planes de pensiones en las empresas, teniendo en cuenta que sólo han desarrollado esta práctica alrededor de 135.000 de las ahora existentes. ‘Hay que eliminar trabas y rigideces, incrementar los atractivos y conseguir que parte de la retribución se haga como salario diferido’, propuso el diputado Echániz.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, pidió al Gobierno que ‘no juegue con las pensiones privadas porque no beneficia a nadie’. Los nacionalistas catalanes, agregó, recibirán de buen grado que ‘se busque una fórmula final compartida y consensuada’.
La prudencia de Gracián, en el debate

La obra El arte de la Prudencia, del famoso jesuita aragonés, fue mencionada ayer por el diputado del PP José Ignacio Echániz para recomendar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez que evitara en lo sucesivo ‘declaraciones intempestivas’ sobre los fondos de pensiones ‘que no son inocuas porque asustan a la gente’. El secretario de Estado de Hacienda le tomó la palabra y también la obra de Baltasar Gracián para reprocharle de forma implícita el apagón estadístico que practicaron los gobiernos del PP. ‘Hombres sin noticias, mundo a oscuras’, dijo Fernández Ordóñez en referencia también a las críticas que el primer partido de la oposición y algunos inspectores de Hacienda, han lanzado al Gobierno por incluir en una página web los planes de la Agencia Tributaria para combatir el fraude.

Ordóñez aprovechó también su comparecencia para contraponer a la percepción que tiene el PP de la coyuntura la propia visión del Gobierno. Apuntó la inversión en bienes de equipo, el récord en las afiliaciones a la Seguridad Social y los beneficios de las empresas del Ibex como ejemplos de la buena situación económica.

Cinco Dias, 17 de Diciembre de 2004

Bancos y cajas buscan vías para amortiguar el impacto de la decisión del Banco de España, que les obligará a costear con beneficios las aproximadamente 6.000 prejubilaciones previstas para este año. Las opciones plausibles que encuentran son cargarlo contra plusvalías o reducir el número inicial de bajas voluntarias.

Superada la sorpresa inicial que les causó el lunes la decisión sin precedentes del Banco de España, las entidades comenzaron a analizar ayer las posibilidades para amortiguar el impacto de prejubilar con cargo a resultados, en vez de contra reservas. Las 6.000 prejubilaciones previstas pueden mermar las cuentas del sector en más de 1.200 millones.

Algunas entidades han decidido hacer un parón en sus planes. El BBVA ‘ha paralizado las prejubilaciones de momento’, señalan fuentes sindicales, que apuntan a que en torno a 1.200 empleados se habrían apuntando al plan de bajas hasta noviembre. Precisamente, esta cifra es la que manejan fuentes conocedoras del plan como más cercana a la definitiva para final del año, frente a las 1.700 bajas que se barajaron.

En el banco sólo apuntan que el impacto en resultados ‘no será significativo’ con respecto a las estimaciones de beneficio de los analistas para final de año, que superan los 2.760 millones.

Su rival, el Santander, ha decidido cargar las 1.200 prejubilaciones contra las abultadas plusvalías obtenidas. Mientras, el Sabadell, que acaba de integrar el Atlántico, ya contaba con costear las 600 bajas previstas en tres años con resultados. Otras entidades tampoco variarán sus planes. Pero no todas cuentan con la baza de las plusvalías y por eso algunas se están planteando otras vías. La única eficaz sería reducir el número de bajas para repartirlo en próximos años, según fuentes de diversas entidades.

Banesto, que ya había convocado junta extraordinaria para aprobar un fondo para 450 prejubilaciones, estudia ahora el nuevo escenario. Puede decidirlo en el consejo de mañana, según fuentes del banco.

La Asociación Española de Banca, por su parte, habría preferido que el supervisor hubiera permitido cargar contra reservas, pero ‘entiende’ la decisiónpor la entrada en vigor en enero de las normas internacionales de contabilidad, declaró a Europa Press el asesor financiero de la AEB, Juan Basurto. CC OO-Comfia, por su parte, pide flexibilidad al supervisor para que se cumplan los acuerdos de bajas.
CC OO pide exteriorizar todas las pensiones

La sección de servicios financieros de CC OO, Comfia, quiere que el Congreso elimine la excepción que rige para bancos, cajas y aseguradoras de no exteriorizar (encargar a un gestor externo) los compromisos por pensiones de sus plantilla. A iniciativa de la central, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que suprima la norma que permite a las entidades mantener aún fondos internos. Así, bancos como SCH, Banesto, Gallego o Simeón tendrían que exteriorizar compromisos para 38.421 trabajadores por más de 1.400 millones de euros, según un comunicado de Comfia. El Santander tendría que sacar de balance pensiones por 1.329,8 millones. Y en seguros habría 30.000 trabajadores afectados (450 millones) de compañías como Axa, Zurich o Mapfre.

