Autor: Seccion Sindical Unicaja

Los convergentes también pactan rebajar el impuesto de sociedades a las empresas con beneficios menores de 120.000 euros.

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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, rechaza que las compañías con beneficios utilicen esta vía de reducir plantillas con fondos públicos para «mejorar sus balances y aumentar sus ganancias».

El Gobierno planteará próximamente a la patronal y los sindicatos la necesidad de introducir en la legislación “algún tipo de castigo fiscal” para las empresas que prejubilen a sus trabajadores –hasta los 61 años– “con el fin de aumentar sus beneficios”, según informó a EXPANSIÓN Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social.

El Ejecutivo hará la propuesta en la próxima mesa de negociación que abrirá con los agentes sociales para revisar el Pacto de Toledo sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Esta mesa de negociación forma parte del diálogo social que el Gobierno abrió formalmente con la patronal y los sindicatos el pasado 8 de julio.

“Las empresas con beneficios no tienen por qué ajustar sus plantillas con los trabajadores más veteranos para mejorar su cuenta de resultados”, dijo Granado, que no quiso dar más detalles sobre si se trata de una subida de las cotizaciones sociales o en el Impuesto de Sociedades.

En líneas generales, las prejubilaciones se hacen de la siguiente manera: el trabajador mayor de cincuenta años sale de la compañía hacia el desempleo contributivo. Por su larga carrera laboral, el empleado tiene derecho a un máximo de dos años de protección, periodo en el que la empresa complementa sus ingresos hasta el sueldo –o un poco menos– que percibía. A partir de los 61 años, el trabajador pasa a cobrar de la Seguridad Social por jubilación anticipada.

Financiar a la empresa

Por lo tanto, la protección social contribuye a financiar la decisión de la empresa que ha decidido reducir personal por esta vía de la prejubilación –hasta los 61 años– y la jubilación, a partir de los 65. Situación que la Seguridad Social no entiende cuando ocurre en empresas con beneficios. Octavio Granado apunta especialmente hacia “la banca y las compañías eléctricas”, como principales promotores de esta forma de reducción de plantillas, aunque también Telefónica hace esta práctica. En la mayoría de las ocasiones los acuerdos de prejubilación cuentan con el beneplácito de los sindicatos, que prefieren esta forma de salir de la empresa –o un despido más beneficioso para el trabajador– que otras formas más expeditivas de prescindir de los empleados de mayor edad.

Precisamente, para intentar frenar esta tendencia de las prejubilaciones, o paliar sus efectos sobre la Seguridad Social y la futura pensión del trabajador, el Gobierno del PP, la patronal y CCOO pactaron en 2002 obligar a firmar un convenio con el sistema de protección social a las empresas con prejubilaciones. El acuerdo debía garantizar que el trabajador que sale de la compañía por esta vía no perdiese cotización hasta los 61 años, edad en la que se puede acceder a la jubilación anticipada.

Se trata de que el empleado no pierda pensión en el futuro. A partir de ahí, con este mismo fin y hasta los 65 años, el trabajador es libre de suscribir otro convenio con la Seguridad Social. Sin embargo, tampoco esta medida ha dado resultado hasta ahora. Por esta razón, Octavio Granado califica de “preocupante” la evolución de las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas y su impacto en la Seguridad Social. “Tenemos que darle la vuelta a la situación”, añade el alto responsable de Trabajo. Como se aprecia en el cuadro que acompaña a la información, el 63,44% de los trabajadores se jubila antes de los 65 años, que es la edad en la que una persona con 35 o más años de cotización a la Seguridad Social puede jubilarse con la totalidad de la pensión.

Con todo, no es la primera vez que desde el Gobierno se amenaza con tomar duras medidas contra las empresas que utilizan las jubilaciones para aumentar sus beneficios. Los sucesivos ministros de Trabajo del Partido Popular hicieron este anuncio en reiteradas ocasiones, pero nunca llegaron a nada, salvo parar algún Expediente de Regulación de Empleo. En el fondo, estaba el temor de que las empresas utilizasen medidas más duras para reducir plantillas provocando la conflictividad social.

Otra medida que estudia el Ejecutivo para detener el aumento de las jubilaciones anticipadas, o fomentar la permanencia en el mercado laboral, es dar ayudas directas, o en las cotizaciones sociales, a los trabajadores de mayor edad que decidan permanecer en el mercado laboral.

El Gobierno ha comprobado que las bonificaciones en la parte empresarial de las cotizaciones sociales no han servido para detener demasiado la retirada de los trabajadores antes de tiempo. Así, el Ejecutivo se plantea, entre otras cosas, “repartir” entre las empresas y los trabajadores las bonificaciones de cotizaciones sociales para incentivar la permanencia en el empleo.

Expansión, 2 de Noviembre 2004

CCOO de Navarra reivindicó hoy que se reconozca como derecho la atención de las personas dependientes, de aquellas personas que requieren atención sociosanitaria como ancianos, enfermos de Alzheimer, discapacitados… «Es una necesidad social objetiva de primer orden», afirmó el secretario general del sindicato en la Comunidad foral, José María Molinero.

En rueda de prensa, Molinero señaló que se trata de «garantizar» a todos los ciudadanos atención sociosanitaria en caso de dependencia. «Este derecho, subjetivo y universal, -señaló- debe garantizarse con un sistema único para todo el Estado de valoración y reconocimiento».

El dirigente de CCOO indicó que esta petición requiere un «esfuerzo financiero y económico de mucho más allá de dos ejercicios», además de un «alto» grado de consenso entre las administraciones y las fuerzas políticas. «Es algo muy importante y serio para el futuro», expuso.

El secretario general de Comisiones manifestó que para que este derecho sea una realidad sería necesario que en esta legislatura se acuerde una ley básica en esta materia.

Financiación

Molinero abogó por que la gestión de este derecho a la atención de las personas dependientes sea «descentralizada», a través de las comunidades autónomas, y que la financiación sea pública y compartida, por medio de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades. En cuanto a la asistencia, señaló que debería será pública o concertada, «siempre que se cumplan las garantías de calidad que requiere un servicio de este tipo».

En concreto, el dirigente del sindicato señaló que en un principio la financiación podría ser mixta, una parte a cargo de los Presupuestos Generales y otra parte procedente de una fracción de las cotizaciones sociales del excedente que genera un superávit del fondo de reserva de la Seguridad Social.

Molinero añadió que una vez puesta en marcha esta iniciativa debería ir abandonándose dicha fórmula e ir avanzando en el aumento de las aportaciones de los Presupuestos, de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, «siguiendo una hoja de ruta previamente pactada para los plazos y las cantidades».

El líder de CCOO de Navarra explicó que esta propuesta, que ya conoce el Gobierno central, se la trasladará próximamente al Ejecutivo foral. Esperó que haya receptividad por parte de las administraciones y se pueda avanzar en conseguir este nuevo derecho, «que es muy importante».

José María Molinero señaló además que éste podría ser un «yacimiento de inversión y empleo», principalmente empleo femenino. A este respecto, Pilar Arriaga, secretaria de Acción sindical de CCOO de Navarra, señaló que en la Comunidad foral la conciliación de la vida laboral y familiar recae principalmente en las mujeres, «que pierden oportunidades laborales».

Arriaga añadió además que «gran parte del trabajo del hogar se invierte en la atención de personas dependientes», y agregó que ello supone en la mujer una «sobrecarga» y «deja una huella importante en el estado de salud de las mujeres».

Diario de Navarra, Lunes 2 de Noviembre 2004

El candidato republicano George Bush ha desempolvado para la segunda legislatura algunas de las propuestas de hace cuatro años, aún no puestas en marcha. Una de ellas es la de la reorganización de la Seguridad Social, que es como se conoce en EE UU al sistema de pensiones.