Cinco Dias, 17 de Diciembre de 2004

El gasto público en pensiones supone en la actualidad el 8,2% del PIB, porcentaje que se duplica en el caso de Asturias y que, en otras sociedades envejecidas, como son las de Cantabria, Castilla y León , Extremadura y Galicia, supera el 10%.

El crecimiento sostenible, mencionado como objetivo en el artículo 3 del Tratado que fue rubricado el pasado 29 de octubre por todos los líderes de la Unión Europea, va a ser observado estadísticamente mediante una lista de indicadores que permitirán detectar los problemas que vayan surgiendo en aspectos económicos (inversión, competitividad, globalización del comercio, etcétera), medioambientales (cambio climático, consumo de energía, generación y recogida de residuos…) y sociales o demográficos (pobreza y exclusión social, salud pública, participación ciudadana o envejecimiento).

Sin quitar importancia a los aspectos económicos o medioambientales, que tradicionalmente son los que centran la atención en materia de sostenibilidad, merece la pena detenerse en el problema del envejecimiento, que se refleja en indicadores que ponen en relación el gasto público en pensiones o el gasto público dedicado al cuidado de los mayores con el producto interior bruto.

El gasto público en pensiones supone en la actualidad el 8,2% del PIB, porcentaje que se duplica en el caso de Asturias y que, en otras sociedades envejecidas, como son las de Cantabria, Castilla y León , Extremadura y Galicia, supera el 10%. El indicador que pone en relación el gasto público en cuidado de mayores con el PIB todavía no está disponible, entre otras cosas por las grandes dificultades que presenta separar la atención sanitaria de la puramente asistencial, pero su volumen va a ser notable.

En términos de desarrollo sostenible, el envejecimiento va a constituir en un futuro muy próximo un problema dramático, sobre todo porque al inevitable envejecimiento poblacional se une el problema de unas composiciones familiares en las que cada vez es menos frecuente la coexistencia de varias generaciones, con lo que la tradicional asistencia familiar a los ancianos habrá de verse sustituida por asistencia pública.

En la actualidad, la población de 65 años y más es el 17% del total pero, según las recientes proyecciones demográficas elaboradas por el INE, en el año 2050 esta población va a tener un peso del 30,9%, lo que va a hacer variar la denominada razón de dependencia desde los casi tres activos potenciales (personas de 16 a 64 años) por pensionista que hay en la actualidad hasta 1,8 activos potenciales por cada mayor de 64 años.

Y todo ello a pesar del rejuvenecimiento poblacional que se está produciendo por la inmigración de personas jóvenes, que también envejecerán, y por una inicial fecundidad mayor de las mujeres extranjeras que, como siempre ocurre, irá adaptándose a la pautas de las mujeres españolas.

La pasividad de los responsables políticos ante este problema ha sido alarmante a pesar de que, desde hace ya muchos años, se viene alertando del peso tan importante que iba a alcanzar una población mayor, que además de percibir prestaciones monetarias suele tener problemas de salud y asistenciales que, como se sabe, se precipitan a medida que se van alcanzando edades más avanzadas.

La única solución para hacer sostenibles los sistemas asistenciales y sanitarios pasa por una recuperación de las tasas de fecundidad de las mujeres españolas y las claves de esta recuperación, como ponen reiteradamente de relieve las encuestas de fecundidad, están en acabar con el empleo precario de los jóvenes, hacer asequibles los alquileres o la adquisición de vivienda e incrementar las ayudas sociales a la maternidad, cuestiones que se manifiestan como causas de que las españolas no tengan los 2,1 hijos que desearían en lugar de los 1,2 hijos que se tienen en la actualidad por término medio.

Este problema del envejecimiento va a adquirir caracteres dramáticos en algunas comunidades autónomas, cuestión que debería tenerse muy en cuenta ahora que se está replanteando la estructura del Estado y la descentralización de competencias. Las migraciones interiores, tan acusadas en los años sesenta pero que todavía afectan anualmente a muchos miles de personas, han expulsado jóvenes y han precipitado el envejecimiento de muchas zonas, por no hablar de otros problemas anejos como la desertización de sus territorios. Algunas comunidades, como Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, ya en 2001 tenían más de un 20% de su población con más de 64 años, y en provincias como Teruel, Soria, Zamora, Lugo y Orense la población mayor rondaba el 27%, cerca ya del referido 30,9% previsto para el conjunto nacional en 2050.

Sin duda, cuando se conozcan las proyecciones demográficas para esas zonas se apreciará un panorama desolador, con proporciones impresionantes de ancianos, unos que no emigraron y otros que, habiéndolo hecho cuando eran jóvenes, han retornado a sus lugares de origen.

José Aranda
Cinco Dias, 17 de noviembre de 2004