Ya entonces, Bush dijo ser consciente de que tocar la caja de las pensiones es delicado políticamente, pero necesario. ‘Para arreglar la situación hay que tocarla y yo quiero arreglarla’, dijo.

En los primeros cuatro años le han podido otras prioridades más digeribles a corto plazo pero en su última legislatura, Bush quiere dar un cambio de timón a cuestiones claves del Estado y, entre ellas, las pensiones ocupan un lugar destacado.

El presidente tiene la vista puesta en 2019, fecha en la que según la Oficina Presupuestaria del Congreso (un órgano técnico), la Seguridad Social ingresará menos a través de las cotizaciones de lo que tiene que abonar al creciente número de pensionistas. Los cálculos de esta oficina se hacen más borrosos a la hora de predecir la debacle y apuntan a que en ‘algún momento entre 2042 y 2053’ el sistema de pensiones no tendrá recursos.

Dos son las razones: una que los baby boomers (los nacidos entre la II Guerra Mundial y 1964) aumentarán el número de pensionistas a porcentajes acelerados. La segunda es que las mayores expectativas de vida fuerzan a desembolsos durante más tiempo.

Con estas variables, los políticos quieren preparar al Estado para adaptar el programa puesto en marcha por Flanklin Delano Roosevelt en 1935.

Actualmente las pensiones públicas se financian con las contribuciones de empresarios y empleados, un 6,2% de los salarios cada parte, lo que hace que la contribución total se eleve al 12,4%. Además, éstas se actualizan no con respecto a la inflación sino al crecimiento de los salarios.

Bush propone en su programa la creación de unas cuentas de ahorros privadas en las que los menores de 55 años ingresen un porcentaje que va entre un 2% y un 4% de su actual cotización. Es decir seguirán pagando su 6,2%, pero parte de ello lo ingresará el Gobierno y el resto se destina a esta cuenta que será opcional.

Cuando les llegue el retiro, el cheque que les envíe la Seguridad Social estará en consonancia con lo que hayan cotizado (el 4,5% en caso de que desvíen el 2% a la cuenta de ahorros) aunque, según el plan de Bush, en menor escala que ahora, puesto que se quiere actualizar los beneficios con respecto a la inflación para que no crezcan tan rápidamente como hasta ahora. El resto del dinero llegará de la cuenta de ahorros. Para los que están ya jubilados o próximos a ello, Bush asegura que no hay recortes ni cambios de esquemas.

Los abogados de esta propuesta dicen que los trabajadores pueden compensar la rebaja del pago de la pensión invirtiendo el dinero en acciones y bonos de empresas (y no del Estado que es lo que hace la Seguridad Social para arriesgar menos a cambio de menor rentabilidad). La apuesta eleva el riesgo de los ciudadanos, algo que en este momento puede no convencer a muchos ciudadanos que han visto explotar la burbuja de la Bolsa hace cuatro años y conocido fuertes escándalos empresariales y de inversión.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estudió esta propuesta en 2001 y las conclusiones eran duras. Por un lado se rebajarán los beneficios pero además, de salir adelante, la transición coincidirá con los años de retiro de los primeros baby boomers, y eso tiene un coste. Según esta oficina, el cambio de sistema impedirá que se dejen de ingresar entre 1,5 a 2 billones de dólares en los próximos 10 años si se desvía el 2% de las cotizaciones a las cuentas privadas. ¿Cómo financiarlo? Bush no ha dado detalles aunque sigue hablando de recortar impuestos de forma permanente y reducir el déficit. La caja de las pensiones puede quedarse vacía antes de lo calculado.

A los demócratas no les cuadra y el candidato John Kerry califica el plan de Bush de privatización. Los demócratas no tienen un programa elaborado para las pensiones porque no están convencidos de que sus problemas no se puedan arreglar una vez corregido el déficit presupuestario. Kerry cree que la Seguridad Social sólo es un problema si sale adelante el plan Bush y una de sus críticas es que la idea de las cuentas deja de facto fuera del sistema a quienes no tengan capacidad de ahorro. Él dice que está en contra de privatizar, recortar beneficios que se adeudan a los cotizantes o subir la edad de jubilación.

Cinco Dias, 25 de Octubre 2004

La pensión media de jubilación de los nuevos pensionistas dados de alta en septiembre en la Seguridad Social es un 36,7% superior a la de los pensionistas del resto del sistema, según datos del Ministerio de Trabajo

Durante el pasado mes de septiembre, se registraron un total de 15.313 altas nuevas de pensiones contributivas de jubilación en el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, con una media de 891.53 euros mensuales.

En el caso de la incapacidad permanente, las 6.756 nuevas pensiones dadas de alta en septiembre alcanzaron una media de 723,75 euros mensuales, un 8,2% más que la media del conjunto de este tipo de pensiones.

En total, la pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social se situó, a 1 de octubre, en 652,40 euros al mes, lo que supone un incremento del 4,7% en relación al mismo mes del año anterior. Tras las pensiones de jubilación, destacan también por su importe las de incapacidad permanente, que alcanzaron una cuantía media de 668,72 euros mensuales, con un aumento del 4,8%.

Por su parte, las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares se situaron en una cuantía media de 433,43; 250,50 y 329,54 euros, respectivamente, con sendos crecimientos del 9,2%, 7,2% y 9,3%.

En septiembre, la Seguridad Social abonó un total de 7.898.207 pensiones contributivas en todo el territorio nacional, un 0,8% más que en el mismo mes del ejercicio precedente, de las que 4.625.159 fueron de jubilación (+0,4%), 2.146.126 de viudedad (+1,5%), 821.274 de incapacidad permanente (+2,6%), 264.937 de orfandad (-1,8%) y 40.711 de favor de familiares (-2,2%).

Para ello, destinó un total de 4.576,63 millones de euros (+6,5%), de los que 3.017,46 millones correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+5,1%); 930,18 millones a pensiones de viudedad (+10,8%); 549,20 millones, a incapacidad permanente (+7,5%); 66,36 millones, a orfandad (+5,3%); y 13,41 millones, a favor de familiares (+6,8%).

PENSIONES MAS ALTAS EN PAIS VASCO.

Por comunidades autónomas, los pensionistas del País Vasco cuentan con las prestaciones medias más elevadas de España, mientras que en Galicia y Extremadura se registran las más bajas.

De esta manera, la pensión media de jubilación en el País Vasco se situó, a 1 de octubre, en 845,28 euros mensuales, seguida de Asturias (815,48 euros), Madrid (798,23), Ceuta (781,23), Navarra (718), Melilla (713,74), Cantabria (682,57), Cataluña (668,19) y Aragón (661,87).

Por debajo de la media nacional se encuentran las pensiones de Canarias (633,61 euros al mes), Castilla y León (618,35), La Rioja (606,12), Andalucía (595,97), Comunidad Valenciana (593,11), Castilla-La Mancha (585,44), Baleares (582,21), Murcia (578,58), Extremadura (541,67) y Galicia (528,18).

En cuanto a las pensiones medias de viudedad, las más altas corresponden a País Vasco (518,13 euros al mes) y Madrid (493,76), y las más bajas a Galicia (362,89) y Baleares (391,61). Las pensiones medias de incapacidad permanente alcanzan los 872,39 euros mensuales en País Vasco y 845,42 euros en Asturias, mientras las más bajas son las de Extremadura (538,33) y Murcia (546,29).

País Vasco y Asturias también cuentan con las pensiones medias de orfandad más elevadas (299,22 y 298,77 euros al mes, respectivamente), frente a Ceuta (217,02) y Baleares (221,61) que se encuentran a la cola. Las pensiones en favor de familiares más altas son las de Asturias (433,50) y Navarra (395,98), y las más bajas se dan en Baleares (233,89) y Comunidad Valenciana (300,68 euros).

Europa Press, 5 de Noviembre de 2004